COMISIÓN ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL

 SISTEMA PREVISIONAL COMÚN

(Sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2022).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 9:35).

(Ingresa a sala la delegación del

Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social).

–La Comisión Especial para el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a la delegación del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, integrada por la señora María Irma Rodríguez y los señores Gabriel Malaespina y Rafael Fernández.

SEÑOR MALAESPINA.- Gracias por recibirnos.

El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social es una conjunción entre los trabajadores de ATSS afiliados al sindicato y diferentes comisiones barriales que están desplegadas a lo largo y ancho del país: Montevideo, Salto, Canelones y Maldonado. En muchos lados estamos organizando y dando esta pelea contra la reforma de la seguridad social que se impulsa desde el Gobierno.

                Este movimiento tiene un proyecto alternativo, elaborado por ATSS, que se viene presentando a la población en diferentes charlas. Eso es lo que intentamos llevar adelante. También queremos decir que este movimiento sale a la calle a lucharla. En varias oportunidades lo hemos dicho y, por ejemplo, le dejamos el proyecto alternativo en el edificio de presidencia al secretario de presidencia y fue recibido antes por la comisión de expertos. Incluso, hace poco tiempo, hicimos una movilización aquí enfrente por este cuestionamiento que tenemos contra el proyecto de ley del Gobierno. Estamos aquí contentos y conformes por poder venir a hacer nuestro planteo. Estamos bien organizados y dando la lucha.

                Soy un trabajador, fui al congreso del PIT–CNT y allí se votó por unanimidad luchar por la defensa del sistema de seguridad social, para eliminar las AFAP, oponernos al aumento de la edad jubilatoria y algunas cuestiones más. Hoy vinimos aquí para que todos sepan quiénes somos y de qué estamos hablando.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Soy extrabajadora del Banco de Previsión Social, donde trabajé durante cuarenta y tres años, formo parte del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social y de la Comisión de Seguridad Social de ATSS, comisión histórica del sindicato, que atiende los problemas de la población en general.

                ¿Qué plantea el proyecto alternativo de ATSS? Dos aspectos que para nosotros son muy importantes. El primer aspecto es parecido a cuando uno iba a la escuela y planteaba mal un problema: por más cuentas que se hicieran bien, la maestra nos ponía mala nota porque, si el planteo estaba mal, las soluciones también iban a estar mal.

                Nosotros consideramos que este planteo de reforma de seguridad social –que no lo es; por suerte, ya han cambiado ese discurso, es un proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones– tira por tierra todos los principios en que se basa nuestra seguridad social histórica.

Estoy orgullosa de ser uruguaya y de tener la seguridad social que hemos tenido en este país, que también tiene una tradición y un ADN batllista. Nos preguntamos cómo los que se consideran batllistas aceptan las premisas en las que está basada esta reforma, que se basó en parámetros falsos, en nuestra opinión. Por ejemplo, se considera la seguridad social como un gasto, cuando es un derecho humano fundamental. También se considera que se tiene que resolver mayormente a través del ahorro individual.

                No hemos escuchado del Gobierno, de los propulsores del proyecto y, sobre todo, de Rodolfo Saldain –que fue el corredactor también de la última reforma– una sola crítica al tema de las AFAP, cuando tener un sistema privado de lucro en la seguridad social es la mayor causa de desfinanciación del BPS. Si queremos aportar números, los aportamos. El BPS históricamente recibe una asistencia financiera de USD 600:000.000, más o menos, cifra agrandada por la pandemia.

                El BPS no solamente ha demostrado su sostenibilidad, sino que ha sido la espalda económica para sostener el problema que tuvimos con la pandemia, amparando a todos los trabajadores y también, por qué no, a las empresas.Por una puerta entran los USD 600:000.000 de asistencia financiera, pero recordemos a los legisladores que no solamente sostiene jubilaciones y pensiones, sino también todo el inmenso universo que paga el BPS en distintas prestaciones. Si no estuvieran dentro del BPS, por ejemplo, la atención a la discapacidad, a las enfermedades raras y una multiplicidad de prestaciones que paga, sería impensable sostenerlas.

                Las AFAP en estos veintiséis años de existencia, llevándose la mitad de los aportes de los trabajadores, no han colaborado en la pandemia ni tampoco los trabajadores van a golpear a una AFAP cuando se sienten vulnerados en sus derechos.

                A la misma vez que entran los USD 600:000.000, las AFAP se llevan USD 1.200:000.000 al año que les traspasa el BPS, con el trabajo gratuito de los funcionarios del BPS, como tantas otras cosas que se hacen dentro del BPS. ¿Con qué resultados?

                Hemos escuchado muchos discursos acá de competitividad, temas muy empresariales y económicos, pero no se ha cuestionado el fracaso que ha sido, es y va a seguir siendo, ese sistema privado.

                En promedio, hoy las rentas AFAP son de $ 7000 para los trabajadores, pero hay rentas de $ 7, de $ 3, de $ 150, señores legisladores. No se cuestiona que hoy esté desfinanciando al Banco de Seguros del Estado, única aseguradora que quedó en el sistema porque a las privadas no les convino y se fueron. En vez de cuestionar a las AFAP, ahondan y desarrollan su sistema.

                Quiero recordarles especialmente el artículo 22, que es absolutamente injusto y arrastra parte de lo que está en la Ley n.º 16713. ¿Qué dice el artículo 22? Le ponemos un precio a la solidaridad; somos solidarios hasta los $ 215.159. A partir de esa cifra no hay obligación de aportar al BPS; esto incluye a todo el sistema político, desde el presidente de la república, senadores, diputados, ministros, así como a empleados de empresas multinacionales y gerentes de las AFAP. Eso pasa desde hace veintiséis años y se traslada a la actual ley.  Y si nosotros sumamos el sistema de AFAP  –que ya dije lo que se lleva del BPS;  esta es la causa principal de desfinanciación, que representa el doble de lo que el BPS recibe como asistencia financiera– las exoneraciones, sobre todo al gran capital, a la educación privada, a la salud privada, a las pasteras, a la industria automotriz, las zonas francas, veremos que todas estas actividades económicas no aportan un solo peso al BPS. Señalemos que el Estado patrón paga 19,5 % de aportes patronales, por ejemplo, en la educación privada o en la salud pública. Entonces, advertimos que hay una inequidad tremenda y ni hablemos del aporte patronal rural que es cada cuatro meses y no llega a un 2 % de una hectárea ficta de producción. Reitero que esto es de una inequidad tremenda, no solo con el resto de los trabajadores que no estamos exonerados en nada, sino con los propios patrones de otras actividades.

Contradiciendo, con todo respeto, al ministro Mieres, decimos que es verdad que esta reforma viene con una fórmula muy acotada que la podemos simplificar en trabajar más, aportar más y cobrar mucho menos. Actualmente, un trabajador que se queda hasta los 65 años de edad tiene una tasa de reemplazo –de promedio jubilatorio– que se ubica entre el 50 % y 55 %, dependiendo de la edad y de los años de trabajo. Hoy se nos propone trabajar cinco años más con un 45 % de tasa de reemplazo pero, además, con un promedio de esta que se hace sobre los últimos 25 años; prácticamente, sobre toda la carrera del trabajador. Esto, absolutamente, representa una rebaja, como la que han experimentado todas las reformas históricas que ha tenido este país. Desde el Acto n.° 9, de la dictadura, pasando por la que nos trajo esta ley actual y todas las otras pequeñas reformas impulsadas en distintas normativas, se ha favorecidoal capital en desmedro de los trabajadores.

Acá hay un modelo económico que está a favor del gran capital, de los que tiene más; hay un modelo que bombardea la solidaridad y los recursos genuinos del BPS. En la comisión de expertos no se analizó un solo párrafo relativo a los ingresos genuinos del BPS. Por supuesto que los distintos gobiernos tienen la libertad de tener su sistema económico, de exonerar, de hacer prebendas, con el argumento de generar trabajo e inversiones –todo muy discutible–; ahora bien, no es justo que se adopten esas medidas económicas y se pongan en la contabilidad a pérdida del BPS y luego se diga que la institución es ineficiente. 

Hay muchísimos temas más sobre los que podríamos hablar, pero lo principal que queremos exponer es que estamos en contra del aumento de la edad jubilatoria. Hay experiencias a nivel mundial que muestran que eso no resuelve el problema, mucho menos en un país con un alto grado de desocupación, como el que tiene Uruguay. Pensemos, por ejemplo, en cómo un trabajador de más de cuarenta años se va a sostener hasta los 65 años y, además, ocupando cargos que pueden ocupar los jóvenes. 

Consideramos que debe existir, no solamente una política de empleo, sino también de salario, porque el salario bueno y correcto –no salarios de $ 25.000 o menos–, por supuesto que aporta a la seguridad social. Y el aporte patronal, que está desde 2007 en que se produjo la última reforma tributaria, se ubica en la mitad de lo que fue históricamente en el país y en la mitad de lo que es en el mundo entero. En Uruguay sucede todo lo contrario a lo que pasa en el resto del mundo. Por ejemplo, en los países nórdicos –de los que se toman como referencia algunos aspectos y, deliberadamente, se ocultan otros–, el aporte patronal es el doble del de los trabajadores. 

Entonces, si nosotros no tocamos esos ingresos, se pondrá en la espalda de los futuros trabajadores, de los que aún no están trabajando, un futuro paupérrimo, un futuro de rebaja de prestaciones y de atropello a las mejores tradiciones del Uruguay en materia de solidaridad. Decimos esto, porque ¿cuál es el principio que ha sostenido nuestra seguridad social? El de la solidaridad. ¿Qué dice este principio? Que cada uno aporte según sus posibilidades y reciba según sus necesidades. Eso acá, señores, no va a ocurrir y no ocurre, porque las prestaciones que hoy paga el BPS son insuficientes. Fíjense que la jubilación mínima que paga el BPS hoy, son $ 15.750, mucho más del doble del promedio de lo que pagan las AFAP. Entonces, cuando en este nuevo proyecto de ley se habla de aporte solidario, debemos decir que eso ya existe. He sido funcionaria del BPS por 43 años y hoy cuando mis compañeros liquidan una jubilación –sobre todo la de empleadas domésticas, peones rurales o la de trabajadores con empleos cuyos salarios están muy por debajo– les da que la jubilación es de $ 7.000 u $8.000 en promedio y, sin embargo, el BPS la lleva a $ 15.750, o sea que están inventando lo que ya está inventado.

Nosotros consideramos que si se quisieran mejorar las jubilaciones, bastaría con un decreto del Poder Ejecutivo y no hacer este remiendo ni esta financiación al sistema financiero y a los bancos privados. Es inconcebible que un sistema de seguridad social tenga detrás de esto a los bancos privados, a los conglomerados económicos, que trabajan con la plata de los trabajadores, porque todos ustedes sabrán que las AFAP son empresas privadas, bancos, que invierten la plata de los trabajadores con cero riesgo, porque el riesgo lo cubren los trabajados como pasó en este año, que dieron rentabilidad negativa y los trabajadores perdieron sus ahorros. Sin embargo, por supuesto, les siguen cobrando comisiones y todo lo demás.

                Nosotros estamos recorriendo todo el país y ya les anunciamos que nosotros –estamos teniendo instancias, movilizaciones, vamosa cooperativas, sindicatos, barrios y a ciudades del interior– vamos a estar promoviendo un plebiscito de reforma constitucional para dejar garantizados en la Constitución los derechos de los trabajadores y los principios más importantes que este país tuvo y tiene en seguridad social. Por supuesto, el artículo que no tiene discusión es el de la eliminación de las AFAP, como ya ocurrió en dieciocho países de treinta que en el mundo tuvieron este sistema. En la seguridad social no se puede imponer un sistema con la lógica del sistema financiero.

                Muchas gracias a todos por escucharnos y vamos a seguir luchando por esto.

SEÑOR FERNÁNDEZ.-Buenos días. Simplemente, voy a complementar algunas cosas.

                Entregamos un documento que muchos legisladores ya deben tener en su poder porque fue enviado a las distintas bancadas. De todos modos, queríamos formalizar la entrega de ese documento y explicar algunas cuestiones.

                En primer lugar, a lo que dijeron los compañeros, quiero agregar que esta discusión arrancó centrándose en el déficit del Banco de Previsión Social y de otros organismos previsionales; ese fue el inicio de esta discusión. En esa discusión no se visualizaba claramente que el déficit de la caja militar es prácticamente equivalente al del Banco de Previsión Social, pero para un universo de prestaciones muy inferior. Ahora la discusión cambió y parece ser que el monto del gasto en previsión social y, en particular, en jubilaciones y pensiones es muy elevado para el país. El Banco de Previsión Social gasta –si esto fuera un gasto estrictamente– 9% del producto bruto y atiende a más del 20 % de la población. ¿Es excesivo un porcentaje de 9 % para el 20 %? En realidad, 23 % es la cantidad de personas que perciben alguna forma de prestación de este tipo. Algunas podrán repetirse, pero no es el grueso.

                Lo otro que nos parece muy importante es que el sistema de fondos previsionales que se basan en la especulación, en la timba financiera, en todo el mundo están jaqueados en este momento. En el último año, en Chile, tuvieron un 15 % de pérdida los fondos previsionales de los trabajadores. En vez de ser un régimen de certidumbre para el trabajador, es un régimen que genera la inseguridad de si efectivamente va a llegar a percibir algo. Ni hablar del modelo de Estados Unidos u otros en los directamente los fondos previsionales se quiebran porque se hunden las acciones de las empresas o las inversiones que realizaron, por lo que los trabajadores no perciben nada.

                En este sentido, hoy hay una gran crisis en Gran Bretaña, del mismo modo que en Chile hay una gran discusión sobre el sistema previsional de este tipo. Lo sustancial es que se promete un incremento de esos fondos previsionales y la realidad dice exactamente lo contrario. Hoy las tasas de interés en muchos casos son negativas por las colocaciones que se realizan. Los fondos previsionales lo que hacen es adquirir préstamos, nuevos capitales a partir del dinero que tienen y eso provoca una situación de insolvencia cada vez mayor de esos sistemas previsionales. Esos dineros que obtienen para colocar en nuevas inversiones –como hoy pasa concretamente en el Reino Unido– están produciendo un crack, de alguna manera, de esos fondos previsionales. Por lo tanto, esto no tiene que ver con la seguridad social, sino con una inversión del tipo especulativa, que no da ninguna garantía a los trabajadores.

El Banco de Seguros del Estado –soy funcionario desde hace cuarenta años– está ante un riesgo muy grande; no es casual que ninguna aseguradora privada intervenga en el proceso del pago de la renta de las AFAP. Quiere decir que la AFAP es el único sector que está blindado, porque va a cobrar comisión aunque el fondo previsional desaparezca por malas inversiones. Reitero, la AFAP va a cobrar una comisión al momento de recibir el aporte del trabajador y no corre ningún riesgo porque no paga la renta del trabajador. Insisto, acá es el único sector blindado y que obtiene una ganancia asegurada.

Otro elemento que nos parece muy importante es el tema de los aportes empresariales, el aporte patronal. En el caso de la caja bancaria, se introdujo una prestación complementaria patronal que no está vinculada a un porcentaje de la masa salarial –porque si se reducen los salarios y los puestos de trabajo se desfinancian los organismos previsionales–, sino al negocio financiero, que se ha cuadriplicado, mientras que los puestos de trabajo se han reducido aproximadamente a la mitad. Me estoy refiriendo al sector bancario, pero es un fenómeno general. Seguir diciendo que van a financiar la seguridad social exclusivamente en relación a la masa salarial y sobre todo cada vez más en relación solamente al aporte personal del obrero,  conduce a una situación en la que los trabajadores van a tener que trabajar hasta los noventa años para poder subsistir. La realidad es que el aporte empresarial es del 7,5 % y el obrero, de un 15 %; además, eso se ve modificarlo por una exoneración que –según la propia comisión de expertos, convocada por la ley de urgente consideración– alcanza el 26 % de los aportes empresariales. Quiere decir que los patrones en realidad están pagando un 5,6 % sobre la masa salarial, contra un 15 % que pagan los trabajadores. Concretamente, se está vulnerando la propia Constitución de la República, que establece que tiene que ser tripartita la forma de financiamiento de la seguridad social; cada vez más se vuelca exclusivamente sobre la espalda del trabajador, si es que logra tener una historia laboral con cierta continuidad para alcanzar una jubilación y una causal jubilatoria común.

Con el sistema que se está implementando se va a llegar a una situación en la que el Estado cada vez más va a tener que bancar –que después lo vuelca sobre el conjunto de la ciudadanía y, en particular, sobre los trabajadores, que somos los que sostenemos con el IVA y otros impuestos el grueso del financiamiento del Estado– a la gente que no llega a una causal común. Es decir que se descargan de las espaldas de los empresarios para volcarlas nuevamente a las de los trabajadores. Estos son algunos de los elementos que nos parecen importantes.

En lo que tiene que ver con el impacto sobre la cuestión demográfica en particular, leímos los informes de la comisión de expertos y los estudios demográficos utilizados. Allí se maneja una reducción de la población uruguaya en función exclusivamente del indicador de la tasa de natalidad. La realidad es que, si se aumenta el desempleo juvenil y los veteranos siguen trabajando más tiempo, los jóvenes se van a tener que ir del país. Eso agrava mucho más la situación demográfica que la cuestión de la tasa de natalidad. Creemos que el proyecto complejiza los problemas en este sentido. Por ejemplo, un trabajador cincuentón, si pierde el empleo, no va a tener chance de volver al mercado de trabajo. Hoy el Estado, de alguna manera, compensa a ese trabajador que perdió el empleo poco antes de jubilarse, es decir que incurre en un gasto para brindarle un auxilio, pero al aumentar los años que va a tener que trabajar y eventualmente que pueda estar desempleado esto se agrava también.

Estos son una serie de elementos que llevan a que la discusión debería ser mucho más profunda y extensa. Se quiere hacer a las corridas para terminar la reforma lejos del proceso electoral, pero es contradictorio, porque si fuera tan buena tendría que hacerse lo más cerca posible del proceso electoral. Además, si no va a tener un impacto inmediato, porque se dice que se va a aplicar bastante hacia el futuro, entonces, ¿por qué no nos tomamos el tiempo para discutirlo profundamente? ¿Por qué hay que ir tan a las apuradas?

Hoy, creemos que hay como veinte grupos que vienen a hacer sus aportes y el Parlamento debería tomarse un poco más de tiempo para atender profundamente esto.

Otro elemento que llama mucho la atención es que los números que maneja por ejemplo el equipo del PIT-CNT, que representa a los trabajadores, y los que maneja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son extremadamente diferentes. No son cosas que puedan ser tan distintas. Al respecto, debería haber un mecanismo de auditoría o de estudio que sea independiente para realmente saber qué es lo que pasa. ¿O es que el Parlamento va a votarlo por creer en uno o en otros? Supongo que lo van a estudiar profundamente.

Por lo tanto, esperamos que esta discusión se realice de cara a toda la sociedad y que realmente se aborden los impactos que esto tiene y no solo en la rebaja de las jubilaciones, que es inocultable, porque si solo se aumentara la edad de retiro para cobrar lo mismo, ya sería una rebaja; cualquiera de nosotros sabe que si tenemos que trabajar más tiempo para cobrar lo mismo estaríamos frente a una reducción. Además, está demostrado –y en este sentido compartimos estrictamente lo planteado por el equipo que representa a los trabajadores– que hay una rebaja en la jubilación que se va a percibir.

Todos los directores sociales del BPS, los directores electos por la población en sus distintos sectores están en contra de este proyecto. El BPS ha venido a hablar al Parlamento, pero han concurrido los representantes políticos del banco, nombrados por el poder político.

Por lo tanto, entendemos que no es nada casual esta situación y votar a las apuradas un proyecto de esta naturaleza para poder cumplir con los organismos internacionales de crédito, que en todo el mundo tienen esta misma receta y en todos lados están provocando grandes crisis políticas con este tipo de planteamientos, sería un error imperdonable.

Por lo tanto, como dijimos, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, junto con todos los sectores con los que podamos coincidir, vamos a seguir trabajando y militando por una real transformación que mejore lo que hoy está mal. Actualmente muchas prestaciones son insuficientes; en muchos casos las jubilaciones mínimas son realmente miserables y lo que se necesita resolver es eso. Pero lo que sucede es que, para eso, es necesario introducir mecanismos de aportación empresarial y no ha habido voluntad política en ese sentido en este Gobierno ni en los anteriores, porque nosotros no nos vamos a embanderar políticamente con ninguno de los gobiernos de turno.

Concretamente, creemos que en forma permanente ha habido un subsidio al empresariado, sobre todo al gran empresariado, a costa de los trabajadores. Me refiero a las zonas francas, las exoneraciones fiscales y de aportes previsionales y, en particular, a los subsidios directos que existen, sobre los que hay una gran opacidad, ya que la población no sabe tanto de esto. Hemos escuchado hasta el hartazgo lo que se gasta en la seguridad social para la gente que no llegó siquiera a una causal común. No se escucha mucho hablar sobre cuánto dinero se vuelca a las grandes empresas. Tenemos un tren que se está haciendo para una empresa multinacional y que no va a ser para la población. Quiere decir que para una empresa se está haciendo un gasto multimillonario por parte del Estado uruguayo. Parece que para algunas cosas sí es viable gastar dinero, pero para sostener a los que trabajaron toda su vida o a los viejos y a los niños que tienen que ser sostenidos –cada vez hay mayor pobreza infantil–, el dinero nunca es suficiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos mucho la participación en la mañana de hoy. Estamos a las órdenes. Sin perjuicio del material que ya han enviado a las bancadas, les agradeceríamos que nos enviara el proyecto al que usted hizo referencia para podérselo repartir a los señores senadores.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Ya lo entregamos, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto; muchas gracias.

                Buenos días para todos.

(Se retiran de sala los representantes del  Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social,

Mondess).

(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial).

 

                –La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en estos momentos a una representación de jubilados de la Caja Notarial, integrada por la escribana Alicia Santos y la escribana Estela Correa, a quienes les damos la bienvenida.

                Las escuchamos con mucho gusto.

SEÑORA SANTOS.- Buenos días a todos.

Antes que nada nos vamos a presentar. Soy la escribana Alicia Santos, presidente de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial, y me acompaña la escribana Estela Correa, vocal de la Comisión Directiva.

                Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de escuchar a nuestro gremio, los jubilados y pensionistas de la Caja Notarial.

Antes de tratar nuestro tema en particular, queremos plantear que los gremios de afiliados a la Caja Notarial, Asociación de Escribanos del Uruguay –activos, escribanos y empleados de escribanía– y Asociación de Jubilados de la Caja Notarial –pasivos, jubilados y pensionistas–, hemos trabajado juntamente con los directores de la caja en el estudio del anteproyecto primero y del proyecto de ley en este último tiempo.

No siempre coincidimos; a veces nuestros intereses coliden, pero el intercambio nos enriquece a todos. Cada uno defiende a su colectivo, pero con el convencimiento de que siempre tenemos como meta final la defensa de nuestra caja en todos los aspectos. La queremos sana, equilibrada económicamente, y deseamos que pueda continuar con todas las prestaciones que nos brinda.

En sus 81 años de existencia, la Caja Notarial ha tenido altibajos –no hay organismo con esa antigüedad que no los haya padecido–, pero nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones para con nosotros. Y los problemas, en los distintos momentos, aun ahora, los hemos solucionado nosotros mismos, los afiliados activos, aumentando sus aportes, y nosotros, los pasivos, creando un impuesto que grava nuestra jubilación. Nunca hemos pedido ayuda. Nos las hemos arreglado solos y de eso estamos orgullosos.

Yendo a los puntos específicos de interés de los pasivos, quiero expresar que nosotros pensamos que las jubilaciones no pueden ser una fuente de financiamiento del sistema de previsión social, pues llegamos al absurdo de que contribuimos a pagar nuestras propias jubilaciones. No se debe perder de vista que los hoy jubilados ya aportamos durante 35 o 40 años, cuando éramos activos, para financiar las pasividades de los jubilados que nos precedieron. Ese es un régimen de solidaridad intergeneracional, pero a nosotros se nos descuenta para pagar nuestras propias pasividades.

Pero, bueno, los gravámenes ya están establecidos y siempre es difícil que el Estado o nuestra propia caja prescindan de esos ingresos.

Lo primero que voy a mencionar, justamente, es el impuesto creado por la Ley n.º 19826, de 2019, que grava nuestras jubilaciones con el 2 % de la pasividad. Ese 2 % va para la Caja Notarial.

Luego tenemos el IASS, que grava las jubilaciones de $ 40.000 en adelante por franjas, cuyos saltos son bastante importantes y llega a ser un descuento significativo en la jubilación de nuestros afiliados. Este impuesto va para las arcas del Estado. Contribuimos con la caja y con el Estado, como todo ciudadano.

Me detengo un segundo en el IASS, pues nuestro gremio, junto a otros, está esperando el descenso gradual de este impuesto para el año 2023, según se ha comprometido nuestro presidente, en cuya palabra confiamos. Pero nos preocupa que ese descenso gradual no quede establecido en esta ley, que según nuestra opinión como operadores jurídicos sería lo que correspondería: plasmado en la ley y no librado a la reglamentación.

Les pido a los señores legisladores que lo tengan en cuenta.

Nuestra solicitud es que ustedes, nuestros legisladores, no graven a los escribanos pasivos con más impuestos de los que ya pagamos. Este proyecto de ley seguramente va a recibir algunas sugerencias de cambios en las cámaras. Les pedimos que recuerden que los pasivos de la Caja Notarial ya tenemos sobre nuestros haberes los impuestos mencionados.

Hablando del IASS, aprovecho a plantearles, señores legisladores, que aquellos jubilados que tenemos doble jubilación porque tuvimos dos empleos y aportamos a diferentes cajas, durante el año nos descuentan el porcentaje correspondiente en cada una de ellas y luego, alrededor del mes de agosto, al sumar nuestra jubilación, cambiamos de franja y se nos hace una reliquidación. Es este un sistema perverso. Nuestro sistema castiga a quien más trabajó, a quien tuvo más de un empleo. Pagamos doble Fonasa, doble IASS y la reliquidación una vez al año. Hay muchos ancianos que creen que con lo que se les descuenta por mes están al día con sus impuestos y no tienen ni idea de estas reliquidaciones. Nuestro colectivo es añoso. A la asociación han llamado jubilados que viven en residenciales o que están solos para consultarnos sobre este tema, muy nerviosos. Son personas de 85 o 90 años que no entienden el sistema y no presentan sus declaraciones juradas. Menos aún pagan las reliquidaciones. ¿Qué puede pasarles? No lo sabemos a ciencia cierta. Tal vez se les haga un embargo genérico o dejen de cobrar sus haberes. Es un tema delicado para esta etapa de la vida. Quería plantearlo, no para dejar de pagar el IASS, pero tal vez para que después de cierta edad, cuando están en una etapa muy avanzada, deje de ser obligatoria la reliquidación o se pague una cifra fija por franjas de manera que no haya sorpresas en ningún momento del año. Es el deber de todos cuidar a nuestros ancianos. Hay muchos viejitos solos que no tienen quién se ocupe de las obligaciones que tienen de esta naturaleza. Y ahora voy a dar paso a mi compañera de directiva, la escribana Correa, quien va a explicar otro gravamen que tenemos los escribanos jubilados.

SEÑORA CORREA.- Señor presidente: yo integro, en representación de la asociación de jubilados, la comisión salud de la Caja Notarial.

Hay que tener en cuenta que, en virtud de la inclusión de nuestro colectivo al Fonasa, nuestro sistema de salud cambió totalmente. Con un aporte del 3 %, nosotros teníamos la cobertura de salud y emergencia médica. Con el cambio, aportamos un 4,5 % al Fonasa y, para seguir en el sistema que teníamos, debemos pagar mucho más. Es cierto que es optativo, pero los jubilados teníamos médico de familia y los especialistas que nos trataban desde hacía 40 años. Ese cambio a los pasivos nos afectó mucho, pues además del Fonasa tenemos que pagar una sobrecuota para mantenernos con la atención médica que teníamos y, a su vez, la emergencia médica. Con el dinero que quedó en la caja, que venía del sistema notarial de salud, una vez ingresados al Fonasa, se constituyó un fondo que la caja destina a cubrir gastos médicos como ser lentes, lentillas, prótesis, audífonos, CPAP y, además, el seguro por enfermedad.Aparte de ese fondo, se cubre durante dos años la cuota de afiliación de los recién recibidos. Ese fondo fue formado con nuestros aportes y somos solidarios con quienes necesitan.

                Por otro lado, quiero informar que los jubilados también integramos el Directorio de la Caja Notarial con un representante electo por nosotros, quien defiende nuestros intereses. Cabe resaltar que se trata de un director honorario.

                Por último, quiero reafirmar que nuestro sistema se basa en la solidaridad.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay nada más para agregar, agradecemos muchísimo el planteo realizado por las escribanas en la mañana de hoy.

                Estamos a las órdenes. Tengan buenos días.

 

(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial).

(Ingresa a sala una delegación del grupo de cincuentones).

 

                –La Comisión Especial para el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a los representantes del grupo de cincuentones.

                Les damos la bienvenida y escuchamos su planteo.

SEÑORA CAREAC.- Buenos días. Hemos venido en representación del grupo de cincuentones.

                Lo que queremos plantear es la necesidad de la derogación del artículo 16 de la Ley n.º 19590, a través del cual se nos realiza una quita de un 10 % del sueldo básico jubilatorio, es decir que se trata de nuestro futuro como jubilados.

                En sí, eso es lo que buscamos: que la derogación de ese artículo sea incluida en este proyecto de ley de reforma de la seguridad social.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto. Nos han acercado un documento en el que se argumenta el petitorio que realizan y la fundamentación correspondiente.

                ¿Quieren expresar algo más sobre el tema o entienden que con la entrega del documento es suficiente?

SEÑORA DOGLIO.- La entrega del documento es muy importante.

                Nosotros pertenecemos a la primera generación incluida en las AFAP y tuvimos el pasaje hacia el BPS habilitado por la Ley n.º 19590. Sin embargo, por el artículo 16, al momento de jubilarnos se nos realiza una quita de un 10 %. Entonces, queríamos plantear que se incluya en la reforma la derogación de ese artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando llegue el momento de la discusión del proyecto de ley analizaremos esto en las bancadas, con nuestros asesores. Si es necesario, nos pondremos en contacto con ustedes para recibir mayor información; si no lo es, podremos llevar adelante el importante aporte que nos han realizado.

SEÑORA DOGLIO.- Hemos tenido reuniones con algunos legisladores, a quienes les planteamos el tema, y también se mandaron mails a los legisladores de las distintas bancadas.

(Dialogados).      

SEÑOR GANDINI.- Señor presidente: quiero hacer una consulta solo a efectos de entender bien los detalles, o repasarlos.

                Esto afecta a aquellos que fueron traspasados obligatoriamente al régimen mixto y luego, en la etapa de revisión, se desafiliaron de la AFAP y volvieron al BPS.

(Interrupción de la señora Doglio).

                –Déjeme terminar, por favor, así sus palabras también quedan en la versión taquigráfica, que es importante.

                Entonces, quienes tomaron esa opción, a partir de ese momento, por este artículo 16, tienen un 10 % de descuento –digamos– en su prestación jubilatoria.

SEÑORA DOGLIO.- Es así, como dice el señor senador.

                Al salir de las AFAP y pasarnos al BPS, estuvimos pagando distintas cuotas. Ahora, somos BPS; ya no pertenecemos más a las AFAP. Sin embargo, no somos BPS en su totalidad, porque tenemos esa quita del 10 %.

                Pedimos, entonces, que a iguales aportes, iguales remuneraciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto.

                Quedó muy claro el planteo; agradecemos lo pragmáticas que han sido a la hora de exponerlo. Cuando llegue el momento, analizaremos la situación en detalle.

                Muchas gracias por su comparecencia. Que tengan buenos días.

 

(Se retira de sala la delegación del grupo de cincuentones).

 (Ingresa a sala la delegación de la Dirección Nacional de Fucvam).

 

                –La Comisión Especial para el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a los señores Enrique Cal y Ruben Benítez, en representación de la Dirección Nacional de Fucvam, quienes han solicitado ser recibidos para dar su opinión sobre el proyecto de ley que está siendo analizado por esta comisión.

SEÑOR CAL.- Como presidente de Fucvam, agradezco a la comisión por habernos recibido.

                Quiero aclarar que la información que voy a aportar está contenida en el material que entregué a los senadores de la comisión, que creo que ya fue repartido.

Fucvam, como sabe la ciudadanía, es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, y fue fundada el 24 de mayo de 1970.

Nosotros hacemos uso de un préstamo estatal que devolvemos en un período de 25 años. Hay cooperativas, sobre todo los grandes complejos más viejos, que ya tienen 50 años y la población de esas viviendas va envejeciendo allí; son familias de trabajadores que acceden a la vivienda a través del sistema cooperativo y difícilmente puedan cambiar de vivienda para irse a otra. Entonces, permanecen allí hasta que llegan a la edad de retiro. Lo que se está dando en esas cooperativas viejas es que la población en edad de retiro, la que cobra jubilaciones, empezó a ser mayoritaria. Hay una cierta tasa de recambio en las cooperativas, ya sea porque renuncia un socio, porque fallece o porque los hijos no se quedan en la cooperativa, e ingresan socios nuevos, pero esa tasa de recambio no hace que la media empiece a ser juvenil o, por lo menos, de adultos jóvenes. En esa población disminuyen los ingresos de las familias, aun jubilándose con el sistema vigente, porque muchos son trabajadores independientes que han aportado por el ficto y pierden otros beneficios, como el presentismo, los premios por productividad, el aguinaldo y el salario vacacional; o sea, con las jubilaciones hay una merma en el ingreso de esas familias. Entonces, hemos empezado a ver con preocupación que en las cooperativas en las cuales el período de amortización ya terminó y la cuota que se paga es solo para cubrir los gastos comunes del complejo –agua, luz, electricidad de los salones comunales, limpieza de caminería, algunos guardias de seguridad, etcétera–, aún hay familias que no pueden hacer frente a estos costos. Esto genera un problema porque son familias que tampoco pueden acceder al subsidio estatal, puesto que ya no están en el período de amortización, es decir, lisa y llanamente, no pueden pagar la cuota. Muchas de estas familias están dentro de esas 150.000 o 160.000 pasividades que cobran el mínimo jubilatorio, de entre $ 15.000 y $ 16.000.

Reitero: vemos con preocupación esa situación porque ya nos está afectando en la cotidianeidad, sin que haya entrado en vigencia la reforma que se proyecta. Hay algunas normas de esta reforma que se propone que tienen efecto inmediato sobre las pensiones a la invalidez o por discapacidad física, y algunas otras tienen efecto inmediato al otro día, que son las que tienen que ver con las condiciones para cobrar la pensión a la vejez o a la viudez. Entonces, vemos que hay un potencial peligro o un riesgo de mayor descenso de esas jubilaciones y pensiones, y pueden presentarse dificultades en el caso de gente que pueda estar próxima a cobrar una pensión por viudez –ojalá que no sea así pero puede suceder– o por invalidez. Como dije, estamos viendo esto con preocupación porque es un problema que no empezará a afectar a la población cuando entre en vigencia el 100 % de la ley, por esta gradualidad que se plantea, sino que tiene efectos inmediatos porque hace a normas y a cuestiones relacionadas con el cálculo de las bases de prestaciones y contribuciones. Eso por un lado, desde el punto de vista práctico e inmediato, con relación a cómo afecta a los cooperativistas.

                Por otro lado, desde el punto de vista conceptual, también tenemos nuestras diferencias con la propuesta. La gran mayoría de los cooperativistas pertenecemos al sector trabajador; trabajamos toda la vida y no podemos ver con buenos ojos esta perspectiva de aumentar los años de trabajo. Somos muy críticos de eso porque aspiramos a que si mejoran las condiciones de vida y la ciencia avanza, el período de retiro de la vida activa sea más disfrutable y que la persona pueda mantenerse por más tiempo en buenas condiciones como para poder disfrutar. Eso nos preocupa mucho, y también nos preocupa que se habla de una reforma del sistema de seguridad social pero se está trabajando, básicamente, sobre pensiones y jubilaciones, es decir, sobre el gasto y no sobre los ingresos de dinero al Banco de Previsión Social o a las AFAP.

También somos críticos en ese sentido, porque con el sistema vigente las AFAP son obligatorias para los sueldos que pasan de cierta franja. Ahora se ampliaría esa cobertura o esa posibilidad que tienen las AFAP de captar sueldos más bajos porque se hace obligatorio, y eso también nos preocupa porque en esa asociación público-privada –algunos más privados que públicos– hay un afán de lucro y de hacer rendir los dineros pero siempre sujeto a las leyes de la ganancia y la pérdida, las leyes del mercado.

Además, también desde el punto de vista conceptual, creemos que no se ha hecho una evaluación seria, contextuada en la región y en el país, sobre el funcionamiento de las AFAP. Tenemos infinidad de casos de compañeros cooperativistas que al llegar a la edad, ante la alternativa de cambiar y pasar del régimen privado al del BPS, terminan pasándose porque las jubilaciones que les ofrecen las AFAP son mucho menores a las que percibirían en el BPS, aun con la limitación del 90% que se logró con la llamada ley de los cincuentones. Entonces, también nos preocupa que ahora se extienda la cobertura de las AFAP.

                A su vez, no nos puede dejar de preocupar que el BPS, con la amplísima cobertura que tiene, que abarca un gran porcentaje de la ciudadanía –estamos hablando de cientos de miles de trabajadores que acceden al retiro–, sea visto como el gran responsable de la crisis del sistema cuando hay otras cajas que teniendo mucho menor cobertura y menos universalidad, son sostenidas por el sistema. Eso no se incluye en los análisis y en las posibilidades de cambio. Durante varios períodos de gobierno se ha intentado pero no se logran los votos necesarios para, al menos, equiparar los esfuerzos que hace la ciudadanía para sostener el sistema. El Uruguay es uno de los países que tiene el menor índice de aporte patronal y vemos eso con preocupación porque son problemas que, a la larga, terminan afectando al cooperativista que vive en una cooperativa de viviendas. Digo esto porque una vez que termina el período amortizante, la posibilidad de mantener su vivienda depende pura y exclusivamente de que pueda sostener los gastos. Si no puede hacerlo y la cooperativa no tiene espalda para generar un programa de subsidio o un fondo de socorro, tiene que irse porque de acuerdo con el estatuto, con tres meses de deuda se cae en falta grave y es una causal de expulsión. A veces, solidariamente se puede sostener a alguien pero es muy difícil.

                Creemos que es necesaria una reforma, no somos obtusos, pero que se apoye en los principios fundadores de la seguridad social uruguaya, que ha sido reconocida, elogiada, y de la cual estamos muy orgullosos. Esos principios, que son producto de generaciones y generaciones de legisladores, son la universalidad; la obligatoriedad para todos los trabajadores, trabajadoras y empleadores; la activa participación del Estado en la dinámica y en la organización del sistema, y la solidaridad intergeneracional como uno de los pilares.

                Nos parece que en esta reforma quedan algunas cuestiones por el camino.

                Eso es lo que teníamos para decir. Quedamos a las órdenes para contestar preguntas, si las hay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor presidente: el documento que usted nos trajo ya ha sido repartido. En él está claramente establecido lo que acaba de relatarnos y la comisión lo analizará oportunamente en el momento de la discusión del proyecto de ley.

SEÑOR CAL.- Le agradezco, señor presidente, y solicito si nos pueden hacer llegar una copia de la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Con mucho gusto, así se hará y se la enviaremos una vez que esté pronta.

Tengan un buen día.

 

(Se retira de sala la delegación de Fucvam).

(Ingresa a sala la delegación del Sistema Uruguayo de Ahorro Individual Solidario).

 

                –La Comisión Especial del Senado para el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a los representantes del Sistema Uruguayo de Ahorro Individual Solidario, señora Zully Parra y señor Pablo De Barros.

                Les damos la bienvenida y los escuchamos. Ya ha sido entregado el documento que ustedes nos trajeron y será inmediatamente repartido a todos los senadores de la comisión.

                Sin más, les damos el uso de la palabra, agradeciendo su presencia.

SEÑOR DE BARROS.- Primero que nada, quisiera agradecerles por poder estar acá y presentar una propuesta alternativa, que es la que estamos trayendo hoy.

                Consideramos que una reforma de la seguridad social es absolutamente necesaria, pero también entendemos que no es la que se está proponiendo hoy, que no da ninguna solución definitiva al problema. En un futuro volveremos a estar pasando exactamente por lo mismo, teniendo que aumentar la edad jubilatoria y bajando las jubilaciones.

                Para poder buscar una solución definitiva y de raíz a este problema de seguridad social, primero tenemos que entender cuáles son los sistemas que tenemos hoy. Actualmente tenemos un sistema mixto conformado por un sistema de solidaridad intergeneracional y por un sistema de AFAP.

                Cuando hablamos de un sistema de solidaridad intergeneracional nos referimos a que la plata que aportamos los jóvenes la estamos dando para pagar las jubilaciones de los que están más arriba. Esto funcionó muy bien en el pasado, cuando eran todos activos y había pocos pasivos. La base estaba bien conformada y hubo un sobrante de dinero, pero ahí se cometió un primer error: nunca se hizo un fondo de reserva nacional con ese dinero y, al no hacerlo, no se pudo generar ningún tipo de rentabilidad.

Hoy nos encontramos frente a un factor demográfico muy importante. Cada vez nacen menos personas, se vive más y tenemos un futuro laboral bastante incierto. Se da un desarrollo tecnológico importante, que también está quitando fuentes de empleo.

Ya para el año 2050 vamos a tener 2:500.000 personas. Por lo tanto, de seguir con estos mismos sistemas, en el futuro vamos a tener que poner la edad jubilatoria en los 70 años y seguir bajando las jubilaciones.

Hay que cambiar la raíz. Si los jóvenes eran los que ayudaban a pagar la jubilación de los de arriba y esa pirámide se está invirtiendo, también tenemos que hacer un sistema en que la ayuda se invierta. Eso es lo que les venimos a presentar hoy: un sistema en que los que están arriba empiecen a ayudar a los jóvenes.

Lo otro que tenemos hoy es un sistema de AFAP que, después de veintiséis años de implementado, no solucionó absolutamente nada. El promedio jubilatorio es de $ 7.000 y todos los ciudadanos tenemos que aportar entre ocho y nueve años, directamente a las AFAP, para recién empezar a obtener un peso de ganancia; todo lo demás se lo llevan lo que son las comisiones. Entonces, ante estos resultados que no fueron los mejores, hoy se propone dar más poder todavía a eso. Creemos que ese no es el camino.

Estamos proponiendo la creación de un sistema uruguayo de ahorro individual solidario, de una institución estatal conformada por expertos en economía, en inversión, entre otros, que sería la encargada de rentabilizar ese dinero de todos los ciudadanos sin ningún tipo de cobro de comisión. Además, las jubilaciones estarían comandadas por lo que sería, por supuesto, el BPS y el Suais. La idea es implementar un sistema único para todos, en el que todos entraríamos con las mismas reglas de juego. Habría una caja única –por lo que no existirían más las divisiones que hay hoy– que centraría todo y con las mismas reglas de juego absolutamente para todos.

El gran cambio que se introduciría –que ha sido pensado para el futuro y para todos los jóvenes– sería el siguiente. Un ciudadano va juntando y esa plata se va rentabilizando. Cuando esa persona se jubile, la pasividad se podrá pagar desde esa cuenta personal de la renta del ahorro. Al pagar de la renta del ahorro, el ahorro permanece. Es más, ese ahorro lo podemos hacer heredado. Entonces, cuando nuestros herederos se jubilen tendrían lo que ellos mismos pudieron juntar, más el ahorro que le van dejando sus padres, y así sucesivamente. De esta forma se estaría solucionando un problema a futuro, porque cada vez nos veríamos con mejores jubilaciones y no tendríamos que subir la edad de retiro. Es más, podríamos llegar a pensar en bajar la edad y no tener que subirla, porque las jubilaciones ya quedarían pagas por las generaciones anteriores.

A continuación, mi compañera Parra, gráficamente mostrará cómo sería la propuesta.

SEÑORA PARRA.- En el material que se les entregará a los señores senadores tendrán ejemplos numéricos, en los que partimos de una jubilación con un sueldo nominal de $ 25.000. Una persona dependiente, que gana $ 25.000 nominal –un sueldo muy básico–, vierte aportes al sistema de ahorro individual. 

Tal cual está estipulado en la actual reforma, hicimos un período de transición en el que, un 5 % de sus aportes va al sistema de ahorro individual y el 10 % restante al sistema de solidaridad intergeneracional. Con ese 5 % la persona va acumulando los aportes en la cuenta de ahorro individual y ese dinero se va rentabilizando en una estimación de 4 % anual. Los cálculos son muy simples y son a vía de ejemplo –o sea, hicimos rentabilidad lineal, valores corrientes, no actualizados–, pero para que puedan apreciar el funcionamiento del sistema son válidos; diría que es un esbozo muy genérico para que vean cómo funcionaría el sistema. Supongamos que toda la vida laboral de una persona transcurre dentro de este sistema de ahorro individual con treinta años de aportes, que a los 60 años llega al final de vida laboral y se jubila. Esa persona, con ese sueldo de $ 25.000 nominal y aportando un 5 % al sistema de ahorro individual, logró acumular USD 21.800, de los cuales, USD 10.600 son rentabilidad. De acuerdo con nuestro sistema, la persona va a utilizar para su jubilación los USD 10.600 de rentabilidad y eso se distribuye según la esperanza de vida promedio. De ahí, pues, que hayamos puesto 21 años, porque si la persona tiene 60 y 81 años es más o menos la esperanza de vida, durante 21 años cobrará su jubilación. Mientras, sus aportes que se fueron acumulando, los va a pasar a sus hijos, a la segunda generación. Como dije, es un cálculo muy simple: supongamos que un padre le pasa a su hijo –en este sentido pueden plantearse diversas situaciones, en que dos padres le pasan a un hijo o dos padres les pasan a dos hijos– y este suma lo heredado a sus propios aportes. Aclaro que en la simulación solo consideramos el dinero heredado de su padre, no así el propio. Trabaja durante 25 años; en nuestro ejemplo es lo que supusimos que vive el hijo desde que fallece el padre hasta que se jubila. Al pasar esos 25 años, el hijo se jubila porque llega a su edad de jubilación y ahí logró acumular USD 61.000 de lo heredado de su padre, sin considerar sus aportes propios ni el ahorro voluntario; esto es lo más básico de lo básico. Cuando nuestro sistema esté funcionando a pleno, se supone que la rentabilidad de estos USD 61.000 –dentro de ellos, hay 38.000 de rentabilidad– va a ir a un fondo general, no va para la persona –ahora después De Barros va a explicar para qué sirve ese fondo general–, y la persona va a utilizar la diferencia entre los 61.000 y los 38.000, que serían los aportes que le heredó su padre, para complementar su jubilación. 

                En el período de transición hay que analizar con más detalle qué proporción va al fondo general y qué proporción a la persona, para que su jubilación sea de un valor más digno y que no tenga una jubilación tan baja, porque vimos que solo va el 5 % de los aportes al Suais.

SEÑOR DE BARROS.- Para que lo entiendan mejor, acá hay una gráfica sobre lo que estaríamos hablando. Con sueldos de $ 25.000, con padre o madre juntando USD 25.000, con su hijo que haya juntado $ 25.000, cuando empieza a heredar su jubilación, su caja de ahorro va a tener USD 75.000. Si seguimos esta línea hacia el futuro, vamos a estar hablando de que en los próximos 75‑75 vamos a estar en 175 y eso podría seguir generación tras generación. O sea, se estaría solucionando de forma definitiva el problema de lo que serían las jubilaciones a futuro de todos los uruguayos.

                Esto está formado por tres pilares: un pilar que es de ahorro obligatorio, otro que es de ahorro voluntario y un tercer pilar –que hasta ahora no existe y surge para corregir el error de lo que no se hizo antes–, que es la creación del fondo nacional de reserva. Lo primero que tenemos que decir del ahorro obligatorio es que cuando el sistema esté conformado a pleno, obviamente, serían del 15 % los aportes que paga el trabajador y que irían directamente a este sistema. Para este sistema se necesita un período importante de transición, por supuesto, porque tenemos que hacer que ese pozo acumulable empiece a aumentar y a aumentar sucesivamente hasta que se haga fuerte. A medida que se haga fuerte se empiezan a pasar más recursos para Suais y se empiezan a achicar todos los gastos de lo que sería BPS.

                Con respecto al ahorro voluntario tenemos una cierta diferencia. Nosotros lo que proponemos son 3 puntos de IVA con todas las compras con tarjetas de crédito; proponemos que 3 puntos de IVA pasen directamente para el ciudadano. Hoy se propone que sean 2 y que sea optativo. Entonces, los 2 puntos que hoy se están proponiendo directamente van a ir a las AFAP para que sigan cobrando comisión. Nosotros, al no tener comisión, esos 3 puntos de IVA van a ir a la cuenta personal de cada uno y van a aumentar su rentabilidad.

                Otra de las cosas que proponemos para lo que es el ahorro voluntario, es que la persona también pueda depositar dinero en esa cuenta para que el sistema Suais lo rentabilice. De esta manera, al ser rentabilizado, cuando llegue el momento de jubilarse va a poder haber una disposición de dinero para vivienda y así fomentar todo lo que es el sistema de construcción.

                Comento algo más que también es importante. Cuando una persona está jubilada, este ahorro voluntario puede continuar para, justamente, seguir aumentando su jubilación, ya que no tiene por qué cortarse.

                En lo que tiene que ver con la creación del fondo de reserva nacional, nosotros estamos proponiendo que vaya un punto de IVA de las tarjetas de crédito que se utilicen para la generación de este fondo, y también un aumento del 2 % en lo que serían los aportes patronales de absolutamente todos, pero con una condición: que esos aportes patronales vayan directamente para las jubilaciones de los mismos empresarios. O sea, el empresario va a pagar más, pero se va a ver beneficiado teniendo una mejor jubilación. Tenemos un problema gigante porque el 75 % de los pequeños empresarios están directamente condenados a trabajar hasta sus últimos días. Con este sistema estaríamos mejorando la jubilación de esos empresarios. Ellos pagarían un poco más, pero para su propia jubilación. Eso iría a ese fondo de reserva nacional y el Estado lo rentabilizaría sucesivamente, obteniendo ganancia. También estaría comprendido el caso de cuando una persona fallece, porque ese ahorro que deja hasta que su próximo heredero no se jubile –y ahí pasa a formar parte de la jubilación de su heredero– el Estado puede rentabilizarlo, también para conformar este fondo. Por su puesto que debe estar blindado, para que no pase que el que esté de turno pueda utilizar esa plata. Además, puede ser utilizada solo en inversiones; esa es justamente la propuesta. Hoy tenemos los proyectos de OSE,  de hidrógeno verde, una cantidad de iniciativas para las que directamente el Estado podría tener los fondos.

Con respecto a los aportes patronales, entendemos que hay que hacer una revisión, porque no puede ser que sean solamente del 2 % hasta 585 hectáreas en el sector rural y el pequeño empresario, una persona que tiene un pequeño almacén pague un 7,5 %. Reitero que pensamos que hay que hacer una revisión de esto, así como también de las empresas que están exoneradas, pero los aumentos se tendrían que hacer para el propio beneficio del empresario.

Este sistema, si bien se llama sistema uruguayo de ahorro individual solidario tiene, por supuesto, un pilar solidario. No está hecho para que el que haya juntado mucho dinero en su cuenta personal tenga una rentabilidad de USD 500.000 o USD 1:000.000, sino para poner una jubilación mínima para todos, una máxima y que a medida que vayan pasando las generaciones se iguale todo el sistema hacia arriba. No tenemos que igualar hacia abajo, sino hacia arriba. El que juntó más va a ganar más, hasta un cierto tope, lo que esté por encima va a empezar a ayudar a los que hayan podido ahorrar menos y así sucesivamente, hasta poder llegar –que es mi visión de futuro– a que todos los uruguayos podamos estar cobrando la misma jubilación y que sea universal, para todos.

Creo que este sistema, como características principales, rompe absolutamente con el factor demográfico. No nos interesaría más si nacen menos o si vivimos más, porque esa cuenta quedaría por fuera de esto y entendemos que la reforma que se haga tiene que apuntar en ese sentido, si no, volveremos a pasar por lo mismo. Tiene que ser universal e igualitario para todos, habría una menor defraudación tributaria porque a cada uno le interesaría poder comprar con tarjeta para acumular ese ahorro voluntario. Es solidario, absolutamente, sostenible en el tiempo y, principalmente a futuro. No tendríamos que seguir condenando a nuestros hijos a jubilarse con 70 años, porque en la reforma que hoy se plantea queda atada la edad a la esperanza de vida y cada diez años sube un año y medio, o sea que quiere decir que cuando se dice que pensamos en nuestros jóvenes e hijos, los estamos condenando a trabajar con 70 o 75 años y cada vez contarán con una menor jubilación. Ojalá en el pasado se hubiera hecho esto, porque hoy no tendríamos que estar pasando por estas mismas situaciones.

Ese fondo de reserva nacional también lograría mayores inversiones estatales y fuentes de empleo. A futuro podríamos llegar a pensar –cuando este sistema realmente sea fuerte– hasta en bajar la edad jubilatoria y no tener que subirla. Eso mejoraría la tasa de remplazo ocupacional y se estaría pensando en los jóvenes.

Otro elemento es que también se empezaría a fomentar la natalidad, porque hoy se depende mucho de nuestros padres para que cuiden a nuestros hijos y podamos trabajar, entre otras cosas. Si los hacemos trabajar cada vez más, ellos también van a tener menos ayuda. Es un sistema que está exclusiva y absolutamente pensado para el futuro, para nuestros hijos y nietos, que les solucionaría su vida. Ojalá que se pueda pensar y llevar a cabo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.-  La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se Crea el Sistema Previsional Común, le agradece a la delegación por su presencia en la mañana de hoy. 

Nos vamos a comprometer a estudiar este sistema porque es bastante innovador.

SEÑORA PARRA.- Estamos a disposición por si desean que ampliemos la información o que despejemos alguna duda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, que tengan buen día.

 

(Se retiran de sala los representantes del  Sistema Uruguayo de Ahorro Individual Solidario, Suais)

(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Aladi).

 

                –La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir a los representantes de la Asociación de Funcionarios de Aladi, delegación integrada por las señoras Carla Risso, Luciana Operti y Viviana López Dourado y los señores Miguel Bognoni y Felipe Bertani, a quienes les damos la bienvenida y de quienes escucharemos el planteo que vienen a realizar.

SEÑORA LÓPEZ.- Buen día para todos.

                Antes que nada, queremos agradecer a la comisión por recibirnos en la mañana de hoy.

                Solicitamos esta reunión a efectos de hacerles saber el impacto que el proyecto de reforma a estudio de la comisión va a traer a los funcionarios de la asociación. También queremos hacerles notar que tal como está redactado el artículo 261 implica una violación a un compromiso que asumió el Estado uruguayo frente a la Aladi a través de la suscripción del acuerdo sede y, además, deseamos hacerles notar que, en caso de ser aprobado, es susceptible de ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.  En referencia a este punto, les acercamos un sobre que supongo que ya fue entregado y que contiene dos informes jurídicos, uno de ellos corresponde al doctor Carlos Delpiazzo donde hace notar este aspecto.

                Para comenzar quiero explicarles cuáles son las características del régimen actual de los funcionarios de Aladi. Precisamente los funcionarios de Aladi son trabajadores dependientes; al ingresar a trabajar suscriben un contrato de trabajo y están al amparo de esta disciplina, del Derecho Laboral. 

                A efectos de ahorrar los recursos necesarios para poderse incorporar al sistema de seguridad social aportan mensualmente a un fondo de previsión. ¿Cómo se aporta a este fondo? Un 7 % se financia con un aporte de los funcionarios y un 14 % con un aporte de la Aladi. Estos porcentajes se aplican sobre el salario base que perciben.

                Si bien los funcionarios de Aladi son trabajadores subordinados, debido al contexto normativo que los rige, el estatuto de seguridad social es distinto que el del régimen general.

La incorporación de los funcionarios al sistema de seguridad social es voluntaria; hasta ahora pueden ejercer la opción de afiliarse al sistema en cualquier comento. Debido a que para incorporarse al sistema deben pagar los aportes y a que cuentan con ese dinero para financiarlo cuando el fondo de previsión libera los aportes que hicieron a lo largo de su carrera, en los hechos, es al cese cuando en definitiva terminan incorporándose al sistema de seguridad social. 

Esta posibilidad se concreta mediante una opción que manifiestan ante el Banco de Previsión Social y, en ese caso, se crea una ficción jurídica y tienen que abrir una empresa unipersonal. Si bien son trabajadores dependientes, a los efectos de la seguridad social, al querer incorporarse al sistema tienen que abrir una empresa unipersonal y hacer los aportes de toda su trayectoria laboral. En ese caso lo que únicamente aportan es el montepío personal del 15 %; lo hacen según los valores históricos, y debido a que se incorporan al sistema al cesar su trayectoria laboral, no deben aportar al Fonasa. Como no aportan al Fonasa, Aladi, con ciertas características, costea la cobertura de salud de los trabajadores.

                Dicho esto, es decir, cómo es el régimen de los funcionarios de Aladi en la actualidad, veamos qué es lo que prevé el artículo 261 del proyecto. Dicha iniciativa mantiene que la incorporación de los trabajadores de los organismos internacionales es voluntaria. No va a poder hacerse la incorporación al sistema en cualquier momento, como hasta ahora, sino que el proyecto ordena plazos de caducidad para dicha incorporación. Quienes se encuentren prestando servicios tienen que hacer la opción de incorporación al sistema dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la ley. Podrán denunciar los servicios previos y para ello deberán realizar los aportes a la seguridad social. A su vez, el proyecto prevé la posibilidad de hacer el pago en 72 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Y acá tenemos un punto que queremos destacar, que es la financiación y que el Banco de Previsión Social prevé el cobro de intereses sobre dicha financiación, cuestión que hoy en día no ocurre.

                Luego tenemos los derechos y obligaciones, los cuales se van a generar desde el primer día del mes siguiente a que se realice la opción. La relación de afiliación se va a mantener durante todo el período, es decir, es irrevocable. O sea, una vez que decide el funcionario incorporarse no puede cambiar su opción. Y la opción ejercida –me interesa destacar este punto, que está establecido en el artículo 261– fuera del plazo previsto determina que se pierdan los derechos por el período anterior. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que hay muchos funcionarios –y es lo que tememos que ocurra– que tienen cargas familiares y no tienen liquidez para financiar esos aportes históricos, entonces, por no tener ese dinero en el exiguo plazo de un año van a quedar fuera del sistema.

                Otro punto que me interesa destacar es que quienes efectúen la opción van a quedar sujetos al régimen de los trabajadores no dependientes y deberán hacerse cargo de los aportes, no solo personales, sino también de los aportes patronales. Los funcionarios de los organismos internacionales, de aprobarse el artículo 261, van a ser los únicos trabajadores del mercado uruguayo que van a tener que hacerse cargo del aporte patronal. Es importante destacar este aspecto porque verán que es uno de los puntos del informe jurídico que es pasible de inconstitucionalidad.

                Pasando al tercer y último punto: ¿cuáles son los perjuicios para los funcionarios? Esto es lo que nos interesa destacar. El salario de los trabajadores se va a ver reducido porque la norma pone a cargo el aporte jubilatorio patronal. Las modificaciones van a implicar un incremento del 153 % en la aportación respecto al régimen actual y una consiguiente reducción salarial del orden del 25 %. Son obligados a realizar la opción de incorporación al sistema dentro del año de vigencia a la ley y eso supone, por un lado, realizar los aportes al Fonasa, que hasta el momento no debían hacer. Esto no supone un beneficio para los trabajadores porque ya perciben el beneficio de la prestación de salud de Aladi. En cambio, van a ver reducido sus salarios en el entorno de un 4,5 % y un 8 % dependiendo de la situación particular de cada trabajador, por el aporte al Fonasa personal, pero, además, deberán hacerse cargo del 5 % del aporte al Fonasa patronal.

                Además, van a tener que hacer los aportes a la seguridad social en forma contemporánea a la prestación del servicio y a valores actuales. Actualmente se hace a valores históricos. Van a incurrir –y creo que esto no es menor– los trabajadores en el costo mensual de una gestoría o lo que insuma el tiempo de administrarse sus propias empresas unipersonales. Deben enviar nóminas al Banco de Previsión Social rectificativas, emitir facturas, recordar hacer el pago y enfrentarse a un sistema que hoy ningún trabajador del mercado uruguayo debe enfrentar.

                Quiero reiterar un punto que nos genera especial preocupación. Los trabajadores deben pagar los aportes retroactivos en el plazo otorgado, lo que supone un perjuicio financiero y va a dejar afuera del sistema a aquellos trabajadores que no cuenten en el plazo de un año con la liquidez para poder hacer frente a esos pagos. Justamente van a ser aquellos que tienen cargas familiares o están en una situación económica personal más complicada.

                Finalmente, vamos a hacer algunas consideraciones jurídicas, las cuales van a ver ustedes en los informes que aportamos.  No se verifica respecto de los funcionarios de Aladi el hecho generador de las contribuciones especiales de seguridad social patronales, por lo que no nace la obligación tributaria que el proyecto pretende poner a cargo de los funcionarios y, por consiguiente, no corresponde el pago de la misma. El aporte patronal que el proyecto pone a cargo del trabajador técnicamente no es una contribución especial de seguridad social, sino un impuesto, porque las contribuciones especiales de seguridad social requieren que exista un beneficio. Tiene que estar el elemento beneficio y si el elemento beneficio no está muta la naturaleza tributaria y ya no estamos en una contribución, sino en un impuesto. Por tanto, no se convierte, es un impuesto. En ese caso se está violando frontalmente el acuerdo que celebró Uruguay sobre privilegios e inmunidades entre la Asociación Latinoamericana de Integración y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, concretamente el literal d) del artículo 20, que establece la exención de impuestos sobre salarios y emolumentos percibidos por los funcionarios.

                En cuanto al último punto, y como lo verán en el informe –surge especialmente del informe Delpiazzo–, de ser aprobado tal como está redactado en el proyecto es pasible de ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

                Estos eran los puntos que queríamos mencionar.

SEÑOR GANDINI.- Del material que nos dejaron quisiera saber si hay alguna propuesta concreta. Ustedes dejaron muy clara su visión crítica respecto de algunos artículos y cómo los afecta, pero me gustaría saber si tienen alguna propuesta alternativa o por qué camino creen ustedes que debería irse.

SEÑORA LÓPEZ.- Tenemos una propuesta alternativa. Se nos ocurre una redacción sustitutiva del artículo. No nos atrevimos a presentarla, pero en caso de que ustedes nos dejen un contacto, con mucho gusto se las acercaríamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hágannos llegar la propuesta alternativa al correo electrónico de la comisión y esta será redistribuida a todos los senadores.

                Les agradecemos la presencia en la mañana de hoy.

 

(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de Aladi).

                (Ingresa a sala la delegación de la Federación Ancap).

 

                –La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a la señora Natalia Belo y al señor Pablo González, representantes de la Federación Ancap, a quienes damos la bienvenida.

                Escuchamos el planteo que vienen a realizar.

SEÑORA BELO.- Buenos días; gracias por recibirnos.

                En primer lugar, como trabajadores de Ancap, queríamos hacer un planteo general en torno al proyecto de ley presentado, principalmente en lo que tiene que ver con su financiación, dado que visualizamos que no se ataca cómo se financiará la seguridad social, sino que únicamente se contempla el objetivo de reducción de egresos.

                En ese sentido, al igual que el PIT-CNT, cuestionamos el por qué no se contempla algún tipo de modificación a otras fuentes de ingresos del sistema previsional, como son los aportes patronales y otros componentes del sistema que tienen algunas prebendas y hacen una aportación inferior.

                En segundo término, queremos plantear que, más allá de una reforma de la seguridad social, entendemos necesaria una reforma del mercado laboral, tema que no se ha atacado desde que se reformó el sistema en 1996. Visualizamos un incremento en el trabajo precario y en negro y no vemos que en esta reforma se plantee como objetivo el atacar esa cuestión.

                En el año 1996, cuando se presentó la reforma, se planteó una tasa de reemplazo del 110 % con las AFAP, pero esa promesa no se cumplió; únicamente se logró un 35 % de ese objetivo. Por lo tanto, nos preguntamos cómo se van a cumplir las promesas que se hacen en este proyecto de ley. Queremos saber cómo se va a lograr bajar el déficit si no hay más ingresos y si estos otros actores que mencionábamos inicialmente tampoco van a pagar más. Entendemos que esa es una cuestión importante a atender.

                Asimismo, planteamos algunas cuestiones generales que tienen que ver con las jubilaciones por enfermedad. Nadie se jubila por enfermedad por gusto, sino que muchas veces es una consecuencia de condiciones laborales negativas, de que el trabajo no se adapta al trabajador. Entendemos que debería ser un objetivo importante del Gobierno visualizar que los trabajos se adapten a las personas y no que las personas sacrifiquen su salud en pro de cumplir con los trabajos.

                A nuestro entender, hay diferencias claras; esta reforma no es integral, porque tampoco ataca a lo que tiene que ver con otras cajas. Hay una diferencia clara en las jubilaciones por enfermedad; en la caja militar, en la incapacidad en actos de servicio o incapacidad para el servicio, quienes se ven afectados en su lugar de trabajo –reconocemos que es un trabajo como cualquier otro–reciben el 100 % del sueldo. Sin embargo, nuestros compañeros y compañeras trabajadores en general reciben un subsidio del 50 %. Entendemos que debe atenderse la situación de una persona cuando se incapacita en el trabajo y que esa atención a la incapacidad por trabajo debe ser equitativa.

                En otro orden de cosas, en lo que nos compete a nosotros, tenemos una situación planteada en torno a las bonificaciones. Hoy, cada diez años computados, se obtiene una bonificación de tres por cuatro. En el caso particular de Ancap, los operadores de refinación y los compañeros de inspección técnica cuentan con ese beneficio por estar expuestos a radiación.

                Entendemos que, en el estudio que se va a realizar de todas las bonificaciones, también debería revisarse el tema de esos diez años. Por un lado, se plantea que se van a revisar todas las bonificaciones, pero de pique ya se dice que en lugar de ser diez años para computar el beneficio, van a tener que ser quince. Si se van a estudiar las bonificaciones, también deberían estudiarse los plazos. Consideramos que es un aspecto importante a plantear.

Asimismo, entendemos que, con el cambio del cálculo de los mejores 10 años a los mejores 25 años, las jubilaciones en general se van a ver realmente afectadas a la baja.

                Por otro lado, hay cuestiones que son importantes y que tienen que ver con el tipo de trabajo del que estamos hablando, por ejemplo, a nivel de las áreas operativas, que exigen una demanda física. Realmente, allí el incremento de la edad jubilatoria va a tener un impacto fuerte en la tarea y, sobre todo, en la salud de nuestros compañeros y compañeras. Reitero que para ciertas tareas, luego de cierta edad, el físico no responde de la misma manera para actuar con la celeridad que se requiere. Me refiero a quienes trabajan en la refinería y también en los talleres, donde hay una fuerte demanda física; con el correr de los años la capacidad de la persona va disminuyendo y entendemos que eso debe ser contemplado.

                En ese sentido, así como se van a analizar las bonificaciones, creemos que debería ser objeto de análisis la cantidad de años que se computen. Muchas veces  la movilidad de los trabajadores en las diferentes áreas tiene que ver con demandas propias de los servicios y nada con la voluntad del trabajador. Lo mismo sucede, por ejemplo,  cuando un trabajador sufre un accidente laboral y deja de hacer una determinada tarea. Voy a citar un ejemplo. Creemos que sería un craso error que, si un compañero con 10 años de trabajo en un área bonificada sufre un accidente laboral y tiene que ser reubicado –con las consecuencias que eso pueda tener en cuanto a la pérdida de capacidad de trabajo–,también pierda el derecho a hacer uso de esa bonificación. Entendemos que el espectro de situaciones a contemplar es muy amplio y pasar tabla rasa de 10 a 15 años es un error que se debe revisar junto con el beneficio del 3 por 4.

                Asimismo, consideramos que lo que se está planteando no es una reforma, sino un ajuste, porque creemos que una reforma debería ser integral. En este sentido, reiteramos, que se debe atender lo que es el mercado de trabajo, que no está planteado aquí, así como otras cajas que también tienen problemas graves de desfinanciación.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Básicamente, quiero hacer hincapié en esa promesa que planteaba la compañera al principio de que no se van a aumentar los ingresos. Se está diciendo que no va a haber una rebaja jubilatoria y se va a bajar la inflación; esa ecuación parece magnífica y estaría muy bueno que la den a conocer. porque, realmente, sería muy tranquilizadora para la población en general.

                Otro aspecto que me parece importante destacar es la calidad de los trabajos. Más allá de que ya hay más trabajo informal, con esta reforma creemos que lo que se está haciendo es fomentar que el trabajo formal comience más tarde. Aumentar la edad jubilatoria no necesariamente conlleva a que la persona tenga más años de trabajo formal; puede empezar a trabajar más tarde porque se va a jubilar más tarde. Esto tampoco se está contemplando en esta reforma y nos parece importante como trabajadores, porque pretendemos que haya trabajo de calidad y que sea formal, que no aumente el trabajo informal.

                En cuanto al tema de las bonificaciones, no entendemos por qué, si se plantea que sean parte de la reforma, se van a tomar un año para estudiarlas y no se lo hace antes de presentar el proyecto.

                Por otro lado, nos interesa destacar que la persona que plantea este proyecto de ley es la misma que trabajó y elaboró la reforma en 1996 y, como decía la compañera, los resultados económicos magníficos que se planteaban y que exponía al principio no se cumplieron. Por el contrario, fueron bastante menores y esta misma persona fue la que elaboró este proyecto de ley. Entonces, el proyecto de ley nos hace ruido y nos deja más sospechas que cosas claras, por lo que nos parece importante poder conocer estos aspectos.

SEÑORA BELO.- Por último, quiero plantear que este proyecto de ley tiene una incidencia en el corto plazo en lo que tiene que ver con la operativa de la refinería de La Teja, dado que tenemos más de treinta compañeros y compañeras con causal abierta. Esto nos genera temor; si bien están cubiertos porque tienen causal abierta, podría darse una corrida importante de compañeros. Es un número muy importante para lo que implica la operación de la planta, porque no solo hay que tener en cuenta la formación que tenían cuando ingresaron sino también los niveles de experiencia que han acumulado en las diferentes áreas. Esto realmente podría llevar a una situación crítica en el funcionamiento de nuestro lugar de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos el planteo que han realizado en la mañana de hoy y si tienen alguna información o dato complementario no duden en hacerlo llegar para que sea repartido a los senadores.

(Se retiran de sala los representantes de la Federación Ancap).

(Ingresa a sala la delegación de Mujer y Salud en Uruguay).

 

                –La Comisión Especial para el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir a los delegados de la organización Mujer y Salud en Uruguay: señora Lilián Abracinskas y señor Pablo Álvarez.

                Les damos la bienvenida y los escuchamos con mucho gusto.

SEÑORA ABRACINSKAS.- Muchísimas gracias por esta oportunidad.

                Mujer y Salud en Uruguay es una organización feminista de larga data que trabaja, fundamentalmente, en el campo de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, desde una perspectiva de equidad de género y generaciones. En realidad, estamos acá porque trabajamos en el marco de un paraguas más amplio, que es el de las políticas de población y desarrollo.

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 cambia el paradigma, justamente para revertir una lógica que se implementaba hasta ese momento, que era pensar la población en función de los requerimientos económicos. Por lo tanto, lo que se decidía era sobre el desarrollo económico, y los efectos en la población se entendían como efectos colaterales. En 1994 esto cambia y las políticas económicas tienen que tener a la población en el centro, tienen que estar al servicio de mejorar la calidad de la atención y tienen que generar condiciones para superar un sistema de desigualdad sobre el cual se sostienen –es importante decirlo hoy, 25 de noviembre– todas las formas de violencia, incluida la violencia de género, que impactan en las mujeres en toda su diversidad, pero también en los varones.

En cuanto a las políticas de población y desarrollo, Uruguay es un país que adhirió siempre a estos cambios paradigmáticos; entendía que no tenía problemas de población, porque desde hace más de un siglo se ha mantenido estable y porque, justamente, solo se entendía a la población en términos cuantitativos y no cualitativos, no se tenía en cuenta la calidad de vida de los integrantes de toda esta población.

La región de América Latina y el Caribe, además, cuenta con uno de los acuerdos más progresistas y más de avanzada en este campo de población y desarrollo, que es el llamado Consenso de Montevideo, de 2013, que se aprobó durante la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que transita en nuestro país. En este sentido, queremos resaltar dos de sus medidas prioritarias. Por un lado, la medida n.° 18, que dice: «Formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para las personas que viven en las ciudades como en el campo y la selva», aunque en este caso no tenemos selva; o sea que sería en todos los rincones del país. Y, por otra parte, la medida prioritaria n.° 31 establece: «Incluir el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios sociosanitarios y beneficios económicos que maximicen la autonomía, en particular de las personas mayores, y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar de las familias y las personas mayores, incluyendo el derecho a una muerte digna y bien atendida, sin ningún tipo de discriminación ni violencia». 

Es importante no olvidar la Ley n.° 19846, que tiene como objetivo «garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación en base al género entre mujeres y varones, comprendiendo la igualdad formal, sustantiva y de reconocimiento».

El artículo 8.° de la mencionada ley propone medidas especiales de carácter temporal, y en él se expresa: «Con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad, todos los organismos públicos deberán adoptar, en el marco de sus competencias, medidas específicas en favor de las mujeres para corregir las situaciones de desigualdad de hecho.

Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables, necesarias, adecuadas y proporcionales en relación con el objetivo legítimo perseguido en cada caso, tomando en cuenta las discriminaciones múltiples que se presenten en cada situación», etcétera.

La vejez en Uruguay tiene cara de mujer. Así como la pobreza tiene cara de niñas, las mujeres tenemos una capacidad de resistir, y sobrevivimos cinco años, promedialmente, más que los varones.

Por lo tanto, sería bastante necesario, o por lo menos ineludible, discutir una reforma de seguridad social teniendo en cuenta este aspecto como algo central. ¿Por qué? Porque si lo planteamos invisibilizando esta desigualdad, no solo no estaremos corrigiendo las desigualdades del pasado, sino que no estaríamos haciendo nada para reducirlas y erradicarlas a futuro.

Uruguay refleja una feminización del envejecimiento con mayor proporción de mujeres en los tramos de edad mayores de 65 años. Cuando se observa la esperanza de vida en la población mayor de 60 años, vemos que la diferencia por sexo se sostiene en torno a los cinco años. Y, efectivamente, la expectativa de vida de las mujeres, cinco años superior a la de los varones, nos enfrenta a que las que eternamente cuidamos, a la edad de la vejez no seremos cuidadas ni siquiera por el Estado. Con ese sentido, cuando discutimos estos temas, hay que analizar la diferencia en la tasa de actividad de hombres y de mujeres, que para el año 2019 fue de 70,1 % para los varones y de 54,9 % para las mujeres. Esto quiere decir que tenemos una situación en la que las mujeres viven más años pero participan menos en el mercado laboral, lo cual se correlaciona con su mayor participación en las actividades de trabajo no remunerado.

Aunque la información es del año 2013, la encuesta sobre el uso del tiempo y trabajo no remunerado indica que todo el trabajo necesario para que la sociedad uruguaya subsista se divide en mitades, entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Del total de esta carga global del trabajo, las mujeres se encargan del 52 %. Sin embargo, cuando se observa la distribución porcentual de la carga total del trabajo por sexo, surge claramente la matriz de la división sexual del trabajo, del cual el feminismo ha dado cuenta históricamente, que es de las situaciones que hay que superar si queremos bajarle la carga de la segunda o tercera jornada laboral que tenemos las mujeres con relación a los varones, por la cual no se aporta, no se reconoce y no se paga.

                Entre los varones, el 68 % del trabajo es remunerado, en tanto que en las mujeres es el 35 %. Y aunque la tendencia entre 2007 y 2013 va en aumento del tiempo de trabajo no remunerado que ocupan los varones, el de las mujeres no varía; dedicamos el doble de tiempo que los varones al trabajo no remunerado.

                Entonces, tenemos una ecuación relativamente simple: las mujeres vivimos más años, participamos menos del mercado de trabajo y le dedicamos mayor cantidad de tiempo al trabajo no remunerado, de forma tal que en un sistema de seguridad social fuertemente basado en el componente contributivo –empleo formal– las condiciones presentes preconfiguran las desigualdades futuras así como las pasadas configuran las actuales.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Como decía Lilián Abracinskas, la idea es aprovechar esta oportunidad que se da Uruguay para discutir la matriz de la seguridad social, porque es algo que en los países no suele darse de forma periódica y cercana en el tiempo, ya que implica una discusión profunda. Por eso, desde MYSU se entendió necesario y pertinente poder solicitar esta entrevista, que agradecemos que nos hayan concedido.

                En segundo lugar, venimos a plantear una situación que se considera que es la realidad actual del mundo del trabajo: que las actuales desigualdades van a generar desigualdades futuras. Concretamente, venimos a explicar algunos aspectos para que ustedes puedan tenerlos en cuenta, ya que son quienes en última instancia van a tomar la decisión legislativa. Sabemos que mucha de la información que traemos es en la cual se basó el diagnóstico que se hizo para presentar el proyecto de ley propuesto. Es decir, sabemos que la información que estamos dando está disponible, pero nos parecía importante incorporarla desde esta perspectiva, no para asumir un rol legislativo desde las organizaciones de la sociedad civil sino para poder trasmitirla.

                En este sentido, y como decía Lilián Abracinskas, se percibe una circunstancia que presenta desigualdades del ciclo vital por sexo, las que luego se reflejan en las desigualdades que va a tener la matriz de seguridad social de las pensiones y las jubilaciones. Entendemos que se podría haber dado la oportunidad de discutir la globalidad de la matriz de protección social pero vemos que la decisión fue otra. Si bien la discusión quedará para otro momento, nos parece favorable incorporar al análisis toda la información que se pueda.

                Para ser lo más concretos posibles, quisiéramos plantear tres elementos. El primero es que, por lo dicho hasta ahora, el aumento de la edad jubilatoria perjudica más a las mujeres. Es decir, si sobreviven más tiempo y tienen menor cantidad de trabajo remunerado, la extensión de la edad jubilatoria, sin ningún otro tipo de cambio, lo que hace es volver a perjudicar a las mujeres. Eventualmente, se está insistiendo en la precarización de las condiciones de vida de las mujeres, y de las mujeres mayores.

El segundo punto es que algunos elementos incorporados, fundamentalmente en el literal B)  del artículo 57, reproducen una lógica familista que la sociedad ha transformado, ha cambiado su matriz desde la década de los setenta y ha acelerado sus cambios en las décadas de los ochenta y de los noventa. Hoy los uruguayos no eligen casarse como proyecto de vida en pareja pero eso no ha implicado que las parejas uruguayas hayan disminuido, sino que sostienen la familia en torno a la pareja, pero asumen arreglos institucionales distintos al matrimonio. Por lo tanto, establecer diferencias en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia en función de si la pareja está o no casada, nos parece que, por un lado, no reconoce la realidad actual y, por otro, impone una perspectiva familista que no correspondería a una legislación de este tipo.

No vamos a aburrirlos mencionando las tasas de nupcialidad –están los datos en el material–, pero se ha observado que los uruguayos hemos elegido no casarnos, sin embargo sí hemos sostenido la idea de tener una familia en pareja. Esto es algo que podría revisarse y ver si, efectivamente, esa diferenciación que se realiza es acorde al espíritu que se pretende en la legislación.

El tercer elemento que nos gustaría incorporar es la pérdida de estas pensiones de sobrevivencia, entre otras cosas, por la edad. Más allá del aumento de las edades –que perjudica la situación actual con respecto a la legislación vigente–, uno de los argumentos esgrimidos como elemento central es que el horizonte fundamental que motiva esta legislación tiene que ver con el aumento del gasto futuro en función de los cambios que el país está  procesando a nivel demográfico. Sin embargo, estos cambios demográficos también traen otras consecuencias: no solo una mayor expectativa de vida sino también, por ejemplo, el retraso en la maternidad o paternidad, producto de los arreglos familiares. Por lo tanto, a pesar de que en la mirada dinámica los nacimientos son menos, aunque probablemente se acomoden en el tiempo en función de que estamos siendo padres y madres en forma más retrasada, es decir, tenemos hijos a mayor edad, aumentar la edad en que se puede perder esta pensión por sobrevivencia podría perjudicar esta situación. ¿Por qué? Porque estamos teniendo familias que tienen hijos a edades más avanzadas y estamos perjudicando la forma en que se perdería esta pensión en función de la edad. Es decir, son arreglos que la sociedad está haciendo también dentro del cambio demográfico y solo vemos que como crecemos y envejecemos eso puede ser perjudicial; deberíamos analizar también este tema a la hora de legislar en este sentido.

                El otro elemento tiene que ver con la pérdida de esta pensión por matrimonio o por concubinato. Esto puede volver a implicar una reproducción de modelos de dependencia económica, porque si volvemos a casarnos y puede perderse la pensión por sobrevivencia por un nuevo matrimonio, estaríamos generando las condiciones para volver a una  nueva dependencia a la interna de la relación familiar; nos parece, una vez más, que no se están recogiendo otras transformaciones que se están dando en nuestro país desde el punto de vista demográfico, algunas de ellas, incluso, muy actuales. Entonces, no es solamente que se parte de una situación buena y la legislación la modifica en un sentido negativo –aunque en algunos casos sí– pero, si reconocemos una situación de desigualdad y la legislación no hace nada, lo que se provoca en última instancia es reafirmar y profundizar esa  desigualdad.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA ABRACINSKAS.- Hablando de estas desigualdades, entendemos que en el debate parlamentario debe darse una respuesta a si el futuro va a ser con menos trabajo, peores puestos laborales, menos tiempo y peor remuneración. Estas desigualdades ya se plasman hoy en los montos promedios de las pasividades porque, en pensiones a la vejez, las mujeres reciben el 86 % de las de los varones; en la invalidez, el 83 %; y en la edad avanzada, el 76 %.

Queremos volver a llamar la atención en cuanto a que este proyecto se centra en una mirada de contención del gasto, declarado como sostenibilidad financiera y social de las jubilaciones y pensiones, donde la situación demográfica –como decíamos hoy– nos enfrenta a que hay una proporción cada vez mayor de la población que necesita ser cuidada y menos personas e instituciones disponibles para hacerlo.

Por lo tanto, queremos reafirmar la visión productivista mediante la cual el cuerpo que ya ha sido explotado solo se recarga y, a nuestro entender, esa visión no recogería una mirada de derechos a la hora de revisar la reforma de la seguridad social.

Por ello, dejamos planteada una pregunta a la comisión y a este Parlamento: ¿En qué medida actúa este proyecto para mitigar estas desigualdades de género y cómo hará para mejorar la estructura del mercado de trabajo, superando una matriz patriarcal que nada tiene que ver con las características de las personas en términos de su esfuerzo y mérito personal?

Creemos que la oportunidad de llevar adelante cambios en el sistema de protección social no tendría que limitarse a jubilaciones y pensiones. Cuando hablamos de un sistema de protección social, además de sus tres pilares históricos, debemos incluir también el sistema de cuidados que es otro pilar que hoy está siendo de principal atención a nivel de América Latina y del mundo. Decimos esto porque lo que estuvo en crisis durante la pandemia fue, justamente, los sistemas de cuidados, lo que quedó demostrado por la recarga que significaron en el interior de las familias y particularmente para las mujeres. 

Es obvio que el énfasis del proyecto justifica la necesidad de un ajuste del gasto y por lo tanto se enfoca en una valoración negativa y productivista del ciclo vital. Aquí tenemos una contradicción. Aumentar la expectativa de vida, ¿solo vamos a entenderlo con signo negativo en términos del desarrollo del país, o deberíamos aprovechar esta oportunidad para que la esperanza de vida también sea un potencial de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida de la población?

Por lo tanto, sugerimos que se tenga en cuenta la desigualdad de género en el mercado de trabajo para que esto después no se exprese en un sistema de jubilaciones y pensiones que lo reafirme, lo refuerce y no lo supere.

El enfoque familista también nos parece complicado. Uruguay avanzó en entender que la familia nuclear, con un hombre proveedor y una mujer a cargo de los cuidados es, primero, una especie en extinción, y segundo, ¡por suerte lo es!

Así que, por lo tanto, seguir pensando hoy en un modelo de familia que realmente no representa la realidad es un retroceso de derechos, no solo en términos de jubilaciones y pensiones sino también en lo que tiene que ver con la riqueza de reconocer las diversas formas de familia que conviven hoy en la sociedad; a todas hay que ponerlas en igualdad de condiciones y oportunidades.

Entendimos necesario hacer estos aportes; obviamente no somos especialistas en reforma de la seguridad social, pero sí entendemos que cada asunto que se discute en el país tiene impacto. Y esos impactos tienen que perseguir, conscientemente, el cometido de superar todas las formas de desigualdad porque, de lo contario, no lograremos ser un país digno en derechos humanos.

Dejamos a disposición de los senadores el material que hemos traído.

Muchísimas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Sin duda, antes que nada, damos la bienvenida a la delegación.

                Las preguntas que plantean los representantes de la delegación son muy amplias e implican discusiones muy profundas que van mucho más allá, incluso, de la consideración de la reforma que está sobre la mesa. Sin embargo, los tiempos disponibles para el análisis de este proyecto de ley son acotados como para abordar realmente en profundidad esa discusión.

Por eso les pediría que fueran lo más específicos posible con relación a qué artículos se refieren, aunque quizás esto figure en el material que nos dejaron. Quizás tengan propuestas alternativas sobre algún artículo o sugieran agregar alguno, y en el correr de estos tiempos de discusión parlamentaria del proyecto de ley pudieran acercarnos esas redacciones, justamente para focalizarnos en ellas. Hago esta sugerencia porque los tiempos para el análisis van a ser acotados ya que se trata de cuestiones muy amplias, pero claramente hay cosas que pueden mejorarse, corregirse o erradicarse, sobre todo en temas de enfoque, que se traducen en cambios de redacción de determinados artículos. Si pueden enviarnos, después, específicamente, los artículos y las propuestas de modificación, sería ideal para nuestro trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hacemos nuestras las palabras del senador Bergara y por economía procesal no las repetimos.

                Muchas gracias por haber concurrido.

 

(Se retira de sala la delegación de Mujer y Salud en Uruguay).

(Ingresa a sala la representación de la Asociación de Escribanos del Uruguay).

 

                –Buenos días. La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en la mañana de hoy a una delegación de la Asociación de Escribanos del Uruguay, que viene integrada por los escribanos Diego Seré y Juan Pablo Croce, a quienes les damos la bienvenida.

                Los escuchamos con mucho gusto.

SEÑOR SERÉ.- Buenos días. Muchas gracias por recibirnos.

                Es un honor para la Asociación de Escribanos del Uruguay –la cual nuclea a un poco más del 90 % de todos los escribanos del país– y un agradecimiento especial para la comisión por darnos la oportunidad de exponer un poco la visión que tiene sobre este proyecto tan importante para nuestra nación.

                Básicamente –vamos a tratar de ser breves porque sabemos que el tiempo es escaso–, queremos hacer referencia a algunos puntos que a veces tenemos la sensación de que la Caja Notarial de Seguridad Social no es conocida, en general, por la población y por el sistema político uruguayo.

Es una caja que se fundó hace 81 años por un grupo de escribanos visionarios que no contaban, en aquel momento, con ningún tipo de prestación de seguridad social. Desde ese entonces hasta la fecha siempre se ha sostenido y se sostiene con el aporte exclusivo del colectivo al que ampara, o sea, los escribanos pasivos y activos del Uruguay, los empleados de escribanía y los empleados de la Asociación de Escribanos del Uruguay y de la propia Caja Notarial.

                En segundo lugar, queremos remarcar que esta caja nunca ha recibido ni recibe apoyo del Estado. Hemos escuchado por ahí alguna vez que sí recibe una partida, una cifra muy menor, que corresponde a la ley de reparación a los perjudicados por la dictadura. Obviamente, esa es una decisión del Estado por un hecho del Estado. No es una asistencia ni mucho menos un aporte que la sociedad le hace a la caja. Y, por supuesto, no fue pedida por la caja. Por lo tanto, siempre se ha solventado, únicamente, con el aporte de sus afiliados. Eso lleva a que tenga prácticamente evasión cero, porque hay un enorme sentido de pertenencia a la Caja Notarial por parte de todos los afiliados.

En ese orden de ideas también la caja, como ustedes seguramente saben, está dirigida por un directorio honorario que se elige por voto secreto, que tiene representantes de todos los órdenes: los escribanos activos, que la presiden, los escribanos pasivos, los empleados; y –con la visión de aquellos escribanos de hace muchos años– un miembro que designa el Poder Ejecutivo y uno que designa el Poder Judicial, de quienes los escribanos dependemos directamente. Todos ellos son honorarios; ninguno recibe ningún tipo de compensación, como tampoco quienes integran las diferentes comisiones asesoras con que la caja cuenta para todos sus distintos rubros, inversiones y aspectos.

                En general, la asociación entiende la necesidad del proyecto a estudio para la viabilidad del sistema nacional, pero no comparte que la Caja Notarial se incluya, por varias razones que trataremos de resumir.

                Nuestra caja se basa –seguramente muchos de ustedes lo saben– en varios principios. Tal vez los dos más importantes sean el principio de la solidaridad, tanto intrageneracional –porque hay afiliados que aportan mucho más de lo que luego van a recibir para que otros afiliados puedan recibir prestaciones dignas– como intergeneracional, porque los aportes de años atrás son los que hoy pagan parte de las pasividades.

                Y el otro principio, que es una forma distinta –tal vez la caja siempre ha sido un poco pionera en estas cosas–, es el de la capitalización colectiva, no la capitalización individual, porque los escribanos hemos entendido a lo largo de la historia que es el sistema que se adecua mejor a ese principio de solidaridad de que hablábamos recién. Eso se traduce en que la caja cuenta con inversiones en economía real muy importantes, que seguramente ustedes conocen –por citar algunos ejemplos: en forestación, en ganadería, en inversiones urbanas–, las que, con su rentabilidad y productividad –que siempre está en revisión por parte del directorio y de quienes integran las comisiones asesoras–, busca derramar en el colectivo los frutos de esa capitalización. Así ha sido históricamente. Durante algunos años siempre ha sido alguna inversión de ese tipo la que ha liderado parte de los ingresos de la caja, como lo es en la economía real. Claramente, este último año la ganadería y la forestación han sido dos puntales en los ingresos de la caja; en otros años lo han sido las inversiones urbanas y las financieras. En fin, es un sistema que creemos que ha demostrado, a lo largo de 81 años, que es solvente y sólido.

                Por otro lado, entendemos que la caja siempre ha sido muy precavida y muy prudente en sus manejos y, sobre todo, ha estado muy atenta a lo que le podía pasar en el futuro. Siempre ha tenido la iniciativa, mucho tiempo antes, siquiera, de verse cercana a los problemas que podían afectar su sostenibilidad económica, financiera o de cualquier tipo.

                Solamente por poner un ejemplo –seguramente, los señores senadores lo conocerán–, a fines de la década de los noventa, la caja empezó a ver que podía llegar a tener algún nubarrón en su horizonte y rápidamente instrumentó una reforma, que comenzó a aplicarse en el año 2004. Entre otras muchas medidas, subió la edad de retiro para las escribanas mujeres –hasta ese entonces era de 55 años– a 60 años, en un plazo de transición muy breve de tan solo cinco años.

Más acá en el tiempo, también se implementó la reforma que todos los señores senadores conocen –muchos de ustedes estuvieron en su aprobación–, la del año 2019, que entró en vigencia en 2020. Nuevamente, la caja se adelantó a los nubarrones que veía en su horizonte y que podían poner –en alguna medida– en jaque su viabilidad y su sostenibilidad económica e implementó medidas, muchas de las cuales están hoy sobre la mesa en este proyecto de ley que se está estudiando. Para nosotros, la edad de retiro ya es de 65 años y ya se modificaron las tasas de reemplazo, adecuándose a esta nueva realidad de expectativas de vida mucho mayores –por suerte–para todos.

Como siempre, eso se hizo con el aporte de los afiliados; los escribanos activos pasamos a aportar un 3 % más y el resto de los pasivos –no solo los escribanos, porque también se comprende a los empleados y empleados de escribanía– paga un impuesto de un 2 % de sus ingresos.

                En definitiva, lo que más queremos remarcar es que la caja siempre se ha adelantado a los problemas, haciendo buen uso de sus recursos, de su autonomía y de todo lo que la ley ha puesto a su cargo, con una visión –no nos cansamos de reconocerlo– muy de futuro de los primeros escribanos que la fundaron y que ha sido como una carrera de postas a lo largo de la historia, en la que tanto los escribanos activos y pasivos como los empleados han sabido llevar con gran profesionalismo y con mucho apego a la Caja Notarial.

                ¿Por qué no compartimos que la caja sea incluida en este proyecto de ley? Porque, si bien lo entendemos necesario, no es justo ni conveniente para la Caja Notarial, que ya se reformó. Asimismo, esa reforma, por obvias razones, todavía no ha podido ser evaluada. En primer lugar, porque es muy reciente y, en segundo término, porque el primer año y medio de vigencia coincidió con la pandemia, con todo lo que significó para la economía del país y para la actividad notarial en particular, que –como ustedes saben– está directamente ligada a la economía del país.

Por otro lado –tal vez, este sea uno de los argumentos más importantes–, el único argumento que se nos ha dado es que las proyecciones dan que en la década del cuarenta la caja podría enfrentarse a problemas de sostenibilidad. Si bien entendemos que las proyecciones son necesarias, imprescindibles y muy buenas a la hora de prever, la experiencia que ha tenido la caja es que, como sucede con toda proyección, la historia muchas veces no las comparte. Concretamente –por citar un ejemplo–, para la reforma que entró en vigencia en 2019 la caja empezó a hacer proyecciones y estudios actuariales sobre el año 2014. Si uno compara la proyección de 2015 con la de 2018 –no la trajimos para no aburrirlos–, da una diferencia de casi diez años. Asimismo, en 2019 se hizo una nueva proyección y ya daba diferente. Ninguna de esas proyecciones previó la pandemia ni nada de lo que vino después. Tampoco previó, por suerte –para el bien de la caja–, que ahora, en la pospandemia, la recaudación estaría muy por encima de las proyecciones estimadas en el año 2019.

Si bien entendemos que es importante hacer esas proyecciones porque son un insumo imprescindible, creemos que hay que ponerlas en su justo término. El argumento más importante que tenemos es que aún en ese caso, no tenemos ninguna duda de que la Caja Notarial, su directorio, sus afiliados y todos quienes la integran, se va a adelantar cuando esos problemas se asomen en el horizonte. Va a buscar la forma –obviamente, junto a quienes correspondan; sabemos que estas cosas son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo; se necesitan leyes; no les voy a contar a ustedes que saben mucho más que nosotros–, se va a adelantar y sus afiliados van a hacer lo que deban para sostenerla en el futuro.

                Básicamente, eso es lo que queríamos trasmitirles. Se habrán dado cuenta de que cuando hablo de la caja, lo hago en primera persona porque los escribanos la sentimos como algo nuestro. Es así. No es solamente un sentimiento. Basta ver todos los escribanos y empleados que a lo largo de la historia han dedicado honorariamente muchísimas horas para trabajar por la caja y por el bien del colectivo que ella ampara. Estamos convencidos de que si bien esta reforma es necesaria para el país –sabemos lo que ella implica–, noes necesaria ni justa para la Caja Notarial en este momento.

Por lo tanto, esperamos que el Parlamento considere dejar afuera de la reforma proyectada a la Caja Notarial, dando tiempo a que la reforma que ya hizo con un enorme sacrificio dé sus frutos y que las cosas puedan seguir el curso que todos queremos.

                Muchas gracias.

SEÑOR CROCE.- Muchas gracias por recibirnos.

                Mi compañero, el escribano Seré, fue muy claro. Además, los señores senadores ya escucharon a los integrantes de la caja y a la asociación de jubilados.

                Simplemente quería hacer dos agregados y recalcar uno de ellos. El hecho de que la gestión de la caja tenga ya 81 años dentro del sistema, basado en el principio de la solidaridad y responsabilidad de sus integrantes, no es una frase hecha ni una explicación; es un hecho real. No estamos generando ningún argumento nuevo ni exagerando la nota.

                Como muy bien dijo el escribano Seré, jamás se le pidió nada a nadie porque pensamos que debemos ser lo suficientemente responsables como para hacer esa gestión en forma solidaria para el resto del colectivo. Quisiera que los señores senadores lo interioricen y que no quede –como dije al principio– como una frase hecha.

                Por otro lado, quiero agregar que tratamos de reivindicar que en lo que actualmente se paga por el IASS, el gremio notarial se ha volcado por la caja, porque hoy va al BPS. Quería que eso también fuera tomado en cuenta por los señores senadores. Es muy importante poder contar también con esa recaudación para la caja y no que vaya al BPS por más necesario que sea.

                Esas son las dos cosas que quería detallar. Ya han escuchado todos los argumentos. Luego, formarán opinión al respecto.

                Muchas gracias por recibirnos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su comparecencia en la mañana de hoy y la información brindada.

(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Escribanos del Uruguay).

(Ingresa a sala la delegación de la

Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines)

 

–La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común tiene el agrado de recibir en estos momentos a una delegación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines integrada por los señores Danilo Dárdano, Gustavo Rosa, John Almada y Joaquín Soto.

SEÑOR DÁRDANO.- Buenos días para todas y todos. Soy el presidente de la Untmra.

                En primer lugar, quiero agradecer la respuesta positiva para poder estar presentes hoy acá. Nosotros vamos a ser bien escuetos para darle la posibilidad de intervenir a todos los compañeros. En la línea que definió el PIT-CNT, nosotros estamos bastante preocupados por esta reforma que se está discutiendo porque, incluso, vamos más atrás. Vemos hoy lo que le cuesta a compañeros de nuestra edad, cuarentones o cincuentones, conseguir trabajo, empleo, en la industria nacional.

                La Untmra representa a trabajadores metalúrgicos, navales, de electrónica, de ensambladoras, de autopartes, minería –hierro, piedras preciosas, etcétera–, talleres de auxilio mecánico, plástico, es decir que se trata de sectores industriales.  En muchos lugares hay temas de insalubridad, porque no es lo mismo estar dentro de una oficina que dentro de un montaje o trabajando en un medio fondo de un barco. Hay cuestiones que a nosotros como sindicato nos parece que tendríamos que haber discutido antes,  ver todas las cuestiones que tienen que ver con cada sector y no así al barrer, porque estamos convencidos de que esta reforma atenta contra los futuros jubilados, jubiladas y pensionistas.

                Corresponde que haga uso de la palabra nuestro compañero Gustavo Rosa, quien va a dar un argumento más técnico debido al oficio que realiza.

SEÑOR ROSA.- Buenos días a todos y todas.

                En primer lugar, quiero decir que soy secretario nacional de salud y seguridad en el trabajo de la Untmra. Quiero agradecer por este espacio y, como decía mi compañero, estamos muy preocupados por el tema de la reforma y ver que este aumento de la edad no contempla la realidad del sector que, justamente, tiene que ver con las capacidades que podemos tener para cada tarea.

                Voy a dejar la presentación que traje y no voy a ahondar en el ramo o ramas que organizamos porque mi compañero Danilo Dárdano ya lo planteó.

                La OIT es la organización a la que nosotros hacemos mucha referencia en lo que tiene que ver con sus recomendaciones, en todos los sectores, incluso, en el tema de la negociación colectiva, así como en el área de la salud y la seguridad del trabajo. Los conceptos que maneja la OIT en varias ramas de la actividad, incluida la rama metalúrgica como construcción, transporte, ferroviario, navales y otros, refiere a que son trabajos penosos, tienen peligro, son tóxicos e insalubres. ¿Por qué se plantea? Porque se consideran que estos trabajos causan un deterioro de la salud de los trabajadores y constituyen un riesgo, justamente, para la integridad física y psíquica, y también producen enfermedades profesionales. Por ejemplo, el tema de la penosidad lo vivimos diariamente, porque son trabajos que atentan contra la sostenibilidad de la vida. Todo lo que tiene que ver con los trabajos en turno, el trabajo nocturno y también los altos ritmos de producción que hoy plantean nuestras empresas y que se han incrementado, generan una distorsión de la vida social y familiar. Los trabajos peligrosos son aquellos que pueden causar accidentes, que generan un aumento del número de accidentes y de enfermedades profesionales. Son trabajos donde aumenta la posibilidad de que estos accidentes ocurran, hay una mayor incapacidad laboral y tienen un mayor requerimiento físico y psíquico para el trabajador. Y esto ha sido dicho por la OIT.

                Sin duda, estos trabajos son mal o muy mal remunerados, lo que nos preocupa. En el sector tenemos el problema de la informalidad y la precariedad, la forma de los contratos y las tercerizaciones.

                En cuanto al trabajo insalubre, en nuestro país hay algunas definiciones o, por lo menos, hay una ley que intenta hacer frente a esto. Se establece que los trabajos insalubres son aquellos que por su naturaleza específica se desarrollan en ambientes insanos y son trabajos tóxicos, donde el trabajador queda expuesto a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y agronómicos que, además, son agresivos o nocivos. Si bien en el Uruguay contamos con la ley de insalubridad, la Ley n.° 11577, de 1950, que intenta regular creando una comisión permanente, no funciona. A su vez, en este ámbito de comisión no se da la participación de los trabajadores para poder incidir. Incluso, a lo largo de la historia, esto ha generado bonificaciones y la calificación de insalubridad en algunas áreas de trabajo como, por ejemplo, en el área naval, con el asbesto, en el arenado, en el caso de los maestros y de los trabajadores de la salud. Entonces, ha funcionado, pero hace muchos años que está y existe el agravante de que en la Ley n.° 16713, de 1995, se modificaron varios aspectos que tienen que ver con los baremos y las bonificaciones.

                De acuerdo al estudio de OIT, las características intrínsecas de estos procesos son la razón fundamental para que los países realicen acciones o mejoren lo vinculado a la jubilación en edades tempranas. En España, Brasil y Argentina ocurre así. En particular, Brasil, considera actividades insalubres aquellas en las que el trabajador queda expuesto a agentes nocivos para la salud por encima de los límites de tolerancia. Tenemos que recordar que esos límites se usan poco en el Uruguay y si bien lentamente se podrían usar mejor, esto es algo que nos perjudica.

                También podemos referirnos a los trabajos duros o peligrosos, que son aquellos que, por su naturaleza, luego de un cierto período provocan un decaimiento en la capacidad del trabajador de desarrollar su trabajo en forma satisfactoria. Además, causan disfunciones discontinuas que, tanto en Croacia como en Australia, lo toman en su normativa y también ha sido establecido por la OIT.

En nuestro gremio, tenemos varios sectores en donde es complicado hablar de este tema del trabajo duro y peligroso, contemplado en Croacia y Australia, que hace que el trabajador vaya perdiendo sus capacidades a lo largo de su vida laboral. Algunos ejemplos de trabajadores que tienen que seguir trabajando por más años son los que operan el rotomartillo –cargan los brazos a nivel del hombro–en el trabajo en minería. Otro ejemplo es el esfuerzo que hay que hacer para transportar y cortar chapa en la metalúrgica o subir y bajar escaleras a una altura mayor de veinte metros para realizar las tareas de mantenimiento, control y funcionamiento operativo. Por otro lado, hay que mencionar todo lo que tiene que ver con espacios confinados. Además, se tiene que estar trabajando en condiciones bastante insanas. Por ejemplo, en el área naval se trabaja dentro de los tanques en que hay contaminantes –sentinas, agua sucia– para hacer reparaciones.

                Está claro que un trabajador a una determinada edad no tiene la capacidad plena para desarrollar un trabajo especial por su dureza, por su rigurosidad y por las propias características del trabajador. Dicho esto, no es lo mismo hacer determinadas tareas con veinte o treinta años que hacerlas después de los cincuenta. Más o menos, explicamos los procesos.

                La OIT afirma que los Estados y sus modelos legislativos deben plantear la seguridad social abordando estos temas.

                Untmra hace más de ocho años que viene planteando en los consejos de salarios la reducción de las jornadas del sector. En algunas empresas y ramas del sector, como la naval, se ha logrado eso con una campaña dirigida a que cambiemos la vida.

                En cuanto a la edad de jubilación sostenemos que se debe abordar el tema sobre la base de dos ejes. El primero es la prevención; sin duda, tenemos que seguir profundizando en la cultura de la prevención, salud y seguridad en el trabajo.

Hacemos un reconocimiento a este cuerpo y a todo el país por haber tomado un compromiso a nivel de los actores sociales del mundo del trabajo. Hace quince años se pudo reglamentar el Convenio Internacional del Trabajo n.º 155, a través del Decreto n.º 291/007, que mejora la gestión dentro de los lugares de trabajo. También el Decreto n.º 127/014 reglamenta el Convenio Internacional del Trabajo n.º 161, acerca de los servicios de prevención y salud en el trabajo.

Tenemos en cuenta que este mismo Parlamento reglamentó esos convenios internacionales del trabajo en 1988. Hacemos énfasis en su reconocimiento, pero falta mucho para mitigar los factores de riesgo que encierran cada uno de los procesos, relacionados con la gestión en los lugares de trabajo.

Esto ha ido muy lento y nos preocupa que, salvo excepciones, estas políticas no sean totalmente efectivas dado que, en general, el compromiso empresarial del liderazgo para facilitar la participación y la información en prevención todavía es muy escueto.

El segundo eje tiene que ser complementario con el primero. Sin duda, tenemos que apretar en el tema de prevención. No queremos jubilarnos antes, seguir contaminando y morirnos de eso, sino que queremos cambiar nuestra vida, sobre todo, después de que nos jubilemos. El segundo eje tiene que ser algo que tome como prioridad la protección social de los trabajadores que realizan todos estos tipos de tareas que, a la larga, complican. Somos nosotros quienes padecemos en los lugares de trabajo.

Debemos tener en cuenta que, si bien están conformados ámbitos bipartitos y tripartitos en la mayoría de los lugares de trabajo y ramas de actividad y si bien están conformados los servicios de salud reglamentados en el Decreto n.º 127/014, todavía hoy en el Banco de Seguros del Estado están siendo atendidos por mes un promedio de 2.500 trabajadores. Además, un promedio de 650 trabajadores concurre al Banco de Seguros del Estado –y este no los toma como accidentes de trabajo– afectados por dolencias, malas posturas, lesiones de músculos y esqueleto.

En principio, nosotros solicitamos la reducción de la exposición a esos riesgos mediante el acceso a una jubilación anticipada. Para fundamentar, una profesión determinada puede acortar la esperanza de vida de un trabajador y esto también está estudiado por la OIT. Estas tareas pueden disminuir la expectativa de vida de los trabajadores de estos sectores.

Eso es lo que solicitamos.

Les dejo el documento para que lo puedan discutir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradecemos mucho.

SEÑOR SOTO.- Soy trabajador de la rama naval.

No puedo aportar tanto dato técnico y científico; simplemente, voy a hablar desde la experiencia de nuestro trabajo y apoyo lo dicho por el compañero.

Consideramos que para el desarrollo del país es importante la presencia de nuestra industria, pero con las condiciones en las que trabajamos es muy difícil imaginarnos tener que trabajar hasta los 60 años y, hasta los 65 años, un disparate. Supongo que en el Uruguay no hay datos científicos o estadísticas sobre cómo se desarrolla la industria naval; ahora bien, de memoria puedo decirles que en el taller en el que trabajo –y en la rama en general– hay diez, quince o veinte compañeros con problemas relacionados con el trabajo, ya sea con problemas respiratorios, pérdida de la vista y del oído, problemas en las articulaciones, espalda y rodillas.

Nosotros tenemos un boletín interno, y una de las propuestas que hicimos fue la de sacarle foto a las manos de los compañeros para que las vieran y si hacen los cálculos multiplicando por diez los números no les van a dar ya que a muchos de ellos les falta un dedo o varios, tienen lesiones, falta de movilidad, etcétera. Podría seguir enumerando las diferentes situaciones, pero los nervios me impiden hacerlo.

Empezamos hablando de los riesgos que se ven físicamente, pero hay otras cosas que no sabemos. Sobre el aire que respiramos no es puro y limpio. Nosotros cortamos los cascos con la pintura, que tiene un tratamiento especial, para que no se pegue la conchilla del mar. Eso se corta y por más mascarilla que uno use hay un porcentaje de eso que lo seguimos respirando. A eso agregamos las soldaduras, la radiación y el trabajo en el dique, al lado del agua, sobre todo en invierno muriéndose de frío desde tempranas horas de la mañana, sin calefacción, o tener que ir a un tanque a morirse de calor y salir sudado al frío. El pasar durante muchos años por estas situaciones se produce una acumulación de desgaste. Nuestra experiencia nos parece evidente; quizá, estarían faltando estudios técnicos en el país. Sabemos de algunas cuestiones similares ocurridas en Argentina y en España, pero debe haber muchas más.

En España –donde la industria es mucho más grande y desarrollada–, en un momento, salió un artículo que refería a la expectativa de vida de los trabajadores navales, que era diez años menos al del promedio de la población. No sé si la información es ciento por ciento cierta; habría que chequearla, pero no me parece tan raro si tomamos en cuenta los estudios que hay a nivel de la construcción y en otros sectores. 

Estos son ejemplos que se me ocurren ahora y me gustaría que se tuvieran en cuenta.

En la chiquita, con los compañeros, nos parece disparatado que nos estén exigiendo que trabajemos más años de los que ya tenemos que trabajar.

SEÑOR ANDRADE.- Damos la bienvenida a la delegación.

En la misma línea, quiero afirmar que el sector metalúrgico, por más que es un sector heterogéneo, es uno de los que tiene esa característica en todos los lugares en los que se ha estudiado. Si bien faltan estudios epidemiológicos locales, no hay lugar que se haya estudiado –sector de las calderas, la industria naval, la industria metalúrgica o autopartes– que no traiga consigo un envejecimiento precoz. En este sentido, me gustaría saber qué posibilidades ven de poder construir, con la cátedra de salud laboral, un estudio epidemiológico local que nos dé más claridad sobre este punto, porque los factores de riesgo son indiscutibles.

Quiero formular dos preguntas.

De 2008 al presente, en el Uruguay, una de cada cinco altas jubilatorias es por edad avanzada; esto es, trabajadores que no lograron reunir treinta años de aportes y tuvieron que esperar a los 65, 66 o 67 –este sería el promedio– para poder acceder a la jubilación. 

                En nuestra opinión, estos trabajadores son de los más afectados en la reforma actual porque se endurecen todas las exigencias para acceder a la de edad avanzada. Al respecto, ¿tienen algún estudio de cuántas de las altas jubilatorias –si no lo tienen, se lo pueden arrimar después a la comisión– en la industria metalúrgica son por estas características de edad avanzada?

                Por otra parte, voy a hacer otra pregunta con respecto a las jubilaciones por discapacidad, en tanto es de los temas que también modifica más fuertemente la reforma. Otro componente de las altas jubilatorias es el de las jubilaciones para el trabajador que quedó con discapacidad para todo trabajo, y allí hay un cambio importante en la forma de cálculo. También se trata de un universo de trabajadores que tiene un mayor deterioro; tanto es así que la expectativa de vida del trabajador que se jubila por discapacidad para todo trabajo es de seis años menos que el resto de los trabajadores. Parece muy difícil pensar que no esté en una situación compleja o que pueda acceder a la jubilación sin requerimientos. Entonces, con respecto a la industria metalúrgica, me gustaría saber si tienen algún dato que nos puedan aportar –si no es hoy, puede ser más adelante, para el estudio de la comisión– sobre cuántos trabajadores se terminan dando el alta jubilatoria por haber quedado con una incapacidad total para el trabajo, o sea, por ser víctima de un siniestro o porque el contexto del trabajo a lo largo del tiempo le generó que se le reventara la espalda o algo así.

                Quisiera saber si para ustedes existe la posibilidad de que podamos trabajar en una lógica de estudio epidemiológico sectorial que aporte más luz sobre este tema; en los lugares en los que se estudió, el resultado fue contundente.

Lo otro que me gustaría saber es cuántas altas se dan por edad avanzada, siendo que es lo que más se va a endurecer del período anterior. ¿Se mantiene el promedio nacional de 1 cada 5 o es peor en el sector metalúrgico?

                Por último, ¿cuántas altas por discapacidad para todo trabajo hay, siendo que es de las partes que va a ser más afectada con la reforma?

                Muchas gracias por la presentación.

SEÑOR PRESIDENTE.- En caso de que no cuenten con las respuestas, con mucho gusto nos las pueden hacer llegar después.

(Dialogados).

                –Les agradecemos mucho la presencia y tengan buenos días.

 

(Se retira de sala la delegación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines).

–Vamos a recibir a una delegación de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines que se encuentra presente y pidieron ser recibidos porque se confundieron de día.

(Ingresa la delegación de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines).

 

–La Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsión Común de la Cámara de Senadores tiene el agrado de recibir a los representantes de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, los señores Martín Cardozo, Robert Rivas, Christian Bauzá y Gustavo Telechea, a quienes damos la bienvenida y escuchamos.

SEÑOR CARDOZO.- Mi nombre es Martín Cardozo y cumplo el rol de presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines.

                En primer lugar, quiero agradecer la instancia. Obviamente, nosotros hoy venimos a trasladar la preocupación que tenemos por esta reforma y lo que entendemos que puede impactar en los trabajadores de la industria frigorífica.

                Simplemente quiero referirme a cómo viene hoy afectando y que nos preocupa el tema de la extensión de la edad. Nosotros queremos comentarles los datos que hay sobre el índice de accidentes del Banco de Seguros del Estado, documento público en el que están registradas las estadísticas.

                Como los señores senadores podrán observar, los trabajadores de la industria frigorífica de 2014 a 2021 –hay registro hasta esa fecha– vienen encabezando los accidentes a nivel osteomuscular frente a otras ramas de actividad, como la pesca, la construcción o la industria alimenticia. También queríamos comentarles que de 300 trabajadores con lesiones de este grado, 210 son de la industria frigorífica, y la franja etaria está entre los 30 y 45 años. Obviamente nos  preocupa que, a futuro, pueda darse que los trabajadores de la industria frigorífica tengamos que trabajar hasta los 65 años, sabiendo el riesgo que implica la modalidad de nuestro trabajo que, además de ser repetitivo, conlleva mala postura y cargas físicas. Vemos con preocupación todo lo que tiene que ver con nuestra tarea y aprovechamos esta instancia para plantearlo.

                Esto implicará un impacto en el trabajo, porque nosotros trabajamos en línea y dependemos mucho del esfuerzo que haga el compañero de al lado. Pero, a su vez, queríamos trasladarles nuestra preocupación sobre algo que queremos que tengan en cuenta. Las empresas multinacionales –que son dos y tienen ocho frigoríficos– abren períodos ventana de tres o dos meses y aquel trabajador que tiene 58 años puede acordar un despido incentivado para retirarse de la planta. Obviamente, como nosotros trabajamos en sectores que implican mucha carga física y velocidad, a las empresas no les sirve un trabajador mayor o más lento, porque  incide en la productividad. Por eso las empresas usan ese mecanismo de abrir ventanas para  que el trabajador se pueda retirar. Entendemos que no solo a nosotros, los trabajadores, nos preocupa esta situación, sino también a las empresas, que tienen mecanismos para descartar al trabajador mayor. No sé qué sucederá con un trabajador si tiene que seguir hasta los 65 años. Eso es lo que quería trasladarles, porque sabemos que el tiempo es escaso.

Otro tema que generó discusión es que en la misma reforma se contemplaron algunos puestos de trabajo como los de los trabajadores rurales o de la construcción y no otros como el nuestro, cuando comencé diciendo que encabezábamos el índice de accidentes a nivel osteomuscular. No sé en qué se basaron los técnicos cuando redactaron esta reforma.

Queríamos poner en conocimiento de los señores senadores lo que es nuestra industria y el esfuerzo que significa a nivel físico. En lo personal –tengo 42 años y hace 23 que estoy en la industria–, puedo decir que estoy sintiendo el rigor de trabajar con frío, calor, altas o bajas temperaturas, el trabajo repetitivo, y nos preocupa porque no vemos trabajadores mayores en la industria frigorífica. En realidad, son pocos, pero sí vemos cada vez más trabajadores jóvenes lesionados. Aclaro que no lo decimos nosotros, los representantes de los trabajadores, sino el Banco de Seguros del Estado. Eso es lo que nos preocupa a futuro.

SEÑOR RIVAS.- Voy a ser  breve. Soy el secretario de la federación.

                El tema económico es un componente importante que está siendo analizado por nuestros compañeros representantes ante el Banco de Previsión Social,  quienes hicieron un informe que determina que en la franja de 50 a 70 años habrá un 38 % de pérdida cuando se aplique la totalidad de la reforma. Esos números los discutirán ustedes con el equipo económico, pero nosotros hacemos un planteamiento más bien basado en la calidad de vida y en la salud de los trabajadores.

                En ese entendido, y como decía Martín Cardozo, podría decirles que llevo 32 años en la industria –comencé con 18 años– y he sufrido varios procesos. Antes nosotros éramos trabajadores zafrales, pero hoy el trabajo intensivo que ha generado la producción del país, que se ha incrementado –el ganado a encierre, a corral–, ha generado una estabilidad laboral superior, lo que nos permite trabajar –si fuera necesario– los 365 días del año. Nuestro trabajo es productivo. Y ahí es donde encontramos las mayores dificultades. En todas las plantas en las que hemos hecho análisis, los compañeros con 55 años están reubicados en otros sectores. En los sectores de producción es imposible encontrar un compañero con esa edad manteniendo un ritmo productivo.

                El trabajo repetitivo nos ha generado lesiones de todo tipo. Algunas son reconocidas por el Banco de Seguros y tienen alguna renta, pero otras tenemos que asumirlas los trabajadores, generando cambios de sector adentro de la industria, con pérdida de salario.

                En ese sentido, si miramos a nivel regional, vemos que en Argentina desde 1973 nuestra actividad fue declarada trabajo insalubre y peligroso, por lo cual las jubilaciones se realizan a los 55 años en el caso de los hombres y a los 50 años en el de las mujeres.  En Brasil se está trabajando para achicar la carga horaria sin pérdida de salario. Nosotros, como somos un país chico, producimos cantidad y calidad. Y en esa calidad, en el trabajo que se viene haciendo en los corrales con el tema del feedlot y la cuota, también nos suma un sobreesfuerzo. El ganado viene con otra composición, con más grasa, y eso significa un mayor esfuerzo. Lamentablemente, nosotros trabajamos a productividad. Cualquier trabajador de la industria trabaja de 6 a 8 horas en los sectores productivos y gana 20 o 22 horas. Quiere decir que nosotros exigimos a nuestro cuerpo por encima de lo normal. No es lógico que cualquier organismo pueda trabajar más de un cien por ciento. Nosotros tenemos productividad de hasta un 200 % o un 250 %.

                Por eso creemos que esta reforma necesita una visión más particular en la industria frigorífica, analizando todos estos sectores. A nuestro entender, es prácticamente una utopía pensar que un compañero con 65 años puede estar en un sector productivo desempeñando esta tarea.

                Por ello apelamos a la reflexión y al análisis profundo del tema y generaremos más elementos dentro de la investigación para argumentar todo lo que estamos planteando.

SEÑOR ANDRADE.- Ahí nosotros tuvimos un cortocircuito porque justamente este es un sector que queremos tratarlo de forma particular con toda la comisión y con más tiempo, ya que compartimos que es muy difícil de entender cómo el sector de la industria frigorífica, por varias razones, no es contemplado de manera diferente. Y lo decimos porque hay razones económicas en el sentido de que es un sector con una potencia gigantesca que permitiría admitir una discusión diferente sobre la condición de seguridad social de los trabajadores y porque, además, al igual que decíamos sobre los metalúrgicos, se observan muchos trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades por riesgo del frío, cardiovasculares, lesiones, etcétera. Es el sector que encabeza la situación de siniestralidad y nosotros no tenemos un dato concreto –lo vamos a intentar conseguir– acerca de cuántas altas jubilatorias han sido dadas en el último período por situación de discapacidad. Creo que está en el primer o segundo lugar en este sentido. En el año 2019 estaba cabeza a cabeza con la industria de la construcción.

                Nosotros tenemos una crítica a la reforma, que es el incremento de la edad al barrer sin atender estar particularidades, Lo cierto es que para el sector rural y para la construcción, el artículo 39 dice que esa causal jubilatoria por desempeño de puestos particularmente exigentes es para quienes tienen 45 años cumplidos al momento de aprobación de la ley. Básicamente aborda la franja que está entre 45 y 49 años. El resto de los trabajadores, también de la construcción y del sector rural, pasa a los 65 años.

                Además de este componente que limita fuertemente, hay que tener 8 años en un puesto exigente que aún no se sabe cuál es. En la industria frigorífica pasa igual que en la construcción. Si una persona tiene un puesto altamente exigente a los 20 años es imposible que lo mantenga a los 60 años. La van a reubicar en el trabajo para que en los últimos años no esté en esa área altamente exigente.

                Entonces, es muy difícil cumplir el requisito de que ocho de los últimos diez años sean en ese puesto de trabajo altamente exigente. Creemos que efectivamente no hay una condicionante especial para ningún sector o, por lo menos, que sea importante o considerable en magnitud.

                Nos gustaría saber si nos pueden aportar –es la misma consulta que le hice a los trabajadores de la industria metalúrgica– dos datos. En primer lugar, ¿cuántas de las altas jubilatorias de la industria frigorífica son por la causal de edad avanzada? Es decir, me refiero a trabajadores que no computan la cantidad de años y tienen que esperar más años porque es una franja particularmente afectada por la reforma. Y, por otro lado, ¿cuántas de las altas jubilatorias son por discapacidad? Este es uno de los sectores que va a ser más altamente afectado por la reforma. Por tanto, queremos saber cómo golpea esto en el sector de la industria frigorífica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nos puede enviar por correo electrónico la respuesta a lo planteado por el señor senador Andrade con toda la información que entiendan pertinente.

                Les agradecemos mucho la comparecencia en la mañana de hoy.

                La comisión pasa a cuarto intermedio hasta las 14 y 30 horas.

(Son las 13:15).