COMISIÓN ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL

SISTEMA PREVISIONAL COMÚN

(Sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2022).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:43).

(Ingresa a sala una delegación de la Unión de Sindicatos Policiales).

                –La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se Crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la tarde de hoy a una delegación de la Unión de Sindicatos Policiales, integrada por la doctora Flavia Nardone; la señora Virginia Salazar; la señora Virginia Rossi; el señor Ricardo González; el señor Jorge Clavijo; el señor Roberto Cardozo y el señor Fabricio Ríos.

También recibiremos a la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales.

Les damos la bienvenida.

SEÑOR RÍOS.- Mi nombre es Fabricio Ríos; soy secretario general del Sipfom y directivo de la USIP.

                Quería aclarar que la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales no está presente; solamente está la Unión de Sindicatos Policiales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto.

SEÑOR RÍOS.- En primer lugar queremos agradecerles por habernos recibido. Vamos a ir haciendo los planteamientos, teniendo en cuenta la reforma de la seguridad social, según nuestro punto de vista, para ver si podemos lograr algún cambio o que se elimine algún concepto que, a nuestro entender, desfavorece a la carrera policial esta reforma.

SEÑORA ROSSI.- Queremos dejar claro que venimos en la misma línea de pensamiento de lo que ha planteado el PIT-CNT hasta el momento.

                En esta instancia vamos a abocarnos a lo que específicamente tiene que ver con la reforma que atañe a la caja policial.

                En el año 2009 ya se hizo una reforma a esta caja. En ella, principalmente, se modificaron los años de servicio, la edad jubilatoria y la base de cálculo.

                Por tanto, entendemos que con esta nueva reforma hay un grupo de compañeros que estarían siendo doblemente perjudicados por tratarse de una nueva reforma en estos aspectos.

                También, en la ley de presupuesto del año 2020 se hicieron modificaciones al subsidio transitorio por incapacidad parcial y se disminuyó la cantidad de tiempo en el que los funcionarios pueden permanecer en él.

                En lo que atañe a la reforma que se propone, los años de servicio estarían siendo disminuidos de 35 a 30, pero se estaría aumentando la edad cronológica de los funcionarios de 60 a 65 años.

                Con respecto a este punto entendemos que los funcionarios policiales tienen un desgaste físico propio de la carrera funcional. Por lo tanto, no compartimos la idea de que la caja policial incremente sus años de edad cronológica para llegar a la causal jubilatoria.

                Otra de las grandes modificaciones que se hacen, que nos perjudica en gran manera, es la base de cálculo para llegar a la tasa de reemplazo. Actualmente, para hacer el cálculo jubilatorio de la tasa de reemplazo se toman los últimos cinco años o los mejores 60 meses de salario aportados. La propuesta es que eso modifique a los últimos 25 mejores años.

                Entendemos que la carrera funcional policial es distinta y compleja a la de cualquier otro funcionario de la Administración. En el trabajo de análisis adjuntamos unas planillas de cálculo simulando la situación. Simplemente tomamos el sueldo de grado e hicimos un modelo de carrera básica que, obviamente, puede variar. Esto dependerá de la unidad ejecutora en la que se encuentre. No todas las unidades ejecutoras tienen la misma posibilidad de carrera funcional, y eso hace un diferencial. No podemos hablar de un beneficio para todos los funcionarios ya que no todos tienen las mismas condiciones de ascenso.

                En el caso de la escala básica, la simulación fue de un agente de Primera. Estamos tomando 25 años y en ese momento existía grado; actualmente, no. Generalmente se llega al grado de sargento como grado máximo, en la escala básica, en su mayoría. Si utilizamos el cálculo que se propone en la reforma –los últimos 25 años de servicio y un 45 %, que es otro diferencial que no lo señalé antes– y el funcionario no tuviera otro ingreso además del salario, se retiraría con $ 21.800, por debajo del mínimo que se establece en el proyecto de ley que está cerca de los $ 23.000. O sea que a esos funcionarios habría que darles un subsidio para que alcancen el mínimo.

                Si utilizamos el mismo modelo vigente, estaríamos hablando de un 50 % de los últimos 60 meses o cinco años, o a la inversa. El 50 % de esa carrera significarían $ 32.800, es decir unos $ 12.000 de diferencia.

                Nosotros solicitamos –dada la enorme diferencia que hay para el cálculo– que se mantenga el criterio vigente de los últimos 25 meses, o cinco mejores años. Además, obviamente entendemos que la tasa de reemplazo debería ser superior a la media de la Administración Pública por lo especial de la función, con el desgaste físico del funcionario, las condiciones laborales a las que diariamente está sometido y con una jerarquía policial que se ve reflejada en la actividad cotidiana. Esto lo podemos unir a la  gran cantidad de certificaciones que hay. En definitiva, estamos pidiendo que se mantenga la base de cálculo en un 50 % sobre los últimos cinco mejores años o 60 meses.

                Por otro lado, el mismo ejemplo –está allí en el material que les dejamos– se ve en una carrera de un oficial modelo, que iría como el viejo oficial subayudante –actualmente no existe– a un comisario, que es la media de la población policial que se retira en ese grado. La diferencia sería de unos $ 15.000, utilizando el modelo actual y el que se propone.

SEÑORA SALAZAR.- Yo voy a plantear algunas interrogantes que surgen de este proyecto en cuanto a la caja policial.

                Contiene previsiones que no dejan claro cuál será el régimen jubilatorio para aquellas personas que no entran en la convergencia de la ley. Es decir, la convergencia empezaría en el año 2032 y hay muchos funcionarios que, desde que se promulgue la ley luego de los 180 días de publicada en el Diario Oficial y hasta el año 2032, configurarían causal por la ley actual, que requiere que tengan 35 años de servicio. Somos los únicos trabajadores de todo el país a los que se nos exige que, para configurar causal, tengamos 35 años de servicio. No hubo otra propuesta anterior ni se modificó la norma, por lo que pensábamos que cuando se cambiara –en este caso se hace a nivel general–, esto se iba a considerar. Sin embargo, no se hizo y seguimos siendo los únicos trabajadores del país que, hasta el 2032, para configurar causal deberemos tener 35 años de servicio. Consideramos que eso es totalmente injusto, más aun si lo que se pretende con este proyecto es que haya una equidad y que todos los trabajadores –y en todas las cajas– se retiren con 30 años de servicio.

                En el artículo 317 del proyecto se  modifica el artículo 21 de la ley actual, que es la n.° 18405, pero en el siguiente artículo, en el 318, se aclara que se modifica para quienes ingresen en la convergencia, o sea a partir del 2032. A esas personas sí se les considera los 30 años y obviamente se les baja la tasa de reemplazo a un 45 %. Esta normativa es confusa. En realidad, no queda claro el régimen vigente para quienes obtengan causal antes del 31 de diciembre de 2032. Si la norma modificada no se aplica a quienes configuren causal antes de esa fecha –es decir, al 31 de diciembre de 2032 porque así lo establece la ley–, nos preguntamos qué régimen se va a aplicar. No queda claro cuál es el régimen que se va a utilizar con estas personas. Como surge del proyecto de ley, el cambio apunta, obviamente, al aumento de edades de retiro, pero no se dispone el aumento de años de trabajo computables, y se fija el mínimo en 30 años.

Por otro lado, al igual que en otras leyes, se considera mucho más la edad que los años de aporte. Se piensa dar un porcentaje mayor a aquellos que tienen más años de edad, pero no se consideran los años de aporte. Un funcionario policial que ingresa a los 18 años, cuando llega a los 65, obviamente, va a tener muchos más años de los que indica el mínimo. Por cantidad de años se le otorga un 0,5 %, mientras que por edad se le brinda un 3 %.

                Con la última modificación legislativa, es decir, con la Ley n.º. 18405, de 31 de diciembre de 2008, se extendió la edad, la cantidad de años de  servicio y la tasa de remplazo. El fin de esa ley era que no se continuara desfinanciando la caja policial. Al día de hoy requiere una importante asistencia financiera, por lo que nos preguntamos cómo se va a financiar la pérdida de aportes por las AFAP ya que, hasta el momento, la caja policial no maneja este sistema como ente recaudador. Por ende, deberá seguir afrontando pagos de retiros y pensiones durante muchísimos años por solidaridad intergeneracional, con una disminución importantísima de ingresos que se van a verter en las AFAP. El proyecto de ley deja librado al Poder Ejecutivo para que todos esos aspectos –que no quedan claros–, sean solucionados por medio de decretos.

SEÑORA NARDONE.- Buenas tardes.

                Las compañeras se han referido al proyecto de ley en general que, obviamente, es perjudicial y, como se dijo, estamos en la línea del PIT-CNT. Entendemos que esta reforma no tiene como centro a la persona y por ello cuenta con dificultades y perjuicios para los funcionarios. En ese sentido es importante marcar que, incluso en el anteproyecto de ley, se quería hacer a los funcionarios policiales una rebaja en la bonificación con la que cuentan para jubilarse diez años antes; se pretendía disminuirla a cinco años. Eso, que hoy en día quedó de lado porque se negoció, se discutió con el doctor Saldain y se lo logró modificar por parte del sindicato, es un antecedente que nos da cuenta de que el centro de esta reforma no es el funcionario, ya que incluso se pretendía que un funcionario policial ejecutivo trabajara en la calle hasta los 60 años.

                Me voy a referir a un tema que nos preocupa mucho y es el del funcionario en actividad en un momento de vulnerabilidad total, como es el de la enfermedad. Este proyecto de ley cambia la base de cálculo y los salarios base de cálculo sobre los cuales se va a calcular la jubilación porque los va a dividir en 25 años. Reitero, la base de cálculo va a ser en 25 años. Eso no solo va a perjudicar al jubilado, sino también al incapacitado, porque esa base de cálculo va a ser para las pensiones por incapacidad, para las viudas, para los que están en el Seguro Transitorio por Incapacidad Parcial, o sea, para el policía activo que se enferma hasta con nexo causal –no en acto directo de servicio, pero sí con nexo causal–, hasta el policía que se enferma por la función. Entonces, eso es muy preocupante para nosotros. Y más allá del tema del retiro policial, nos parece que es fundamental cuidar al policía en la función, porque como ya lo dijimos varias veces, incluso acá, vamos a tener un policía trabajando enfermo para no tener que certificarse y que se le disminuya el sueldo a la mitad. Eso es muy preocupante.

Un tema peor –algo que no estaba en el anteproyecto de ley y que se incluye en este proyecto– es un cambio que de verdad va a ser trascendente para nosotros y es cambiar las condiciones de Seguro Transitorio por Incapacidad Parcial.

Tengo entendido, lo he visto al doctor Saldain en la prensa y lo hemos oído decir que no ha querido hacer una reforma integral de la seguridad social justamente para no tener estos debates. No han querido cambiar condiciones de subsidio por incapacidad; digo condiciones, no porcentajes, estamos hablando de condiciones.

Sin embargo, con la Policía sí se cambian las condiciones en el Seguro Transitorio por Incapacidad Parcial, y se cambian otra vez, porque en 2020 ya se cambiaron con la ley de presupuesto. Como dijo la compañera, se disminuyó el plazo de subsidio a la mitad, eran tres años y se bajó a un año y medio; se limitó el ingreso al subsidio por cinco años, un policía que hoy se enferma y entra al subsidio tiene que esperar cinco años para volver a entrar al subsidio. Todos esos cambios se hicieron en 2020 con la ley de presupuesto.

Y ahora el cambio concreto que se pretende acá es que el subsidio que hoy en día se da de por vida al policía se limite a 18 meses más. Un policía que se enferma sin nexo causal –y esto del sin nexo causal voy a explicarlo un poco más–, que tiene una certificación sin nexo causal, va a tener 18 meses de subsidio transitorio por incapacidad, y si sigue su condición de incapacidad en 18 meses, estamos hablando de un año y medio, cuando las consultas médicas...

SEÑOR BOTANA.- ¿Sin nexo causal?

SEÑORA NARDONE.- Sí, sin nexo causal, ahora voy a explicar el problema que tiene lo del sin nexo causal también; lo dije porque hay que ser claros: sin nexo causal. Y una vez que se terminen los 18 meses, se le van a dar 18 meses más de subsidio y se le va a dar la baja.

¿Qué pasa con esto? Podemos discutirlo siempre y cuando existan las garantías de que ese funcionario realmente tiene una certificación o una enfermedad sin nexo causal.

Hoy en día, las juntas médicas del Hospital Policial y del ministerio prácticamente no se reúnen, y si lo hacen es por Zoom, lo ven dos minutos al funcionario y le preguntan si se quiere reintegrar o no. Además, nada es con nexo causal en la Policía. Un funcionario que tiene una enfermedad de columna y es un ejecutivo, es sin nexo causal. Todos sabemos que existe el tema del acoso laboral, la persecución laboral; el funcionario que tiene estrés laboral como diagnóstico en su certificado médico, su incapacidad es sin nexo causal. Eso es así hoy en día. ¿Y quién nos da la garantía de que eso vaya a cambiar?

Estamos hablando de que ni siquiera se limita a la edad de servicio, porque puede venir un funcionario con 20 años de servicio que se incapacita, supuestamente, sin nexo causal, y quedar dado de baja o destituido por esa causal. De verdad que a diario –yo atiendo en el sindicato– recibimos dos o tres personas en esta condición.

Nosotros presentamos –para que se den cuenta de que no estamos exagerando– unas gráficas que ilustran que en 2021 hay un 41 % de funcionarios que ingresaron al STIP con relación a otros años. Los dividimos por unidad ejecutora y queda claro que los funcionarios que más están en el STIP son los que están operativos en la calle, en unidades ejecutoras como jefatura de policía, ese tipo de unidades. Para que también lo tengan presente, pusimos los años de servicio que tienen los funcionarios que están en el STIP y en gran parte no son los que recién ingresan. Los que están en el STIP, en su mayoría, son los que tienen entre 10 y 16 años de servicio, muchos de ellos sin nexo causal. Me refiero a sin nexo causal declarado.

Y después lo dividimos en grado y escalafón para que vean que el ejecutivo es el que obviamente tiene mayor incidencia en el STIP. Realmente esto nos tiene muy preocupados. Además, nos parece que si no se quiso incidir en las condiciones de subsidio ni se quiso hablar de otros aspectos de la seguridad social con ningún otro colectivo, es aún más importante que la situación de la Policía –dada la problemática de los suicidios y de las incapacidades diarias– se trate en una comisión que vea las causas para poder atacarla de otra manera, pero no para legislarlo, y menos de esta manera.

Por otro lado, quiero decirles que agregamos una liquidación a la incapacidad. De acuerdo con la norma vigente, que es la Ley n.º 18405, se jubilan con el 65 %, pero con el nuevo proyecto de ley habría una diferencia de $ 17000 entre una liquidación y la otra.

Por último, quiero decir que una de las modificaciones que se hizo en la ley de presupuesto en 2020 fue que quien define las tareas compatibles con el estado de salud cuando un policía está certificado y le dicen: «usted no puede trabajar en la tarea habitual, pero puede cumplir otras funciones» es la Junta Médica, que sugiere tareas compatibles con el estado de salud; pero quien lo termina decidiendo es el jefe de la unidad o el director. Entonces, qué garantías nos da eso de que un compañero que esté incapacitado no tenga una dificultad con el jefe y termine siendo dado de baja por una decisión que, en realidad, no tiene nada que ver con su salud. Eso es absolutamente discrecional; quizás el señor Ríos pueda contar un poco la diaria de la calle, porque yo hablo del panorama de la oficina.

SEÑOR RÍOS.- En realidad, creo que ya desde el principio arrancamos mal. En la primera reunión se nos dijo que esta ley iba a ser igual para todos. Nosotros entendemos que para ser igual debe tener algunas diferencias, si no, quedamos afuera de un montón de cosas y vamos a generar una cantidad de problemas a la Policía. Además, en una comparación con el sector de la construcción y con la actividad rural dijeron que ambos eran los únicos trabajos de riesgo que hay en este país, lo que tomamos como una falta de respeto a todos los trabajadores policiales que han dejado la vida por la defensa de la ciudadanía.

Por otro lado, obviamente esta reforma nos perjudica de principio a fin. ¿Por qué? Porque, en realidad, tenemos un sistema de salud que no está bien, que no funciona, que no ha logrado captar la problemática del policía. Todo eso acompasado con estos cambios que hay en el STIP, y de esa forma lo único que va a lograr es que el de la Policía sea un trabajo transitorio porque dejamos afuera a las enfermedades mentales. Y quién va a determinar si es con o sin nexo causal cuando las certificaciones del hospital Policial realmente no funcionan como deberían. Obviamente, dejamos en claro que la culpa no es de los funcionarios sino de la gestión del hospital, porque también existe esa manía de enfrentarnos con nuestros compañeros. Cuando hablamos de certificaciones, nos referimos a una manera de trabajar o a cómo las está gestionando el hospital, pero no directamente a los compañeros, que lo único que hacen es cumplir órdenes. Lo quiero dejar claro porque a veces hay algunos problemas con el concepto de querer exponernos ante nuestros compañeros en una forma de desacreditar su trabajo; y no es así. Obviamente, estamos en contra de la gestión. Además, los números sobre los suicidios le están hablando al país. Hubo 21 compañeros –hasta el día de hoy– que se quitaron la vida este año y 16 el año pasado; las cifras son alarmantes. No se trabaja en la salud mental del policía, no existe un seguimiento, no funciona el sistema de salud para la policía; y eso ha derivado en la situación actual. En este período de gobierno han aumentado las persecuciones laborales y los acosos sexuales, situación que se refleja en las denuncias que hacen los compañeros en el sindicato.  Tenemos esos números y podemos dejarlos.

Además, cuando un policía manifiesta que se siente mal o se quiere quitar la vida, no tiene ningún tipo de atención salvo la de ir a la puerta de emergencia y que, con suerte, en dos o tres horas llegue un psiquiatra a verlo y después –con suerte también– pueda tener una cita con un psicólogo o un psiquiatra tres o cuatro meses después. Tenemos grandes problemas con el tema de salud. No queremos que los problemas que tienen de gestión en el hospital sean tapados con esta reforma. Creo que darle 18 meses a un policía ante cualquier tipo de enfermedad va a ser muy complicado para que se pueda recuperar y volver a la función por la lógica de lo que estaba hablando: si para ver un especialista necesitas seis meses para conseguir un número, imagínense lo poquito que te queda para recuperarte. Y me parece que perder el trabajo por eso no está bueno.

                Con respecto a los suicidios quiero señalar que es algo que nos preocupa, y lo repetimos porque ha aumentado la persecución laboral dentro de la Policía en esta administración, y tenemos miedo de que se usen estos 18 meses, porque obviamente una enfermedad mental no la van a tomar como nexo causal; por lo tanto, entre el tratamiento, todo lo que pasan los compañeros durante la persecución y todo lo que viven, 18 meses no es nada.

Nosotros tenemos un estatuto especial.  Obviamente hay una gran diferencia entre los que cuentan con el ministerio de trabajo, como los de la construcción u otro tipo de trabajadores, que está dentro de las investigaciones que se hacen cuando hay abuso de autoridad o persecución, y nosotros, donde simplemente el ministerio acompasa las investigaciones, no participa y solo pregunta si se están haciendo o no. Nosotros estamos expuestos al mando y a las decisiones del Ministerio del Interior con muy poco contralor de lo que se decide ahí, y la prueba está en que, en las reiteradas y miles de denuncias que se hacen, generalmente el resultado para el funcionario policial es negativo en todas las sanciones. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa, y lo vuelvo a recalcar porque tenemos muchos compañeros que están pasando por problemas de enfermedad mental por las persecuciones que se dan y porque no nos dan garantías. En migraciones de Artigas un compañero denunció y otro salió de testigo, y se los separó del cargo por seis meses sin sueldo. Esas personas hoy en día no tienen para comer porque no cobran sueldo durante seis meses. Y la resolución con respecto a esos compañeros dice que habían dudado de la autoridad y abusado de la vía de denuncias que había en el ministerio. No creo que ese sea un argumento –o por lo menos quiero creerlo– para dejar dos personas en este país sin sueldo por seis meses con todo lo que va a venir después de que se reintegren del sumario, porque obviamente esas dos personas van a seguir siendo perseguidas por la denuncia que hicieron. Internamente no tenemos protección. Nos piden protección para afuera, pero los policías estamos muy cansados, muy estresados; vivimos en malas condiciones.

Más allá de lo que sea la seguridad social en sí de la jubilación, les pedimos que tengan en cuenta el subsidio transitorio de incapacidad parcial porque para el policía es muy importante para recuperarse e, incluso, hasta para las investigaciones cuando hay acoso laboral y acoso sexual, que es algo muy común dentro de la Policía, incluso más de lo que ustedes creen. Los números lo dicen y no queremos más compañeros que se quiten la vida por estas situaciones.

SEÑOR BERGARA.-  Tenemos poco tiempo, pero primero quiero señalar que muy atentamente incorporo todas las dimensiones que la delegación ha volcado. Creo que algunos de los temas seguramente tendrán que seguir analizándose, unos en la comisión de seguridad y convivencia y otros en la Comisión de Salud Pública. Pero quería hacer una consulta en cuanto a la seguridad social policial, sobre todo, en la cuestión de la transición. Estamos totalmente de acuerdo en preguntar sobre el tema del costo de que se pierdan ingresos con las transferencias efectivas al régimen de capitalización individual, pero retomando el punto de que en el régimen vigente son el único colectivo que se les requiere 35 años. Entiendo que al año 2032 es bastante claro que lo que rige es el régimen actual. En todo caso, sí se mantiene ese diferencial en años de aporte que, de repente, es algo que, manteniendo la lógica de la convergencia, podría analizarse de manera específica para llevar al colectivo policial a los mismos términos. O sea, sería aprovechar para corregir esa asimetría que se tiene con el resto de los trabajadores y las trabajadoras. Quiero tener claro si era eso lo que, de alguna manera, se estaba planteando.

                Por otro lado, ¿cómo es el régimen de bonificación?

SEÑORA NANE.- Buenas tardes a la delegación.

                Quiero hacer dos consultas. Pido disculpas, pero no me quedó claro la explicación de por qué la gente que configuraría causal desde la promulgación hasta el año 2032 quedan con 35 años de servicio. No logré entender. ¿Quedan con 35 años?

(Dialogados).

                –El otro punto es algo sobre lo que estuvimos conversando cuando estuvo el Ministerio del Interior, y básicamente tiene que ver con las pensiones de supervivencia y la jubilación por incapacidad.

                Con respecto a las jubilaciones por incapacidad, el otro día el Ministerio del Interior nos dijo que para intentar cuantificar lo que ellos le llamaron el mal uso –más bien se presentó como un abuso–, habían iniciado algunas auditorías para intentar cuantificar esos casos donde alguien solicita una pensión o jubilación por incapacidad que ocasionalmente no le correspondería.

                Preguntamos en esa oportunidad si no lo tenían cuantificado en términos formales, ante lo que nos dijeron que estaban haciendo auditorías y que todavía no tenían los números formales. Por tanto, consultamos a ustedes si, desde su visión, entienden que eso es un problema. O sea, si es tan significativo el abuso de eso como para intentar cambiar las condiciones, o si sería más conveniente esperar a tener cifras, o si ustedes han hecho trabajos respecto a tratar de prevenir que esas situaciones no ocurran y poder ser más transparentes en ese sentido. Esa es una de las cosas que quería consultar. Y lo segundo que quisiera consultar es sobre una cuestión procedimental; pido disculpas por la ignorancia en el procedimiento, pero ustedes hablaban de la atención a la salud mental. Entiendo que la actividad de ustedes ¡vaya si los pone en condiciones de estrés en lo humano, en lo emocional, en un contexto bastante excepcional diferente a otras ocupaciones! Pero quisiera saber cómo se determina eso que llaman el nexo causal en términos de procedimiento de una persona que queda afectada en su salud mental. ¿Cómo se establece ese nexo causal a partir o no de la consecuencia de un acto de servicio o de determinado tiempo en actos de servicio?

                Quisiera que me explicaran, también, si eso es lo mismo que se establece en el caso, por ejemplo, de que alguien se quite la vida, para lo que sería después la pensión por supervivencia. Es decir, si es usual establecer un nexo causal que ese problema de salud mental derive, de repente, en un suicidio y si ese hecho hace que impacte en la pensión por supervivencia. ¿Me explico?

                Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- En primer término quiero saludar de manera muy especial a la delegación, que representa a una organización que respetamos y reconocemos especialmente.

                Me ha quedado claro el planteamiento. Tomamos nota de lo expresado. Creo que tal vez la mayoría de los aspectos planteados no precisamente se focalizan en la razón de ser de esta comisión. Algunas de las consideraciones nos alarmaron y nos ponemos a las órdenes, pero no creo que tengan vínculo directo con el propósito por el cual se creó y está trabajando esta comisión. Por ejemplo, por supuesto que es atendible y corresponde dar una visión crítica en cuanto a los 18 meses establecidos para situaciones donde no existe un nexo causal del trabajo con la incapacidad o la situación planteada. Pero eso se fundamenta en aspectos subjetivos, que no dudo que puedan ser realidad. De hecho, el énfasis que pusieron es lo que me preocupa. Pero me pregunto de qué otra manera la norma puede regular tales situaciones si no es en función de la visión profesional de los médicos. En todo caso hay un cuestionamiento a la acción profesional, en este caso del Hospital Policial, que obviamente reviste gravedad. Pero no sé qué alternativa puede haber para atender esa situación sin la prescripción profesional correspondiente y específica. Entraríamos en una subjetividad como la que ustedes mismos plantean en otros casos y que somete, justamente, la capacidad de actuar o no del policía al mando de la unidad, no al criterio del médico.

                Entonces, me parece que es un tema que en todo caso habría que focalizar en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social o, como propuso el señor senador Bergara con respecto a algunos de los planteos, en la comisión de seguridad ciudadana. Pero me parece que no es un argumento para circunscribir en este proyecto. E insisto, cuando se cuestiona la objetividad o quién establece que existe o no nexo causal, no se me ocurre, si no interviene el profesional médico correspondiente a Sanidad Policial, cuál puede ser el mecanismo objetivo alternativo.

                Por supuesto que en todo lo demás que se ha manifestado en cuanto a ciertas cuestiones que constituyen un flagelo para la Policía, estoy de acuerdo y me pongo a la orden para trabajar al respecto. No es este, creo, el ámbito. Sí quiero señalar, como ustedes seguramente saben, que en el caso de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, como parte del subsistema previsional estatal, se prevé –está en este mismo trabajo de la comisión especial– que va a tener un punto del PIB de aumento en los próximos 20 años y dos puntos hacia el 2060, lo cual obliga a tener que considerar, en ese marco, una reforma.

                Con respecto a lo planteado sobre los 35 años, creo que es un asunto objetivo, pero es lo que está hoy vigente. Si este proyecto naufragara, fracasara, eso sigue. Es verdad, sí –y hay que reconocerlo–, que ese es un tema que es oportuno plantear acá.

                Esto es lo que quería expresar, para que le quede claro a la delegación que tenemos especial atención en algunos aspectos planteados, que nos parecen de gravedad, pero que no son asuntos específicos para esta comisión.

SEÑOR CAGGIANI.- Voy a ser breve porque algunas de las preguntas que había pensado hacer ya fueron formuladas por otros señores legisladores.

                Sin duda que las apreciaciones realizadas por los trabajadores de la Policía son escalofriantes y aterrantes, de manera que nos generan mucha preocupación.

Mi pregunta es si tienen algún tipo de propuesta de modificación de parte del articulado, porque sería muy bienvenida para el trabajo en la bancada.

SEÑOR BOTANA.- En primer lugar quiero expresar mi alegría porque siempre son buenos los entendimientos. La recuperación del buen entendimiento entre el sindicato policial y el PIT-CNT es un motivo de satisfacción.

                Voy a decir algo que manifesté en otros casos. Quiero una caja policial viva, con criterios propios y con los policías atendiendo a los policías, obviamente considerando esta situación de déficit a la que refería el señor senador Camy, que indudablemente obliga a algunas reformas.

                Se ha planteado el tema vinculado a las enfermedades mentales. Es un grave problema en el país. El Estado desde hace muchísimos años no tiene servicios de buena calidad en ninguna de las áreas para recuperar gente con enfermedades mentales. Para recuperarse de una enfermedad mental –lo hemos hablado varias veces acá– hay que ser rico. El que no tenga más de USD 1000 por mes o más de USD 2000 por mes en algunos casos para encarar los tratamientos en las clínicas especializadas no se recupera. Está Salud Pública encarando un proyecto. Está invirtiendo en el área. Esperemos que empiecen a aparecer los resultados.

 Creo que sería bueno separar las aguas. La labor policial es una labor de riesgo, es una labor que exige un enorme equilibrio. Portar armas es de riesgo y exige equilibrio, por lo cual es obviamente imprescindible la buena salud mental. El drama es cuando muchos utilizan esa necesidad para no trabajar. Entonces ese es un tema en el cual bueno es que encontremos maneras, que no sé si es posible –el país no lo ha podido hacer–, de separar las aguas entre los unos y otros, es decir, defender a los que tienen enfermedades o protegerlos para que no cometan errores graves y, por el otro lado, separar a aquellos que se están aprovechando de esas situaciones para hacerse los vivos porque no les gusta su jefe o no les gusta justo el lugar donde les tocó trabajar. Todos sabemos que también esto sucede a menudo.

                Voy a hacer algunos comentarios acerca de lo que plantea la reforma. Yo no tengo la misma percepción en cuanto a lo que con los criterios de la reforma termina percibiendo el policía. El policía, por cada año que retrase su jubilación, va a terminar recibiendo más recursos, y en el caso de los policías esta va a ser una situación generalizada, por la continuidad laboral que tienen y por los puntos que van a acumular en cada año y especialmente en los últimos, donde la permanencia se ve incentivada. Entonces, veamos y revisemos esos cálculos. Hemos visto muchos cálculos con desvíos, muchos cálculos mal hechos, muchos cálculos que están volcando la balanza hacia algunas cosas cuando la realidad no es así. Acá hay que hacer los cálculos estrictamente con la nueva situación que van a tener varios respecto de la acumulación por las AFAP. Y en la mayoría de los casos –tengo la certeza de que casi en el 100 % de los casos o directamente en el 100 % de los casos–, a los trabajadores les va a corresponder una cantidad mayor. De eso tengo casi la certeza. De lo que sí tengo la certeza es de que esto va a ser así en las situaciones de discapacidad. En el caso de los policías, los años entre el momento en que el funcionario se discapacita y el momento correspondiente a la jubilación se computan como trabajados. Pero, además de los años trabajados y de la edad, se agregan dos elementos. Uno de ellos es un 20 % en el caso de que el policía tenga menores a su cargo, lo cual es una situación absolutamente eventual. Y el otro es que si la discapacidad es total –que es la que deja al policía afuera–, hay un agregado del 20 % que se computa en todos los casos, con lo cual el retiro puede estar en el orden del 66 % o del 81 % en el caso de que haya menores a cargo.

Eso es lo que dicen los números de esta reforma. Por eso me gustaría que hiciéramos la debida revisión de esos números. Ya lo hemos conversado acá, en esta comisión, y ha quedado claro que existía por allí una interpretación incorrecta del texto del proyecto de ley. Seguramente incluso exista alguna modificación en el texto para que nos quede a todos claro lo mismo.

SEÑORA NARDONE.- En primer lugar, como dijo el señor senador, separar las aguas es lo que queremos. Por eso aspiramos a que de esta reforma se saque todo lo que tenga que ver con las condiciones del STIP. Y entendemos que todo lo que se planteó acá tiene que ver con eso, porque no están dadas las garantías de que la función del policía realmente no tiene nexo causal con la enfermedad. Tenemos funcionarios con hasta siete u ocho años sin junta médica y hay falta de contralores por parte del Estado. No es culpa del funcionario que pase tres, cuatro, cinco años en el STIP o en el subsidio transitorio por incapacidad. Si hay abuso, en todo caso es el Estado el que lo está permitiendo. Entonces, nos parece que por este motivo no se les pueden sacar derechos a los funcionarios, y menos así, en una reforma, sin hablarlo, sin una comisión.

                Se nos pregunta si tenemos propuestas. Por supuesto que las tenemos, y entre ellas está, justamente, que haya otras condiciones, que exista una comisión donde esté también salud ocupacional y puedan intervenir otros entes. Como dijo Fabricio, ni siquiera el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede intervenir en las cuestiones de acoso laboral. Simplemente controla que se haga la investigación. De manera que todo pasa por la órbita del Ministerio del Interior, y es ahí donde no hay garantías. Entonces, si no hay garantías, no podemos legislar sacando derechos. Tiene todo que ver, y es acá donde hay que plantearlo, porque si nos legislan esto, ¿después dónde lo vamos a plantear? Ya está; los funcionarios ya van a ser destituidos sin garantías. Y, como todos sabemos, los recursos administrativos en este país no suspenden las resoluciones, salvo casos excepcionales. Como todos sabemos, litigar ante el TCA es muy complejo, y tenemos ya funcionarios policiales que han sido destituidos por abuso de poder y están hasta tres o cuatro años sin trabajo litigando ante el TCA. No queremos eso en situaciones de salud.

Insisto, como en todos los ámbitos, por ahí hay abusos, pero la manera de evitarlos no es legislando y sacando derechos, y menos sin diálogo. Ellos son los que están en la calle todos los días viendo las situaciones de los compañeros, y conocen la casuística y saben las condiciones en las que viven los compañeros. Y ojo, porque los compañeros a veces trabajan semana por semana y sus esposas no pueden trabajar. Estamos hablando de situaciones de vida realmente especiales. El funcionario policial recibe el único ingreso en su casa en el 80 % de las situaciones y vive en contextos críticos. Entonces, no es que sea de competencia de otra comisión, o al menos así lo entendemos nosotros, con todo el respeto que nos merece la opinión del señor senador, que tan bien nos ha recibido. Pero entendemos que el ámbito para realizar este planteamiento es acá, porque es donde se está pretendiendo sacar el derecho que hoy tenemos respecto a las certificaciones médicas sin nexo causal. Compartiríamos la norma si hubiera garantías de que son sin nexo causal.

¿Cómo se puede hacer? Nosotros lo planteamos. Se podría crear una comisión interdisciplinaria; se podrían realizar mayores contralores por parte del Ministerio del Interior. El ministerio tiene las posibilidades de controlar las certificaciones médicas; puede citar a los funcionarios cada seis meses. Hay un montón de formas, y nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero no de esta manera, no quitando derechos.

Con respecto a las bonificaciones, hoy en día es siete años por cinco. Por cada cinco años que trabajan los funcionarios ejecutivos, se les computan siete para la jubilación. Entonces, en el final se les descuentan diez años. Los ejecutivos se van con 25 años de servicio y 55 de edad.

SEÑOR BERGARA.- ¿La bonificación y los 35 años son solo para los ejecutivos o también para los administrativos?

SEÑORA SALAZAR.- No, para los administrativos son 35 reales. Para los ejecutivos son 25.

SEÑORA NARDONE.- El nexo causal lo determina la junta médica de aptitud, pero volvemos a lo que decía el senador. El problema es que la junta médica dice que hay nexo causal o no hay nexo causal. Si no hay nexo causal, la junta médica puede sugerir hacer tareas compatibles con el estado de salud y que ese funcionario extienda su carrera laboral. El problema es que quien decide eso es el jerarca. Entonces, volvemos a que sí la discrecionalidad tiene que ver con este articulado, porque es el jerarca el que va a terminar decidiendo si le dan la baja o no al funcionario, en la medida en que es el que va a terminar decidiendo si puede hacer o no tareas compatibles con su estado de salud. Por lo tanto, el problema está acá, no en otra comisión.

SEÑORA ROSSI.- En cuanto al modelo de cálculo que se presenta en el análisis del proyecto de reforma, tomamos dos modelos comunes: uno de la escala básica y uno de la escala superior de oficiales. Son ejecutivos los dos, porque son los de mayor volumen de funcionarios en el Ministerio del Interior.

Es verdad que estos modelos reflejan el cálculo que existe actualmente. No podemos hacer un modelo con el sistema de reemplazo de AFAP porque no es algo que tenemos en uso. Entonces, lo que hicimos fue demostrar cuáles serían las modificaciones a los cálculos actuales según la Ley n.º 18405, con la variable de los porcentajes y la base de cálculo en cuanto a años a considerar. Ese es el modelo que se presentó.

                Obviamente, si es necesario para refutar lo que planteó acá el señor senador, podemos hacer otro modelo y enviarlo, siempre y cuando podamos tener la información sobre las tasas de reemplazo de AFAP. De esa forma, podremos ver si realmente es favorable, pero nosotros entendemos que no.

SEÑOR BOTANA.- Me interesa muchísimo trabajar en conjunto ese tema; me parece que es lo más sensato que podemos hacer. Podemos reunirnos, compatibilizar los criterios de los cálculos y hacerlos juntos. Puede estar errada mi forma de pensar o puede caber la otra posibilidad. Hagámoslo juntos.

SEÑORA SALAZAR.- Con respecto al cálculo de la asignación por incapacidad, según la ley actual, es un 65 % del promedio de los 60 mejores meses. Este proyecto plantea que la cantidad de años que tenga el policía se multiplique por esa tasa que se fija, como se va a hacer con cualquier otro funcionario, pero el tema está en que se va a calcular desde que ingresó hasta el momento en el que se debería haber jubilado. Es decir, si le correspondiera jubilarse a los 65 años, se va a calcular desde su ingreso hasta los 65 años, y eso se va a multiplicar por la tasa que se fija, que es de 1,5.

                Lo del 20 % es solamente en caso de hijos menores y nunca se llegaría a lo que plantea el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Se pueden añadir dos criterios: el criterio de los hijos, que agrega un 20 %, y además el de la discapacidad total, que agrega otro 20 %.

SEÑORA SALAZAR.- No es así.

SEÑOR BOTANA.- Vamos a mirar el artículo.

SEÑORA SALAZAR.- Ese otro 20 % que se agrega, que sería aparte del de los hijos, sería solamente en el caso de que la persona tuviera una dependencia severa, es decir, que su incapacidad generara una dependencia severa. No es incapacidad total; incapacidad total no significa dependencia severa. Estamos hablando de cosas distintas.

                Hay una incapacidad total que se otorga por el actual artículo 7; se dice que la causal es incapacidad total. Es toda aquella persona que pasó por un seguro de incapacidad transitoria y la junta médica determinó que no podía continuar trabajando; entonces, se le otorga una incapacidad total. Eso no significa que la persona tenga una dependencia severa; solamente en ese caso se otorgaría ese 20 %. Por eso nunca llegaríamos al 81 % que plantea el señor senador.

                Quiero aclarar otro punto relativo a la consulta sobre los 35 años. Las personas que quedarán comprendidas entre la promulgación de la ley y el 2032 son las que configuran causal, porque son las que más años tienen, tanto de actividad como de edad. Esas personas, que quedarían incluidas en esta ley, ya pasaron por otra ley que las perjudicó. Se los perjudicó en dos oportunidades, tanto en 2009 como ahora. Teniendo cantidad de años de servicio o cantidad de aportes, no configuraban causal porque no llegaban a un determinado coeficiente. A veces, con 20 años de servicio, por no tener edad, no llegaban al coeficiente para configurar por la causal anterior. Ahora los vuelven a perjudicar y les dicen que tienen que tener 35 años de servicio para poder configurar causal. Eso es totalmente injusto, porque son las personas que más edad y más cantidad de trabajo tienen. Si no llegaran a los 35 años de aportes, quizá sí los tengan en otras cajas; sin embargo, pueden hacer una acumulación de servicios, pero la tasa de reemplazo es a prorrata. Si tienen diez años de servicio registrados en otra caja, esos diez años de servicio no se los pagan más.

                Entonces, en vez de irse con un 50 %, como se estarían yendo hoy si tuviesen los 35 años de aportes, al tener 25 y traer 10 años trabajados en el país registrados en otra caja, les pagan por esos 25; o sea, son 25 de ese 50 y no van a configurar por otra caja. Me parece totalmente injusto para una persona que ha trabajado y ha aportado durante más de 35 años al país, sea en esta caja o en otra –en esto sí podemos decir que este proyecto de ley es más justo–; tendría que percibir por todos los años que aportó al país. No pueden exigirse solamente a los trabajadores policiales los 35 años.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha quedado clara la posición.

SEÑOR BOTANA.- Si un policía ingresa a los 25 años de edad, a los 65 años tiene una tasa de reemplazo del 60 %.

SEÑORA SALAZAR.- Si a los 65 años tiene 30 años de trabajo, multiplicado por 1,5...

SEÑOR BOTANA.- Perdón. Si empezó a los 25 años, a los 65 años tiene 40 años de trabajo y, por lo tanto, le corresponde una tasa de reemplazo del 60 %. Si le agrego el 20 da 72 y si le agrego otro 20 da 84.

                El número que le presenté fue para el caso de tener 65 años de edad y 35 de trabajo. En ese caso, la tasa de reemplazo es 52,5 %; ahí me daba 81.

SEÑORA SALAZAR.- Perdón. Usted está hablando del caso de una persona que trabajó 40 años, que tiene 40 años de servicio. Nosotros acá estamos planteando, en primer lugar, que lo que se exige en este proyecto de ley son 30 años de trabajo y 65 de edad. Posiblemente una persona que entró a los 25 sí ya tenga 40 de trabajo, pero ese es el caso de una persona que ya superó los 30 años de trabajo por lejos.

                Más allá de eso, usted le está sumando un 20 si tuviera hijos menores. Seguramente, si tiene cuarenta años, en muy pocos casos va a tener hijos menores.

En segundo lugar, el otro 20 %, como dije, se otorga solamente por dependencia severa.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor senador Botana entiende que no quedó claro para la versión taquigráfica, lo vamos a escuchar para que lo clarifique.

SEÑOR BOTANA.- Afirmo que no quedó claro porque al momento en que la persona se incapacita se le van a computar los años como si los hubiera trabajado y como si esos años hubieran transcurrido. Por lo tanto, esa persona podría tener 25, 30, 35 o 40 años y se le van a computar todos esos años. Y podría tener hijos menores, obviamente, porque no es que haya transcurrido ese tiempo, sino que se le paga desde el momento en que la persona se incapacitó.

                Buena cosa sería que nos reuniéramos a conversar sobre esto para ponernos de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece que a esta altura sería conveniente analizarlo y que no fuera en esta comisión.

                Les agradecemos mucho la comparecencia en la tarde de hoy. Cualquier material que nos quieran agregar será bien recibido, con mucho gusto.

                Tengan buenas tardes.

(Se retira de sala la delegación de la Unión de Sindicatos Policiales).

 

 (Campana de orden).

                –Se invita a los señores senadores a tomar asiento. Falta atender la última delegación de la tarde de hoy, porque se ha reprogramado la reunión con los representantes de la Organización Internacional del Trabajo para el próximo martes.

                  Estando presente la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, se les invita a ingresar a sala.

(Ingresa a sala un representante de la Coordinadora

Nacional de Sindicatos Policiales)

                –La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se Crea el Sistema Previsional Común tiene el gusto de recibir al representante de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, señor Carlos Michelena, quien viene a dar su opinión sobre el proyecto de ley que está a estudio de la comisión.

                Le damos la bienvenida y lo escuchamos.

SEÑOR MICHELENA.- Buenas tardes.

                Antes que nada, quiero disculparme porque mis compañeros no han podido concurrir. Desconozco las causas, pero pienso que debe haber sido por razones de fuerza mayor.

                Señores miembros de la comisión: hoy nos enfrentamos a una nueva reforma de nuestra caja –a 14 años de la última, realizada en el año 2008– para llevar a un régimen general a todos los organismos de previsión social que existen en nuestro país.

                Como es sabido, para que los sistemas previsionales sean autofinanciables, tiene que existir una buena relación activo-pasivo. Por lo general, para que sea sustentable, debe existir una relación de tres a cuatro activos por cada pasivo.

                La solución a este problema es una sola: crear nuevos puestos de trabajo. En nuestra caja esto se reduce a cubrir las vacantes necesarias para mejorar también la seguridad pública.

                En nuestra caja, en 2019, esta relación tenía un cociente de 1,13, cifra que no se ha modificado debido a la falta de ingresos para cubrir nuevas vacantes. Las ejecutadas prácticamente reemplazaron en parte las que se iban produciendo. Las creadas en los presupuestos nacionales o en las posteriores rendiciones de cuentas no son suficientes. Se agrava también por el hecho de suprimir vacantes para otros fines, tal como sucedió en esta última rendición de cuentas, que se resignaron unas 80 vacantes aproximadamente entre policías ejecutivos y bomberos a fin de poder asignar ese presupuesto y tratar de llegar a un salario de $ 50.000 nominales para la policía ejecutiva a partir del 1.º de enero de 2023.

                Podemos decir, por ejemplo, que en la Jefatura de Policía de Colonia hay un déficit de personal de 300 funcionarios. Existe un déficit enorme de personal en casi la totalidad de los escalafones –administrativo, violencia doméstica, mantenimiento, obras, etcétera–, y sus necesidades se cubren con personal del escalafón ejecutivo, que tendría que estar en las calles para brindar más seguridad a la población.

                El déficit también se agravó a consecuencia de la pérdida de servicios prestados y por la calidad y la cantidad en horas que el policía puede hacer en el servicio 222.  Entre 2010 y 2014  se pasó de 200 a 50 horas que podía hacer cada policía. En Carmelo antes había aproximadamente unas 2.700 horas de servicio 222 y actualmente hay unas 250. Eso disminuyó los aportes de montepío y el monto jubilatorio; cabe recordar que el servicio 222 empezó a aportar montepío con la reforma de 2008, lo que mejoraba las jubilaciones.

                En esta instancia, para aumentar los aportes, queremos proponer la recuperación de los servicios perdidos y las horas que puede hacer el policía. También pedimos que se incluya como nuevos aportantes a los trabajadores de las empresas de seguridad privada, tal como se hizo en la reforma de la caja bancaria con los trabajadores de las instituciones de intermediación financiera.

                Nuestra caja en el 2019 tenía un gasto público del 0,7 % del PBI y representaba un 6,5 % del gasto total del sistema de pasividades. Se proyecta un aumento de asistencia financiera para nuestra caja para el 2040 de 0,07 %.

También se aduce que el déficit lo debe cubrir rentas generales, como si fuera un ente que emite dinero, lo que no es así. Los que asistimos financieramente somos todos los trabajadores del país, incluso los desocupados, con el pago de impuestos, consumo y otros ingresos que tiene el país y con lo que se nutre. También contribuimos con los montepíos que no se nos devuelven desde la reforma de 2008, lo que es lógico, y seguiremos haciendo lo que sea necesario para aquellos que necesiten de la jubilación o la pensión para llevar una vida digna, tal como establece la Constitución y el tratado internacional en la materia.

                Con la nueva reforma se pretende disminuir el déficit con recortes de derechos, como aumento de edad jubilatoria, reducción de tasas de reemplazo, no reglamentación de la contribución extraordinaria de aportes patronales, aportes patronales de otros actores muy por debajo de los aportes de los trabajadores, etcétera. Se quería reducir la bonificación de los años de servicio y edad del escalafón ejecutivo policial, que era de siete años fictos por cada cinco, a seis años fictos por cada cinco efectivos; queremos que se mantenga el actual régimen debido a la naturaleza de la función, cuyo desempeño impone en forma inevitable un riesgo de vida cierto, actual, grave y permanente; hay un riesgo de mortalidad y morbilidad que afecta la integridad física y mental. Tanto el mayor riesgo de vida como de invalidez son algo inherente a la actividad policial. La incidencia en el 2019 fue del 20,2 %, con una edad promedio de 51 años y un mes.

A su vez, queremos que se incluya con la misma bonificación al personal ejecutivo de la Dirección Nacional de Bomberos, que reúne las mismas condiciones. Las rebajas de estas bonificaciones no están descartadas, ya que está previsto en el proyecto que se revisen periódicamente.

                También hay recorte de derechos para las viudas. En la legislación vigente, las viudas adquieren el derecho de pensión por el resto de su vida. Esta reforma introduce un cambio sustancial con respecto a los años que tengan al momento de su viudez. A mayor edad, será por toda la vida, pero a edades menores la pensión se le dará por un cierto período de tiempo. Es un contrasentido que con menos de 45 años se le dé por tres años o, con menos de 40, por un año, porque justamente a esa edad hay compromisos con hijos menores. Algunas de esas viudas no tienen ingresos y ya se les hace difícil reinsertarse en el mundo laboral. Pedimos que eso se excluya del proyecto y se mantenga la normativa vigente. Otra disposición que viene desde antes y que nos parece una discriminación y una pérdida de derechos es la pérdida de la pensión si la viuda contrae nuevamente matrimonio. Toda persona tiene derecho a rehacer su vida, máxime a edades tempranas.

En ocasiones, las pensiones no son suficientes para llevar una vida digna y se requiere del ingreso de un familiar, y queremos que también se incluya por el hecho de haberse perdido. La cantidad de pensiones de sobrevivencia se han mantenido relativamente estables en los últimos años, pero van a disminuir, según estudios realizados y que forman parte del diagnóstico. A su vez, el proyecto de ley establece que no se tomarán en cuenta para la base de cálculo jubilatorio los aportes del servicio 222, el riesgo de función y la prima técnica anteriores al 1º de enero de 2012, lo que nos parece injusto porque ya se aportó para la mejora del monto jubilatorio y ahora se reduce.

En cuanto a la tasa de reemplazo, al tomarse en el proyecto de ley los mejores 25 años computados para el cálculo de la jubilación y no los cinco vigentes, se reduce al 45%, lo que disminuye el monto a percibir. Por lo tanto, se sigue trabajando más para cobrar menos. En este aspecto queremos que se mantengan, por lo menos, los años a computar y la tasa de reemplazo que se encuentran vigentes para el personal policial y bomberos. Para procurar compensar la pérdida del poder adquisitivo, en parte y no en todo, se crea el suplemento solidario. Se instaura no porque el sistema fuese bondadoso, sino para solucionar un problema que crea el nuevo régimen y lejos hemos quedado de la vieja aspiración del 82 % móvil, anhelado por los pasivos.

                Con respecto al aguinaldo, solicitamos que se incluya en el proyecto de ley el pago a nuestras jubilaciones y pensiones en nuestra caja y en las demás en las que no se abona, ya que hay algunas que lo cobran y lo consideramos una discriminación e injusticia.

                Incluir a nuestra caja en la AFAP la desfinancia más, ya que va a dejar de percibir un 5 % de sus ingresos. Además, se va a cobrar menos porque el capital de la cuenta ahorro se liquida por años de expectativa de vida y va a ser inferior, y más teniendo en cuenta que con el 7 por 5 actual, la prestación tiene un promedio de $ 7.500 en el Banco de Previsión Social, muy por debajo de lo que se reciben las cajas por el sistema intergeneracional. Proponemos que nuestra cuenta de ahorro obligatoria vaya a una cuenta de plazo fijo en el Banco de la República, con la misma normativa, pero con un cambio de justicia que sería que las jubilaciones y pensiones a recibir sean de igual monto que las que se ha de percibir por la caja.

                La expectativa de vida es relativa y no segura como se afirma. Hay que tomar en cuenta que en la actualidad, a edades tempranas, existen patologías nuevas y otras que han aumentado en las personas que las padecen. Como muchos de ustedes, he sufrido la pérdida de familiares, compañeros y amigos a temprana edad, por debajo de los 65 años. Dicen que somos un país con población envejecida y no porque se viva más –tal vez, algunos sí–, sino porque se compara con la población de menos edad, que es resultado de la baja tasa de natalidad.

                Otra propuesta que presentamos es que el directorio de la caja policial esté integrado –igual que el del Banco de Previsión Social– por representantes del Poder Ejecutivo, de los trabajadores y de los jubilados, elegidos de la misma manera, que forma parte de uno de los cinco principios de la Organización Internacional del Trabajo en materia previsional.

La matemática es una ciencia exacta, salvo que hubiera ocurrido un cambio y yo me lo perdí; dos por dos es cuatro, y no tres o cinco, según convenga. Hay más años que aportar, menores aportes por salarios insuficientes, menor tasa de remplazo, etcétera. No se puede demostrar –salvo que seamos magos– que resulte una jubilación o pensión mejor. ¡Ojalá así sea! Pero esto pueden afirmarlo quienes participaron y alguno de los que van a votar afirmativamente este proyecto, que al momento de empezar a ver los perjuicios, como ocurrió en el 2016 con los cincuentones, quizás no estén presentes para hacerse cargo de ellos.

Por el momento, es todo.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Hay preguntas de algún señor senador o señora senadora?

SEÑORA ASIAIN.- Quiero pedir que nos deje ese material.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho su presencia en la tarde de hoy. SEÑOR MICHELENA.- Los agradecidos somos nosotros por habernos recibido, ya que  hace tanto tiempo que venimos luchando y nunca tuvimos estas oportunidades.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Son las 17:05).