COMISIÓN ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL

 SISTEMA PREVISIONAL COMÚN

(Sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2022).

 

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 14:51).

(Ingresan a sala los representantes del complejo Juan de América, de Fucvam).

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir a la señora Nelsy Matos y a los señores Lucio Casco y José Salazar, integrantes del complejo Juana de América, de Fucvam, a quienes les da la bienvenida.

Con mucho gusto los escuchamos.

SEÑOR SALAZAR.- Señor presidente: buenas tardes y muchísimas gracias por recibirnos.

                Nosotros integramos la Mesa 5, del complejo Juana de América, y estamos en la dirección de cinco cooperativas. Esta cooperativa cuenta con 399 cupos y aproximadamente 1500 personas. Somos integrantes de Fucvam y de la intersocial del municipio. Nos vimos en la obligación –por las diferentes asambleas que hicimos a lo largo de estos meses– de venir acá a manifestar principalmente nuestra mirada sobre este proyecto de ley de reforma.

                En primer lugar, queremos indicar que el complejo Juana de América tiene aproximadamente un 60 % jubilados y un 35 % de socios que van a verse afectados por esta reforma, o sea que tenemos socios de 45 años que pueden ser afectados en un futuro por esta reforma. Una de las principales razones por las cuales los socios nos impulsan a venir a charlar con ustedes para manifestarles nuestro punto de vista es que tenemos una alta tasa de jubilaciones en las cooperativas. Tal como dije, hoy día tenemos un 60 % de jubilados en las cooperativas que cobran una jubilación por debajo de la línea de pobreza y la están pasando mal. Entonces, estamos viendo que si no se mejoran los recursos que se les dan a las jubilaciones y no se mejoran determinadas condiciones, en un corto plazo vamos a tener un proceso de retracción del beneficio que las cooperativas ofrecen a esas personas mediante recursos que tenemos ahorrados. Por ejemplo, tenemos mucha gente con discapacidad, mucha gente que no llega a fin de mes y nosotros estamos haciendo ollas y disponiendo de recursos económicos para que esa gente pueda llegar a fin de mes. Esa es una problemática clara por la baja tasa de renovación que tenemos. Eso nos genera que no tengamos un proceso de acumulación, un proceso para poder salvar esa instancia.

                Lo que también queríamos manifestarles es, en líneas generales, que el complejo muchas veces tiene miradas diferentes porque allí se nuclean diferentes organizaciones: las del complejo Bella Italia, algunas otras de la zona, muchos asentamientos, y eso provoca que en muchas oportunidades tengamos una mirada más integral de esta reforma y escuchemos a los vecinos, aquellos que actualmente no tienen voz. Entonces, nosotros queremos ponerles voz a esos vecinos que no son escuchados o que no tuvieron la oportunidad de serlo. Y en ese intercambio que tenemos con los vecinos vemos que uno de los problemas de la zona, principalmente de Bella Italia, es la informalidad del trabajo. Hay muchos vecinos que tienen trabajos informales y que aunque tengan 65 años de edad, no van a llegar a los 30 años de aportes que exige la ley. Eso va a llevar a que la gente de la zona –como ustedes saben, el Municipio F es una zona muy carenciada, y principalmente Bella Italia, que está por debajo de la línea de pobreza– tenga mayores carencias. Ese es un gran problema, no solo para el complejo, sino también para toda la zona; a nosotros no nos importa favorecer solamente al complejo, sino que queremos mejorar toda la zona y las condiciones de vida de aquellos que la habitan.

                Ahora, a pesar de los análisis que hicimos en las diferentes asambleas y demás, no nos queda clara la razón, el porqué de estos cinco años más; ¿por qué, en vez de jubilarse a los 60 años, ahora habrá que hacerlo a los 65? No lo comprendemos. Si bien escuchamos muchas veces a los diferentes ministros y tenemos varios informes –de los trabajadores, e incluso de Fucvam, federación a la que pertenecemos–, no entendemos las razones para trabajar cinco años más.

                Lo que más nos preocupa son los aportes; vemos que no hay igualdad entre los aportes patronales y los aportes obreros. Los trabajadores, y principalmente nosotros, que pertenecemos a una cooperativa de trabajadores, siempre hacemos mayores aportes con relación, por ejemplo, a los aportes patronales. Una de las cosas que decimos es que eso debería estar estabilizado, que el aporte patronal debería ser igual al aporte obrero.

                Por otro lado, consideramos que no está bueno y que no hay equidad cuando se habla de ciertos beneficios sobre algunas prestaciones, como la jubilación de la caja militar, por ejemplo. En el complejo viven militares y gente que se ha jubilado por la caja militar, y ellos mismos manifiestan que están en contra de que se les dé algo por encima. Se había hablado de un 130 % más en sus jubilaciones, pero ellos están en contra de ese beneficio; ellos quieren igualdad.

                En líneas generales, consideramos que, de aprobarse este proyecto de ley, las condiciones de vida se verán afectadas, no solo en el complejo sino también en Bella Italia y en todo el barrio. Y tendremos un problema mayor: tendrán que seguir estar en actividad hasta los 65 años; además, muchos de nuestros afiliados, de nuestros socios, realmente no tienen condiciones estables de trabajo, entonces, tendrán que seguir trabajando; el poder adquisitivo de los jubilados va a bajar y también el de los socios del complejo, lo que nos va a traer un problema grandísimo.

En definitiva, a grandes rasgos, eso es lo que vimos a lo largo de los diferentes análisis que hicimos y lo queríamos manifestar.

Por último, vimos una problemática en el territorio –solamente de allí– que tiene que ver, principalmente, con el mundo afro, que es fuerte en el territorio, y también en Bella Italia. Los compañeros que analizaron el territorio vieron que la población afro, que es bastante grande, está un poco retraída en sus aspectos económicos.

Muchas gracias.

SEÑOR CASCO.- Muy buenas tardes a los presentes.

                Represento no solo al cooperativismo, sino también a una organización afro llamada Salvador que trabaja en varios municipios de Montevideo. En este caso, voy a hacer alusión al Municipio F, donde se concentra la mayor cantidad de población afro, que llega a unas 170.000 mil personas. Alrededor de un 20 % de la población afro está viviendo en extrema pobreza y en condiciones de desigualdad. Por ejemplo, el servicio doméstico está feminizado y «racializado»; la discriminación es subyacente, ya que no se incluye para años fictos. La tasa de desempleo en la mujer es de un 9,5 %, y en la mujer afro, de un 11,5 %, y los hombres es un 7,6 %. Estos datos son suministrados por el INE, por supuesto.

                El promedio de ingreso por hora en el trabajo de las mujeres es de un 8,2 % menos; son los peores ingresos y remuneraciones, lo que implica en esta reforma las peores jubilaciones. Con el recorte que hay, por ejemplo, las mujeres viudas pierden radicalmente todos sus derechos, y la situación de las mujeres afro que se ha ido empobreciendo cada vez más, va a seguir empobreciéndose más aún. Es importante tenerlo en cuenta.

                Consideramos que este es un atropello a las futuras prestaciones. Lo digo hoy, incluso, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer .

                Hemos constatado que tanto en el Municipio F como en el G, donde se concentra la mayor cantidad de población afro que vive en condiciones de mucha pobreza, lo más lamentable son las prestaciones para los niños. Por ejemplo, en el Municipio F, en un 20 % de población afro, un 14 % son niños de 1 a 14 años que viven en extrema pobreza. Por suerte, hemos recorrido todos los territorios –siempre lo hacemos–; incluso, trabajamos desde la casa del vecino del Municipio F. Todas las demandas son de pobreza, trabajo y desempleo; y, lamentablemente, debo decirles que es hambre. Hemos tenido muchas conversaciones con diferentes instituciones, con algunas de las cuales llegamos al acuerdo de que efectivamente hay hambre. ¿Cómo se regula esa hambre? Creo que falta un poco más de atención desde las diferentes instituciones, como el Mides, que es fundamental. Hay mucha gente en esa población que no tiene ninguna cobertura social, cosa que se puede constatar con documentación de los propios involucrados, y hasta hay gente que cobra $ 1.600 mensuales. ¡Es imposible mantenerse con ese dinero! Todos sabemos y somos conscientes de que con ese dinero a la gente no le alcanza. Al ser el desempleo el mayor problema, nunca se puede llegar a fin de mes. La población afro es la que más sufre esa situación, incluso hay informes de ASSE y de diferentes instituciones que muestran que esta población fue la que más padeció la pandemia. Traje un breve y detallado informe –para que se reparta entre los senadores– sobre las políticas de inclusión social para los afrodescendientes en Uruguay después del Covid. Son datos certeros; no son inventados.

                Muchas gracias.

SEÑORA MATOS.- Muy buenas tardes.

                Mi nombre es Nelsy Matos y pertenezco también al colectivo afro Salvador. Vivo en Bella Italia y trabajo de doméstica, razón por la cual sé el manoseo que sufrimos. Por ejemplo, a veces tenemos que limpiar balcones y no se nos da protección para evitar caer pisos abajo. Otras veces sufrimos también acoso en los trabajos, porque nos piden que hagamos cosas que en sí no las podemos hacer y es como que nos obligan a hacerlas. Creo que debería haber una ley para que a la trabajadora doméstica se la cuidara más en su trabajo, porque de repente podemos llegar a un trabajo y no sabemos si volvemos a nuestras casas.

                En cuanto al hambre que pasa la gente, quiero decir que yo cociné un año y medio en la olla de Bella Italia, en el Mercadito Bella Italia, y la verdad es que la pobreza en la que vive esa gente y esos niños es mucha; el hambre que se pasa es mucha. Se empezaron cocinando 280 viandas para la gente y en 2020 se bajó un poco, pero después volvimos a subir a las 350 viandas. Tuvimos que salir a pedir «el mangazo» en la calle para darle de comer a la gente. Es una vergüenza que tengamos que salir a manguear, a pedirle plata a la gente para que otras tengan su plato de comida.

Entonces, deberíamos reflexionar sobre las necesidades que se cubren, los sueldos y las jubilaciones que hay; el salario mínimo nacional no le da para comer a nadie.

                El aumento que percibimos las domésticas, por ejemplo, es el mínimo, el esfuerzo que se hace para trabajar y ayudar a la gente en una olla. ¡Hay que ver la cara de las personas cuando están deseando comer! Y a veces no van con viandas a buscar comida sino con ollas para que uno les dé más y puedan tener su desayuno su merienda y su cena. Me parece que la gente pobre necesita mucha más ayuda, y también en el tema del acoso, porque la pobreza que hay es algo que a uno le da impotencia. Los que cocinamos en las ollas hacemos un trabajo solidario, porque no nos pagan por eso; lo hacemos de corazón porque nos gusta ayudar a la gente para que no pase hambre. Me parece que la situación está cada vez peor, cada vez hay más ollas. En Bella Italia, por ejemplo, cada vez hay más ollas para ayudar a más gente, pero llega un momento en que no damos abasto porque, si bien somos muchos los que hacemos trabajo solidario, a veces no se puede cubrir todo. Nosotros la luchamos, la luchamos, pero necesitamos más porque es demasiada el hambre, es mucha la pobreza de la gente y de los niños. También tenemos bibliotecas para ayudar a los niños a que hagan algo, que aprendan a leer, que sus padres les enseñen a leer cuando vayan a la casa. Se les da su fruta, su canasta, pero siempre se necesita un poquito más para ayudar. Repito: es un trabajo que uno lo hace porque lo siente y porque tiene ganas.

                Es todo; gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su participación y les pedimos que nos dejen el trabajo a que hicieron referencia así lo repartimos.

                Muchas gracias por venir. Tengan buenas tardes.

(Se retiran de sala los representantes del complejo Juan de América, de Fucvam).

 

(Ingresa a Sala la delegación de la

Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay).

                –La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir a la delegación de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, integrada por Clara Estela, Juan Rodríguez, Jorge Cuello y Héctor Morales.

SEÑOR MORALES.- Como bien dijo el señor presidente de la comisión, venimos en representación de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, organización decana de los jubilados y pensionistas uruguayos luego de la dictadura.

                En primer término queremos expresar nuestra disconformidad con el régimen de visitas. Tenemos una larga experiencia en cuanto a asistir al Parlamento y siempre permitían entrar delegaciones de ocho o diez integrantes de las organizaciones y, además, nos daban al menos media hora para hacer nuestros planteamientos. Hoy, que escuchamos a ministros, legisladores, al presidente de la república y a los intendentes hablar de la democracia, creemos que esto no la ayuda en nada porque el pueblo tiene muy poco tiempo para expresarse.

                En segundo lugar, nosotros venimos a decir que rechazamos totalmente el planteo de reforma de la seguridad social que entregó el Poder Ejecutivo al Parlamento. ¿Por qué lo rechazamos? En primer lugar queremos desmitificar el tema de la comisión de expertos. Aquí trajimos un escrito en el que la expresión «comisión de expertos» está entre comillas porque no es tan así, no es que esa comisión elaboró un proyecto de reforma de la seguridad social. Hace poco, en el mes de mayo, participamos en un encuentro latinoamericano de jubilados y pensionistas y había gente de todo el mundo; de África, de Europa, de Norteamérica y estas reformas que se están llevando adelante en el Uruguay se están haciendo en todos lados. Estas reformas no vienen de la comisión de expertos, sino que este ámbito es experto en ordenar las coordenadas que vienen desde los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y los grandes capitales del mundo. Por lo tanto, es una imposición que nos llega, al igual que al resto de los países.

¿Por qué estamos en contra? ¿Porque no entendemos? No, entendemos muy bien. Se habla del desfinanciamiento del BPS y es verdad que lo está pero, ¿por qué está desfinanciado? Por las exoneraciones a las grandes patronales; millones y millones de dólares al año se van por regalías a las grandes patronales, sobre todo si son empresas transnacionales. Acá es al revés de lo que pasa en la inmensa mayoría del mundo, en que aquellos que hacen aportes patronales pagan más que los trabajadores. En algunos casos, incluso, pagan el doble de aportes a la seguridad social que los trabajadores.

                Por la falta de controles, hay miles y miles de trabajadores en negro, algunos porque convienen con sus patrones no hacer aportes al Banco de Previsión Social, por los salarios miserables que perciben; en otros casos, el patroncito se les queda con los aportes. Reclamamos que la seguridad social sea una materia curricular, porque la gente se acuerda de la seguridad social cuando se va a jubilar y para cientos de miles es tarde.

En primer lugar está la estafa colosal, el robo más alucinante de la historia, que son las AFAP en el Uruguay. Es un sistema de lucro totalmente incompatible con el derecho fundamental de la seguridad social. Uruguay lo viola porque en 1948 fue suscriptor de la Declaración de las Naciones Unidas en cuanto a que la seguridad social era un derecho humano fundamental.

Nosotros afirmamos con propiedad, porque desde hace muchos años estudiamos el tema, que hay un proyecto alternativo excelente de los trabajadores del Banco de Previsión Social –los verdaderos expertos en esa materia–, al cual le hicimos algunos aportes relacionados con los jubilados y los pensionados. Esa es la única forma de solucionar el desfinanciamiento del BPS y de hacer justicia con aquellos que hacemos todo. Todo lo que hay en el entorno de los seres humanos lo hacemos los trabajadores; no lo hacen los legisladores ni los ministros, lo hacemos los trabajadores, la clase obrera.

No hay trabajadores que se diferencien en cuanto a sus esfuerzos en el trabajo. Yo les hablo por experiencia; fui funcionario del Frigorífico Nacional y después, cuando cerró, me pasaron al Ministerio de Industria, Energía y Minería. En los dos trabajos tenía tareas administrativas y les puedo decir que la tarea administrativa es tan cansadora como cualquier otra; conlleva el estrés de recibir y tratar con público, que agota al trabajador.

Nosotros rechazamos categóricamente el aumento de la edad para todos los trabajadores. Dicen que aumentó la expectativa de vida; no es tan así. Vemos todos los días en los informativos que han muerto muchachos de 18, de 20, de 22, de 28 años; ha muerto gente joven por delitos, por accidentes, por enfermedades. Pero vamos a suponer que fuera así; nosotros, que lo dimos todo, que entregamos los mejores años de nuestra vida al país a través del trabajo, cuando llegamos a los 60, ¿no tenemos derecho a vivir una vida digna, a poder hacer cosas que no hicimos durante toda nuestra etapa laboral? ¿No tenemos derecho a ver la sonrisa de un nieto cuando le hacemos un regalo, más o menos bueno? ¿No tenemos derecho a recorrer y conocer nuestro hermoso país? Muchos no lo conocen, no han salido de su lugar de nacimiento. ¿No tenemos derecho a leer un libro, a ir a un teatro, a un partido de fútbol, a un cine?

¡Claro que tenemos derecho! Somos los que más derecho tenemos porque somos los que hicimos todo en nuestro país.

Venimos a decirles que apoyamos totalmente el planteo del Mondess, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, del que somos parte integrante.

Por parte de algunos compañeros trabajadores del BPS y de su sindicato hicimos ciertos agregados al proyecto de ley vinculados con la devolución del aguinaldo, algo que nos sacó la dictadura de forma delincuencial y nunca más, ningún gobierno, se hizo cargo. No estamos pidiendo que nos regalen el aguinaldo, pero nosotros aportamos por trece meses al año durante toda nuestra vida laboral. Por lo tanto, es un aguinaldo que nos corresponde. 

Rechazamos el IASS. Demasiados impuestos pagamos durante nuestra vida laboral para que, ya desde hace algunos años, nos hayan puesto un impuesto a las jubilaciones.

Rechazamos los ajustes anuales. La vida aumenta todos los días; todos los días aumenta el costo de vida y resulta que tenemos un ajuste al año que ni siquiera contempla la inflación. Es un ajuste que depende de las rebajas que le hicieron a los trabajadores públicos y a los privados, rebajando así el índice medio de salarios para que las jubilaciones tuvieran un aumento menor al que se otorgaba antes. Por ende, rechazamos los ajustes que están por debajo de la inflación.

Reclamamos media canasta básica de jubilación mínima, que rondaría los $ 50.000, aunque esto no alcanza para satisfacer las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Nos dicen que no gastamos en ir a trabajar, en boletos ni en ropa para el trabajo, pero llega la vejez y con ella las nanas. Vamos al médico y nos dice: «Tiene que comer saludable». Apenas podemos comer la comida miserable que comemos, que nos enferma y nos destroza la salud, cuánto menos una comida saludable. No podemos pagar los medicamentos. El sistema mutual, que está exonerado del pago de aportes patronales, nos mata con los precios de los tiques para los médicos y los estudios. A pesar del heroísmo de la inmensa mayoría de los trabajadores de la salud pública, en ese ámbito no se cuenta con los medicamentos necesarios ni con las máquinas para hacer los estudios, que demoran meses y meses. Lo mismo pasa en el sistema mutual aunque paguemos. Y las enfermedades no esperan a que el médico nos pueda atender o nos podamos realizar el estudio; las enfermedades avanzan y, para cuando nos dan fecha, muchos, pero muchos, ya están muertos. 

Hemos venido a decir a los señores senadores de la comisión que tengan un poco de humanidad; lo decimos con total respeto pero con mucha firmeza. Les pedimos que piensen en los viejos de su país; que piensen en todo lo que dimos los viejos a través del trabajo; que piensen que no estamos pidiendo limosna, sino que aportamos, repito, por trece meses al año. No estamos reclamando algo que no nos pertenezca; estamos reclamando lo que nos pertenece; estamos reclamando tener una vejez digna, sin sobresaltos, como vivimos. Ustedes no saben lo que es nuestra sede. Con todo el respeto que nos merecen los que practican esa religión, nuestra sede parece la Iglesia Pare de Sufrir. Allí hay mujeres viejas y hombres viejos llorando que, en el mejor de los casos, después de haber trabajado 30 o 35 años de su vida, se jubilan con jubilaciones miserables. Y hay miles y miles de personas que no se pueden jubilar por lo que dije: porque convinieron con el patrón no hacer aportes a la seguridad social o porque el patroncito se les quedó con los aportes y no los vertió a la caja de jubilaciones.

Ahora nos quieren imponer una reforma de la seguridad social para aumentar los años de trabajo y rebajar las jubilaciones. Decimos «rebajar las jubilaciones», porque no sé de dónde sacaron el disparate de que con el nuevo sistema las jubilaciones van a aumentar. No sabemos lo que va a pasar ni cuál va a ser el costo de vida. Y acá recogemos un planteo del señor senador Andrade, vinculado a que hagan la prueba de comparar los dos sistemas: el que proponen y el que tenemos actualmente, que es miserable, y van a ver que tenemos razón con respecto a que las jubilaciones van a ser peores.

                Por lo tanto, reclamamos no aumentar la edad para jubilarse y fortalecer al sistema privado.

                Repito que las AFAP se llevan USD 3:000.000 por día, USD 90:000.000 por mes y más de USD 1.000:000.000 por año. Con esto el BPS tendría una cuantiosa plata –¡vaya si la tendría!– para aumentar las jubilaciones, las pensiones y todos los servicios que presta. Porque no es verdad eso de que esta es una reforma jubilatoria, ya que esta reforma toca a los niños en las asignaciones familiares, a las y los viudos en las pensiones por viudez y perjudica tanto a los trabajadores activos como a los que ya estamos jubilados o pensionados.

                Nosotros pretendemos una seguridad social universal, integral, estatal, justa, solidaria, sin AFAP y sin exoneraciones a las grandes patronales. Queremos que  los patrones paguen de aportes, por lo menos, lo que pagamos los trabajadores durante toda la vida.

                Hay que tener en cuenta que fuimos un ejemplo en el mundo. Teníamos una seguridad social que era el espejo de los trabajadores del mundo, en el que venían a mirarse los trabajadores de otras partes del mundo y a conocer cuál era el milagro de la clase obrera uruguaya, que había conseguido esa seguridad social que era universal, integral y que no tenía fines de lucro. Y no había ningún milagro, era la movilización de la clase obrera dirigida por su central de trabajadores, la CNT, que con la lucha en las calles había logrado esa seguridad social. Hoy somos una vergüenza en el mundo, somos unos de los únicos países en el que los patrones pagan lo que pagan y en el que hay tantas patronales y empresas exoneradas.

                Reclamamos el aumento de las jubilaciones, el aguinaldo para todos los jubilados, los ajustes cuatrimestrales, eliminar las AFAP y no incrementar los años de trabajo ni la edad para jubilarse. También reclamamos un plebiscito sobre la seguridad social para reconvertirla en un derecho humano fundamental.

                Con todo respeto les repito que vamos a seguir mano a mano, individualmente, la conducta de cada legislador con respecto a este tema tan grave para la vida del país y vamos a salir por el Uruguay a decir que tal legislador levantó la mano y votó tal cosa, tal legislador levantó la mano y votó tal otra. También les decimos con total firmeza que si la Cámara de Senadores vota el proyecto presentado al Mondess por los trabajadores de la seguridad social y su sindicato, vamos a salir a decir que tal senador aprobó el proyecto del Mondess y que tal otro senador también lo aprobó. Porque tenemos que ser honestos, pero todos lo tenemos que ser y pensar en el país, no en los organismos financieros internacionales y en las obligaciones que estos nos ponen. Este proyecto de ley que reforma la seguridad social impulsado por el Gobierno viene de esos lares.

                Les digo que estamos dispuestos a conversar con ustedes. Tenemos un documento para dejarles y también un volante de nuestra elaboración. Apoyamos todo el material del Mondess y estamos a las órdenes para cualquier pregunta que nos quieran hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.-   Ha sido muy clara la exposición, les agradecemos a la delegación  por su comparecencia en la tarde  de hoy y pediríamos que  dejen el material a que se hizo referencia.

(Se retira de sala la delegación de la

Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay).

 

(Ingresa a sala la delegación de la Federación Uruguaya de Magisterio).

–La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común, tiene el agrado de recibir en la tarde de hoy a una delegación de la Federación Uruguaya de Magisterio integrada por las señoras maestras Elbia Pereira, Grethel Ártola, y Daniela Silva a quienes damos la bienvenida y las escuchamos con mucho gusto.

SEÑORA PEREIRA.- Muchas gracias, señor presidente y señoras y señores senadores por recibir a la Federación Uruguaya  de Magisterio para analizar un tema tan relevante como lo es la reforma jubilatoria que está a consideración de este cuerpo y que fue presentada por el presidente de la república.

En una evaluación en un contexto general, a criterio nuestro, toca a todas y a todos los trabajadores, no solo por el hecho de que se extiende la edad de retiro a los 65 años, sino también porque perjudica en gran medida a una buena parte de ellos al momento de retirarse. 

Independientemente que esto impactará a partir de los años siguientes y que, seguramente quien habla no va a estar tocada por esta reforma, nuestra Federación Uruguaya de Magisterio ha defendido e impulsado el diálogo como la forma imprescindible de construir cambios y no en el hoy, sino en su historia. Tenemos casi ochenta años de historia construida como Federación Uruguaya de Magisterio que defiende más allá de los intereses corporativos, lo que tiene que ver con una sociedad más justa e igualitaria.

A nuestro criterio, consultar exclusivamente a un grupo selecto de expertos es perder la visión global de un tema que nos atañe a todos indefectiblemente y que, por tanto, no debería laudarse de espaldas a un genuino diálogo social. Para nosotros esto es fundamental y nos parece que no alcanza lo que se ha intentado y se ha llevado a cabo.

Desde nuestro lugar como formadores-actores en el territorio del entramado social e integrantes del movimiento sindical, sostuvimos desde el comienzo que una reforma debe ser tan amplia e integral como es la seguridad social en sí misma. 

Entendemos que es necesario mejorar la atención a la primera infancia y a las personas en situación de discapacidad, profundizar el sistema de cuidados y no reducir esta reforma a una mera reforma jubilatoria.

Nos referimos a una mirada integral, que implica a su vez replantear las fuentes de financiamiento. En ese sentido, el Gobierno opta por no discutir los ingresos del sistema y las diversas inequidades, desestimando las diferentes propuestas que apuntaban a un financiamiento más justo. Las principales medidas propuestas están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen, así como recortes de las pensiones y la extensión y profundización del sistema AFAP. Es un proyecto que fomenta el lucro de la seguridad social al extender el sistema de ahorro individual privado.

                El hecho de extender la edad, sin duda, golpea directamente a las trabajadoras maestras, que deben permanecer más tiempo en las aulas para acceder al retiro jubilatorio en la suma de los años reales y bonificados.

                Si en el año 1995 se sostenía la bonificación en el entendido de que se trata de actividades «que, por su naturaleza y características, impongan indistintamente al trabajador un alto grado de esfuerzo de su sistema neuromotor, habilidad artesanal, precisión sensorial o exigencia psíquica, que haga imposible un rendimiento normal y regular más allá de cierta edad» –estoy leyendo textualmente el artículo 37 de la Ley n.° 16713–, nos preguntamos qué ha cambiado para suponer que este argumento perdió vigencia. La carga horaria hoy es mayor. Las complejidades del entramado social se hacen presentes en las escuelas y demandan tanto o más a los docentes con relación a los de aquel año. 

Alargar el tiempo de permanencia no favorece a los trabajadores ni a los estudiantes. Entendemos que no se atienden los cambios del mundo del trabajo y sus efectos sobre el empleo; no se prevén los problemas de la desocupación tampoco en edades avanzadas.

Otro elemento que nosotros consideramos de recorte de derechos es el que se refiere al cambio, un cambio sobre el que quizá nosotros venimos a alertarle a los señores senadores para que presten especial atención. Nos referimos al cambio sutil en las bonificaciones, que en el caso de las maestras nos impacta directamente.

La Ley n.° 16713, que está vigente, establece que: «Los servicios bonificados serán reconocidos como tales, cuando el afiliado tenga en ellos una actuación mínima de diez años». El proyecto de ley presentado, que está a estudio de este cuerpo, deroga este inciso y establece que: «Los servicios calificados como bonificados a la fecha de vigencia de la presente ley seguirán siendo considerados como tales, […] cuando el afiliado tenga en ellos una actuación mínima final de diez años o de quince años en cualquier momento de su historia laboral». Se propone un cambio restrictivo que recorta los derechos, ya que pasa de diez a quince años los necesarios para acceder a esa bonificación.  Si el proyecto presentado parte de la base de que es necesario una reforma por el tema de la sostenibilidad financiera, nosotras nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero impacto económico que va a tener este cambio en la sostenibilidad del sistema? Para nosotros no soluciona ninguno de los problemas que el sistema presenta y es un claro ejemplo de lo que expresamos anteriormente. Es un proyecto basado en recorte de derechos a los trabajadores, en este caso, a las trabajadoras. No se entiende el fundamento normativo que avala esta restricción. Y sabido es, y no por lo que digamos nosotras, el desgaste que implica la función docente de aquellas que trabajan directamente con las niñas y los niños. Muchas veces con grupos numerosos, enfrentando realidades cada vez más complejas, con situaciones sociales cada vez más complejas, que demandan muchos más esfuerzos físicos, psíquicos, intelectuales y emocionales. Esto es sabido por todas y todos. Por eso es que nosotros recurrimos a este cuerpo.

Voy a dar la palabra, si el señor presidente me lo permite, a la compañera Ártola, que va a ejemplificar para mayor claridad de este cuerpo esto  que nosotros sostenemos, sobre este sutil cambio –no  es tal sutil como pretende serlo–, y solicitamos a los legisladores que presten especial atención al tema.

                Gracias.

SEÑORA ÁRTOLA.- Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento por este espacio. Se habla del cambio de una palabra. Donde decía «diez años en cualquier momento», ahora pasan a ser «diez años al finalizar el tiempo de trabajo». Por ejemplo, una maestra trabajó al comienzo de su carrera doce años en una escuela común y en ese caso, la bonificación es de cuatro años por cada tres. Luego, imaginemos que se va a un emprendimiento o a cualquier otro tipo de trabajo fuera del área educativa por quince años. Finalmente trabaja dos años en una escuela especial, cuya bonificación sería tres años por dos. Entonces, de aprobarse este proyecto, la docente no puede acceder a la bonificación correspondiente a sus catorce años dedicados a la educación. En este caso, no tiene ningún tipo de bonificación. Por tanto, estamos hablando de un recorte de derechos, un recorte de cuatro años de bonificación, que no se considera justo teniendo en cuenta todo lo que argumentamos anteriormente con respecto a lo que implica la función docente. Se trata también de una profesión altamente feminizada y esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre es preocupante el recorte de derechos en la seguridad social que golpea principalmente a las mujeres, ampliando las brechas de desigualdad. De esto también hay varios ejemplos a lo largo de la reforma.

                Creemos que es un instrumento más de cercenamiento de derechos en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras.

                Este era un ejemplo, hay otros en los que si la persona no llega a los quince años consecutivos de trabajo o que los últimos diez no sean dentro de la educación, pierde ese derecho en las bonificaciones.  Y no se entiende cuál es el aporte sustancial en lo que tiene que ver con la financiación del sistema este cambio. Quizás no lo estamos viendo y ustedes sí.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha sido un placer recibirlas.

                Si tienen algún material o información que nos quieran hacer llegar, no duden hacerlo.             

                Buenas tardes.

(Se retira de sala la delegación de la Federación Uruguaya de Magisterio).

 

(Ingresa a sala una delegación de la

Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas).

–La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la tarde de hoy a una delegación de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, integrada por los señores Ernesto Di Giovanni y Alejandro Acosta, a quienes les damos la bienvenida.

Los escuchamos con mucho gusto.

SEÑOR ACOSTA.- Señor presidente: buenas tardes.

                Junto con Ernesto Di Giovanni venimos en representación de nuestro sindicato porque nuestra asamblea general estuvo analizando los aspectos principales del proyecto de ley de reforma jubilatoria en una asamblea en la que participó el economista Hugo Bai, quien estuvo a nombre del PIT‑CNT en la comisión que se generó en su momento para discutir este tema.

Lo primero que queremos aclarar es que nos sentimos plenamente representados por la delegación del PIT‑CNT, aunque no venimos acá como filial del PIT‑CNT a plantear cuestiones aparte. Sí decimos que en esa asamblea nos pareció que debíamos trasmitirle a la comisión, a nombre de los trabajadores del gas, el posicionamiento que adoptó que después ha sido parte del posicionamiento general del movimiento sindical, que tiene que ver con nuestro desacuerdo con los aspectos principales de la iniciativa. En esto también tenemos una situación que directamente nos afecta porque, según el análisis que trasmite el compañero del instituto Cuesta Duarte, en particular el economista Hugo Bai, de acuerdo a los niveles remuneratorios que en promedio existen en Montevideo Gas, la distribuidora de gas natural de la capital del país, estamos dentro de los sectores de trabajadores más afectados. Esto es así tanto en el régimen de transición como en el régimen vigente a partir del año 2043 debido a que estamos en el rango de ingresos tomados como medio, como promedio. Allí es donde, por ejemplo, si estamos hablando de un salario entre $ 60.000 y $ 70.000, cuando estemos en este régimen pleno vamos a estar cobrando un ingreso por jubilaciones  equivalente a unos $ 20.000 menos, con una caída del 38 %.

En definitiva, esto es lo que queríamos plantear a la comisión, porque entendemos que algunos de los cambios presentados no van en el sentido de lo que ha caracterizado a nuestro movimiento sindical y, en particular, a nuestro sindicato, como es el avanzar en la redistribución de la riqueza o en la redistribución del ingreso.

Para nosotros no es un elemento acertado –creemos que es profundamente equivocado– elevar la edad mínima de retiro. Consideramos que esto está asociado a una visión unilateral del proyecto, ya que nuevamente se plantea que los trabajadores seamos quienes, desde nuestros bolsillos, contribuyamos a paliar un déficit. No se prevé ningún mecanismo de financiación que establezca contribuciones de aquellos sectores que nosotros identificamos como los más favorecidos en la coyuntura actual e históricamente, especialmente aquellos asociados al agronegocio, a las exportaciones y al capital financiero. Tanto es así que no se toca para nada el tema de las exoneraciones fiscales, que implica que dejen de ingresar a las arcas del BPS cientos de millones de dólares por año. También sigue vigente una aportación de las empresas rurales basada en un criterio de hace muchas décadas, que implica que su aporte a la seguridad social apenas sea menor al 2 %.

Por todo esto, entendemos que el proyecto de ley no debería ser acompañado por los legisladores de ambas cámaras.

                Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo con que se establezca una agencia reguladora de la seguridad social –o unidad reguladora– que esté por encima del Banco de Previsión Social y de los otros institutos previsionales –pero, específicamente del Banco de Previsión Social–, porque estaría por encima de un organismo que tiene una representación social de varias décadas y, con ello, se estaría menoscabando la posibilidad de decidir desde allí. Incluso, pensamos que, gracias a esa representación, el BPS ha podido desarrollar mejor sus políticas.

Entendemos que tampoco sería conveniente dejar en el articulado algo así como un mecanismo de ajuste automático de la edad mínima de retiro, como tiene planteado. Se establece –los señores senadores saben– un mecanismo que estudia el promedio de los últimos cinco años para establecer la edad mínima jubilatoria siguiente. Creemos que desde ese lugar estaríamos estableciendo algo que nos deja en el futuro con la incertidumbre de cuál sería esa edad mínima.

Tampoco compartimos que se universalice el aporte a las AFAP. A nuestro juicio, el camino que necesita el país no es el de que la seguridad social y los capitales que ahí se manejen sean objeto del lucro privado. No nos parece que tengamos que dar ese paso, entre otras cosas, porque como movimiento sindical ya hemos planteado que la capitalización individual y el lucro en la seguridad social deberían estar excluidos, que deberían ser exclusivamente aportes que tengan como lógica la solidaridad intergeneracional.

En definitiva, hay una serie de elementos a tener en cuenta: los trabajadores que están afiliados a nuestro sindicato vamos a ser afectados directamente; los trabajadores en general serán afectados para adelante; va a funcionar el sistema con un BPS disminuido por esta unidad reguladora que afecta la participación social; se nos va a obligar a trabajar más años para poder llegar a las condiciones de estar en causal jubilatoria, a lo que se suma toda esta idea de que la manera de reducir el déficit de futuro del Banco de Previsión Social recae exclusivamente en un mayor aporte por diferentes vías de los trabajadores.

Entendemos que esta serie de elementos nos permiten resolver –como lo hicimos en la asamblea general– que la mejor opción para el Poder Legislativo, que representa no solo al Gobierno nacional, sino al conjunto de la ciudadanía uruguaya en función de una votación democrática, es no acompañar este proyecto de ley. Independientemente de que haya artículos puntuales que pueden significar mejoras quizás muy específicas, creemos que el núcleo duro de la iniciativa no debería ser acompañado por el Parlamento. Eso es lo que venimos a solicitar a los señores y señoras senadores.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su comparecencia en la tarde de hoy y los aportes brindados. Si desean enviarnos algún material, pueden hacerlo a través del correo electrónico.

                Se levanta la sesión.

(Son las 15:59).