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SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Es la hora 9 y 19 minutos.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a los representantes de la Intergremial Marítima y les informa que cuentan con quince minutos para realizar su planteo.
SEÑOR MARTÍNEZ.- Nuestra concurrencia en la mañana de hoy tiene por objeto solicitar que no sea aprobado el artículo 778 que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y que consideramos afecta a nuestro sector. Quiero destacar que basaré mi exposición en un memorando que hemos traído, en el que se explican las razones de este pedido. Voy a comenzar refiriéndome a los antecedentes de los impuestos IRP e IRPF.
Desde la creación del IRP, impuesto antecesor del IRPF, se gravó a los trabajadores del mar por generar renta en el exterior del país, vulnerando el criterio de la fuente y gravando en exceso a los trabajadores del mar. Posteriormente, luego de la Ley Nº18.083 referida al sistema tributario, a partir del 1º de julio de 2007, el trabajo dependiente de los trabajadores del mar se comenzó a gravar con IRPF sin importar que no se verificara, entre otros, el aspecto espacial del hecho generador del tributo tal como lo establece el artículo 3º del Título 7 del Texto Ordenado de la DGI. A continuación voy a citar el mencionado artículo que establece: “Artículo 3º.- Fuente uruguaya.- Estarán alcanzadas por este impuesto las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República.” Queda claro que por este artículo se aplicaba y se aplica el criterio de que los trabajadores del mar que desarrollaron tareas fuera del país nunca debieron haber sido gravados con este Impuesto. Sin embargo, las empresas continuaron -al igual que con el IRP- gravando sus rentas con IRPF por no haber verificado el aspecto espacial del hecho generador del tributo.
A mediados del año 2009 se decidió, por parte de la Intergremial Marítima, buscar una solución definitiva para frenar el incumplimiento de la ley, para lo cual se hicieron gestiones a nivel de las empresas para que se aplicara la ley correctamente, pero no se obtuvieron buenos resultados. Más adelante se buscó que la DGI, como administrador del Impuesto, diera una respuesta a los trabajadores, pero no fue posible argumentando la falta de reglamentación sobre el tema. Posteriormente, se planteó la situación de incumplimiento ante el Diputado Jorge Pozzi, quien se encargó de entablar contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas, de forma de solucionar definitivamente la situación de incumplimiento que significaba un perjuicio para los trabajadores.
Finalmente, se logró que el Ministerio de Economía y Finanzas entendiera los reclamos legítimos de los trabajadores del mar y se dictara la reglamentación correspondiente respecto al tema del incumplimiento de la normativa tributaria por parte de las empresas. Esta reglamentación se plasmó mediante el Decreto 95/2010 por el cual el Poder Ejecutivo estableció un régimen de liquidación simplificada del impuesto al cual todos los trabajadores se ampararon y pudieron recibir un tratamiento igualitario al de otras ramas de actividad, que no habían sufrido este perjuicio de que no se les aplicara la ley correctamente.
Consideramos importante señalar que a la hora de negociar el régimen de liquidación simplificada, la mayoría de los trabajadores se vio perjudicada, en virtud de que se establecía que solo el 50% de la renta generada en zonas de pesca común, o en el transporte de pasajeros y bienes entre Uruguay y Argentina, iba a estar gravado por IRPF. En esta negociación que se hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas los trabajadores resignaron parte de su salario ya que habitualmente sucede que una gran porción de la renta se genera en aguas argentinas, por ejemplo, en el caso de la pesca. Se llegó a ese ficto de 50% para lograr una situación lo más justa posible.
Por lo tanto, nuestra solicitud concreta que figura en este memorando, apunta a solicitar a la Cámara de Senadores de la República que no sancione el artículo 778 del proyecto de ley de Presupuesto remitido al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo ya que consideramos que ello sería en detrimento de un logro sindical. Parte de la redacción del citado artículo es la siguiente: “Artículo 778.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 3° del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente: Se considerarán de fuente uruguaya: I) Las retribuciones por servicios personales, dentro o fuera de la relación de dependencia que el Estado pague o acredite a los sujetos a que refieren los apartados 1 a 4 del artículo 6º de este Título. II) Las retribuciones por servicios personales desarrollados fuera del territorio nacional en relación de dependencia, siempre que tales servicios sean prestados a contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas’. Consideramos que esta situación es injusta ya que la modificación legal determina que si el trabajador del mar desempeña funciones en empresas nacionales estará gravado por IRPF, sin embargo, si genera renta en el exterior, trabajando para empresas de bandera extranjera no lo estará.
De esta manera, se promovería que el trabajador se embarcara en empresas extranjeras perjudicando el desarrollo del sector en nuestro país. Nos llama la atención el interés gubernamental en promover la actividad marítima, ya que las rentas generadas por empresas marítimas que se dediquen al transporte de bienes o personas no están gravadas por el Impuesto a la Renta Empresarial.
A continuación, pasaremos al Título 4, “Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas” del Texto Ordenado.
En una parte de su artículo 52 se establece: “Rentas exentas. Estarán exentas las siguientes rentas:
A) Las correspondientes a compañías de navegación marítima o aérea. En caso de compañías extranjeras la exoneración regirá siempre que en el país de su nacionalidad las compañías uruguayas de igual objeto, gozaren de la misma franquicia”.
Como conclusión queremos destacar que a entender del movimiento sindical de trabajadores del mar que conformamos la Intergremial Marítima, la modificación que se propone del criterio de la fuente será de aplicación solamente para los trabajadores residentes dependientes de empresas nacionales, no así para los residentes que trabajen para empresas extranjeras.
El sector marítimo es una parte importante del desarrollo de la nación; por lo tanto comprendemos y compartimos que no se grave con impuestos a las empresas marítimas. De todos modos, no entendemos el motivo por el cual se tiene tanta consideración con las empresas marítimas y que luego de una conquista sindical se pretende modificar la ley y volver a gravar las rentas generadas en el extranjero por dependientes de empresas marítimas nacionales.
En definitiva, lo que queremos plantear es que hubo una situación de ilegalidad porque las empresas -en su carácter de agentes de retención- retenían impuestos a los trabajadores del mar -el IRP y el IRPF- cuando estaban en el extranjero, lo cual nunca debió haber sido así. Recién en el mes de marzo de este año, con el Decreto Nº 95/2010, se reglamentó esta situación por parte del Poder Ejecutivo, aspecto que consideramos como un logro sindical porque fue a través de nuestra lucha que lo conseguimos, ya que las empresas no reconocían como legítimas nuestras reivindicaciones. Y ahora se pretende que a partir del 1º de enero de 2011, la renta generada en el exterior pase a estar nuevamente gravada; no así en el caso de los trabajadores que cumplen tareas en el exterior en empresas no nacionales; repito, solo para los trabajadores que trabajan en empresas nacionales en el exterior.
SEÑORA PRESIDENTA.- Ha quedado clara la reivindicación de los trabajadores.
SEÑOR MICHELINI.- ¿Este planteo tiene que ver con el Presupuesto o es por el tema del Impuesto a la Renta que pasó del Senado a la Cámara de Representantes?
SEÑORA PRESIDENTA.- Se han referido a la ley de Presupuesto; el artículo 778 es el que refiere a este tema.
SEÑOR ETCHEPARE.- La aclaración que queremos formular, luego de la exposición del contador Martínez, y como trabajadores mercantes integrantes del SUNTMA -que son dos sindicatos, el de la pesca y el de los trabajadores mercantes- es que nuestra situación es la siguiente: fuera de las siete millas de las aguas jurisdiccionales de la República Oriental del Uruguay, tenemos la zona de trabajo Alfa, Charlie, Bravo y Delta. Entonces nosotros, como prestadores de servicios, estamos en la misma situación.
Más allá del artículo que figura en la ley de Presupuesto, entendemos que debemos tener el mismo tratamiento que se le da a los trabajadores de los demás sectores porque se estaba avanzando en negociaciones -tal como figura en el escrito que les hemos entregado- con el Diputado Pozzi, y entendemos que el tema iba en vías de solución, pero como se planteó esta modificación, todo quedó trunco porque como se propone una modificación, todo lo conversado no es de recibo. Me parece que son cosas independientes y es importante resaltarlas.
SEÑOR VEGA.- Soy Secretario General del Sector Pesca y quiero manifestar -para que quede bien claro en la versión taquigráfica- que no somos dos sindicatos; el compañero que hizo uso de la palabra es parte del sector mercante del SUNTMA. Por lo tanto, no son dos sindicatos, sino que es uno solo que nuclea a varios sectores.
Como trabajadores organizados queremos manifestar que no estamos en contra de pagar impuestos, siempre que nos corresponda. Eso hay que dejarlo muy bien aclarado. Lamentablemente se estaba aplicando una ley cuando no correspondía hacerlo.
Creo que lo que hay que dejar claro es que por esa ley, se les tendría que haber devuelto el cien por ciento a los trabajadores, pero como entendemos que es un aporte solidario, lo que ese día se logró en el Ministerio de Economía y Finanzas fue lo más equitativo y justo posible.
En las leyes se nos iguala a los trabajadores fabriles, pero el tema de la pesca es complicado. Como los señores Senadores sabrán, hay una zona común de pesca que Uruguay y Argentina comparten. Esto quiere decir que pescamos en territorio argentino pero también lo hacemos en aguas uruguayas. En ese sentido, los tres gremios -Centro de Maquinistas Navales, SUDEPPU y SUNTMA- hicimos un pacto para tratar de ser lo más equitativos posible y llegamos a un acuerdo: un 50% estará gravado y el otro 50% no. Por lo tanto, queremos dejar claro que no se trata de que los trabajadores no queramos pagar; está demostrado que siempre hemos sido solidarios, más allá de que a veces los aportes van en perjuicio nuestro, pero esas son las reglas de juego.
Queremos que esta Comisión sepa que el IRPF también estuvo presente en las negociaciones colectivas y los armadores no nos dieron más aumento porque, según nos dijeron, habíamos tenido una devolución del IRPF. Ellos la tomaron como una reivindicación salarial, pero en realidad es un derecho adquirido por los trabajadores.
SEÑOR MARTÍNEZ.- El señor Etchepare planteó que hay trabajadores del mar que no quedaron comprendidos en el Decreto Nº 95/2010, y en las negociaciones posteriores a su dictado, el Ministerio de Economía y Finanzas argumentó que como en la Ley de Presupuesto se iba a cambiar el criterio de la fuente, no tenía sentido otro decreto que reglamentara la situación de incumplimiento actual. Entonces, concretamente lo que pedimos es que no se vote el artículo 778 del proyecto de ley de Presupuesto.
SEÑORA PRESIDENTA.- En nombre de la Comisión, agradecemos vuestra visita y vamos a tener en cuenta lo aquí manifestado a la hora de la definición de los artículos, en este caso del artículo 778.
(Se retiran de Sala representantes de la Intergremial Marítima.)
(Ingresan a Sala integrantes del Banco de Tumores del Hospital Militar y del Grupo Colaborativo Uruguayo: Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a los integrantes del Banco de Tumores del Hospital Militar, Grupo Colaborativo Uruguay: Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias. Informo a nuestros invitados que según el régimen estipulado tienen 15 minutos para exponer el tema.
SEÑOR SARROCA.- Señores representantes de nuestra nación: en nombre del Banco de Tumores del Hospital Militar y Grupo Colaborativo Uruguayo de Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias, les agradecemos la deferencia de recibirnos. Me acompañan la doctora Olga Echeveste, el señor Anselmo Guerra y las licenciadas Nora Alfano y Gladys Tedesco.
En estos minutos que nos brindan, queremos exponer nuestra inquietud con respecto a un tema sobrecogedor, el cáncer, y a las posibilidades de que disponemos para acceder a dominarlo, palabra que grafica lo que queremos expresar. Aspiramos a que nos escuchen y comprendan la importancia del tema y del planteo que hacemos.
La Organización Mundial de la Salud estima que en 2010 la incidencia del cáncer sobrepase a las enfermedades cardiovasculares, que ha sido la principal causa de muerte en el mundo, y el Uruguay no constituye la excepción porque es uno de los países más afectados. Tanto la población en general como aquellos grupos de más riesgo, no escapan de la posibilidad de padecer cáncer. Me tomé la libertad de hacerles llegar las últimas cifras de su incidencia que entregó la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
Reitero que ninguno de los aquí presentes, sin importar la edad ni el sexo, está libre de padecerlo. Puede ser uno o más de nosotros, hijos, nietos, hermanos, padre, pero reitero: nadie está libre. Por lo tanto, pensemos en toda la población, en nuestras familias y en nosotros.
Es sabido el alto costo de su tratamiento -porque es vox populi- que a medida que esté en un estado más avanzado, mayor es el gasto, el sufrimiento del enfermo y de quienes lo rodean, así como también las cifras inalcanzables que a veces es preciso gastar, en la mayoría de los casos, para paliar la situación por encontrarse al final del proceso. Entendamos, pues, que es necesario prevenir y diagnosticar temprano para realizar un tratamiento y un pronóstico favorables, con alta sobrevida y bajo costo. Basta con observar los gastos de salud-año -dato del que disponen los señores Senadores- para advertir que son siderales. Nuestra propuesta es viable, baja los costos y aumenta la expectativa de vida.
Prevención y diagnóstico tempranos son la meta. Prevención en serio y ordenada, es posible; diagnóstico temprano, con pautas que bajan dramáticamente los costos y tratamientos adecuados, también existen, no son ciencia ficción.
Con estos fines, les presentamos un Programa de Prevención del Cáncer, metodología que ya ha cumplido la prueba del tiempo, como acabamos de describir. Les pedimos colaboración, pues, porque de no tenerla, nos iremos derrotados.
Toda la población tiene el riesgo de enfermar, en mayor o menor grado, hecho que se incrementa sustancialmente por ser hereditario -esa posibilidad existe tanto para esas familias y las sucesivas generaciones- pero también en presentaciones similares a ellas en casos que no son hereditarios. Ese es el centro del problema y, por tal razón, se creó el Grupo Colaborativo Uruguayo, que es una asociación gratuita de personas que comparten la idea de estudiar el cáncer en sus presentaciones hereditarias, es decir, el que afecta principalmente a familias con mayor o menor intensidad y representan el 30% de la población que tiene posibilidades de enfermar. No se trata de dos o tres familias, sino de mucha gente y eso lo pueden constatar en las cifras que les entregamos. El objetivo es alcanzar a esa población para establecer la existencia de riesgo incrementado de enfermar de cáncer, cuantificar y sugerir las conductas en cuanto a la prevención primaria y secundaria de todos los que consultan. En los grupos de alto riesgo la meta es aplicar medidas de prevención primaria y secundaria para llegar a un diagnóstico previo o de enfermedad temprana y con ello tratar precozmente la enfermedad -o antes de enfermar- de manera adecuada y con un control posterior.
Por otro lado, se cuenta con el Banco de Tumores del Hospital Militar -primer y único banco del país destinado a tumores sólidos- y con su laboratorio de análisis molecular. Es una unidad de trabajo cuyo objetivo es preservar, mediante criopreservaciones de nitrógeno líquido, piezas cedidas por donantes, con fines de investigación molecular presente y futura. Mediante esta tecnología se ha determinado la existencia de alteraciones y mutaciones características, que hace que se detecte en las personas afectadas o en quienes tienen un alto riesgo de enfermar para ser tratadas prematuramente. Además, para los afectados de toda la población se pretende establecer la terapéutica, que es muy costosa y que está sugerida actualmente por ser la adecuada; es decir que si funciona para determinado caso, va a tener respuesta antes de usarla.
¿Por qué el Hospital Militar cuenta con toda esta tecnología? Porque fue la única institución que nos ofreció su apoyo sin contraprestaciones. Los medios ideales para este fin se hallaron en esta institución pública que debe respaldar el bien de los uruguayos y que dispone de los medios necesarios de conservación y seguridad imprescindibles para mantener la calidad de la valiosa información entregada por los donantes.
En suma, el Programa de Prevención del Cáncer cuenta con las funciones específicas para cada área dedicada a la captación, registro, investigación, tratamiento y control de las personas en riesgo de enfermar o enfermas de cáncer. La aplicación de este método -totalmente gratuito- ha demostrado su utilidad por los logros obtenidos en respuesta poblacional, en información, en sobrevida y en calidad de vida; esto es de conocimiento público.
La proyección de este Programa de Prevención del Cáncer ha planteado necesidades ineludibles de financiación para su funcionamiento, por un lado el correspondiente al Banco de Tumores y Laboratorio de Análisis Molecular, y por otro la función de captación y registro que lleva el Grupo Colaborativo Uruguayo.
La envergadura del Programa y su alcance nacional gratuito llevó a la creación de la Fundación Génesis de Uruguay, que apoya e intenta financiar la captación y el registro de aquellas personas que desafían el cáncer y sus variedades hereditarias.
Los logros obtenidos -y que justifican nuestro accionar de 40 años- hacen que nos presentemos ante ustedes y señalemos que el Grupo Cooperativo Uruguayo ha captado 18.000 personas en 470 familias en alto riesgo de enfermar.
La adherencia al Programa la medimos en la respuesta, porque cuando la población uruguaya es llamada a ser estudiada, el 91% -estamos hablando de años, a largo plazo- responde favorablemente. Este es un modelo de investigación como pocos en el mundo; hay tres y uno de ellos se aplica en Uruguay. En nuestro país se han detectado más de 15 alteraciones genéticas, colocándonos primeros en América Latina; en realidad, se han estudiado alrededor de 500 personas gracias a la colaboración internacional, porque no disponemos de los medios.
¿Cuáles han sido los resultados frente al proyecto de vida? En el grupo de quienes se han controlado rigurosamente por un período de 20 años, las muertes por cáncer son escasas; en cambio, en el de aquellos que no se hacen un control estricto, es del 86%. La media estimada para la población general a 5 años es de un 50% de sobrevida. Estoy hablando de 5 años y no de 20, es decir que el índice de muerte se reduce a la mitad. Aclaro que esto sería sin medir los costos asistenciales ni los sociales que desencadena. Cuento con la información bibliográfica internacional de esta actividad, que pongo a disposición de los señores Senadores si lo consideran necesario; se trata de trabajos que hemos publicado bajo la forma de revistas.
Debemos pensar en los millones que se gastan cuando se puede prevenir o tratar temprano; no existe comparación y podemos hacerlo. No hay que inventar nada, pues todo está hecho y hay que saber usarlo, ya que disponemos de los medios y la población lo merece. Son muchos los que nos consultan a diario y sabemos qué hacer, pero necesitamos medios para ello. Además, es de destacar que este no es un trabajo que se contraponga a otros. Esto es avalado por una investigación que está en curso, dirigida al cáncer de mama, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, con centros que harán los estudios en México, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. En el caso de nuestro país fueron designados el Hospital de Clínicas, el Hospital Pereira Rossell y el Hospital Militar. Este último también está incluido porque cuenta con la Unidad de Mastología y el Banco de Tumores, sin el cual no habría investigación en el Uruguay, por ser el depositario de las piezas de los casos seleccionados para la investigación.
Por otra parte, existe el proyecto de Programa Nacional de Control del Cáncer, mediante el cual se prevé hacer una red nacional de bancos, centrada en el Banco citado. La razón que asiste a ello es la urgencia y necesidad de estudiar y tratar el cáncer en el Uruguay, que es la principal causa de muerte. Con este respaldo y la presencia de personas que puedan garantizar la exposición, planteamos la necesidad de la presencia de dos actores fundamentales que requieren de diferentes apoyos: el Banco de Tumores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y la Fundación Génesis de Uruguay.
Por lo tanto, solicitamos la inclusión del Banco de Tumores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en el Presupuesto quinquenal, dentro del Ministerio de Defensa Nacional, Inciso 001. Aclaro que adjuntamos en la documentación que les dejamos, el ajuste presupuestal solicitado para la continuidad de este Programa.
Por otro lado, pedimos que la Fundación Génesis de Uruguay, inscripta en el Ministerio de Educación y Cultura, con personería jurídica Nº 11.390, folio 16, libro 20, de 15 de abril de 2009, sea incluida en los beneficios del artículo 70 bis del Decreto Nº 150/07, de 26 de abril de ese año, con el fin de recaudar fondos de instituciones y personas que deseen hacerlo, destinando parte de esos impuestos tal como la ley lo define.
En la documentación entregada, los señores Senadores disponen de la información sobre el presupuesto solicitado para los puntos tratados, es decir, Banco de Tumores, Grupo Colaborativo Uruguayo y Fundación Génesis.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes -a la que acudimos, a fin de obtener algo- asignó al Banco de Tumores $ 500.000 por año, lo que agradecemos profundamente, pero esa cifra es totalmente insuficiente para que funcione. Si no llegamos a $ 2:000.000 por año, no podremos continuar y habrá que cerrar el Banco, perdiéndose las piezas. No pedimos más que lo imprescindible; con menos de $ 2:000.000 anuales el Banco de Tumores dejaría de funcionar, dados los costos fundamentalmente de los insumos. Entonces, está en ustedes la salud de los uruguayos, de ahora y del futuro, en una materia muy dura que se hace sensible cuando está cerca de uno o en uno mismo. Esto no es una amenaza para nadie, sino una realidad nacional sobre la que se puede actuar con poco. Los beneficios que se obtienen no son para el momento, sino para el presente y el futuro. Además, se invierte en Uruguay que se abre a la investigación, ya que el mundo nos ayuda si participamos, y tenemos aliados para ello, siempre y cuando estemos en marcha.
Asimismo, cabe aclarar que en cuanto a la inclusión de la Fundación Génesis del Uruguay dentro del artículo 70 bis del Decreto Nº 150/07, contamos con el apoyo unánime de los miembros de la Comisión correspondiente de la Cámara de Representantes para aprobarlo, lo cual nos da la posibilidad de mantener y continuar la captación de familias en riesgo de enfermar, así como hacer prevención a toda persona que consulta que, a la vez, se instruye en cuanto a cómo y cuándo se deben prevenir estas situaciones que tanto nos afectan.
Si la señora Presidenta me lo permite, quería hacerle una pregunta al señor Anselmo Guerra que acompaña a esta delegación. Señor Guerra: ¿qué pasó con usted y su familia?
SEÑOR GUERRA.- Tuve la suerte de conocer a este grupo y al doctor Sarroca en el año 1966. En esa oportunidad me habían dado un mes de vida, debido a una poliposis cancerosa en el colon. Me operaron, me siguieron investigando. A lo largo de mi vida me han hecho cuatro operaciones de cáncer, hasta llegar a la extirpación total del colon. A pesar de ello y de que en el año 1966 me dieron un mes de vida, hoy estoy aquí trabajando, con 77 años de edad, gracias al Grupo Colaborativo Uruguayo. Toda mi familia pertenece a este Grupo y ha ido colaborando, prestándose para investigar sobre el cáncer hereditario. Somos seis hermanos que sufrimos de lo mismo y debemos agradecer las operaciones y el tratamiento a este Grupo. Solo uno de mis hermanos ha muerto de cáncer, pero debido a que se alejó y no participó del Grupo; todos están vivos, salvo los fallecidos por otra causa.
Esto ha sido fundamental para nosotros y he colaborado con ellos desde el año 1966, viendo el trabajo que allí se realiza. No creo que esa tarea esté muy difundida porque no se conoce ni siquiera el cincuenta por ciento de la ayuda que brinda a la sociedad.
Sería un gran error perder esta oportunidad que tenemos en Uruguay y lo digo con conciencia. Este Grupo es especialista en la extirpación de este tipo de tumores y basta con ver cómo estoy a los 77 años con cuatro operaciones de colon debido al cáncer. Estoy muy agradecido por todo y considero que su tarea es de fundamental importancia.
SEÑOR SARROCA.- Si lo permite la señora Presidenta, la señora licenciada Alfano quiere hacer un alegato.
SEÑORA ALFANO.- Pertenezco al Grupo Colaborativo Uruguayo, que no tiene fines de lucro y trabaja en forma honoraria.
Quería agregar que el Estado, al invertir en estos programas de salud -que no es el único y que son serios- no lo hace al azar, sino para ganar; se gana o se pierde. Cuando el Estado invierte en estos programas de salud está ganando, porque no solamente invierte sino que mantiene su capital, que es el paciente, el ser humano. Además, se deben considerar los resultados beneficiosos para el paciente, porque tendrá una mejor calidad de vida y muchos años por vivir. Por otro lado, el Estado no invierte para la muerte y es algo que tenemos que decir porque es parte de la realidad: cuando un paciente llega a cualquier institución de salud con cáncer, sin hacer prevención, es muy posible que muera. ¿Y qué sucede? Hay un desmembramiento familiar, porque a veces ese paciente, además de tratarse de un ser querido, es la única persona que aporta económicamente.
Cuando un país está enfermo no es productivo, por cuanto una de las mejores riquezas que tiene es la salud y hay que prevenir en todo sentido. Insisto en que hay que tener conciencia -no solo el Gobierno sino todos los ciudadanos- y prevenir las patologías. Una de las más importantes, que este año tendrá mucho más incidencia que las cardiopatías, es el cáncer.
Nada más, muchas gracias.
SEÑOR SARROCA.- ¿Me permite, señora Presidenta?
SEÑORA PRESIDENTA.- Está terminando el tiempo de que disponen, pero si el señor Sarroca es breve, le cedo el uso de la palabra.
SEÑOR SARROCA.- Si la salud no es importante, nos detenemos acá y nos vamos.
SEÑORA PRESIDENTA.- No lo tome así, señor Sarroca.
SEÑOR SARROCA.- Hace 40 años que vengo luchando por este tema y nadie nos ha escuchado; solo nos llaman cuando una persona se está muriendo.
Lo único que queremos decir es que podemos prevenir las enfermedades y, además -esto lo dije al pasar- mediante tecnologías aplicables en nuestro país, podemos hacer uso racional de esos medicamentos tan caros sin necesidad de tener que salir a pedir dinero de manera desesperada. Todo esto se puede hacer; es un problema de orden, de hacer las cosas bien, no se necesita mucha gente, sino poca pero con mucha cabeza, y se soluciona con poco dinero.
Agradecemos a los señores Senadores y esperemos ser necesarios.
SEÑOR SOLARI.- El lunes por la mañana el señor Presidente de la República va a inaugurar un evento muy importante que es la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) que reúne a las Partes de todos los países del mundo que están involucrados en la prevención de enfermedades causadas por el tabaquismo, en particular, el cáncer de pulmón, que es la más importante o, por lo menos, la más frecuente. El Gobierno del Frente Amplio logró -lo que todos habíamos aspirado previamente- una fuerte lucha contra el cáncer de pulmón y otras enfermedades.
Lo que plantea el Banco de Tumores del Hospital de las Fuerzas Armadas y la Fundación Génesis es otra forma de prevención que, en lo personal, me afecta de manera cercana porque parte de mi familia política pertenece a una generación donde la mitad de seis hermanos fallecieron antes de los 50 años y, sin embargo, gracias a los adelantos que ha habido en este tema, el cien por ciento de la posterior generación -que son 25 personas que hoy tienen entre 25 y 40 años- está viva y la siguiente generación está diagnosticada. De manera que estamos hablando de un tema muy concreto de prevención, de un esfuerzo muy loable que se está haciendo silenciosamente. Este tema es como la sábana de Andrés: si uno tapa más la cabeza, termina destapando los pies; aclaro que no lo digo por este Grupo en particular, sino por otras iniciativas que también hay que apoyar en este Presupuesto.
Quiero expresar mi apoyo al Grupo, el compromiso que seguramente comparten todos los señores Senadores en hacer el mayor esfuerzo en apoyarlos y pedirles que, por favor, continúen con este trabajo que es muy importante para el Uruguay.
SEÑOR SARROCA.- Agradecemos la atención que nos prestaron los señores Senadores y esperemos que después de tanto tiempo sirva para el país. Si es necesario, podemos alcanzar a la Comisión toda la bibliografía internacional que hemos publicado para constatar que esto que ocurrió en el país es realidad, no es mentira, es algo simple que ha sucedido y que por motivos de confidencialidad no podemos revelar el nombre de muchas de estas personas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por su presencia, y tomaremos en cuenta todo lo dicho.
(Se retira de sala la delegación del Banco de Tumores del Hospital Militar y el Grupo Colaborativo Uruguayo.)
(Ingresa a Sala una representación del Club Neptuno.)
-En nombre de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, doy la bienvenida a la delegación del Club Neptuno y le informo que tienen 15 minutos para realizar su exposición.
SEÑOR TORRES (Jorge).- Muchas gracias por recibirnos.
Mi nombre es Jorge Torres y soy el Presidente del Club Neptuno. La delegación que me acompaña está integrada por el señor Alberto Torres, Vicepresidente del Club; el señor Luis Pardiñas, Director General y el Asesor Letrado de Secundaria, doctor Bautista Duhagón. El señor Luis Pardiñas explicará someramente el proceso y luego el doctor Duhagón hará hincapié en los temas legales que necesitamos solucionar.
SEÑOR PARDIÑAS.- Soy el Director General del Club Neptuno.
Quisiera dar un detalle de los antecedentes de este proyecto que, en principio, se manejó como un plan piloto y que hoy tenemos la intención de extenderlo a más educandos. Desde abril de 2009 se viene desarrollando en el Club Neptuno -financiado por nosotros- un plan piloto, con docentes y estudiantes del Liceo Nº 61, denominado “Liceales al agua”. Ha sido evaluado positivamente, tanto por la dirección liceal, como por sus profesores referentes. Durante el presente año se continúa desarrollando la mencionada experiencia con un número reducido de estudiantes, mediante el pago de una cuota mínima y de becas gestionadas por el Liceo. Conforme lo antes indicado, la dirección liceal, mediante Oficio Nº 288/10, de 2 de setiembre de 2010, solicita al Consejo de Educación Secundaria realice las acciones correspondientes para que la mencionada experiencia pueda abarcar a un número mayor de estudiantes de su Liceo y, de ser posible, que tal beneficio se extendiera a otros educandos de ese Consejo que no tuvieran posibilidades de acceder por sus medios a ese beneficio. Con fecha 15 de setiembre de 2010, la dirección el Liceo Nº 25, “José Belloni”, solicitó que se estudiara la posibilidad de que sus estudiantes pudieran acceder al citado beneficio. Es decir que el programa que comenzamos fue muy bien recibido por los directores de los liceos, quienes manifestaron intenciones de ampliarlo. Desde esa fecha han continuado llegando pedidos de varios liceos, para que el programa se extienda a otros educandos de este Consejo que se encuentren en la situación antes mencionada. Tanto los citados centros educativos, como el Consejo de Educación Secundaria y el Club Neptuno, consideraron positivo extender el beneficio a jóvenes de otros centros estudiantiles, ofreciendo a partir del 27 de setiembre de 2010, en una primera instancia, que 1.700 jóvenes de liceos que el Consejo de Educación Secundaria designara, pudieran usufructuarlo y hubo un compromiso de conseguir el aporte de distintas empresas para llevarlo a cabo, dado los costos de materiales, personal, etcétera. Como se ve, nos encontramos con la dificultad de que el programa no lo podía financiar el Estado. Paralelamente, durante el mes de agosto pasado, se realizaron reuniones en Presidencia de la República con el fin de obtener dicho apoyo y con fecha 22 de setiembre, por Resolución Nº 35 del CODICEN, Acta Nº 61, se aprobó el proyecto de acuerdo marco, autorizando a Secundaria a suscribir un acuerdo específico con el mencionado Club.
Con fecha 22 de octubre de 2010, el Club Neptuno solicitó la declaración de interés del Ministerio de Educación y Cultura.
Ahora, habiendo transitado todo este camino, nos encontramos con una dificultad legal y tributaria que preferiría que la explicara el Asesor Legal de Secundaria, el doctor Duhagón.
SEÑOR DUAGHÓN.- Buenos días. En primer lugar, quisiera pedir las excusas del caso porque la Directora General del Consejo de Educación Secundaria, que tenía la intención de venir en el día de hoy, no pudo hacerlo porque por su agenda se encuentra en la zona Norte del país. Sin embargo, debo decir que participó de la reunión que tuvimos previamente en la Comisión de Educación y Cultura.
Como bien señaló el señor Pardiñas, tuvimos una muy buena recepción de este proyecto y, como reguero de pólvora, los distintos Directores y alumnos se enteraron de que otros jóvenes gozaban de ese beneficio de poder hacer natación sin costo alguno, por lo que se quisieron incorporar y comenzaron a mandar sus solicitudes a nuestro Consejo. A la hora de cristalizar el convenio nos dimos cuenta de que, pese a que el Club Neptuno podía conseguir el inversor para el mantenimiento del proyecto y nosotros teníamos la voluntad de proceder en ese sentido, existían dos obstáculos legales que nos obligaban a desistir de ese procedimiento o a cumplir una serie de trabas formales que nos aplazaban demasiado. Ahora bien, de acuerdo con la cantidad de jóvenes para los que el Club Neptuno conseguiría la donación -por ser dinero que ingresa al Estado- deberíamos hacer un llamado a licitación que insumiría varios meses.
Nuestro proyecto apunta a que los jóvenes no solo durante el año estudiantil puedan hacer natación, sino que también gocen del beneficio durante el verano, porque los estudios correspondientes ya fueron realizados. La Presidenta de Educación Secundaria que, a su vez, es Inspectora de Educación Física, vio con muy buenos ojos este emprendimiento.
El primer obstáculo formal con el que nos encontramos fue que las empresas, cuando donan a la ANEP, reciben beneficios tributarios para poder invertir en esta causa.
El artículo 462 de la Ley Nº 16.226, en redacción dada por el artículo 579 de la Ley Nº 16.736, otorga la posibilidad de tener beneficios tributarios solo “por las donaciones que realicen para la compra de alimentos, útiles, vestimenta, construcciones y reparaciones a establecimientos de Educación Primaria, Secundaria, Técnico-Profesional y Formación Docente, que atiendan a las poblaciones más carenciadas”, pero no a los alumnos directamente. Esta es la situación en la que nos encontramos. De acuerdo con ello, las empresas reciben beneficios tributarios por invertir en alimentos, vestimenta y útiles de los chicos, pero no en ellos mismos. Entonces, las empresas no se presentarían a aportar a este proyecto, porque la ley no incluye a los jóvenes directamente.
Simplemente, proponemos que se dé la posibilidad de que dentro de esa gama de opciones dirigidas a los chicos, también estén los chicos mismos, de forma tal que tengan la posibilidad de recibir beneficios tributarios de las empresas por invertir, por ejemplo, en salud y deporte.
Con respecto a la parte contractual del Estado, el numeral 3) del artículo 33 del TOCAF -recientemente modificado- otorga la siguiente posibilidad a la Administración Pública: “Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados al mantenimiento y mejoras de infraestructura de locales de enseñanza bajo su dependencia, por parte de la Administración Nacional de Educación Pública”. También para contratar servicios para la práctica de deportes de sus educandos. Aquí se da la paradoja de que se puede contratar directamente para reparar las aulas de los jóvenes, pero no para darles a ellos un beneficio directo. Esto es lo formal.
En el material que obra en poder de los señores Senadores, encontrarán un pequeño informe a través del cual proponemos dos redacciones muy breves, que consisten en que a esos artículos, simplemente, se les adicione el beneficio directo de los jóvenes, en lo que a deporte refiere. Sobre este tema hemos hablado con el Director de la División Jurídica del Tribunal de Cuentas, el doctor Fonseca, quien también divisó los obstáculos y sugirió estas posibles alternativas para destrabar el problema.
SEÑORA PRESIDENTA.- Quisiera realizar una pregunta, ¿en el dossier presentado figura la redacción propuesta en los artículos? No logro encontrarla.
SEÑOR DUHAGÓN.- Sí, hay una redacción sugerida en ambos artículos citados. Por ejemplo, se recomienda incorporar, por ejemplo, “Las empresas gozarán de beneficios tributarios por las donaciones que se realicen para posibilitar la práctica de deportes de estudiantes”, luego continuaría la redacción original.
En lo que tiene que ver con la posibilidad de contratar directamente, donde dice “Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados al mantenimiento y mejoras de infraestructura de locales de enseñanza bajo su dependencia, por parte de la Administración Nacional de Educación Pública” con la Administración”, agregaríamos en la parte final: “así como para contratar servicios para la práctica de deportes de sus educandos.”
Aclaro que esta carpeta no fue realizada por nosotros, sino por el Club Neptuno que adjuntó mi informe que no está foliado.
SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto, allí se encuentran las redacciones alternativas.
SEÑOR DUHAGÓN.- Dichas redacciones están en el punto II B “Opciones para cristalizar el tema”.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias.
SEÑOR MICHELINI.- Propongo realizar una reunión entre los señores Senadores y algunos de los miembros de la Directiva del Club Neptuno a los efectos de entender en detalle y poder identificar los problemas.
Adelanto que estamos impedidos de hacer exoneraciones, lo que no significa que el Estado, no solo a través del Ministerio de Educación y Cultura sino también del Ministerio de Turismo y Deporte, pueda encontrar una solución parcial.
Realizar modificaciones en el TOCAF también es un poco complicado, lo que tampoco quiere decir que no se pueda hacer, pero invito a que, a través de la Secretaría, se concrete una reunión entre algunos de los señores Senadores y representantes del Club Neptuno, para tratar de entender el problema, porque no lo vamos a poder hacer en estos quince minutos.
SEÑOR TORRES.- A efectos de tratar de resumir, quisiera manifestar que nosotros pensamos que para que los niños pudieran acceder al programa, buscamos empresas que donaran fondos para que Enseñanza Secundaria no tuviera ningún costo. Evidentemente, esas empresas tendrían responsabilidad social y, de alguna manera, estarían contribuyendo, con lo que están de acuerdo. Pero, de acuerdo a los mecanismos del TOCAF, tendríamos que llevar a cabo una licitación, involucrar a otras personas y demás, cuando ya estamos desarrollando el programa y Secundaria está de acuerdo al igual que Enseñanza Primaria, a quien también se lo hemos ofrecido.
Nuestra intención es simplificar, pero además -esto no lo dije en la Comisión de Educación y Cultura- necesitamos que el club despegue, porque tenemos serias dificultades. Si bien la Directiva es honoraria, el personal que trabaja para el club -constituido por ochenta personas, y sus respectivas familias detrás- cobra su salario y vive de él. Se trata de que todas las partes ganen y que el programa sea favorable. Sabemos -incluso lo hemos conversado con el Director de Infraestructura del Ministerio de Turismo y Deporte- que al Estado le cuesta mucho más hacer piscinas o techarlas en el sector público, que contribuir con este servicio. De esta manera, nosotros con el mismo dinero podríamos ir realizando las mejoras necesarias para extender los servicios a cada vez más chicos que, incluso, al día de hoy podrían llegar a cinco mil.
Muchas gracias.
SEÑOR DUHAGÓN.- El señor Senador Michelini tiene mucha razón en cuanto a que no es fácil modificar el TOCAF. Justamente, en mi informe figura el ejemplo de que recientemente se modificó el numeral 3) del artículo 33 del TOCAF, al que según la Ley de Presupuesto Nº 18.172, artículo 108, se le agrega el literal V), que establece lo siguiente: “V) Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados al mantenimiento y mejoras de infraestructura de locales de enseñanza bajo su dependencia, por parte de la Administración Nacional de Educación Pública”. Queda claro, entonces, que hace poco se introdujo una modificación en beneficio de la infraestructura de los locales. En nuestro caso, simplemente planteamos si cabría la posibilidad de que se nos permitiera contratar directamente, no solo para reparar los locales, sino también para beneficiar a los chicos que reciben los servicios que se brindan en ellos.
No obstante lo dicho anteriormente, no nos cabe la menor duda de que el tema no es nada fácil.
SEÑOR PARDIÑAS.- Quiero mencionar que nosotros mantuvimos una reunión con el Director Nacional de Deporte, que nos recibió en el Ministerio. En esa instancia, planteamos la necesidad de elaborar un proyecto y de analizar de qué manera podríamos sortear este obstáculo. Pero nos encontramos con que el propio Director Nacional de Deporte, el señor Irurueta, tiene el mismo problema que nosotros para llevar adelante los proyectos del Ministerio, e inclusive, nos planteó que en este momento están tratando de implementar algunas modificaciones, pues ellos también están con las manos atadas -por decirlo de esta manera- para concretar muchos objetivos de esta naturaleza.
Por estas razones hemos llegado a esta instancia en el Senado y, además, porque estamos dispuestos a analizar cuál sería el mejor camino a seguir.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a los representantes del Club Neptuno su visita y su planteo, el que será tenido en cuenta cuando corresponda según el orden del articulado.
(Se retiran de Sala los representantes del Club Neptuno.)
(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Topolansky.)
(Ingresan a sala los representantes del
Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada.)
-Muy buenos días. La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene mucho gusto en recibir a los representantes del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, a quienes les cedemos el uso de la palabra y les recordamos que disponen de 15 minutos para realizar su exposición.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Buenos días a todos.
En mi calidad de representante de los usuarios en la Junta Nacional de Salud haré una breve reseña acerca de nuestro Movimiento. En principio, queremos dejar claro que este Movimiento se nuclea en una organización civil, política apartidaria y honoraria, que trabaja en más de 210 localidades de este país con el fin de defender la salud como un derecho humano fundamental, pero para defender también que con relación a la prestación de este servicio, debe haber equidad y accesibilidad en las instituciones.
La reforma de la salud ha motivado y estimulado a nuestra organización, pues el nuevo Sistema genera espacios de participación real; espacios de participación, que tendrían que ser ocupados por la población organizada. De manera que el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada nació con el fin de insertarnos dentro de los ámbitos de participación de la reforma de la salud. A este respecto hemos trabajado a pulmón y en forma honoraria, porque el único apoyo que ha recibido esta organización, que actualmente cuenta con 6.000 adherentes en todo el país, ha sido la suma de $ 125.000 anuales. Ni siquiera el hecho de haber participado en la Junta Nacional de Salud nos ha habilitado a disponer por lo menos de un teléfono, que es un elemento fundamental para conectar nuestra organización con el Ministerio.
En la actualidad, esta organización se nos ha vuelto muy grande habida cuenta de las posibilidades económicas que tenemos. Sin embargo, como creemos en la democracia, y en que participar es un hecho democrático, nos presentamos en este ámbito a solicitar los rubros que necesitamos para que puedan participar todos los uruguayos, y no solo los que tienen la vida económica resuelta o que viven cerca de los ámbitos de participación.
En este marco hemos llevado adelante también el Programa de Salud Rural, que hoy implementa el Ministerio de Salud Pública. Debo señalar que cuando llega el Ministerio con el Programa de Salud Rural, el Movimiento ya tenía planificado un trabajo en las zonas rurales, que le sirvió de insumo para la implementación de ese Programa. Justamente, es allí donde debemos dar pelea para revertir la inequidad en el sector de la salud.
A continuación, si la Presidencia está de acuerdo, cedería el uso de la palabra a mis compañeros para continuar con la exposición del tema.
SEÑORA PRESIDENTA.- Con mucho gusto.
SEÑOR DE BARBIERI.- Buenos días a todos.
Antes que nada, me gustaría señalar que actúo como coordinador del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada en la Ciudad de Treinta y Tres.
Continuando con la exposición realizada por la señora Rodríguez, debo señalar que el sistema implementado por ASSE en lo que tiene que ver con los Centros Auxiliares y la descentralización, para nosotros implica que deberemos desarrollar un trabajo distinto en el interior profundo. En el caso del departamento de Treinta y Tres, involucra a Cerro Chato y a Santa Clara, localidades a las que se les ha creado un problema de accesibilidad desde la capital departamental. Esto se traduce necesariamente en el empleo de más recursos para movilizarnos, y acercar y organizar a los usuarios de la salud para que puedan realizar el contralor de los nuevos Centros Auxiliares. Es por esta razón que se nos hace imprescindible el incremento de la cuota que percibimos.
Nada más. Muchas gracias
SEÑORA ARTIGAS.- Buenos días a todos.
Soy secretaria del Movimiento y encargada de las finanzas, tarea que motivó nuestra visita a esta Comisión.
Debo decir que en el período anterior recibimos $ 125.000 por año. En esta instancia, en la Cámara de Representantes, se establece un incremento de $ 125.000, pero lo que nos llama la atención es que se menciona “Movimiento Nacional de Usuarios de los Servicios de Salud Pública”, cuando en realidad debería decir “Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada”. Ese es uno de los aspectos que deseábamos aclarar aquí, para evitar posteriores inconvenientes, pues no sabemos qué tramitaciones tendríamos que realizar después para solucionarlo.
Es fundamental para nosotros contar con ese dinero por las circunstancias que ya mencionaron mis compañeros.
En el disquete que entregamos a los señores Senadores está nuestra historia y la agenda que realizamos, por lo que solamente nos resta hablar de un último punto, que es el siguiente. El 4 de diciembre se va a realizar la asamblea nacional, encuentro al que invitamos, y esperamos que concurran, aproximadamente quinientos compañeros del interior del país. En ese ámbito, haremos una síntesis de la política que seguiremos el año próximo.
Tal como se mencionó, integramos una organización política apartidaria en la que no preguntamos a nadie la religión o el partido político; lo que nos importa es que quienes se sumen quieran trabajar. En este sentido, quiero agregar que trabajamos con un sistema que se caracteriza por la horizontalidad: los temas son analizados en cada departamento y luego sigue una instancia en un órgano coordinador, que sería algo así como la dirección nacional de nuestro Movimiento. Por lo tanto, trabajamos todos en forma pareja.
Por las razones que expusimos anteriormente, expresamos a los señores Senadores que necesitamos rubros para lograr que la participación sea real, que tenga contenido.
Ahora bien, con relación al Presupuesto quiero plantear la siguiente pregunta. Leí todo lo establecido en el Presupuesto anterior, que incluía un artículo que establecía que el Ministerio de Salud Pública otorgaría viáticos de alimentación a todos los usuarios que les interesara participar en distintas actividades. Sin embargo, no vi una sola disposición similar en el Presupuesto actual, y no sabemos si esa medida continúa vigente o no. Esto es fundamental para nosotros, porque de no ser así, no tendríamos forma de llegar a los departamentos del interior; por cierto, en este momento, este gasto lo cubrimos con nuestro dinero. En síntesis, planteamos esta pregunta, porque de no continuar vigente esa disposición, nos veríamos limitados en la realización de nuestra tarea.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede ser que eso no aparezca en el articulado de este Presupuesto porque es algo que se incorporó en el anterior cuando se aprobó la reforma al sistema de salud. Si bien todo eso permanece, trasladaremos la pregunta al Ministerio de Salud Pública y a ASSE cuya concurrencia está prevista para el día martes. En este momento no podemos dar una respuesta concreta pero, en principio, procederemos como lo he dicho anteriormente.
SEÑORA ARTIGAS.- Quisiéramos saber si los $ 125.000 que figuran en el articulado son un incremento a lo que ya teníamos adjudicado.
SEÑORA PRESIDENTA.- En el Presupuesto tenemos partidas diferenciadas. Para las organizaciones que ya tenían asignada una partida, en el texto se utiliza la palabra “increméntase”, lo que quiere decir que se suma a lo adjudicado. A su vez, hay otras organizaciones que se incorporan al Presupuesto, que están incluidas en otros artículos.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Quisiera aclarar algo respecto a una normativa del Ministerio que dispone que se nos van a otorgar pasajes y viáticos de alimentación. Lo que sucede es que los pasajes que se dan son todos desde el lugar de origen pero hacia Montevideo. Esto trae como consecuencia que, a pesar de en realidad son montos pequeños, los compañeros del interior no se pueden movilizar dentro del departamento a efectos de organizar los pueblos del interior; este elemento se debería tener en cuenta, sobre todo cuando se habla de descentralización. A esto se agrega, que cuando hacemos la Rendición de Cuentas, los boletos no son aceptados como un gasto más.
SEÑORA PRESIDENTA.- La observación que hace la delegación es correcta porque más allá de los esfuerzos que se han hecho debemos reconocer que nuestro país todavía está centralizado. Por nuestra parte, vamos a trasladar esta inquietud porque consideramos que es totalmente lógica.
SEÑOR PASQUET.- Quisiera saber qué resultados ha obtenido la organización en estos años de labor, es decir, qué conquistas han tenido para los usuarios de la salud, qué denuncias o planteamientos han realizado y cuáles han sido los resultados.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Voy a mencionar un logro que para nosotros ha sido fundamental. El hecho de que se cumpla con la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva ha sido un logro del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada que, en julio del año pasado, comenzó a denunciar casos en que las mujeres llegaban a pagar fortunas para acceder a la anticoncepción. Tuvimos que trabajar en esta problemática porque no se cumple con la ley que los Legisladores votaron; por tanto, este ha sido un logro fundamental.
Otra conquista es haber accedido a una participación real, porque hoy actúan las dos partes de manera conjunta, es decir, la Dirección de ASSE -que no pertenece a nuestra organización- y quien habla, en representación de nuestro Movimiento, ya que consideramos que participar equivale a estar en los ámbitos de decisión.
Sin embargo, lo fundamental para toda la población es que hoy existe una ley relativa a los derechos y deberes de los usuarios. Nuestra obligación es que todos los ciudadanos sepan que esa disposición está vigente, que pueden exigir sus derechos, aunque, como es obvio, también deben cumplir sus obligaciones.
Finalmente, quiero reiterar que para nosotros un logro que sostenemos como bandera es la aplicación de la Ley de Defensa de los Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva. Por otro lado, también estamos abocados al tema de la violencia doméstica, área que la ubicamos como una meta prestacional, y que hoy está en debate en el ámbito de la Junta Nacional de Salud. Quiero agregar que fuimos los usuarios quienes pusimos este tema sobre la mesa, pero no estamos de acuerdo con la forma en que se está implementando. Esta discusión la mantuvimos en la Junta Nacional de Salud hasta hace quince días, porque creemos que la violencia doméstica debe ser abordada transversalmente entre varios Ministerios; en otras palabras, no es posible que solo el Ministerio de Salud Pública lo maneje como una meta prestacional. En este punto tenemos discrepancias pero, de todos modos, destaco como un logro que con nuestra voz y nuestras opiniones hayamos podido llegar tan lejos.
SEÑOR SOLARI.- En primer lugar, quiero saludar a los representantes del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Mi pregunta complementa la realizada por el señor Senador Pasquet y quiero saber si en cada uno de los prestadores de salud del Servicio Nacional Integrado de Salud, el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada tiene o pretende establecer -dado que es una institución bastante nueva- algún mecanismo para recepcionar quejas, sugerencias o denuncias. Nos consta que la población tiene muchas dificultades en el acceso a ASSE, pues el usuario tiene que destinar un día para pedir un número y luego otro para hacer cola, todo lo cual hace que pierda jornales.
En síntesis, la pregunta no está dirigida a las políticas de salud, sino a la parte práctica de los intereses de los usuarios.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Actualmente, las quejas se pueden canalizar a través de la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio. Podemos ser el nexo y controlar que esa denuncia llegue a buen puerto, pero nuestro objetivo no es detenernos exactamente en la parte de denuncias. Preferimos discutir las políticas de salud y estar en los Consejos Consultivos de las Instituciones de Salud, pero también entendemos que esta reforma tiene como uno de sus principales ejes que los servicios asistenciales pasen a hacer un trabajo de promoción de la salud. Si no resolvemos primero el tema asistencial y el buzón de quejas, no podemos decirle a un ciudadano que realmente está con problemas asistenciales y de salud, que venga a hablar de asistencia y promoción. Lo primero que nos va a exigir es que le demos una solución práctica. Quiere decir que, si bien recibimos las quejas y denuncias, y las vehiculizamos, no nos encargamos de resolverlas.
SEÑOR ASPIRO.- Así como lo explicó la compañera, nosotros no somos un buzón de quejas de los usuarios pero sí nos encargamos de viabilizarlas. La reforma de la salud tiene estipulado un organigrama que obliga a los prestadores de este servicio a que en un plazo de entre veinte y treinta días, formalicen la respuesta a esas quejas. En ese caso, cuando los usuarios realizan una queja y nos alcanzan una fotocopia, la enviamos a la representante de nuestro Movimiento que actúa en la JUNASA, quien le da el trámite correspondiente.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- En cada centro de salud tenemos los Consejos Consultivos y Asesores, donde se pueden hacer llegar las denuncias, ya que en ASSE todavía no están reglamentados. Ese es un debe que tenemos, pero se trata de un proceso. De todas maneras, siempre le decimos a quien presenta quejas que también nos acerque la propuesta de cambio porque es necesario construir.
SEÑORA ARTIGAS.- Nosotros hacemos un seguimiento de las quejas que se reciben con mayor frecuencia pero, a su vez, intentamos que se planteen propuestas porque ese es nuestro objetivo. Así lo hemos hecho en todos los ámbitos y ello se puede constatar.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos su concurrencia y en el momento de considerar estos artículos trasladaremos las preguntas correspondientes a los representantes del Ministerio de Salud Pública.
SEÑORA ARTIGAS.- Los invitamos para la asamblea nacional que se llevará a cabo el 4 de diciembre.
(Se retira de Sala la delegación del Movimiento Nacional
de Usuarios de Salud Pública y Privada.)
(Ingresan a Sala los representantes de la Agrupación de
Trabajadores de la Dirección Nacional de Meteorología.)
SEÑORA PRESIDENTA.- Buenos días. Con mucho gusto recibimos a los representantes de la Agrupación de Trabajadores de Meteorología.
Como ya se les informó, tienen 15 para realizar su exposición.
SEÑORA MATHISSON.- Buenos días. En primera instancia queremos aclarar que cuando se consideró este Presupuesto en la Cámara de Representantes no pudimos presentar la propuesta que teníamos preparada, dado que el Ministerio de Defensa Nacional no había incluido a la Unidad 039 en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.
Con anterioridad habíamos entregado nuestra propuesta al Ministerio de Defensa Nacional y esta fue bien recibida. Luego de la aprobación del Presupuesto en la Cámara de Representantes mantuvimos otra reunión con el Ministerio para volver a presentar nuestra propuesta y en esa ocasión también fue bien recibida. Incluso, presentamos unas partidas sobre las que no habían hecho los cálculos, por lo que nos dijeron que eso les servía para poder mantener los contratos a término que actualmente existían. A su vez, propusimos otros artículos, pero cuando el Ministerio de Defensa Nacional se presentó en esta instancia del Senado, tampoco trajo el articulado que habíamos propuesto. Por tanto, vamos a hacer una síntesis y a dar una breve explicación.
El primer artículo que proponemos incluye una partida de $ 5:258.000 -que difiere con la planteada por el Ministerio de Defensa Nacional ya que es de algo más de siete millones de pesos, no tengo aquí la cifra exacta- para financiar los contratos a término que hay dentro de Meteorología. Con esto se daría un apoyo a lo que ya se tiene destinado por un convenio que hay con la DINACIA, que es con lo que se financian estos contratos que se renuevan por decreto todos los años. En esta instancia la DINACIA también estaría de acuerdo en seguir aportando ese 8% para los contratos a término. Este refuerzo permitiría que no se produjeran los atrasos que ya hemos tenido en otras ocasiones en que se renuevan los contratos a término, por no haber fondos de caja para pagarlos. Además, quiero señalar que esto no tiene costo porque integra el presupuesto de la Dirección Nacional de Meteorología; lo único que habría que hacer es autorizar las partidas.
El artículo siguiente que figura en el punto 2) de nuestra propuesta corresponde a un remanente que había en el presupuesto. Como los sueldos de Meteorología son bastante bajos, si esa plata no se usa y todos los años se devuelve, proponemos que se conforme una partida y se reparta por igual entre las personas que tienen sueldos más bajos. Es una forma de compensar con equidad al personal que está por debajo de las ocho Prestaciones Básicas. Aclaro que presentamos este artículo para aprovechar esta partida y que este remanente no se vuelque -como se hace siempre- a Rentas Generales.
Los puntos 3) y el 4) están relacionados con los artículos 173 y 177 del proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Representantes. Cuando planteamos el tema en el Ministerio de Defensa Nacional nos dijeron que los funcionarios de Meteorología estaban incluidos en estos artículos. Concretamente, el artículo 173 afecta al personal del Escalafón K que optaron por pasar al Escalafón Civil y en Meteorología tenemos cinco funcionarios en estas condiciones. En la Administración anterior ya habíamos tenido negociaciones previas con el Ministro Bayardi para tratar de incluir a estos funcionarios -un técnico meteorólogo, tres observadores y dos administrativos- junto con los de Secretaría del Ministerio. El Ministro estuvo de acuerdo y se nos dijo que ya estaban incluidos y que se habían realizado los trámites correspondientes para que ahora, en esta Ley de Presupuesto, pudieran pasar al Escalafón Civil. Como en el artículo 173 no queda explícitamente determinado que los funcionarios de la Unidad Ejecutora 039 están incluidos, planteamos nuestra duda y se nos contestó que implícitamente lo estaban y que dentro de esos $ 40:000.000 que se disponen con destino al financiamiento de las transformaciones de cargos están comprendidos a estos cinco funcionarios de Meteorología. En este sentido, lo que pedimos es que explícitamente quede aclarado, es decir, que además de decir “para la Unidad Ejecutora 001 ‘Dirección General de Secretaría’ también se especifique “para la Unidad Ejecutora 039 ‘Dirección Nacional de Meteorología’”. Se trata, reitero, de cinco funcionarios pertenecientes al Escalafón K que pasarían al Escalafón Civil.
Lo mismo sucede con el artículo 177. Tenemos treinta y cinco funcionarios que optaron por renunciar a la equiparación militar y están en condición de civiles porque su situación ya se regularizó. Por esta disposición se establece una modificación de la compensación al cargo para la Unidad Ejecutora 001 y también están implícitos los funcionarios de Meteorología. En este caso, también solicitamos que quede establecido en forma explícita en la disposición.
El punto 5) de nuestra propuesta refiere a la adecuación escalafonaria en el Escalafón Profesional que corresponde a los meteorólogos. Hacemos esta solicitud porque, por el artículo 12 de la Ley Nº 18.362 -es decir, la Rendición de Cuentas de 2008- pasamos a la función pública. Quiero señalar que Meteorología ha perdido cargos porque cada funcionario que se retira se lleva su cargo y hasta que no realice una nueva reestructura no tenemos cargos en los distintos escalafones. Quedarían para regularizar once cargos en el Escalafón B y los demás quedaban en el Escalafón D que comprende a funcionarios de Meteorología y del Cuerpo de Observadores; entonces nosotros entraríamos dentro de este Escalafón.
(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás.)
-Ahora pedimos que haya una transformación de los cargos D -que ocupamos en esta instancia- en B, que son los que nos corresponden. Este planteo ya fue hecho en el Ministerio y nos dijeron que el único problema que se podría presentar era el de los costos. En la fundamentación aclaramos el costo que implicaría y, asimismo, que no tendría gasto de caja porque se podría obtener de los mismos fondos de la Dirección Nacional de Meteorología.
Nuestro planteo se fundamenta en que, desde que ingresamos, los técnicos meteorólogos somos el setenta por ciento de los técnicos de toda la institución y desde el 1º de mayo de 2008 percibimos un sueldo de $ 7.500, es decir, inferior al salario mínimo de la Administración Pública. Estuvimos dos años en esas condiciones, a la espera de que se regularizara nuestra situación por lo que, cuando se da la posibilidad de que nos ubiquen en el escalafón que nos corresponde -porque tenemos un nivel terciario de formación tecnológica- pedimos que se nos pase al B. De no ser así, pese a haber ingresado al mismo tiempo, ejercer la misma función y con la misma capacitación, unos estarían en el escalafón que les corresponde y otros en uno especializado. Esto genera injusticia salarial y diferencias en cuanto a la función, pese a estar disponibles los recursos para proceder a la regularización. Además, desde el Ministerio ya nos habían respondido afirmativamente en el entendido de que, si no se generaba gasto, se podía realizar, por lo que hicimos nuestra fundamentación en ese sentido.
El punto seis tiene que ver con un artículo que, si bien tiene un costo de $ 350.000 para 2011, solo lo pedimos para ese año porque, de aceptarse lo aprobado por la Cámara de Representantes, pasaríamos a la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, además, en 2011 prepararíamos la reestructura. Entonces, necesitaríamos esa partida solo para este año a los efectos de hacer cursos de calidad para el sector de la aeronáutica.
SEÑOR TEJERA.- Como explicaba la compañera, el Uruguay ha firmado convenios internacionales por los cuales se ha obligado a cumplir con determinados requerimientos técnicos en el caso puntual de la información que se brinda en los aeropuertos internacionales. Si no los cumpliera, el Uruguay perdería la capacidad de ofrecerlos. Esto quiere decir que los recursos se piden para lograr una mejora de gestión y de calidad del servicio, pero también para dar cumplimiento a las normas que ha firmado el Uruguay. De lo contrario, además de estar en falta con la norma firmada, el país sería pasible de perder, en el caso del Aeropuerto de Carrasco y de otros, el usufructo de las tasas de impuestos que se cobran a las aeronaves y a los servicios que operan allí. Algo similar ocurriría con Meteorología Marina y los puertos comerciales, porque el Uruguay ha invertido mucho dinero en los últimos años en la adecuación de sus infraestructuras, por ejemplo, en los puertos de Montevideo y Colonia, tema que los señores Senadores conocen mejor que nosotros. Esto permitiría realizar una buena gestión de calidad y no perder terreno que puede ser aprovechado ya sea por empresas particulares o incluso, en el caso de la Aeronáutica, por el Servicio Meteorológico de Argentina o Brasil, pudiéndose establecer que los actores regionales tengan la responsabilidad de actuar sobre estos aeropuertos. De esta forma el Uruguay se quedaría sin la posibilidad no solo de cumplir con los convenios internacionales sino de recaudar fondos en un porcentaje muy importante que se puede volcar dentro de la misma Dirección Nacional de Meteorología.
SEÑORA MATHISSON.- El siguiente punto se refiere a la regulación que, como el contenido lo explica, no implica costo. Por el punto 8) se pide una autorización explícita para que la Dirección Nacional de Meteorología pueda negociar los productos que prepara, así como se permite a otras instituciones negociar los suyos.
El punto 9) es el aditivo al artículo 201 del proyecto de ley del Presupuesto Nacional, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes. Proponemos que se agregue que en el período comprendido entre la aplicación de esta ley y el año 2012 -cuando la Dirección Nacional de Meteorología pase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- se constituya una Comisión integrada por delegados de dicho Ministerio, de la Dirección Nacional de Meteorología, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de los trabajadores organizados, para definir en esta reestructura el destino de la Dirección Nacional, a los efectos de tener la seguridad de no quedar excluidos.
Por otro lado, estamos de acuerdo con el artículo 201. Se nos ha planteado que no hay un detalle sobre el destino de los trabajadores ni sobre cómo se iba a manejar este tema porque hay distintas situaciones: tenemos equiparados personal civil y personal K. En cuanto a esto, cuando se presentó la propuesta general de COFE también se planteó un artículo referido a la salida de la Dirección Nacional de Meteorología, en el que sí está detallado qué se hace con cada tipo de personal. El personal civil somos todos los que ingresamos como contratados a término a partir de mayo de 2008, una parte -la primer tanda, que somos 49 funcionarios- pasamos a contrato de función pública -como lo expliqué hoy cuando consideramos el artículo 12 de la Rendición de Cuentas de 2008- y quedarían 23 funcionarios que ingresaron después, en el año 2009, y que están contratados a término. Lo que se resuelva en torno al destino de todos los contratos precarios del Estado se va a aplicar a estos trabajadores que están en la Dirección Nacional de Meteorología.
SEÑOR MICHELINI.- Se me ha trasmitido que como la última propuesta que estamos considerando, tal como salió redactada de la Cámara de Representantes, podía tener algunos problemas, los funcionarios del Servicio Nacional de Meteorología querían agregar una frase. Si eso es así, este es el momento para plantearlo.
SEÑORA MATHISSON.- Justamente, me iba a referir a ese punto. La propuesta general que presentamos a COFE está preparada desde febrero de 2009, pues en una primera instancia se había planteado su inclusión en un proyecto de ley anterior; finalmente, se presenta en este Presupuesto. Estamos totalmente de acuerdo en cómo se presentó aunque, de todos modos, seguramente se haga un desglose en cuanto a los destinos del personal. Recuerdo a los señores Senadores que en sus carpetas tienen la propuesta de COFE, a fin de cotejar estos datos.
El personal civil pasaría al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sin inconvenientes; estaríamos hablando de 35 funcionarios civiles, 49 con contrato de función pública y 23 que ingresaron posteriormente y figurarían como contratados a término. Por otro lado, los que están equiparados a grados militares tendrían la posibilidad de pasar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o quedarse en el Ministerio de Defensa Nacional. En el caso de que elijan pasar al otro Ministerio -lo cual podría generar un costo- se plantea el riesgo de perder cargos que son de la Dirección Nacional de Meteorología. Cabe aclarar que, en realidad, pueden pasar en comisión. Algunas de las personas que quedaron equiparadas y que no optaron por pasar al área civil, argumentaron que económicamente les convenía más, pero la mayoría de ellas lo hicieron porque se están por retirar -de hecho, muchas ya se retiraron el año pasado y otras lo harán este año- y la Caja Militar les da un porcentaje mayor, teniendo que esperar uno o dos años. Entonces, en el período que deben esperar para retirarse, estarían en comisión sin ningún tipo de problema.
El personal del Escalafón K está compuesto por 12 funcionarios: 5 de ellos optaron por pasar a civil y los 7 restantes fueron reincorporados; estos últimos podrían pasar, sin ningún inconveniente, al Ministerio de Defensa Nacional, si quieren mantener su reincorporación. Advierto que no se trata de técnicos meteorólogos; en realidad hay un solo técnico meteorólogo, que es reincorporado. Dada la cantidad de años transcurridos en los que no hubo ingreso de técnicos, el personal de Meteorología fue suplido con excedentarios de todo el Estado. Cuando se habla de que en la Dirección Nacional de Meteorología hay técnicos meteorólogos, debe saberse que, en realidad, no es así. Simplemente, los funcionarios han hecho un curso de habilitación de un mes y medio y luego han sido puestos en las estaciones meteorológicas como observadores meteorológicos. Pero, repito, ese personal está compuesto por gente que vino de todo el Estado, por ejemplo, de AFE, de ILPE, de Subsistencias e, incluso, cuando fue necesario hasta se llevó a tres soldados de un destacamento, a quienes se les dio una orientación de habilitación, pero no la capacidad necesaria.
Obviamente, en este momento esa es la forma como funcionamos. Aspiramos a que la Dirección Nacional de Meteorología sea reestructurada técnicamente y estas cosas se puedan suplir de otra manera.
En cuanto a lo que planteaba el Senador Michelini, el texto expresaría que a partir de la vigente ley se transfieren en pleno derecho al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente todos los bienes, créditos, recursos, derechos y obligaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Meteorología y que los Registros procederán a la registración de los bienes que correspondan, con la sola presentación del testimonio notarial de la resolución a dictarse. Se trata de un ordenamiento principalmente jurídico, por las propiedades que tiene la Dirección de Meteorología. En realidad, es simplemente una salvaguardia. Pero aclaro que estamos de acuerdo con lo presentado y sancionado. El personal que está en condiciones, equiparado, puede pasar en comisión o quedar en el Ministerio de Defensa Nacional sin provocar perjuicio alguno a la Dirección Nacional de Meteorología, ni a los funcionarios.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Por un lado, quería decir que tenemos un modificativo del artículo 201 que compararemos con el material que se nos ha dejado, a la hora de estudiar esta disposición.
Por otra parte, no logro entender la propuesta número 7). Allí se dice que la autoridad meteorológica aeronáutica nacional es la Dirección Nacional de Meteorología, lo cual está claro; ahora bien, en la segunda parte se expresa que se exceptúa a la Dirección Nacional de Meteorología de la responsabilidad del suministro únicamente para los servicios meteorológicos destinados a la navegación aérea militar en el ámbito nacional, los cuales podrán proveerse exclusivamente para su uso interno por unidades de trabajo pertenecientes a las Fuerzas Armadas, las cuales colaborarán estrecha y recíprocamente con la autoridad meteorológica aeronáutica nacional. Mi pregunta es bien concreta: ¿esto significa que queda un servicio de la Dirección Nacional de Meteorología en las Fuerzas Armadas? No logro entender la lógica de la propuesta.
SEÑORA MATHISSON.- En el Ministerio de Defensa Nacional hay dos servicios meteorológicos, el SOHMA -Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada- que es de la Marina, y el de la Fuerza Aérea. Ellos cumplen estrictamente sus requerimientos militares, mientras que nuestro servicio cumple funciones de tipo civil, como las del aeropuerto; por eso decimos “exceptuando”, lo que no significa que no reciban nuestro apoyo si lo necesitan. Pero actualmente ellos trabajan en forma totalmente independiente de nosotros; cuando la Dirección Nacional de Meteorología fue trasladada a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, ese traslado comprendió todos los servicios, incluido el aeronáutico.
SEÑOR TEJERA.- Quería agregar algo, para que el panorama quede más claro.
Las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea y la Marina, tienen su propio servicio meteorológico -como podría tratarse de un servicio de cantina o cualquier otro- destinado exclusivamente a apoyar las operaciones que realizan. Esto significa que cuando hay una contingencia en la que un avión de la Fuerza Aérea necesita hacer algún traslado, cuentan con ese servicio para apoyar la maniobra. Lo mismo sucede con la Armada. En este momento, pues, no estamos trabajando en forma coordinada, sino que ellos elaboran sus propios productos, que son específicos para esas tareas. Esto no significa que la Dirección Nacional de Meteorología no se los pueda proveer; es más, nuestra Dirección puede brindar cualquier producto que necesiten, tanto la Fuerza Aérea como la Marina, pero ellos prefieren usar su propio servicio para sus tareas específicas.
SEÑOR HEBER.- Confieso que recién en este momento me estoy enterando del sistema de trabajo. Pensaba que se trabajaba en conjunto, pero ahora advierto que están duplicados. O sea que, al trasladar la Dirección Nacional de Meteorología al Ministerio, no duplicamos el servicio porque, de hecho, ya existe una situación de división interna. Quizás debamos hablar con las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional sobre cuál es el sentido que tiene esto porque, como ha dicho el funcionario de Meteorología, frente a cualquier requerimiento que haya en la Fuerza Aérea, ustedes pueden dar el servicio. Entonces, tal vez deberíamos pensar en por qué razón tenemos dos servicios.
SEÑORA PRESIDENTA.- La delegación de funcionarios que representa a la Dirección Nacional de Meteorología recién explicaba que los servicios a requerimiento militar, además de tener sus jerarquías -que es importante para ellos- poseen especificidades que no necesariamente provienen del Servicio Nacional de Meteorología. En realidad, ellos están capacitados, pero se trata de requerimientos con un sistema jerárquico absolutamente diferente. Este tema es un punto a discutir.
SEÑORA MATHISSON.- Las finalidades son diferentes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Claro. En realidad, cuando utilicé el término “requerimientos” me refería a eso.
SEÑORA MATHISSON.- No tenemos nada que ver con la meteorología militar; se trata de funciones civiles que tienen una orientación y una finalidad diferente, esto es, hacia la producción, la seguridad de la sociedad, el transporte aéreo y marítimo y la agrometeorología.
SEÑOR PASQUET.- Simplemente quiero señalar que tomamos nota del rigor, la prolijidad y la consistencia que muestran las distintas propuestas realizadas por los trabajadores de la Dirección Nacional de Meteorología. Realmente, me llama la atención el hecho de que, incluso, llegaron a prever que la transferencia de la propiedad de los inmuebles de un Ministerio a otro conste en los registros públicos. Realmente, no es común que lleguen a este ámbito propuestas con ese grado de elaboración.
SEÑORA MATHISSON.- Muchas gracias, señor Senador. Desde que ingresamos a la Dirección Nacional de Meteorología, el 1º de mayo de 2008, hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver, tanto con la parte técnica -que nos interesa mucho, al punto de que una vez que terminemos con esto nos abocaremos a la Escuela de Meteorología del Uruguay- como con la de gestión, en la que tuvimos que ingresar, aun sin quererlo. Por ello, en uno de los artículos proponemos trabajar en la transición y, por supuesto, en defensa de nuestros derechos, pues dentro de la Dirección Nacional de Meteorología hay un grado de desorganización muy grande. Hemos venido trabajando en forma permanente y todavía tenemos mucho más trabajo preparado para exponer, pero este es el que pudimos presentar en esta Ley de Presupuesto.
Agradecemos a todos los señores Senadores por habernos recibido.
(Se retira de Sala la delegación de trabajadores de la Dirección Nacional de Meteorología.)
(Ingresa a Sala una delegación de la Asociación Nacional para el Niño Lisiado.)
SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Asociación Nacional para el Niño Lisiado, quienes van a realizar su presentación.
SEÑORA FEILECO.- Buenos días. Soy la contadora Martha Feileco, Tesorera del Consejo Directivo Honorario de la Asociación Nacional para el Niño Lisiado. Nos encontramos aquí para hablar de nuestra Escuela “Franklin Delano Roosevelt”, que atiende a niños discapacitados motrices.
Esta escuela fue creada en 1941 por la señora Marisa Lusiardo -quien realizó importantes cursos en Estados Unidos- a pedido de los padres de los niños que ella misma atendía. En un principio contó, fundamentalmente, con el apoyo de los padres que, en aquella época, tenían una posición económica bastante aceptable, por lo que la Escuela se pudo sostener durante mucho tiempo. Luego se constituyó la Asociación Nacional para el Niño Lisiado, cuyos socios son los que, en parte, la sostienen. Sin embargo, hemos tenido que recurrir a otro tipo de ingresos, no solo porque el nivel económico de los niños fue bajando, sino también porque fue creciendo el número de pequeños que atendemos; actualmente son alrededor de cien, cifra que oscila permanentemente por ausencias debido a enfermedades.
Creo importante destacar lo que brinda la Asociación. Los niños vienen a la Escuela desde las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde y allí reciben rehabilitación, educación, alimentación y traslado. Es muy importante resaltar que la Escuela brinda no solo rehabilitación, sino también educación, por lo que los niños tienen todo su día ocupado en distintas actividades, sobre las que luego se extenderá el doctor Mautone.
Nuestros servicios técnicos abarcan una enorme cantidad de profesionales, tales como asistentes sociales, fisioterapeutas, médicos, especialistas y neurólogos, entre otros, además de un importante grupo de maestras especializadas. En ese sentido, podemos decir que la escuela es una especie de escuela de profesionales.
El año que viene invitaremos a los Legisladores a celebrar los 70 años de la Escuela, la primera en este país para la atención de estos niños. Al comienzo venían pequeños de todas partes; incluso, llegamos a conocer niños de Venezuela y de Haití porque, como en Sudamérica no había una escuela de esas características, los padres traían aquí a sus hijos. Obviamente, se trataba de gente con posibilidades financieras pues, de lo contrario, no hubieran podido venir a vivir al Uruguay. Francamente, no podría decir si la nuestra fue la primera escuela de este tipo en Sudamérica pero sí que fue una de las primeras.
Hemos brindado educación a toda la gente que nos rodea y, por tanto, tenemos experiencia en seminarios y congresos a los que asisten los mejores profesionales que, por lo general, están vinculados a la institución. De cualquier manera, lo más destacado que había en este país se acercaba a la Escuela “Franklin Delano Roosevelt”, que tiene un historial que la hace muy importante por la tarea que lleva adelante con los niños.
Si bien la actividad normal se desarrolla hasta la edad escolar, nuestra institución cuenta con talleres, con un vivero que fue donado por la Embajada de Alemania y con un salón de psicomotricidad, pese a que, en este momento, tuvimos que prescindir del psicomotricista, por razones económicas. Realmente, vale la pena ver el equipamiento existente, con elementos lúdicos que fueron donados a nuestra Escuela por la Embajada de Canadá, lo cual siempre agradecemos mucho. A través de las donaciones realizadas por la Embajada de Japón, reciclamos toda una zona en la que construimos preciosas aulas con vista al jardín y con un hermoso vidriado que apasiona a todos los que llegan al lugar. Además, la Escuela tiene una piscina de hidroterapia techada pero, en este momento, no está en funcionamiento.
Hace tres o cuatro años, su primera fundadora, la señora Marisa Lusiardo, comenzó a averiguar sobre el estado de la Escuela; había quedado viuda y tenía disponibilidad económica, por lo que nos empezó a enviar importantes sumas de dinero. Luego, el techado de la Escuela, fue ganado en el programa de televisión “Desafío al corazón”.
Como ocurre en cada instancia presupuestal, hoy nos presentamos en este ámbito para plantear nuestras aspiraciones que no siempre el Estado puede satisfacer. Venimos a pedir un poquito más de lo asignado en el proyecto de ley, que nos resulta muy exiguo como para seguir adelante con nuestra labor. No nos puede faltar dinero porque eso nos estaría quitando personal técnico y terapeutas. Ellos pueden ser sustituidos, cambiados, pero ¿qué pasa con los niños que no reciben la debida atención?
SEÑOR MAUTONE.- En el año 1921, Franklin Delano Roosevelt contrajo una poliomielitis que le dejó como secuela una paraplejia.
En 1938, viendo la difícil situación de reinserción en el mundo laboral, creó una sociedad con dos pilares: la pedagogía y la recuperación médica. A ese instituto asistieron distintos alumnos latinoamericanos, entre ellos, Marisa Lusiardo que, al volver a nuestro país, en el año 1941, creó la Escuela con estas características.
La rehabilitación en todo el mundo tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tuvieron que reinsertar los veteranos de guerra, mientras que en nuestro país, este servicio se había iniciado en 1941.
Otro de los pilares de la rehabilitación son las ideas de William Beveridge que en 1942 creó los cinco pilares de la seguridad social, que luego dieron origen en nuestro país a Asignaciones Familiares, al Consejo de Salarios y a una cantidad de otros beneficios. De todos modos, antes de todas esas ideas, en Uruguay ya se estaba trabajando. En un principio se trataba a niños con parálisis infantil, es decir con poliomielitis, enfermedad que se caracteriza por atacar el asta anterior de la médula espinal, a las neuronas que se encuentran allí. Esto provoca una lesión exclusivamente motora que puede ser una paraplejia o cuadriplejia, pero deja indemne al cerebro. Por lo tanto, se trata de una rehabilitación psicomotriz, es decir que mentalmente se puede rehabilitar fácilmente. Con el correr del tiempo, cuando apareció la vacuna contra la poliomielitis, esa afección desapareció de nuestro país.
Actualmente, nuestros alumnos provienen de otro grupo de afecciones; el 85% de ellos tienen parálisis cerebral. Esta afección es provocada por la anoxia en el período fetal o durante el parto que, a su vez, provoca lesiones tanto motrices como a nivel del cerebro dejando secuelas mentales. Por esta razón, es más difícil tratar de rehabilitar a los chicos para lo cual la Escuela cuenta con un grupo de maestras especializadas y de especialistas en distintas ramas que tratan de reeducarlos lo máximo posible.
Es de destacar que los niños de nuestra Escuela provienen de zonas carenciadas como los barrios Cerro, Casabó, Santa Catalina, Barrio Marconi, Bella Italia, Sauce, Las Piedras y Ciudad Vieja. Contamos con cuatro camionetas que los van a buscar a sus casas. Es importante resaltar que la discapacidad se debe evaluar de dos maneras, porque existe también lo que se denomina “capacidad de ganancia”. Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt con su discapacidad física -que era de un 75%- de acuerdo a su medio social, tenía una capacidad de ganancia casi intacta. Con esto quiero demostrar, que los niños de la Escuela Roosevelt requieren una atención mayor porque su capacidad de ganancia está sensiblemente disminuida por el medio ambiente en el que se encuentran. De ahí, la gran importancia de la labor que realiza nuestra Escuela.
La rehabilitación es un proceso básicamente humano y lo que nos hace humanos es tener disposición hacia el discapacitado. El único ser biológico que tiene esa aptitud es el hombre y es el único que puede mirar hacia delante. A veces, nosotros tenemos que mirar hacia atrás para ver cómo pagamos con el presupuesto del mes los gastos del mes anterior. Esto nos evita proyectarnos hacia delante.
Si la señora Presidenta me lo permite, le daría la palabra al señor administrador de la Escuela Roosevelt para que nos explique los aspectos financieros.
SEÑOR GARCÍA.- Muy buenos días.
Los señores Senadores habrán visto que hemos distribuido un informe que consta de dos partes: una introductoria, donde está todo el conocimiento y la historia de la Escuela -en la que abundaron en detalles los dos representantes aquí presentes- y una fotográfica, donde se muestran las distintas alternativas y las áreas que cubre.
Hoy estamos aquí, exclusivamente, por un tema económico más allá de todos los otros temas que nos unen, porque la Escuela está frente a un problema grave de desfinanciamiento. Hemos acudido a la Cámara de Representantes y ahora lo hacemos ante ustedes porque creemos que la peor tarea que se puede hacer, es no hacer nada.
Si nuestra Escuela no atendiera a estos niños, se quedarían en sus casas como plantas, porque nadie los traería ya que los padres no tienen capacidad económica como para trasladarlos ni para pagar el boleto. Inclusive, damos dinero a las madres para que puedan trasladarse cuando necesitan traer a sus hijos para realizar alguna otra actividad.
La Asociación tiene un enorme fin social, pues no solo atendemos a los chicos que a ella concurren por medio de asistentes sociales, sino que también les enviamos canastas de alimentos que nos donan empresas y que no consumimos en la escuela. Actuamos de igual forma con otras instituciones como por ejemplo la Escuela Nº 200, ubicada cerca de la nuestra; allí enviamos todos los excedentes de donaciones de comestibles o vestimentas. La Escuela está integrada al Prado y a toda la sociedad desde todo punto de vista.
Nos preocupa -y mucho- no poder equilibrar el presupuesto, que es deficitario -como siempre lo ha sido- pero que en los últimos dos años, a raíz de un crecimiento o una recuperación salarial generada a partir de un convenio de salarios, ha representado un 77% del gasto, tal como los señores Senadores pueden apreciar en las gráficas que les hemos entregado. Cuando uno no tiene suficientes recursos ni posibilidades de crecimiento en lo económico, tiene que apuntar hacia la reducción de los gastos. Al reducir gastos de un 25% que no corresponden a salarios, son pocos los resultados que podemos obtener. Esto significa que si la escuela no consigue el financiamiento suficiente, va a tener que reducir los salarios, tal como decía recientemente la señora contadora Feileco. Quiere decir que no podemos tener más profesionales, brindar mejores servicios, ni dar a los niños lo que estos merecen o necesitan.
La labor de la Escuela comienza con la atención de los niños de dos años o más. La estimulación temprana en estos chicos es imprescindible y lo que no se logra en los primeros dos, tres o cuatro años de vida es muy difícil recuperarlo luego; me refiero a que es necesario sacar y mostrar esa capacidad excedente que está oculta para que el propio niño se dé cuenta de sus capacidades. Eso se logra por aprendizaje y por el esfuerzo de los técnicos que están a su alrededor.
Los números que los señores Senadores pueden apreciar en el material que les hemos entregado es suficientemente claro como para que se den cuenta de que la situación de la Escuela es deficitaria. Lo peor de todo es que, por dos razones, ha agotado aquello que le ha sido entregado por concepto de legados y demás. Por un lado, la disminución del valor del dólar ha generado ingresos menores en pesos y hemos tenido que disponer de más dólares para cubrir la misma cantidad de pesos. Por otro, han crecido los gastos. Por todo esto, nos estamos desfinanciando y nos vamos a quedar sin ingresos.
Queremos tener un presupuesto equilibrado. Hemos golpeado todas las puertas del Estado: del Banco de Previsión Social y del INAU, entre otras. Inclusive, hemos solicitado una ampliación del cupo y el INAU nos ha dado una partida especial para sobrevivir en 2010, pero lo que no logremos obtener para el año que viene nos generará serias dificultades. Tenemos cifradas esperanzas en que, por medio de la incorporación de la Asociación al mismo régimen que hoy tienen otras instituciones como las Fundaciones Teletón o Peluffo Giguens, se puedan obtener resultados. Pero ese “puedan” significa esperar que realmente ello ocurra y se logre ver. Es una demostración de esperanza; no es algo probado y, como sabemos, con las esperanzas no se pagan los sueldos.
Por esto estamos aquí presentes. Conociendo la cifra que se nos ha asignado y reconociendo que el esfuerzo es grande y que además somos de los privilegiados a quienes nos han dado $ 300.000, de todas formas, sabemos que se trata de un número muy insuficiente para alcanzar el petitorio que les hicimos.
La Escuela ha trastabillado muchísimas veces y se ha levantado; la solidaridad del pueblo uruguayo siempre nos ha dado una mano, ya que todas las puertas que hemos golpeado nos han sido abiertas y nos han ayudado. Nuestras puertas están abiertas para que todos conozcan la obra que estamos llevando adelante.
Venimos a pedirles un último esfuerzo y a plantearles este petitorio, porque lo que nos puedan dar en más podrá ser un grano de arena, pero para nosotros va a significar una buena inversión. Como está en sus manos distribuir el Presupuesto, confiamos en su solidaridad.
Desde ya les agradecemos todo lo que puedan hacer por nosotros.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de nuestros visitantes y les adelantamos que vamos a tomar en cuenta todo este material a la hora de la discusión de los artículos concretos y, en particular, de la planilla de subsidios y subvenciones.
(Se retiran de Sala los representantes de la
Asociación Nacional para el Niño Lisiado, Escuela “Franklin Delano Roosevelt”.)
(Ingresan a Sala representantes de la Asociación de
Trabajadores de Televisión Nacional.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional, quienes harán su exposición, para la que disponen de 15 minutos.
Con mucho gusto les cedemos la palabra.
SEÑOR BENTOS.- Agradecemos a la Comisión el habernos recibido.
Mi nombre es Javier Bentos y soy Presidente de la Federación de Trabajadores de Televisión Nacional.
En la carpeta que les hicimos llegar están incluidas cuatro propuestas de modificación al proyecto de Presupuesto. A modo de síntesis, señalo que en su primera parte encontrarán el fundamento general de todas ellas.
En principio concordamos, por lo menos en términos generales, con tres de las propuestas que hizo COFE para la Administración Central, que tienen que ver con las modificaciones de los artículos 4 y 37 y la eliminación del artículo 60.
Con respecto al Canal específicamente, a Televisión Nacional, en la tercera página encontrarán el ordenamiento de las tres modificaciones que solicitamos. La primera de ellas tiene que ver con el artículo 62, tal como fue aprobado en la Cámara de Representantes. Señalamos que COFE ya solicitó que ese artículo sea modificado para que las Unidades Ejecutoras y los distintos Incisos de la Administración Central no pierdan, después del 1º de enero, las vacantes de Directores de División y Jefes de Departamento.
En el caso de Canal 5, Televisión Nacional de Uruguay, hay un decreto aprobado en 2008 y modificado dos veces en 2009 -el último es la versión del Decreto Nº 293, del 22 de junio de ese año- que establece una reestructuración organizacional y de funciones que implica el llenado de vacantes existentes hasta el momento -que son unas cuantas- incluidas las de Directores de División y Jefes de Departamento de sectores que son sustantivos en el Canal. Cabe destacar que los cargos de Directores de División y Jefes de Departamento que tenemos vacantes son, justamente, los que se dedican al área de televisión. Están ocupados los cargos de Directores de División y Jefes de Departamento de Administración y de tareas logísticas, pero no los que refieren a tareas sustantivas, que están ocupadas internamente. Para nosotros es imprescindible resolver este tema y para eso estamos llevando adelante dos tareas. Por un lado, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en acuerdo con el Ministerio y el Canal, estamos intentando excepcionar al Canal por medio de un decreto que permita concursar antes de fin de año. Por otro -ya que este mecanismo no da garantías de que esto vaya a dar frutos- estamos solicitando al Parlamento que incluya, al final de artículo 62, una cláusula que diga “Exceptúase de lo dispuesto en los incisos anteriores, atendiendo a las vacantes de Directores de División y Jefes de Departamento al personal técnico de Televisión Nacional del Uruguay, Unidad Ejecutora 024, Inciso 11”. Esto es fundamentalmente referido a que este decreto que fuera aprobado en 2008 y luego modificado en 2009, atendía un acuerdo en el que participaron el Ministerio de Educación y Cultura, la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, COFE y la Asociación de Trabadores de Televisión Nacional.
Por otro lado, estamos solicitando la creación de 23 cargos en el área de servicios. Si los señores Senadores analizan estos cargos, podrán ver que solo dos no tienen grado de ingreso ya que son F8 y E6. Los demás son todos Grado IV y de servicio. En este momento, solicitamos la creación de cargos para poder contar con un Intendente, cinco Choferes, cinco Porteros, cinco Telefonistas, cuatro Serenos, un Electricista, un Oficial Carpintero, un Oficial Electricista, un Oficial Sanitario y un Oficial Pintor. En la actualidad, estas tareas son llevadas a cabo por servicios privados, en algunos casos por medio de licitaciones con empresas que nos proveen personal tercerizado. Sin embargo, en el caso de electricidad, carpintería, sanitaria y pintores, contratamos los servicios a medida que se necesitan pero, luego de la evaluación del costo que implica y de las situaciones que se van presentando en el quinquenio, llegamos a la conclusión que al Canal le resulta más caro este tipo de servicios que sostener la contratación constante de estos funcionarios en estos escalafones. Este artículo que estamos presentando es el único que tendría un costo para el Ministerio de Economía y Finanzas pero, en realidad, sería menor que la erogación que hoy realiza para cumplir con estos servicios.
En el tercer artículo, que es un aditivo, estamos planteando una disposición para fundamentar y financiar la posibilidad de un convenio entre la Asociación de Trabajadores y Televisión Nacional. En el proyecto de Presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Representantes, ya existen dos artículos, el 491 y el 527 relativos a este tema. El artículo 491 establece una partida especial para el Ministerio de Educación y Cultura para dar cumplimiento a un convenio que tiene como objetivo la adecuación de la estructura de las remuneraciones de los funcionarios del Inciso. A pesar de que el convenio estaba firmado en el entendido de que el Ministerio iba a contar con determinada cantidad de dinero que iba a proporcionar el Ministerio de Economía y Finanzas, finalmente esta última Cartera no pudo aportar todo el caudal de fondos como para cubrirlo y, por tanto, este se podría cumplir pero en forma incompleta. A su vez, los plazos establecidos implicarían que los funcionarios de las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio llegarían al cumplimiento del convenio luego de 2014. Nosotros estamos planteando que a través del artículo 527, que fuera aprobado en la Cámara de Representantes, se le devuelva al Canal una partida de dinero que surge de la venta de publicidad a privados -o el monto equivalente a lo que se recaudó en el 2009- para utilizarla en dos períodos, es decir, en 2011 y 2012. Estamos hablando de una partida fija que permitiría la implementación de un convenio en el Canal que complementaría el ya existente con el Ministerio de Educación y Cultura. Esto permitiría a los funcionarios del Canal llegar al objetivo del convenio a partir de 2011 y no de 2014, es decir, adelantarlo tres años. Así, sin utilizar recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, se podría dar cumplimiento al convenio a partir de la aprobación del Presupuesto. El costo de esta partida es de $ 1:800.000 por año, durante los períodos 2011 y 2012. Esta cifra surge del cálculo de lo que se recaudó por venta de publicidad a privados en el período 2009.
Estimamos que en 2010 y 2011 la recaudación va a ser mayor, pero como esa cifra alcanza para dar cumplimiento al convenio, le hemos puesto ese límite.
La cuarta de las modificaciones que sugerimos refleja nuestro acuerdo con el planteo de COFE porque, al igual que la mayoría de los organismos de la Administración Central, tenemos funcionarios contratados en forma precaria. En el caso del Canal, la mayoría son caché; actualmente no tenemos becarios y pasantes porque los becarios que teníamos habían sido contratados por el sistema caché, provisoriamente, pero en breve serán contratados en forma temporal. Debemos resolver la posibilidad de que estos compañeros que vienen desarrollando tareas con carácter permanente desde hace años -los más nuevos es probable que hayan ingresado en 2007, luego de la adecuación de funcionarios realizada en 2005- se puedan presentar a concurso para cubrir vacantes en los últimos grados, debido a la reestructura que liberó esos cargos.
Debemos asegurar que en caso de no cumplir con ese criterio de ingreso a través de la cobertura de vacantes, por lo menos, el Estado genere alguna oportunidad para discutir cuáles serán los funcionarios a los que se asignará tareas de carácter permanente y cuáles no. Con esto no estamos diciendo que todos los funcionarios estén en la misma situación porque la finalidad de la utilización en el Canal de estos contratos es variada; se trata de personas que fueron contratadas para realizar tareas periodísticas o de producción, aunque muchos se desempeñan como técnicos. Lo que pedimos es que a través de la modificación del artículo 37, que es la misma que plantea COFE, exista la posibilidad de que sin importar el tipo contractual de estos trabajadores que hayan ingresado a Televisión Nacional en el marco de la ley establecida en el artículo, podamos generar una paritaria donde discutir cuáles de ellos son de interés para el servicio y priorizar el hecho de que puedan concursar lo antes posible para ingresar al organismo.
En términos generales, este es el planteo que formula la Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional. Queremos dejar claro que de todos los artículos que presentamos hay uno solo que tiene costo: el de la creación de los cargos de servicio. De los restantes, uno se solventaría con los fondos genuinos del Canal y los otros dos no son de carácter administrativo.
Fundamentalmente, nos interesa promover estas modificaciones en el entendido de que ya existe un proyecto de reestructura que es al que hacemos mención en la presentación y al que no hemos podido dar cumplimiento por diversas razones. A pesar de haberse aprobado en 2008, tuvo dos modificaciones en 2009. Si bien surgieron del acuerdo que se había hecho para la estructuración de las funciones, la primera vez el decreto se aprobó mal; se aprobó el segundo y volvió a salir equivocado. Recién en la tercera oportunidad pudimos contar con un esquema de funciones que se adecuara a la estructura real del Canal. Hasta ahora ha sido muy complicado y de acuerdo al Presupuesto, tal como salió aprobado en la Cámara de Diputados y si se mantuviera de esa forma, al 1° de enero de 2011, perderíamos la posibilidad de dar cumplimiento a este decreto que fue producto de una negociación colectiva.
Es por estos motivos que solicitamos a los señores Senadores que estudien estas propuestas y que si tienen dudas nos las planteen.
SEÑOR TAJAM.- No ubico bien los artículos. El artículo 491 ahora es el 493, pero el artículo 527 establece que se devuelve a Televisión Nacional un monto equivalente al 30% de la publicidad vendida a privados.
SEÑOR BENTOS.- Ese artículo fue aprobado en la Cámara de Diputados con el número 527 y exonera al canal de aportar el 30% de lo recaudado por la venta de publicidad a privados.
SEÑOR TAJAM.- El artículo 527 en mi repartido figura como del Ministerio de Salud Pública.
SEÑOR BENTOS.- Dice lo siguiente: “Artículo 527.- Derógase el inciso final del artículo 127 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002”.
SEÑOR TAJAM.- Ahora sí lo encontré. Gracias.
SEÑOR BENTOS.- Lo que hace este artículo es exonerar al Canal de aportar el 30% de la publicidad vendida a privados por el SODRE.
Cuando se hizo la separación de la Unidad Ejecutora 024 SODRE, igual se le mantuvo un aporte del Canal a dicho organismo con el objetivo de que este contara con determinada cantidad de dinero, fundamentalmente para gastos de funcionamiento. La cifra no es tan notoria como para resolver problemas graves del SODRE, que ya contaba con parte de esa plata para funcionamiento. Entonces, lo que se hizo en forma provisoria -a pesar de autorizar la creación de la nueva unidad ejecutora- fue que se siguiera pagando, por lo menos un porcentaje de ese dinero, porque era necesaria para funcionamiento.
En el proyecto de presupuesto ya se solucionó -por lo menos en la Cámara de Representantes- ese problema de dinero; ahora el Canal cuenta con un dinero que antes no tenía.
Los cuatro artículos que estamos presentando son en acuerdo con la Dirección de Televisión Nacional y con el Ministerio de Educación y Cultura; no estamos trayendo ningún artículo que tenga una intencionalidad exclusiva del sindicato. Por supuesto que esto lo pueden confirmar.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos mucho su visita; ha quedado claro el planteamiento, el cual vamos a integrar como insumo a la discusión del articulado cuando corresponda.
(Se retiran de Sala los representantes de la
Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional.)
(Ingresa a Sala la delegación de la Red de Agroecología del Uruguay.)
-Buenos días. La Subcomisión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda les da la bienvenida a los representantes de la Red de Agroecología del Uruguay, quienes vienen a formular su planteamiento.
SEÑOR GALEANO.- Agradecemos que nos hayan recibido y, en realidad, nuestro planteamiento en muchos puntos excede a los cometidos de esta Comisión, pero es nuestro objetivo comenzar a plantear este tema en todo el espectro político, por lo que este nos parecía un buen ámbito para ello. ¿Qué es la Red de Agroecología? Es una articulación de organizaciones que vienen trabajando -muchas de ellas por más de veinte años- en la promoción de la agroecología y la agricultura orgánica. Existe un actor muy importante, que es la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, pero también hay organizaciones de consumidores y ONG que trabajan en temas medioambientales que han dedicado recursos a incentivar y desarrollar esta propuesta productiva.
La Red de Agroecología se organiza en una estructura descentralizada, de alcance nacional, que tiene regionales en el norte, sur, este y oeste del país y, básicamente, desarrolla actividades de promoción de la agricultura orgánica. Asimismo, ha generado un sistema participativo de garantía, que es una forma de certificación de productos orgánicos que abre el espectro de participación a todos los actores involucrados en la cadena productiva: productores, técnicos y consumidores.
A nivel mundial hay un impulso de la agricultura orgánica, sobre todo centrado en el área comercial y del comercio internacional. De esta forma, han comenzado a surgir reglamentaciones a la certificación por parte de los Estados. Muchos de ellos han trabajado políticamente este tema y han generado políticas nacionales pero otros, como el nuestro, responde según lo que dispone la demanda internacional.
Organizaciones de la Red de Agroecología tuvieron la oportunidad de participar en la redacción del único decreto que hay hasta la fecha sobre agricultura orgánica en el Uruguay, que figura en la carpeta que entregamos a los señores Senadores. Concretamente es un decreto del año 2008 y en sus considerandos dice que es de interés del Estado promover la producción orgánica, en cuanto contribuye a la conservación de los recursos naturales, biodiversidad, etcétera. En realidad, por este decreto se reglamenta la certificación. Consideramos que la certificación es una herramienta importante y necesaria y tiene la virtud de que dentro del decreto están considerados los sistemas participativos de garantía, además de las certificaciones de terceras partes, que son las más conocidas. Pero este instrumento, para la agricultura familiar, muchas veces es más un obstáculo que una ayuda, porque el productor familiar orgánico que quiera entrar en la producción debe pagar un costo que muchas veces no está a su alcance. Entonces, el pago de la certificación se transforma en una suerte de impuesto a la agricultura orgánica.
Nuestras propuestas justamente tienen que ver con la superación de estos obstáculos, para que el Uruguay tenga una política activa de promoción de la agricultura ecológica.
Si la señora Presidenta lo permite, la señora Malán se va a referir a este tema.
SEÑORA MALÁN.- Concretamente, la propuesta que traemos y que ya ha sido presentada en distintos ámbitos, es la siguiente. Proponemos que a cambio de los servicios ambientales que brindamos -tal como se decía anteriormente, los productores estamos trabajando de forma sana y cuidando el ambiente- se pueda crear un fondo o mecanismo similar que nos permita afrontar los costos exclusivos de la producción agroecológica y que se establece en el decreto como, por ejemplo, los costos de certificación. Para los pequeños productores su pago es complicado.
Asimismo, planteamos la necesidad de que se promuevan políticas públicas específicas que apunten al desarrollo de la agroecología; en el documento que entregamos mencionamos algunas. También planteamos la posibilidad de que se hagan compras institucionales en, por ejemplo, hospitales -como ya lo están haciendo en Bella Unión- o escuelas. Por ejemplo, en Brasil, el Estado se compromete a comprar productos orgánicos; entonces parte de las compras que cada institución hace es orgánica. Esto sería una gran ayuda para los productores orgánicos porque tendríamos una demanda fija de productos. También proponemos exoneraciones impositivas y apoyo técnico en producción y comercialización. A nivel gubernamental, en este momento, solo hay un técnico contratado por el INIA, especializado en producción agroecológica.
También planteamos la necesidad de capacitación e investigación con la participación de técnicos, productores y consumidores, así como la realización de campañas de difusión a la población general y, en particular, en la enseñanza formal.
Consideramos que es importante la protección de los predios certificados con respecto al uso de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados en terrenos vecinos, haciendo cumplir las reglamentaciones vigentes mediante el uso de carteles apropiados. Es una situación que nos afecta a casi todos, porque nuestros predios son pequeños y cuando se hacen fumigaciones en plantaciones linderas, pese a las disposiciones legales de que se deben respetar los siete kilómetros por hora para evitar las incidencias que pueden ocasionar los vientos, en la realidad no sucede así. Es muy difícil decir a un vecino que evite su uso porque queremos producir sano y cuidar el predio y la familia.
Una propuesta concreta consiste en la creación de una oficina especializada en el ámbito de la Dirección de Desarrollo Rural, como un programa que atienda particularmente la producción y el desarrollo de la agroecología, porque es fundamental tener el respaldo y el apoyo del Ministerio. Creemos que se puede producir agroecológicamente alimentos sanos para mucha gente, lo que disminuiría los costos que se le ocasionan al Ministerio de Salud Pública por la atención de enfermedades en la población pues, por ejemplo el cáncer está cada vez más asociado a la exposición de la gente a los productos químicos. Hay bibliografía más que suficiente para ilustrar esos casos.
En este programa, la agroecología sería el instrumento para dignificar el trabajo y los saberes de la agricultura familiar, siendo sus ejes transversales el cuidado de los recursos, la biodiversidad y la diversificación de rubros en los predios, la soberanía alimentaria con especial énfasis en el rescate y revalorización de las semillas locales y criollas. Quienes hace un tiempo estamos en este tema, sabemos que la agroecología da una especial importancia al productor, porque lo revaloriza en cuanto a la adquisición de conocimientos, aspecto que es muy significativo para nosotros. Muchas veces vamos a trabajar con productores y nos dicen: “Eso es hecho solamente por los técnicos”, pero suele ocurrir que ellos saben mucho más que los propios técnicos. Entonces, para nosotros es muy importante tener al productor como base de este sistema y darle el lugar que ocupa por sus saberes.
Planteamos algunas ideas en cuanto a la financiación del proyecto, pero ese es un punto muy amplio que escapa a nosotros.
SEÑOR GALEANO.- En resumen, proponemos concretamente que se cree un fondo para auxiliar a los productores en los altos costos de certificación -en cumplimiento de cierta normativa que todavía no está muy desarrollada en el país- que está previsto en el decreto correspondiente. La idea de crear un sistema participativo de garantía, surgió porque se previó que esto podía ocurrir. Una certificadora comercial de tercera parte cobra actualmente US$ 1.000 o US$ 1.500 anuales como mínimo. Si bien para un emprendimiento comercial importante es un costo perfectamente asumible, para un productor familiar es mucho dinero. De hecho, para atender los requerimientos de la nueva reglamentación, nuestro sistema tiene que cumplir características mínimas que den garantías a todos y muchas veces implica un costo oneroso para el productor. Consideramos injusto que ello no venga acompañado de programas de promoción y de estímulo, porque se está trancando esa posibilidad.
Por último, y en general, demandamos que a nivel del Estado uruguayo se genere una política de desarrollo de la agroecología. Más allá de pensar que puede ser una solución a todos los problemas y que otros consideren que solo se trata de otra alternativa, de hecho no la hay. Hasta el presente, el desarrollo se evidenció a fines de los ochenta y principio de los noventa, porque con el proceso de la Cumbre de Río 1992 las ONG tuvieron muchos recursos para trabajar en estos temas. Luego, la GTZ-Agencia de Cooperación Técnica Alemana- celebró un convenio con el PREDEG, le hizo una propuesta concreta y comenzó a trabajar en ese tema. Últimamente, a través del Programa “Uruguay Rural”, algunos de los grupos vinculados a la Red de Agroecología del Uruguay han logrado tener un apoyo a través del PPR -Programa de Producción Responsable- con el que la Asociación de Productores Orgánicos firmó un convenio específico para trabajar. Pero cuando estos programas terminan, lo hacen como si fueran cosas puntuales que van pasando. Ahora hay un decreto que tiene determinadas exigencias, pero no hay continuidad de una política que sí la tienen otros Estados de la región. El Estado uruguayo deberá tener esa continuidad porque ya se creó una Comisión Interamericana para el Desarrollo de la Agricultura que tiene un capítulo sobre armonización de normas y de certificación, pero también para armonización de políticas de promoción de la agricultura orgánica. Este es un momento oportuno para empezar a crear herramientas en ese sentido.
SEÑOR HEBER.- Sinceramente no sé si vamos a tener tiempo de incluir en el Presupuesto Nacional algunos artículos para generar un fondo. No digo que sea imposible, pero tenemos cerca de mil artículos para estudiar por lo que introducir nuevos va a ser difícil. Quiero ser realista. Si bien el tema es importante, quizás en estos 45 días que tenemos para tratar el Presupuesto Nacional y para analizar el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, no tengamos tiempo de atender el reclamo. Creo que es un problema para hablarlo después de las urgencias del Presupuesto.
Considero que la agricultura orgánica es fundamental y pienso que tiene un futuro potencial para nuestro país, sobre todo, porque nos vendemos como “Uruguay Natural”. Pero ahora no tenemos tiempo como para sentarnos a generar el fondo, ni de hablar con el señor Ministro. Me parece que nadie va a estar en contra del tema, pero nos tenemos que juntar y ponernos de acuerdo, sobre todo, con ustedes mismos para ver cómo podemos generar una política permanente. Quizás podríamos estudiar la legislación comparada y ver si hay avances que hayan dado resultado en otros países; a veces copiar no es malo cuando se dan resultados positivos.
No descarto que podamos hablarlo aunque creo que tenemos muchas cosas como para poder incluir acá. Tendríamos que hablar con el señor Ministro que ya pasó por esta Comisión.
En resumen, si ustedes no ven en el Presupuesto Nacional una respuesta, les pido que eso no les genere desilusión, porque vamos a seguir trabajando en un tema que nos parece importante.
SEÑORA TOPOLANSKY.- He hablado con los miembros de la delegación en más de una oportunidad. En ese momento sugerí -y sigo pensando que es el mejor camino- tener en cuenta la Ley de la Granja, que aplica el IVA a la fruta y verdura importada.
Gracias a ella acabamos de saldar la deuda granjera y ahora se están implementando otros programas. Por lo tanto, me parece que el costo de la certificación debe salir de ahí. Si bien esto no es totalmente producción granjera, es una buena parte. Me parece que tenemos que negociar la propuesta con el señor Ministro y, quizás, hacer un plan más abarcativo de programas; creo que sería mucho más conveniente que incluirlo en la nueva ley de Presupuesto Nacional donde hay unas partidas pequeñas, porque son muchas las organizaciones que demandan. Adelanto esta idea para que los otros Senadores vayan pensando en ella.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les damos las gracias por la presentación y vamos a integrar sus planteos en la discusión de la sesión de la Comisión. Por las opiniones que acabo de escuchar, seguramente este tema da para continuar trabajando.
(Se retira de Sala la delegación de Red de Agroecología.)
(Ingresa a Sala la delegación de la Fiscalía de Corte y
Procuraduría General de la Nación.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en ocasión del tratamiento del Presupuesto quinquenal, recibe con mucho gusto a los representantes de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.
SEÑOR UBIRÍA.- Buenos días para todos.
Quiero agradecer la posibilidad que se nos brinda de acudir aquí para hablar un poco sobre el Presupuesto y las normas que la Fiscalía de Corte ha impulsado y ha enviado al Ministerio de Educación y Cultura.
Para comenzar quisiera decir que, tal como figura en el memorándum que hemos traído, y que seguramente ya está a disposición de los señores Senadores, el Ministerio Público y Fiscal, como ustedes saben, es una Unidad Ejecutora que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura y que, a nuestro juicio, no ha sido contemplado en relación a sus necesidades en las últimas leyes de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas. Esta realidad ha provocado un grave desajuste entre las necesidades materiales y funcionales y los recursos existentes, lo cual impacta en la calidad del servicio. La institución ha sido siempre un fiel espejo del Poder Judicial, con el que formamos parte del sistema de justicia. Por ello, si se crean juzgados a nivel judicial, estos deben trabajar con sedes fiscales correlativas, es decir, debe haber una paridad de sedes fiscales y judiciales para que el servicio no se vea resentido.
Actualmente, existe un desfase entre el número de juzgados y el de fiscalías. Se ha propuesto por esta Fiscalía de Corte, en el anteproyecto de ley enviado al Ministerio, la creación de cuatro Fiscalías Departamentales, en Artigas, Colonia, Fray Bentos y Atlántida, ya que resultan necesarias debido al número de juzgados existentes y el aumento de trabajo. A nivel departamental, únicamente se ha contemplado la creación de la Fiscalía de Atlántida, debiendo tener presente que la solicitud de las restantes data ya de varios años atrás; incluso fue formulada en las dos últimas Rendiciones de Cuentas. En los lugares señalados existe una única Fiscalía, y por tratarse de capitales departamentales se estima, a nuestro juicio, que para el servicio es necesaria la creación de un segundo Turno.
La Fiscalía de Corte elevó al Ministerio de Educación y Cultura la propuesta de la creación de dos Fiscalías Letradas Nacionales en lo Civil, especializadas en violencia doméstica. Esta necesidad responde a la creación, por parte del Poder Judicial, de dos sedes de la misma materia, procurando atender las altas demandas sociales requeridas para combatir la violencia doméstica.
En segundo lugar, me parece importante destacar que el Ministerio Público carece de un departamento informático y que no tiene un solo funcionario técnico en tiempos en los que se está instrumentando, en cumplimiento de la ley, el expediente judicial electrónico. Esta situación resulta sumamente preocupante dado que el Poder Judicial está totalmente informatizado y que el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de cumplir con el mandato legal, careciendo de la correspondiente infraestructura y de cargos técnicos para ello.
En el anteproyecto que fuera enviado al Ministerio de Educación y Cultura, se propuso la creación de un Departamento y de los siguientes cargos: un ingeniero en Informática, un Analista de Sistemas, un Técnico en hardware y tres funcionarios administrativos especializados en reparación y mantenimiento de equipos informáticos. Actualmente solo tenemos un funcionario que no tiene cargo técnico, pero que es idóneo en el tema informático, y en lo posible se encarga de la reparación y el mantenimiento de todos los equipos del país. Esto nos resulta muy preocupante porque estamos a pocos pasos de la implementación del expediente electrónico en el Poder Judicial. Hace un par de años comenzamos con el tema de la notificación electrónica y calculo que el expediente será una realidad el año que viene o el otro, pero nosotros ni siquiera tenemos un departamento informático. Por eso me pareció conveniente plantear esta preocupación.
También nos resulta notoria la falta de recursos humanos, sobre todo en el interior del país, ya que -como saben los señores Senadores- el servicio tiene competencia allí y en todas las materias. Los Fiscales Letrados Departamentales tienen competencias en materia civil, en materia penal, en menores infractores, en violencia doméstica y, en los lugares que corresponda, en materia aduanera.
Hoy contamos solamente con 45 funcionarios administrativos para cubrir todo el interior del país. Por ello, en el anteproyecto que fuera enviado al Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía de Corte hizo suya la inquietud de SIFFUR -gremio que nuclea a todos los funcionarios administrativos y de servicio del Ministerio Público y Fiscal- y solicitó 22 cargos de jerarquía y más de 60 funcionarios administrativos y de servicio -un número muy importante- según previsiones que fueran tomadas por el propio gremio. En ese sentido, nos consta que se ha contemplado en forma parcial esta solicitud y que en la Cámara de Representantes se aprobó la creación de 10 cargos de funcionarios administrativos. Esta compleja realidad funcional dificulta enormemente el desarrollo de las tareas asignadas a la institución. En el caso de aprobarse el nuevo Código del Proceso Penal estimo que no podría ser factible su implementación si no se contempla la creación de cargos administrativos y de servicio, tal como se solicita.
La causa de los problemas planteados ya la he mencionado y no quiero extenderme mucho en ello, pero pienso que el gran problema es la no asignación de recursos en el Presupuesto durante mucho tiempo. Ello provocó que tuviéramos que funcionar con los rubros existentes desde tiempo atrás. Si a esto se agrega el mayor costo de los insumos y la creación de nuevas sedes judiciales y de fiscalías especializadas en crimen organizado -que demandan mucho más recursos por la complejidad de las funciones que cumplen- la situación funcional se torna realmente insostenible. Pienso que debería existir una total simetría entre el Poder Judicial y el Ministerio Público y Fiscal. El fortalecimiento de ambas instituciones se debe dar por igual pues, de lo contrario, se podría comprometer realmente la función que cumplen los Fiscales y sus equipos técnicos, es decir, los Adjuntos, Secretarios Letrados de Fiscalías Nacionales y Departamentales, etcétera.
Seguramente, los señores Senadores están en conocimiento de ello, pero quiero destacar que en el interior del país los Fiscales subrogan infinidad de veces a colegas de otros departamentos cercanos; por tanto, deben trasladarse al Juzgado Penal donde se realiza la instrucción, pero lo hacen por su cuenta, pues no perciben viáticos por ese viaje de ida y vuelta, por alimentación ni por ningún otro concepto debido a que no existen rubros para cubrir esta necesidad. Obviamente, después continúan con el trabajo en su propia Fiscalía. En realidad, esta situación habla muy bien de los Fiscales Letrados Departamentales que sacan dinero de su bolsillo para cumplir con la función, ya que, reitero, la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, no dispone de recursos para cubrir los viáticos correspondientes; situación que por cierto no es la más adecuada. Lo mismo que ocurre con los Fiscales sucede con los Secretarios Letrados que, a veces, también realizan esas subrogaciones, esos viajes a lugares cercanos y, a su vez, tienen que subrogar a sus titulares cuando se producen demoras en las designaciones de los Fiscales Letrados Departamentales.
Por otra parte, se debe tener presente también la función esencial que cumplen los Fiscales y sus representantes, no solo en materia civil, sino en todas las demás áreas, fundamentalmente en lo penal, sobre todo, porque estamos en vísperas de la aprobación de un nuevo Código de Proceso Penal.
Es conocido por todos los señores Senadores que la función de Juez es de suma trascendencia, en tanto es quien juzga y quien, en definitiva, resuelve, pero no puedo dejar de decir que si no existe el previo pronunciamiento del Fiscal en materia penal, hoy en día no existiría un solo procesamiento. Si el Ministerio Público no interviene, no habría ni procesamiento ni sentencia de condena; por ello digo que su función es vital. A la vista está que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en la persecución penal de delitos como el lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, o sea, todos aquellos delitos vinculados al crimen organizado. Además de la función importantísima de los Jueces, en estos casos también ha sido trascendente la actuación de los Fiscales, sin ello no habría sido posible ningún procesamiento y sentencia de condena. Lo mismo sucede con los temas vinculados a los derechos humanos, pues sin la actuación del Ministerio Público no hubiera sido posible responsabilizar penalmente a ningún individuo.
El tema de la seguridad ciudadana también tiene al Fiscal como un representante legítimo de la sociedad en este rubro, sin su intervención tampoco podría haber ningún procesamiento y sentencia de condena.
Quiere decir, entonces, que es imprescindible lograr una total simetría entre Jueces y Fiscales en lo que se refiere a las dotaciones, remuneraciones y demás beneficios percibidos por todos los rubros. En los últimos tiempos se ha perdido esa equiparación que existía por imperio legal desde hacía muchos años. Se me ocurre que la intención del Legislador al crear el régimen de equiparación fue que se considerara que a idéntica función y responsabilidad correspondiera igual remuneración. Sin embargo, últimamente no se ha contemplado al Ministerio Público de igual manera que a los funcionarios del Poder Judicial, por ejemplo, en lo que respecta a la cuota mutual, a las partidas para perfeccionamiento académico, cuyo incremento ha sido solicitado, oportunamente, al Ministerio de Educación y Cultura.
Por estos motivos, en el anteproyecto de ley enviado al MEC, se propuso una norma sobre equiparación que fue de recibo para la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, que no hace otra cosa que reafirmar la equiparación legal que corresponde, porque así se estableció varias décadas atrás. Por eso, estamos totalmente de acuerdo con la norma propuesta por la Asociación de Fiscales del Uruguay, que fuera entregada a esta Comisión en oportunidad de su última comparecencia, con algún agregado que surge del texto que se acompaña y que los señores Senadores tienen a disposición en la carpeta que se entregó. En realidad, se trataría de un único artículo por el que se contemplarían todas las situaciones de retribuciones que, por cualquier concepto, pudieran recibir los Magistrados del Poder Judicial y, automáticamente, por imperio de la equiparación, deberían recibir todos los Magistrados, Fiscales y Secretarios Letrados. Asimismo, estamos totalmente de acuerdo en que esta equiparación se haga efectiva con cargo a Rentas Generales. Es así que nos permitimos agregar a este memorándum el que dejara a los señores Senadores la Asociación, en señal de unidad y conformidad total con dicho requerimiento. Cabe aclarar que también dejamos el anteproyecto de ley que fuera propuesto por la Fiscalía de Corte al Ministerio de Educación y Cultura, y que fue elaborado con la intervención conjunta de la Asociación de Fiscales y de SIFFUR. Del mismo modo, dejamos formulada la inquietud sobre los temas tratados muy someramente que tiene que ver con la grave situación que atraviesa el Ministerio Público y Fiscal en materia de recursos humanos y materiales, y con la carencia de un Departamento Informático con sus correspondientes cargos técnicos para su adecuado funcionamiento.
Para finalizar, me gustaría hacer una breve mención a un tema que no está en el memorándum. Me he enterado de manera extraoficial que determinados Fiscales Letrados Adjuntos han planteado en el Parlamento una serie de reclamos, por lo tanto, me veo en la obligación de decir que no han sido presentados ante la Fiscalía de Corte, que no cuentan con su aval y, por ende, no fueron incluidos en el anteproyecto enviado al Ministerio de Educación y Cultura. No tengo conocimiento cabal de lo que se solicita, pero sí idea de que se trata de un aumento de sueldo y que se invoca el tipo especial de tareas que cumplen; tareas que, por supuesto, como Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, valoro mucho. Sin embargo, creo que de acceder a un incremento en las retribuciones, tal como lo están pidiendo, se vulneraría el artículo 4º del Decreto Ley Nº 15.365 que habla de la estructura orgánica del Ministerio Público y Fiscal y que ubica a los Fiscales Letrados Adjuntos en el último lugar del orden jerárquico.
Desde ya, quedo a las órdenes por si en algún momento los señores Senadores consideran necesario que se les proporcione información más exhaustiva sobre este tema. Reitero que valoro mucho la actuación de los Fiscales Letrados Adjuntos, pero creo que tienen mayor responsabilidad los titulares Fiscales Letrados Nacionales y, en el interior, los Fiscales Letrados Departamentales. Los Fiscales Letrados Adjuntos son muy valiosos pero son asistentes y me parece que el hecho de subrogar en algunas oportunidades a los titulares, no les daría derecho a lograr un incremento en las retribuciones porque, además, eventualmente se podría vulnerar la escala jerárquica que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Vuelvo a reiterar el agradecimiento a esta Comisión por habernos recibido.
SEÑOR HEBER.- Antes que nada, quiero destacar la presencia ante la Subcomisión de Audiencias del señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.
En oportunidad de la concurrencia del señor Ministro de Educación y Cultura a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el señor Senador Penadés preguntó por qué no lo hizo acompañado del Fiscal de Corte, pero no obtuvo respuesta.
Consideramos que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación tiene una función esencial en lo que son los pilares de nuestro sistema judicial, y por ello debemos jerarquizar su funcionamiento.
Hemos escuchado con mucha atención todos los reclamos que el señor Fiscal de Corte ha hecho sobre lo que, a su juicio, necesita para cumplir la función que le encomendó el Estado. Naturalmente, recogemos este tema y, desde ya adelanto, que lo estudiaremos junto a los muchos otros petitorios que no fueron contemplados en el proyecto de ley de Presupuesto que son fundamentales para cumplir su labor. Además, tomamos muy en cuenta todo lo que se nos ha dicho sobre la organización funcional, las necesidades y los nuevos desafíos que se tiene por delante.
El Parlamento está a las puertas de tratar una modificación del Código del Proceso Penal. Aclaro que no soy miembro de la Comisión de Constitución y Legislación y no tengo formación jurídica, pero es claro que debemos tender hacia una modificación tantas veces postergada en este sentido. Es indudable que para que la Fiscalía de Corte pueda cumplir con lo que se viene bosquejando, necesitará contar con mayores recursos. ¡Si con el actual sistema se presentan estas dificultades, y no nos damos cuenta de que a los efectos de ejercer la justicia rápida y eficazmente -como tantas veces se reclama- se debería contar con un sistema informático que permita realizar registros y estar conectados, no imaginamos lo que será cuando se implemente un nuevo Código del Proceso Penal! Sin duda, su aplicación demandará una mayor cantidad de recursos para la Fiscalía; mucho más que para el Poder Judicial.
Vuelvo a decir, aun sin tener formación jurídica, a mi juicio el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación debe recibir todo el apoyo y es importante que haya concurrido a este ámbito junto a sus asesores a realizar su planteamiento. En el Uruguay no le damos la trascendencia que tiene, pero la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación es esencial. Nuestro Partido, en cualquier instancia de mayor discusión, siempre estará abierto a otorgarle jerarquía, autonomía financiera e independencia técnica, que son condiciones fundamentales en el proceso judicial.
Quería dejar esta constancia en la versión taquigráfica, porque esto es algo que nuestro partido siempre ha sostenido y lo ha manifestado en varias oportunidades. En momentos en los que se habla de modificaciones y de reformas, el hecho de conferir autonomía financiera y la necesaria técnica eficaz a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, constituiría una reforma sustancial y profunda, acorde con la independencia que deben tener las Fiscalías respecto del Poder Ejecutivo.
SEÑOR TAJAM.- Quiero dar la bienvenida al señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y asesores. Es un gusto recibirlos en la Subcomisión de Audiencias.
Cuando ayer estuvo el señor Ministro Ehrlich lo consultamos sobre las normas espejo en ambos planos, o sea, en el de las remuneraciones y en el de los cargos. El Ministerio de Educación y Cultura tomó debida nota de esto y asumió que, por encima de lo que está planteado en el proyecto de ley de Presupuesto, aún tiene tareas pendientes. Nosotros, obviamente, tenemos dificultades en torno a las creaciones de cargos ya dispuestas, a menos que tomáramos algunos elementos de otro Inciso. Distinto es el caso del Poder Judicial, que tiene un mensaje autónomo y del cual a veces nosotros echamos mano para corregir algunas cosas.
Quería hacer hincapié en una de las reivindicaciones que se nos presenta en el memorándum, relativa a las remuneraciones. Concretamente, me refiero al punto 3, por el que solicita la actualización de la partida de perfeccionamiento académico. El señor Ministro nos hizo notar que esta reivindicación está contemplada en el artículo 511, donde el objeto del gasto 284003 figura con $ 2:585.000. Además, observo que coincide el costo de la partida de perfeccionamiento académico que ustedes proponen con la apertura de los cargos, cuyo costo es de $ 2:582.103. De manera que prácticamente coincide con lo que se aprueba en el artículo 511 entre los años 2011 y 2014.
SEÑOR PASQUET.- Quisiera señalar que, a mi juicio, estamos ante lo que se podría denominar una anomalía, en el sentido de que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, con todo lo que representa en el aparato institucional del país, comparezca ante la Subcomisión de Audiencias en el marco de las visitas que realiza una larga serie de instituciones, entre otras, el Club Neptuno y la Escuela Roosevelt; lo digo con todo el respeto que merecen ambas instituciones. Creo que tenía razón el señor Senador Penadés cuando ayer señalaba que lo que correspondía era que la Fiscalía de Corte compareciera junto con el Ministerio de Educación y Cultura y aquellas instituciones que lo acompañaron. Lamentamos, que no haya sido así y en eso vemos un síntoma más de que entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Fiscalía de Corte no existe la armonía que debería existir para que las cosas pudieran funcionar de la mejor manera. Esta falta de armonía entre ambas dependencias se ve también en el hecho de que los planteos que ha realizado el señor Fiscal de Corte -según tengo entendido no solamente ahora, sino en años anteriores- no han sido recogidos en las iniciativas del Poder Ejecutivo y se dan situaciones como esta que no conocía -realmente, me entero ahora- de que la Fiscalía de Corte no dispone de un funcionario técnico que atienda los temas informáticos, y resulta que se apoyan en alguien que sabía algo de informática que se ocupa de arreglar las máquinas. Francamente, me parece raro, sobre todo, cuando en el tratamiento del Presupuesto vemos que se crean cargos en departamentos de informática, direcciones de esto y aquello para estar al frente de un grupo de funcionarios que se ocupan del mantenimiento informático en distintos Incisos del Estado, y sin embargo en la Fiscalía de Corte no hay uno. En verdad, es un síntoma claro de que hay algo que no anda bien. Si después resulta que nos enteramos de que las designaciones para ocupar los cargos vacantes en las Fiscalías demoran meses, ratificamos esa impresión. Este es el caso de la designación de un Fiscal, que demora nueve meses; realmente, es un parto.
Esta situación es alarmante, porque más allá de que a veces pueda haber -es humanamente comprensible- desinteligencias o desencuentros entre jerarcas, en definitiva, son instituciones del Estado que tienen que encontrar la manera de cumplir adecuadamente sur roles. El rol de la Fiscalía de Corte, del Ministerio Público y Fiscal, es trascendente; ya lo es hoy y está llamado a serlo en mayor medida aún el día de mañana, cuando se sancione la reforma del Código de Proceso Penal. Podrá demorar un poco más o un poco menos, pero algún día será aprobado, pues es un planteo de prácticamente todos los involucrados en este tema.
Creo que no es bueno ni atinado postergar todas las medidas tendientes a mejorar y fortalecer a la Fiscalía para cuando se sancione el nuevo Código del Proceso Penal. Pienso que sería mucho más sensato ir preparando desde ya ese fortalecimiento a través de disposiciones que se vayan aprobando ahora, que se complementen oportunamente en la medida en que deban serlo, pero que se comience ya porque es evidente que las carencias están planteadas ahora.
Desde luego que en esta oportunidad haremos lo que sea posible hacer y comprometemos nuestro voto para contemplar, en la medida de lo posible, las aspiraciones que plantea la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Hay límites constitucionales que el señor Fiscal de Corte conoce y que son obvios; inclusive, hay condicionamientos políticos que también son conocidos.
Por lo expuesto, adelantamos que en la medida de nuestras posibilidades impulsaremos todo lo que sirva para el fortalecimiento del Ministerio Público y Fiscal y nos quedamos con la clara convicción de que hay que revisar su posición institucional. Esta condición de dependencia jerarquizada del Poder Ejecutivo no es la que conviene al mejor funcionamiento del servicio, por lo que nos planteamos la tarea de proponer alguna medida para mejorar ese posicionamiento institucional en el futuro.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Brevemente, quisiera dejar un par de constancias.
Desde hace tiempo muchos pensamos que la ubicación de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación en el Ministerio de Educación y Cultura la transforma en la cenicienta, para decirlo en forma clara. Creemos que esos servicios, que son tan importantes deberían ser trasladados a otro Ministerio. Nos parece que esta es la madre de la situación. De todos modos, las cuestiones presupuestales son de hoy y muy concretas.
La otra constancia que quisiera dejar tiene que ver con el hecho de que nosotros íbamos a hacer la consulta a partir del planteo de los Fiscales Adjuntos, que nos alegaron que al subrogar funciones, en realidad trabajan tanto como los Fiscales. Siempre que hay un planteo de esta naturaleza, nosotros tenemos que escuchar y chequear a las dos partes.
Agradecemos desde ya la constancia que nos hace el señor Fiscal de Corte porque nos acorta el camino frente a un problema que fue planteado ante la Comisión.
SEÑOR UBIRÍA.- Si la Mesa lo permite, haría uso de la palabra la contadora Rosario Zambra, perteneciente a la Unidad Ejecutora de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, quien va a hacer algunas precisiones respecto a la intervención del señor Senador.
SEÑORA ZAMBRA.- Quiero aclarar a la Comisión que cuando aparece la partida de perfeccionamiento académico surge para el Poder Judicial y para el Ministerio Público y Fiscal con iguales dotaciones. Luego, el Poder Judicial podía otorgarle los aumentos que dispusiera a través de una reestructura de su Presupuesto, que es independiente. La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación está inmersa en el Presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura y tiene una partida estable. Para poder incrementar la partida debe asignársele un refuerzo de rubros que, al igual que en el Poder Judicial, no han sido aprobados.
Este artículo del Presupuesto corresponde al aumento que ya percibe el Poder Judicial desde el 1º de enero de 2009, razón por la cual seguimos desfasados de ese Poder pues ellos han planteado una disposición para financiar nuevos incrementos en su partida de perfeccionamiento académico.
SEÑOR NEGRO.- Quisiera aclarar a los señores Senadores que representamos a la Asociación de Magistrados del Uruguay y que nuestra presencia ante esta Comisión responde a la generosa invitación del señor Fiscal de Corte para acompañar a la delegación. Aceptamos gustosos la invitación del jerarca porque todo reclamo de apoyo en favor del fortalecimiento institucional de nuestro Ministerio Público cuenta con la adhesión de los Fiscales de la República.
Deseo agregar a las palabras del señor Senador Pasquet que los Fiscales estamos comprometidos con el proceso de reforma, que vamos a dejar lo mejor de nosotros para que la reforma tenga éxito y que reclamamos al Poder Legislativo -antes lo hicimos al Poder Ejecutivo- dotar al Ministerio Público de la fortaleza institucional que la institución requiere.
Nada más. Muchas gracias.
SEÑOR TAJAM.- Es para decir que estamos de acuerdo con lo que mencionan.
Aquí se establece que la Fiscalía reclama que se refuerce el objeto del gasto 284003, partida de perfeccionamiento académico, y se incluye todo el costeo, que es de alrededor de $ 2:585.000. Ese objeto del gasto está en el artículo 511 por ese monto, y es por esa razón que decía que esta reivindicación estaba contemplada.
SEÑORA ZAMBRA.- Está contemplada en lo que ellos ya venían cobrando desde el 1º de enero del año anterior. Eso significa que nosotros tenemos que pedir refuerzos de rubros para poder acercarnos y, en consecuencia, tener la misma partida.
Ellos ya prevén en este Presupuesto un incremento de la partida, por lo que volvemos a despegarnos de lo que se debería cobrar de igual forma por la equiparación.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos al señor Fiscal de Corte, doctor Rafael Ubiría, y a toda la delegación que lo acompaña, el habernos dispensado el honor de concurrir a esta Comisión.
Les comunicamos que esto integrará un insumo importante para la discusión del proyecto de ley de Presupuesto.
Muchas gracias.
(Se retiran de Sala los representantes de la Fiscalía de Corte
y Procuraduría General de la Nación.)
(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Topolansky.)
(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores de la bienvenida a los representantes de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica.
Con mucho gusto les damos la palabra y les comunicamos que disponen de 15 minutos.
SEÑOR ABENIA.- Buenos días, y gracias por recibirnos.
Mi nombre es Eduardo Abenia y soy Presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, institución que es relativamente nueva y cuenta con personería jurídica desde hace algo más de un año.
Deseamos plantear a la Comisión nuestra preocupación respecto del artículo 398 de la Ley de Presupuesto, mediante el cual se asigna aproximadamente US$ 1:000.000 para la realización de estudios de investigación de un posible Plan Fase I, de un programa nuclear. Consideramos que sería más inteligente y razonable destinar ese recurso a otros usos. Nosotros trajimos un memorándum para dejar a los señores Senadores y en él se detallan algunas de las razones por las cuales entendemos que esto es así. Dejamos en claro que ya existe una buena cantidad de informes sobre el tema nuclear en Uruguay, muchos de ellos realizados cuando se promulgó una ley que por ahora prohíbe específicamente el uso de energía nuclear con fines energéticos en nuestro país. Por tanto, entendemos que hacer más informes sobre el tema tendría sentido si hubiera habido un cambio en el estado del arte, es decir, si la técnica hubiera generado situaciones diferentes. Sin embargo, la realidad es que no se han dado situaciones diferentes; básicamente es la misma de aquel momento pero otras fuentes energéticas están en pleno desarrollo y se enfrentan a un fuerte cambio en el estado del arte, por lo que requieren más fondos para investigación. Lógicamente, nosotros vamos a referirnos a la energía eólica porque es la que nos atañe directamente. Hay que tener en cuenta que las energías renovables en general y la eólica en particular, están en un proceso muy fuerte de desarrollo y que todavía hay muchas cosas que están en proceso. Quizás en otras partes del mundo la situación sea diferente pero en el Uruguay, aspectos de orden reglamentario, jurídico o técnicos de muy diverso orden requieren investigación y entendemos que destinar ese dinero a estos temas implicaría darle un mejor uso. Por supuesto que partimos de la base de que el dinero es un recurso escaso y de que lo que ponemos en un lado no lo ponemos en otro. Obviamente, si el dinero sobrara sería fantástico que se hicieran muchos informes sobre muchos temas pero, como no sobra, quizás lo mejor sería utilizarlo para lo que sea más útil.
A continuación voy a mencionar algunos datos generales sobre este asunto. Nosotros entendemos que, en el caso de que se instalara una central nuclear en el Uruguay, tendría que hacerse con tecnología exclusivamente extranjera porque a nivel nacional no existe. Además, por un tema de escala, seguramente se instalaría una sola central por lo que tampoco aprenderíamos demasiado sobre el punto como para aplicarlo en siguientes etapas. En consecuencia, lo que se haría sería importar un kit que se pondría a funcionar y nada más.
Por su parte, las fuentes renovables tienen un potencial muy grande de desarrollo nacional y de inversión de capital. Si bien en la actualidad importamos los generadores grandes, en un tiempo podremos comenzar a fabricar algunas partes de ellos y lo cierto es que hoy ya hay fábricas uruguayas que están en contacto con las grandes empresas para comenzar a hacer columnas y palas. A su vez, en lo que tiene que ver con la microgeneración eólica y el armado de pequeños equipos, probablemente en un año tendremos la primera fábrica uruguaya que se abocará a la fabricación de todo el equipo. Por tanto, la energía eólica -reitero que esto vale para las demás alternativas renovables pero voy a referirme a la eólica- tiene un enorme potencial en lo que tiene que ver con el movimiento de la economía.
Por otro lado, hay un elemento de soberanía que ya ha sido considerado por los señores Senadores en reiteradas ocasiones, por lo que no los voy a aburrir con esto, pero está muy claro que la energía eólica la refuerza. Nosotros no tenemos combustible nuclear en nuestro país pero sí muchísimo viento y eso hay que aprovecharlo. Por ejemplo, Alemania tiene un factor de utilización de energía eólica que no alcanza a la mitad del que posee Uruguay, pero tiene una gran cantidad de molinos y en este momento no está construyendo una central nuclear.
También se deben tener en cuenta los tiempos de construcción porque una central nuclear requiere, por lo menos, de quince años de trabajo. Está claro que quince años es mucho tiempo y que en ese lapso pueden pasar muchas cosas. Todos son conscientes de que en Uruguay tenemos el vicio de dar marcha atrás y marcha adelante. En el memorándum que les entregamos dimos un ejemplo casi paradigmático: el Palacio de Justicia estuvo casi 40 años parado. Con un proyecto cuya construcción requiere quince años, se corre el riesgo de que los cambios tecnológicos, económicos o políticos que ocurran durante ese lapso hagan que eso quede como un esqueleto y nunca sirva para nada; no sería algo reconvertible porque ese edificio no serviría para otra cosa.
En cambio, la instalación de energía eólica se hace de a poquito, en dos años tenemos un parque, mientras tanto proyectamos otros y son obras que, más o menos, cada año y medio o dos se van sembrando en el país en diferentes lugares. Si por algún motivo se detiene la instalación, lo que se construyó ya está funcionando y solo lo que quedó sin terminar corre el riesgo de quedar como un esqueleto inútil.
Generalmente se dice que las fuentes renovables tienen el defecto de no estar siempre disponibles: no disponemos permanentemente del sol y el viento no sopla todo el tiempo. Eso es cierto, pero si la energía eólica juega junto con la energía hidráulica, en momentos de sequía perfectamente se puede utilizar el viento para no turbinar agua en los lagos y después, si no hay viento, se puede turbinar el agua que se guardó. En otras palabras, las energías renovables -la eólica en particular- juega muy bien en equipo con las energías que ya tenemos, porque nuestra matriz es básicamente hidráulica.
Pues bien, la energía nuclear juega muy mal. Porque solamente el 10% del costo de la energía que se obtiene a través de una central nuclear es por el combustible; el resto es costo operativo, de funcionamiento, de seguridad y otras cosas. No vale la pena apagarla, siempre está prendida y solamente la dejan fuera de funcionamiento cuando, por razones de servicio, no hay más remedio que hacerlo. Al respecto existen datos concretos. La central Angra I, en Brasil, se puso en funcionamiento en 1985. ¿Saben cuántos días por año, en promedio, funcionó Angra I? Funcionó 140 días y eso significa que solo estuvo disponible un 40% del tiempo, el resto estuvo rota. Debo confesar que esa central ha estado más rota que otras. El promedio es del 80%, lo que significa que el 20% del tiempo está fuera de servicio.
Un molino de los nuestros puede quedar fuera de funcionamiento y, como mucho, serían 2 megavatios de generación, pero si queda fuera de servicio una central nuclear, con el tamaño que tiene nuestra red, afectaría al 25% de toda la capacidad generadora de Uruguay. Dicho en otras palabras, si ello sucediera sería un lío y de apuro tendríamos que prender todo lo que tuviéramos para compensar lo que quedó fuera de servicio. Es decir, hay un tema de escalas. Una central nuclear es el grandote dentro de la escuela, es algo que si se pone contra nosotros nos va a generar un grave problema.
Otro aspecto importante es el de la imagen. Hemos invertido muchísimo en el exterior en mostrar la imagen de un país natural. Cada año gastamos una fortuna en decir que Uruguay es un país natural. Si traemos a un turista y desde el aeropuerto ve molinos, tendrá la imagen de un Uruguay natural; pero si en algún momento pasa por el costado de una central nuclear o si, al bajar del barco, en el puerto hay un barquito de Green Peace que viene detrás de un barco que se lleva los residuos, ¿a quién vamos a convencer de que ese es el Uruguay Natural? Tenemos que ser coherentes y seguir el rumbo que decimos que vamos a seguir, de lo contrario: ¿quién nos va a creer? Es necesario que las acciones se condigan con la imagen que pretendemos dar.
Seguramente, muchas veces habrán escuchado hablar de dos temas que son críticos con relación a la energía nuclear y que, por cierto, no padece la eólica. La energía eólica no produce desechos pero sí hay desechos nucleares. Se dice que hay plantas que nunca tuvieron que sacar desechos y es cierto. ¿Saben por qué es cierto? Porque no saben hacia dónde sacarlos. Es más, hay plantas que no se han podido apagar porque no se sabe dónde colocar las cosas; o sea, es tan caro -extremadamente caro, diría- meter todo eso en contenedores perfectamente blindados, que se trata de algo absolutamente antieconómico.
Alemania tenía previsto para el 2012, por una razón ambiental, apagar todas sus centrales nucleares. Sin embargo, acaba de prorrogar diez años más esa medida porque no saben cómo hacerlo; es decir, les resulta completamente antieconómico. Y estamos hablando de Alemania.
Quiero hacer notar que, en realidad, en el mundo desarrollado no se están poniendo plantas nucleares. Prácticamente las cincuenta y ocho que en este momento se están construyendo, se encuentran en China, Corea y la India. No se está construyendo una sola planta nuclear en los Estados Unidos. Es más, hace tres meses se retiró el último permiso de construcción que había en ese país. ¿Saben cuántos megavatios eólicos incorporó Estados Unidos el año pasado? 10.000, o sea, el equivalente a diez centrales nucleares. Repito: el año pasado, Estados Unidos colocó en su red el equivalente en energía eólica a diez centrales nucleares, y no está construyendo ni una sola más. Entonces, el primer mundo -Alemania, Estados Unidos, Canadá- no está instalando plantas. Se habla de que se van a comprar centrales canadienses; ¿saben cuántos permisos de construcción o centrales nucleares en construcción hay en Canadá? Ninguna; no se está construyendo ni una sola central en este momento. Por tanto, nos venden, pero ellos no las ponen en sus países. ¿No necesitan energía? ¡Claro que sí! Pero están trabajando con energía renovable. Al igual que Estados Unidos, ahora mismo están colocando energía eólica y solar, sobre todo la primera de ellas. Esa es la realidad.
Tenemos todo un espectro de temas para plantear. Sé que lo que acabo de hacer parece una gran apología antinuclear pero, francamente, no lo es. Mi intención es decir a los señores Senadores que si vamos en la dirección de la energía renovable, la energía nuclear juega muy mal con ella; entonces, decidamos qué camino vamos a tomar. Si gastamos dinero en empezar a estudiar una cosa que sabemos que no la vamos a hacer, estamos tirando esa plata a la basura. Es decir, nadie pinta una casa que va a demoler al día siguiente. No tiene sentido que nos pongamos a gastar dinero en algo que ya decidimos que no lo vamos a desarrollar. ¿Para qué estamos construyendo 500 megavatios de parques? ¿Para qué, si nos estamos poniendo a estudiar si dentro de veinte años podemos tener una central nuclear? Cuando la tengamos, los molinos no van a servir para nada. Entonces, actuar así no tiene sentido; vamos por un camino o por otro. Tenemos muchas necesidades en cuanto a estudios a realizar sobre la energía eólica. Por tanto, lo que estamos diciendo es que se destine ese dinero a un mejor uso.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación su visita. El planteo formulado ha sido muy claro. Evidentemente, se trata de un tema polémico, el cual ha estado en la discusión parlamentaria, como así también en la Comisión Interpartidaria; además, como se sabe, hay una Comisión específica que lo tiene a estudio.
Aclaramos que, cuando se analice este tema -relacionado con el artículo 399- consideraremos esta intervención.
Muchas gracias.
SEÑOR PERRUCCIO.- Si fuera posible, quisiera mencionar lo que se expresa en la última parte del memorando que hemos traído.
SEÑORA PRESIDENTA.- Exhortamos a la mayor brevedad posible, porque todavía tenemos ocho delegaciones para recibir.
SEÑOR PERRUCCIO.- Lo que voy a señalar figura como una reflexión final. El programa eólico dependiente de la DNETN, que realizara un excelente trabajo de integración, coordinación y creación, convirtiéndose en un equipo experto, cesa su funcionamiento en junio del año próximo. En reunión con el Director de Energía, el doctor Ramón Méndez, se nos anunció que a partir del nuevo Presupuesto habrá más de diez técnicos -hoy hay tres- trabajando en la Dirección Nacional de Energía, en energías renovables. Pero no dio certeza de que continúe un equipo específicamente dedicado al tema eólico. Es un asunto en pleno desarrollo, en el que queda mucho por hacer. Una oficina genéricamente dedicada a las renovables no asegura la continuidad del camino iniciado. El programa completo que ha dado visibles logros en el tema costó una cifra similar a la del 398. Entendemos que debería continuarse.
Era eso cuanto quería mencionar. Muchas gracias.
SEÑOR PASQUET.- Quiero decir a nuestros visitantes que la discusión presupuestal tiene su lógica y sus plazos propios. Una discusión de fondo, como la que plantean, no cabe en los límites que tiene el trámite presupuestal. Entonces, lo que se decida en materia presupuestal para estos estudios no implica prejuzgamiento -por decirlo con un giro forense- sobre la cuestión de fondo, esto es, la alternativa entre la energía nuclear y la renovable. Dicha cuestión deberá ser objeto de un debate más profundo y en otros plazos que los que podemos manejar en este momento.
SEÑOR ABENIA.- Quisiera hacer una última reflexión.
Entiendo perfectamente el asunto, pero cuando se habla de gastar dinero, es evidente que no hay peor dinero gastado que el que se invierte en un puente que no se va a terminar de construir, por decirlo de algún modo. Porque si se construye el 90% de un puente y faltan diez metros, ningún auto pasa.
SEÑOR BARÁIBAR.- Valoramos mucho el trabajo que está haciendo la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Tan es así que, en este momento, se está realizando un seminario del Parlamento Latinoamericano, organizado por la Comisión de Energía y Minas y, concretamente, mañana visitaremos el Parque Eólico Sierra de los Caracoles. Se trata de un importante evento, al que vienen parlamentarios de todos los países de América y gente especializada en el tema.
SEÑORA PRESIDENTA.- En nombre de la Comisión, agradecemos a la delegación su comparecencia.
(Se retira de Sala la delegación de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica.)
(Ingresa a Sala la delegación del Centro de Promoción por la Dignidad Humana – CEPRODIH.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a la delegación del Centro de Promoción por la Dignidad Humana, cuyo aporte integrará nuestros insumos para la discusión de los artículos concretos.
SEÑORA ABRAHAM.- Soy la Directora de CEPRODIH Nuestra solicitud tiene que ver con un programa que estamos instrumentando, llamado El Porvenir. Concretamente, se trata de un programa de apoyo, atención y promoción destinado a la mujer embarazada que se plantea el aborto debido a una situación socioeconómica crítica.
Si bien desde 1998 estamos trabajando con familias en un contexto de riesgo, primero lo hicimos con las que estaban en situación de calle y, a partir de 2006, empezamos a hacerlo con aquellas que eran objeto de violencia doméstica.
Como detallamos en el memo, CEPRODIH tiene una larga trayectoria de atención a la mujer y a la familia en situación de alto riesgo, a través de los hogares para víctimas de violencia doméstica -dos de los cuales funcionan en convenio con el INAU- y de programas de capacitación y apoyo a la inserción laboral. Prácticamente tenemos convenios con todos los organismos que llevan adelante políticas sociales, como es el caso de la Intendencia, el MIDES e INEFOP. Es así que CEPRODIH tiene ya su infraestructura y su experiencia en el trabajo con familias en situación de riesgo.
Una de las puntas del trabajo social que se encontraba un poco débil -por decirlo de alguna manera- es la relacionada con la mujer embarazada. Nuestros hogares atienden víctimas de violencia doméstica en convenio con el INAU, que nos paga por niño, pero no había ningún organismo público o privado que prestara atención a la mujer embarazada, a los efectos de que pudiera llevar adelante su embarazo, capacitarse, conseguir un trabajo y acceder a una vivienda digna. Entonces, hace un par de años fuimos a hablar con las autoridades de Salud Pública y de la Intendencia Municipal. Fue un proceso difícil porque se nos manifestaba que, si bien el proyecto era necesario porque no existían alternativas para la mujer embarazada en situación de riesgo, ocurría que no había recursos. Luego de varias tratativas, logramos el apoyo de la organización Reaching U, bajo la condición de que demostráramos si valía la pena desarrollar ese proyecto. Era preciso tratar de conseguir apoyo del Estado, convenciéndolo de que la mujer pobre, en situación crítica -es decir, sin trabajo, vivienda, ni apoyo familiar- tiene el derecho a decidir libremente que quiere tener a su bebé; sin embargo, se ve sin el apoyo social. Si bien Salud Pública informa a esa mujer para que no tenga dificultades si se practicara el aborto, no le compete resolverle el problema de la falta de trabajo, de la capacitación ni de dónde vivir.
Entonces, comenzamos esa tarea con El Porvenir, experiencia que ha sido un éxito, como podrán corroborarlo mis compañeras, que son las que trabajan efectivamente con las madres. Tenemos un promedio de diez mujeres por mes; ya se han producido siete nacimientos y en estos días tendremos otros tres. La muchacha hace todo un proceso y hay un momento de crisis.
Como dije anteriormente, CEPRODIH tiene experiencia en casos de violencia doméstica. En ese sentido, se nos aproximan fechas muy significativas, por lo que se emitirán propagandas del Centro, que lleva adelante varios de los convenios que existen con el MIDES por esa problemática. El caso de la emergencia, tanto por violencia doméstica como por un embarazo inesperado, a CEPRODIH le sirve como excusa para empezar a trabajar con la mujer y toda su problemática. Es decir, se aborda la situación de manera integral, porque no sólo se resuelve el problema concreto del embarazo, por ejemplo, y su situación de violencia, sino también la parte emocional, afectiva y de autoestima de la mujer. Sobre todo, se encara la posibilidad de comenzar un proyecto de vida diferente y, como decimos nosotros, digno y sustentable. Esto implica aprovechar el embarazo para capacitarse e, inmediatamente, acceder a un empleo formal -en el marco de alianzas que CEPRODIH tiene con empresas- o iniciar un pequeño emprendimiento productivo, de manera que pueda sostener a su familia con dignidad y autonomía. Ese es el objetivo primordial, es decir, aprovechar el embarazo para lograr esas metas y, después del nacimiento, pensando tanto en su hijo como en ella misma, experimentar un cambio sustancial en su vida y romper con el círculo de violencia y miseria en el que está inserta.
SEÑORA ARAÚJO.- Soy psicóloga y formo parte del equipo técnico que acompaña a las chicas embarazadas que llegan a CEPRODIH. Como bien decía Adriana Abraham, lo nuestro es un abordaje integral -familiar diría yo- porque trabajamos con la mujer y con su hijo, pero también tratamos de integrar al varón ya que, en cierto contexto, este está muy distanciado y muchas veces no sabe cómo acercarse y llevar adelante esa familia. Entonces, trabajamos en la familia, la planificación familiar e integramos al varón. Por supuesto que cuando hablamos de inserción laboral, lo hacemos pensando en la madre, pero también apoyamos al varón.
A través de otros programas de CEPRODIH, vamos a acompañar a la mamá durante mucho más tiempo del que a veces el proyecto establece. Las acompañamos a través de un seguimiento psicosocial y trabajamos, entre otros aspectos, en la capacitación, en la inserción laboral, en soluciones habitacionales y violencia doméstica; es decir que apoyamos a la familia para que pueda armar todo un proyecto de vida.
El equipo técnico está conformado por un asistente social, una psicóloga y también un abogado, porque en muchos casos necesitamos asesoramiento jurídico.
SEÑORA CÁCERES.- Mi nombre es Mariana Cáceres. Doy clases de parto y coordino los acompañamientos de las mamás durante el trabajo de parto y en el momento de dar a luz. Muchas veces las mamás que llegan a CEPRODIH no tienen a nadie que las vaya a acompañar en el momento del nacimiento y, si bien a veces tienen otros hijos, casi nunca se prepararon para el parto. Entonces, esa es otra instancia que las vincula a la institución, donde pueden expresar sus dudas. No representa una instancia de control -porque no hacemos controles médicos- pero sí de acercamiento, de manera que si se suscita algún problema en el embarazo, se pueda detectar y, si se generan dudas, se puedan aclarar.
Estamos disponibles las 24 horas y tenemos un teléfono al que pueden llamar, para sacarse todas las dudas.
En las clases de preparación hablamos sobre la tipología del embarazo y sobre cómo se van a cuidar después de tener ese bebé. También tratamos de incorporar al referente afectivo que, a veces, es la pareja y, otras, la mamá, la hermana o la tía, es decir, que procuramos fortalecer toda la red familiar alrededor de esa mamá para que después todos la apoyen y no quede con su hijo sin saber qué hacer.
CEPRODIH es algo que pasa por la vida de la mamá, durante un tiempo más corto o más largo, pero en realidad lo que permanece es la estructura familiar, y esto es lo que hay que apuntar a fortalecer.
SEÑORA ABRAHAM.- Solicitamos que nos ayuden a la sostenibilidad del proceso, pues tenemos dificultades. A su vez, queremos lograr -esto significaría un puntapié inicial muy fuerte si logramos el apoyo de ustedes- que las policlínicas que están en los barrios nos deriven a las muchachas que van a plantear su problema, su incertidumbre y su angustia. No es lo mismo que vaya CEPRODIH, que tener ese respaldo y que nos puedan derivar más chicas.
Otra de las grandes inquietudes que tenemos -quizás en algún momento alguien de los que nos escucha nos pueda orientar en ese sentido- es cómo lograr un convenio, porque otra de las necesidades que manifiestan las mujeres es la falta de alojamiento. Muchas mujeres embarazadas quedan literalmente en la calle, porque la familia o la pareja las dejan.
En definitiva, los principales aspectos que planteamos tienen que ver con cómo lograr que las chicas se enteren de que esto existe, y acudan a nosotros, y cómo fortalecer, en la medida que vamos creciendo, otros aspectos que son necesidades reales de ellas permanentemente.
Muchas gracias.
SEÑORA PRESIDENTA.- Ha quedado muy claro el planteamiento, que integraremos a la discusión de nuestra Comisión llegado el momento.
(Se retira de Sala la delegación de CEPRODIH.)
(Ingresa a Sala la delegación de la Fundación PORSALEU.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, tiene el agrado de recibir a la delegación de la Fundación PORSALEU, que nos hará su planteamiento en el tiempo más breve posible, el cual integrará luego los insumos para nuestra discusión en la Comisión al definir los artículos cuando corresponda.
SEÑORA PORTEIRO.- Buenos días y muchas gracias por recibirnos.
Haremos nuestra exposición brevemente; de todas maneras, dejaremos en poder de los señores Senadores unas carpetas conteniendo información que seguramente será de ayuda para que nos conozcan un poco más.
La Fundación PORSALEU, que es la Fundación por la Salud del Paciente Leucémico o con Linfoma, apoya al Servicio de Hematología del Hospital Maciel en el caso de pacientes hemato-oncológicos -acuden a este Hospital desde todo el país, ya que es el único referente de ASSE que trata este tipo de patologías- con graves enfermedades oncológicas de sangre y ganglios, es decir que se trata de pacientes muy delicados.
Este servicio del Hospital Maciel funciona desde hace 12 años y PORSALEU está trabajando desde hace ocho o nueve años. Nuestra Fundación apoya a los pacientes desde el punto de vista psicológico -hay un grupo de apoyo formado por pacientes recuperados- da alojamiento en una pensión próxima al Hospital, que no cubre las necesidades de pacientes con defensas tan bajas, hace traslados, pues la gente viene de todo el país, y brinda todo lo que sea necesario -y que esté a su alcance- para contribuir al mejor tratamiento, diagnóstico y resultados, apoyando también al servicio en las cosas que el Hospital no puede dar, y al laboratorio, dando mejores instrumentos para optimizar los resultados.
En este momento, lo que estamos solicitando a los señores Senadores es estar incluidos en el artículo 775, a los efectos de contar con los beneficios de impuestos a las empresas o particulares donantes, dado que estamos enfocados en un emprendimiento que no hemos llegado a financiar y que es la construcción de la residencia PORSALEU. Lo que pretendemos es que, en lugar de alojar a los pacientes en la pensión que mencioné, como hasta ahora, podamos contar con un lugar digno que lo ampare y cobije -en condiciones de higiene y asepsia- con su familiar, cuando está en tratamiento ambulatorio, y a su familiar mientras él está internado en el Hospital. La Fundación se financia con eventos sociales y culturales, lo que nos da apenas para nuestro presupuesto mensual. Lógicamente, para la construcción de una obra que está ubicada en la calle Buenos Aires y Misiones -a cargo de la empresa Campiglia; que todos pueden ver y que por suerte está creciendo muy bien- precisamos otro tipo de aportes y es para esto que recurrimos a la Comisión. Necesitamos que las empresas se sientan alentadas al tener la exoneración de ciertos impuestos como tienen otras Fundaciones, como la Peluffo Giguens, que es a quien aspiramos imitar, dado que esa institución atiende pacientes hasta los 14 años y nosotros de 14 en adelante.
SEÑORA SUSSANICH.- Me quiero referir a la parte emocional de esta situación. Nuestra Fundación nace para contener a toda la población que llega del interior, que no tiene mayores posibilidades y se encuentra ante una enfermedad difícil donde es muy importante la presencia del familiar. Precisamente, su creación se motivó al ver a los familiares deambular por los corredores del Hospital Maciel y advertir una cantidad de necesidades que se les presentaban por estar en un medio distinto y angustiados ante la problemática de una enfermedad difícil, acompañando a su familiar.
Como dijo la Presidenta de la Fundación, solucionamos ese aspecto con una pensión, pero en este momento estamos abocados a la construcción de la casa. Hasta ahora hemos hecho un gran esfuerzo y ha sido difícil, pero hemos tenido grandes satisfacciones al ver los resultados. La casa se está construyendo en un predio cedido en comodato por la Intendencia y todo el esfuerzo ha sido realizado siempre a nivel privado, por lo que no hemos tenido ningún apoyo del Gobierno. De ahora en más, una vez que la Fundación esté funcionando en la casa, hay que tener en cuenta todo lo que va a significar el sostenimiento y mantenimiento de la misma.
Queremos que entiendan que esto es muy importante para el paciente, que se debe someter a tratamientos muy largos y difíciles. Particularmente en la fase del tratamiento ambulante, es importante que pueda ir y venir al hospital. Por ello, debe tener una residencia cerca y en las mejores condiciones, para que pueda continuar con esa etapa del proceso sin interrumpir la sincronización del mismo. Lo digo, porque muchas veces en la situación actual no lo continúan, vuelven al interior y se produce la tragedia porque se pierde lo importante del tratamiento.
Esta es la situación y lo que pedimos es, justamente, apoyo. La Cámara de Representantes ya aprobó por unanimidad los artículos que refieren a la inclusión de la Fundación en la ley de mecenazgo y un subsidio. Para nosotros estar incluidos dentro de esa ley es muy importante, porque ya no tenemos capacidad de seguir pidiendo a las empresas y a la población. Sin embargo, si lo que aportan las empresas pueden recaudarlo como pago de impuestos, se facilita muchísimo el esfuerzo que estamos haciendo.
En definitiva, eso es lo que pedimos y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes.
SEÑORA PRESIDENTA.- El planteamiento ha quedado muy claro y, como dije anteriormente, vamos a integrarlo a nuestra discusión cuando llegue el momento de votar los artículos.
(Se retiran de Sala los representantes de la Fundación PORSALEU.)
(Ingresan a Sala representantes del Comité Olímpico Uruguayo.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a la delegación del Comité Olímpico Uruguayo encabezada por el doctor Julio César Maglione, a los efectos de realizar un planteamiento respecto a sus aspiraciones acerca de los artículos correspondientes al Presupuesto Nacional que estamos estudiando.
SEÑOR MAGLIONE.- Señora Presidenta: en nombre de mis compañeros -en este caso del Directorio- quiero expresar que el Comité Olímpico está integrado por todas las Federaciones deportivas olímpicas panamericanas y sudamericanas. Deseo expresar a los señores Senadores que es un altísimo honor y que agradecemos mucho la posibilidad de poder expresar sintéticamente -para no hacerles perder tiempo- cuáles son nuestras aspiraciones y sus motivos.
A mediados del mes de octubre enviamos un documento a los señores Senadores -en este momento entregamos una copia- y simplemente haremos algunos comentarios al respecto. Este documento expresa que para analizar, programar y ejecutar la gestión en el deporte existen diversas vías. Entre ellas destacamos la vía educativa, a través de la formación de habilidades motrices y valores humanos, que se da en la etapa preescolar en las escuelas y también en los liceos y que se está desarrollando con mucho éxito en nuestro país. La vía federativa que inicia el camino y lleva a la alta competencia que la realizan los clubes y las federaciones, tema sobre el que vamos a hablar en el día de hoy. Tampoco podemos dejar de lado la vía municipal que refiere a las actividades promovidas y apoyadas por cada departamento y que tienen extraordinaria trascendencia. Además -y diría que la más importante- la vía sanitaria, que aparece a nivel escolar, federativo y municipal, y que tiene que ver con el valor que tiene el deporte como prevención de enfermedades, como estilo de vida sana, uso adecuado del tiempo libre, elementos muy importantes para combatir la droga, el alcoholismo y el tabaquismo. Evidentemente, estos son flagelos que tienen preocupados no solo a todos los uruguayos sino a la humanidad en su conjunto.
El deporte de alta competencia y alto rendimiento es un fenómeno social que se expresa a través de las federaciones deportivas y que se ha transformado en un gran espectáculo, impulsando el desarrollo de la economía de los distintos países. Por otra parte, la atracción de los ídolos y triunfadores genera en la opinión pública aspectos tales como el desarrollo del sentimiento de orgullo y satisfacción, de pertenencia y de estímulo de la práctica deportiva, a través de la imitación. En definitiva, todo esto convierte al deporte, en un fin motivador para la comunidad que debe ser un factor especialmente atendido por los Estados modernos.
Con el paso del tiempo, el deporte de alto rendimiento ha adquirido una importancia inestimable. El éxito deportivo crea imagen, promociona, pone en el mapa y en la atención de la opinión pública internacional a cualquier país por pequeño o desconocido que sea. El conocimiento y reconocimiento de Uruguay en el exterior, en gran medida, es tributario de esa imagen que produce el deporte; imagen que aun en aquellos tiempos de oro en que no convivíamos con la aldea global y con los avances tecnológicos, ya teníamos, porque éramos conocidos a través de nuestro deporte. Ahora, debemos pensar en otro aspecto. No somos ajenos al hecho de que el biotipo uruguayo contiene características que han permitido, en muchas instancias, superar la lógica medida del éxito deportivo. Con un pequeño territorio, una pequeña población y escasos recursos, sorprenden al mundo los éxitos que han logrado nuestros atletas ante Estados de mayores recursos. Es más, recordemos lo que pasó los últimos meses con la gran performance de Uruguay en fútbol. Recorriendo el mundo se podía observar que se hablaba de la importancia del deporte de Uruguay, pero ahora Forlán y el deporte del fútbol constituyen un ejemplo que nos llena a todos los uruguayos de orgullo. Incluso, muchos decían: ¡ojalá Uruguay hubiera salido campeón!, porque se lo merecía.
Todo esto que estamos expresando, señora Presidenta, y que como dije al principio está expuesto en el documento que fuera repartido, es parte integrante de los estatutos de la Fundación Deporte Uruguay, creada en el año 2002, en forma conjunta por el entonces Ministerio de Deporte y Juventud, encabezado por el Diputado Jaime Trobo y el Comité Olímpico Uruguayo. Esa Fundación, que hoy preside el Ministro de Turismo y Deporte, doctor Héctor Lescano, encara una planificación del deporte de alto rendimiento de Uruguay asistida en la más alta calificación técnica nacional e internacional en que pretenden combinarse todos los factores necesarios para que se permita una secuencia, desarrollo y crecimiento sostenido previsto en el Programa Deporte Uruguay.
En este período hemos trabajado en la Fundación Deporte Uruguay con el señor Ministro Lescano y sus colaboradores, buscando los mismos objetivos, de forma armoniosa, respetando e intercambiando ideas y siempre llegando a acuerdos, en pos de lo mejor para el deporte en el país dentro de lo que se puede -debemos recalcarlo- y que no es suficiente; por eso estamos hoy aquí haciendo este planteamiento. A nuestro criterio no es suficiente; entonces se hace lo que se puede y estamos quedando atrasados.
Hacemos nuestro planteamiento teniendo en cuenta y respetando las posibilidades económicas del país y, por supuesto, el carácter prioritario con que deben ser atendidas aquellas áreas de actividad y de desarrollo social donde el deporte -esto sí lo tenemos que agregar- como solución, puede contribuir de una manera muy importante.
Teniendo en cuenta lo precedente, nos permitimos adjuntar una estimación económica de las necesidades para realizar un trabajo decoroso que permitiría, dentro de ese marco, un desarrollo sustentable del deporte de alto rendimiento.
No pedimos dinero para que una institución o las federaciones deportivas administren directamente. Lo que propone el Comité Olímpico Uruguayo y sus federaciones afiliadas es la adjudicación de una partida, a través de la Fundación Deporte Uruguay, que tendría el correspondiente control sobre su uso adecuado, para que todos los procedimientos de asignación y aplicación sean absolutamente cristalinos, de forma que el Ministerio de Turismo y Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo continúen trabajando, como lo han hecho en el período reciente, en forma armoniosa y justa.
A continuación, vamos a plantear una serie de posibilidades. Es necesario contar con un apoyo presupuestal nacional que respete el ciclo olímpico -cuatro años- es decir, los juegos sudamericanos, los panamericanos y los olímpicos. Se debería instrumentar un impuesto a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos y a todos aquellos productos que redundan en actividades no sanas, que pueden ser combatidas por el deporte. Por esta vía, Paraguay recoge el doble de lo que hoy se le da al deporte uruguayo. En el caso de los teléfonos celulares -que es lo que ha logrado el Comité Olímpico Argentino- el aporte en el primer mes fue US$ 2:500.000.
Otra posibilidad está referida al tratamiento del deporte igual que a las escuelas, particularmente en lo que tiene que ver con la exención de impuestos, en forma similar a aquellas empresas que estén dispuestas a colaborar con las federaciones o el Comité Olímpico, para la preparación y participación de los deportistas de las federaciones que integran el programa de los juegos sudamericanos, panamericanos y olímpicos, así como de los campeonatos sudamericanos, panamericanos y mundiales y competiciones clasificatorias para las distintas federaciones.
A efectos de no recargar demasiado algunos aspectos, planteamos la posibilidad de combinar todos estos elementos.
En el día de hoy venimos a solicitar, por un lado, lo que figura en el proyecto de ley, es decir, $ 50:000.000 -equivalente a US$ 3:000.000 por año, aproximadamente- y, por otro, un ajuste en las cantidades referidas al financiamiento de las actividades del Comité Olímpico. Hemos derivado estas cifras por otro camino porque, lo que más nos interesa es apoyar a las federaciones a través de la Fundación Deporte Uruguay. Así pues, en lugar de $ 2:000.000, como figura en el proyecto de ley, pedimos US$ 100.000, es decir, que se duplique.
Esto es lo que sucintamente hemos venido a plantear y que está mucho más claro en el documento que hemos repartido a los señores Senadores.
Finalmente, queremos decir que nos hemos tomado el atrevimiento -por decirlo así- de proponer la inclusión en el proyecto de ley de Presupuesto de tres artículos, pero son ustedes los que decidirán si ello corresponde.
SEÑOR HEBER.- Damos la bienvenida a los representantes del Comité Olímpico Uruguayo y, en aras de ahorrar tiempo, formularemos algunas preguntas para dar una mano a esta institución, que es algo que consideramos fundamental. Recuerdo que el Ministro Lescano -ello consta en la versión taquigráfica correspondiente- frente a las preguntas realizadas por distintos Legisladores sobre su compromiso con el Comité Olímpico, claramente manifestó que en la medida de sus posibilidades está de acuerdo en darle una mano. Es más, en esa ocasión señaló que si bien él estaba comprendido dentro de la filosofía del Poder Ejecutivo y que, indudablemente, no podía tomar una iniciativa en ese caso, estaba totalmente de acuerdo en dar una mano al Comité Olímpico y a sus aspiraciones, que no son muchas. En ese sentido, queda muy claro el compromiso existente, y luego veremos en la Comisión cómo podemos conseguir de aquí y de allá los recursos necesarios. Estoy seguro de que todos los Legisladores -no importa si son del Gobierno o de la oposición- estamos contestes en que el Comité Olímpico debe tener esto como mínimo, sobre todo en los deportes de alto rendimiento y en la proyección que el país tiene en función del deporte, para poder contar con el apoyo necesario que siempre han reclamado.
Digamos también que esto es un mea culpa de todos los partidos políticos, porque, a veces, en el pasado, mientras las empresas públicas financiaban actividades deportivas bastante caras, al Comité Olímpico no le estábamos dando lo necesario. Nadie está libre de culpa sobre lo que podríamos dar; lo que creo es que podríamos ayudarnos a encontrar los caminos para conseguir el dinero que el Comité Olímpico está realmente necesitando para ayudar a muchachos y muchachas que prestigian al país en el exterior.
Asimismo, quisiera señalar dos precisiones. En primer lugar, a efectos de clarificar las cifras, en el memorándum del Comité Olímpico se habla de $ 50:000.000 por año que equivaldrían a US$ 2:500.000. En segundo término, la cifra de $ 20:000.000 se baja a $ 2:000.000. Es simplemente para saber, porque estamos hablando en total de $ 52:000.000 cuando en realidad son US$ 2:600.000, que es lo que se estaría pidiendo. Una parte iría directamente a la Fundación Deporte Uruguay y otra -US$ 100.000- al Comité Olímpico Uruguayo.
Quería clarificar estas cifras a los efectos de poder luego hablar con precisión entre los Legisladores para encontrar estos recursos que estoy seguro vamos a lograr.
SEÑOR MAGLIONE.- La diferencia está en que el pedido de los US$ 2:500.000 para la Fundación Deporte Uruguay -organismo controlado por el Gobierno y por el Comité Olímpico- es por intermedio del Presupuesto General de la Nación; es decir, que el dinero es pura y exclusivamente destinado a las federaciones y al deporte de alto rendimiento. La otra cifra vendría por parte de los casinos, ya que hay una ley que establece que el Comité Olímpico tiene que recibir una parte de todo lo recaudado por los casinos. Ese dinero implicaría una suma superior a US$ 1:500.000 por año. Esto es imposible, por eso en lugar de los US$ 50.000 que recibimos ahora, estamos pidiendo US$ 100.000 por año.
SEÑOR PASQUET.- Nos complace mucho la visita del Comité Olímpico Uruguayo; sabemos de su trayectoria y sus realizaciones y que está presidido por uno de los pocos dirigentes del deporte de estatura internacional con los que nuestro país ha contado en su historia.
Tenemos la mejor voluntad para contemplar los planteamientos mesurados que hace el Comité Olímpico Uruguayo. Esto lo hemos manifestado cuando el señor Ministro de Turismo y Deporte visitó esta Comisión y señaló que su Ministerio se encuentra abocado a la preparación de un proyecto de ley del deporte que pretende contemplar la situación de los deportes de alta competencia y, en ese marco, también las actividades que auspicia y respalda el Comité.
En esta instancia presupuestal y a esta altura de los acontecimientos, tenemos limitaciones de carácter institucional que seguramente conoce el Comité. No podemos tomar iniciativa para proponer gastos, pero dentro de esos límites agotaremos las posibilidades de contemplar -en la medida de lo posible- los planteamientos formulados. No me extiendo más porque todavía hay varias delegaciones que esperan ser recibidas.
SEÑOR BARÁIBAR.- Saludamos al Comité Olímpico Uruguayo, a los integrantes de la delegación que hoy nos visita y al doctor Jorge Maglione, con quien desde hace años -él lo sabe muy bien- ya en otros Presupuestos, tuvimos que luchar por alguna reivindicación en materia de recursos para el Comité Olímpico Uruguayo y creo que en aquella ocasión lo hicimos con bastante éxito. Es posible que estemos hablando de diez años atrás.
He leído con mucha atención la documentación que nos han enviado y estoy convencido de que lo que allí se expresa es correcto. Quiero subrayar solamente una frase que expresa que el deporte de alto rendimiento ha adquirido con el paso del tiempo una importancia inestimable; el éxito deportivo crea imagen, promociona, pone en el mapa y en la atención de la opinión pública internacional a cualquier país por pequeño o desconocido que sea. No solo estoy teóricamente convencido de ello, sino que lo he podido comprobar empíricamente en las ocasiones en que tengo que viajar al exterior, cuando la gente me habla de los goles de Forlán, de la selección uruguaya, del cuarto puesto y de la mano de Suárez. Sin duda, ello vende reconocimiento del país.
El señor Senador Pasquet ha hecho referencia a la limitación que existe a la hora de otorgar un recurso que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, pero de todas maneras creo que vale la pena la visita que ustedes nos han realizado. Estamos al comienzo de un quinquenio y creo que en el futuro tendremos muchas instancias de distinta naturaleza en las que podremos seguir examinando el tema. No obstante, pienso que lo que ustedes reclaman es absolutamente de recibo y en estas circunstancias como en otras de diferente naturaleza -siempre en el ámbito parlamentario- trataremos de atenderlos pues, como saben, siempre estamos dispuestos a escuchar sus reivindicaciones y a realizar aportes sabiendo que ustedes trabajan por el deporte uruguayo.
SEÑORA PRESIDENTA.- En nombre de la Subcomisión, agradecemos la presencia de la delegación del Comité Olímpico Uruguayo.
(Se retiran de Sala los representantes del Comité Olímpico Uruguayo.)
(Ingresan a Sala representantes de la Mesa de Contratados del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene mucho gusto en recibir a la delegación de contratados a término del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes nos van a presentar sus reivindicaciones, que luego tomaremos en cuenta a la hora de la discusión de los artículos concretos.
SEÑORA FREGOSSI.- Muy buenos días a todos. Les agradecemos por recibirnos en la mañana de hoy y les señalamos que hemos entregado carpetas para que puedan ser repartidas entre los señores Senadores, a fin de que estén al tanto de nuestra situación.
Soy abogada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y les comento que venimos en representación de sus funcionarios contratados y pasantes. Queremos contarles nuestra situación y plantearles una posible modificación a algún artículo.
En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a nivel nacional, trabajamos 129 funcionarios contratados, pasantes y becarios; a esa cifra se suman 14 contratados que ingresaron el mes pasado para trabajar en los Consejos de Salarios. En síntesis, se trata de alrededor de 99 contratados, 28 pasantes y 14 contratados en forma colectiva.
El ingreso a la función se hizo mediante un concurso para pasantes. Luego, debido a la necesidad de personal, se planteó la posibilidad de otro concurso para hacer un contrato a término porque, de lo contrario, el servicio caía. En función de ello, volvimos a concursar y se nos dio un plus en el puntaje, aunque hubo pasantes que no llegaron al porcentaje necesario y no fueron seleccionados. Quiere decir que desde que ingresamos hemos concursado dos veces por la misma silla y para desempeñar las mismas tareas.
En la actualidad llevamos entre cuatro y seis contratos firmados con la Administración, de renovación de pasantía, y demás. Estamos desempeñando todas las tareas que corresponden a un funcionario público.
En nuestro caso, por ejemplo, somos abogados de audiencias y consultas, tarea que implica tomar las audiencias, realizar consultas y confeccionar la documentación pública. Es más, el compañero Bello es el encargado de la sucursal de Belvedere, eso significa que está a cargo de contratados.
También estamos a cargo de la parte administrativa, que abarca la atención personal, expedientes, citaciones, liquidación de sueldos, informática, mantenimiento. Todo lo que representa el servicio ofrecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su gran mayoría es llevado a cabo por el personal contratado.
Nuestro planteamiento tiene que ver con el hecho de que somos contratados a término, pero, en realidad, consideramos que se nos debería aplicar la Ley Nº 15.809, en cuyo artículo 56 se establece que las tareas de carácter permanente deben ser realizadas bajo el régimen de funciones presupuestadas.
En la página de la Oficina Nacional del Servicio Civil aparece una entrevista realizada a su Directora, quien entiende que las funciones permanentes deberían ser detectadas y, en consecuencia, pasar a ser presupuestadas.
Nosotros no fuimos contratados por un organismo o una organización para realizar una tarea determinada; cumplimos las tareas, hacemos lo mismo que un funcionario público, sin tener los mismos derechos ni los mismos beneficios. Queremos señalar que tampoco pertenecemos a la actividad privada.
En la carpeta que entregamos a los señores Senadores planteamos nuestro apoyo al articulado que presentó COFE. En él se propone que el artículo 37 sea para las funciones de carácter permanente, por lo que proponemos se realice la bipartita y se decida. O, en el caso del artículo 59, planteamos no establecer plazos de tres años más una prórroga por igual término.
Entendemos la situación de reestructura del Estado y que hay que determinar qué se necesita y qué no, pero también entendemos que esta realidad existe desde 2006 y nosotros somos rehenes de una situación de tiempos y que al Estado le lleva más de lo que uno puede planificar. Por ello, la limitación de los plazos nos tiene atados a una circunstancia que no necesariamente va con la voluntad que pueda tener el Gobierno.
También queremos manifestar que cuando se inició el trámite del Presupuesto, las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entendieron que éramos necesarios y solicitaron nuestros cargos como vacantes para ser cubiertas. El Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil sostuvieron que la situación se regularía en esta instancia. Eso demuestra la voluntad existente por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para continuar con nuestro vínculo.
Comunicamos también a los señores Senadores que tenemos un expediente firmado por los Directores y encargados de Sección -el 6185/2009- en el que estas autoridades reconocen la necesidad de servicio y manifiestan que el mismo puede caer.
Debemos señalar que anualmente se realiza un promedio de 100.000 audiencias y consultas -vía Internet o personalmente- y que entre los funcionarios contratados y los pasantes atendemos el 65% o el 70% de ese total. Si de ese total de 100.000 audiencias anuales, se va el 65% o el 70% de los funcionarios, esas audiencias se reducirían a 35.000, en un área sumamente delicada como es el Derecho Laboral y la situación en la que se encuentran quienes recurren al Ministerio.
SEÑOR COMESAÑA.- Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Comesaña y soy abogado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Agradecemos su recibimiento porque de esta manera podemos expresar nuestra preocupación respecto a este tema.
Queremos aclarar que a pesar de que quienes asistimos a la Comisión somos abogados, no solamente representamos a colegas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tienen contrato a término sino, también, al personal administrativo que se encuentra en la misma situación que nosotros y a los pasantes y becarios que, si bien no tienen contrato a término, han ingresado al Estado y realizan la misma función que nosotros y que los demás funcionarios que trabajan en las diferentes secciones del Ministerio.
Esta no es la primera vez que concurrimos a una instancia de este tipo puesto que ya lo habíamos hecho ante la Comisión de Presupuesto que presidía el entonces Senador Gargano en 2008, oportunidad en que planteamos este tema. En ese momento nos manifestó que aparentemente en la ley de Rendición de Cuentas nuestra situación se solucionaría, cosa que no sucedió y por eso hoy estamos nuevamente aquí. A su vez, también estuvimos presentes cuando se discutió este Presupuesto en la Cámara de Representantes.
Como dijo anteriormente mi compañera, nuestra situación contractual se inició con el Estado en algunos casos desde hace más de cuatro años y hoy tenemos un contrato precario porque la función que desempeñamos es claramente la de un funcionario público y no la de un funcionario que se encuentre bajo nuestro régimen de pasante o de becario. Esto se desvirtuó desde el momento mismo de nuestro ingreso, porque desde el inicio desempeñamos funciones propias del funcionario público. Si bien entendemos que el Estado se enfrenta a una prohibición legal en cuanto a tomar funcionarios para las tareas que necesita cumplir y que a través de estos mecanismos intenta paliar sus efectos, a nosotros nos deja en una situación de precariedad porque como bien se dijo no tenemos los derechos de los públicos ni de los privados aunque sí todas las obligaciones de los funcionarios públicos, ya que debemos cumplir el trabajo de la misma forma en que ellos lo hacen. Como dijo mi compañera, esto ha sido reconocido por todas las autoridades que han pasado por el Ministerio desde que ingresamos a la función. Incluso, la propia doctora Elena Tejera, que en su momento se desempeñaba en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que ahora es Directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, en distintas charlas que mantuvimos con ella reconoció nuestra tarea, manifestó claramente que consideraba que la que llevábamos a cabo era propia de un funcionario público y que debía regularizarse. Sin embargo, hasta la fecha el tema no se ha podido solucionar. Entendemos que la solución que propone COFE es buena -es muy similar a la que se dio en el Gobierno por medio de la Ley Nº 17.930- porque propone instaurar comisiones paritarias que estudien cada uno de los casos. Nosotros tenemos claro que los casos no son todos iguales y que así como hay pasantes y becarios que cumplen funciones propias de un empleado público, en la Administración también hay pasantes y becarios que cumplen esta función. Por tanto, el vínculo contractual de estos últimos no estaría desvirtuado o desnaturalizado, lo que sí sucede en nuestro caso.
Entendemos que el proyecto de ley que se está estudiando no establece una solución clara a este tema, sino que la dilata en el tiempo a través de una nueva figura contractual de tres años, con una prórroga de hasta tres más. Como se ha manifestado por COFE, por nuestra parte y por diferentes Legisladores de la Cámara de Representantes, estos plazos tan amplios demuestran claramente que somos funcionarios necesarios para el Estado ya que, de otra forma, no tendría sentido hacer un contrato tan largo. Con esto quedaría clara la necesidad de nuestra presencia en el servicio por lo que de alguna forma debería regularizarse nuestra situación.
Por otra parte, independientemente de las soluciones que ha planteado COFE, nosotros también solicitamos una discusión abierta del tema para conocer los planteamientos e ideas de los distintos Legisladores y adelantamos que estamos abiertos a las soluciones que se puedan elaborar.
Si bien hemos mantenido conversaciones con distintas autoridades y representantes del Poder Ejecutivo -y no lo hemos hecho solo nosotros sino también otros organismos del Estado- en más de una oportunidad se ha manifestado claramente que este es un tema que debe solucionarse en la Cámara que corresponda, ya que es de índole legislativo y que cualquier modificación que se le introduzca para un lado o para el otro, debe hacerse directamente aquí. Por esta razón, hoy estamos exponiendo nuestro problema ante esta Comisión.
Cuando concurrimos a la Cámara de Representantes, el Diputado Gamou hizo una afirmación que compartimos en parte. En forma casi textual dijo que el tema debía ser analizado teniendo en cuenta que si bien hubo determinados by pass que se hicieron de parte del Estado como consecuencia de la imposibilidad de contratar nuevos funcionarios, nosotros también lo hicimos.
Si bien compartimos la primera parte de su afirmación en cuanto a que el Estado hizo by pass, es decir que en forma paralela intentó solucionar un problema de funcionamiento y lo hizo a través de los diferentes contratos que hoy en día se fueron desvirtuando, no compartimos que se nos vea como los responsables de esta situación. Simplemente somos trabajadores del Estado que desde el primer momento cumplimos la tarea que nos fue asignada. En ningún momento, desde que comenzamos a trabajar, pensamos cumplir una función distinta a la de pasante o becario. Se trata de algo que se fue dando en la práctica y en el trabajo diario.
Esta problemática se ha manifestado claramente en varios sectores. Hoy en día, quienes estamos aquí presentes formamos parte de la sección Conflictos Individuales de Trabajo; unos trabajamos en la parte de audiencias y otros en la de consultas. No obstante, no es el único lugar donde los funcionarios con contrato a término realizan una función esencial; también se da en el caso de Cómputos, donde la gran mayoría son contratados a término; en la parte de Servicios y Mantenimiento del Ministerio ocurre lo mismo. En muchos casos, donde hay administrativos, son todos contratados a término y cumplen una función fundamental.
El caso más claro que citamos es el de Belvedere y puedo hablar con propiedad porque es donde desempeño funciones. Allí el doctor Bello y quien habla somos los únicos abogados que en este momento realizan las audiencias y consultas de la sucursal. En mi caso particular, desempeño esas tareas en forma momentánea porque, además, estoy supliendo a una compañera -también contratada a término- que se encuentra bajo el régimen de licencia por maternidad.
De la forma más breve posible intentamos poner en su conocimiento nuestra situación, que sabemos no es única ni privativa, sino que sucede en varios organismos del Estado y es por ello que en las carpetas que les entregamos hay propuestas para alcanzar una solución. Por supuesto, pueden ser mejoradas y perfectibles.
SEÑORA FREGOSSI.- Lo que estamos solicitando es la aplicación de la primacía de la realidad, que es un principio del Derecho Laboral y que el Estado tanto ha insistido en aplicar a los privados. Entendemos que en esta instancia el mismo Estado debería ser el buque insignia que lleve la bandera de su aplicación, es decir, que ante una situación real se maneje con los derechos y obligaciones reales de cada persona.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su visita. En su momento, la información que nos brindaron formará parte de la discusión del articulado.
(Se retira la delegación de Contratados a Término del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.)
(Entra a Sala una delegación de la Asociación de Funcionarios Aduaneros.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir la visita de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, que va a presentar su planteamiento respecto al Presupuesto Nacional que estamos examinando.
SEÑOR CHARLONE.- Pertenecemos al gremio de la Aduana y venimos a tratar el artículo 306, tema que ya hemos planteado en la Cámara de Representantes, pero no hemos sido escuchados.
Debemos aclarar que nuestro gremio está en conflicto desde el mes de julio y si bien hemos firmado un acta entre una Comisión Tripartita y el Ministerio de Economía y Finanzas, esta no ha sido respetada.
Solicito a la compañera Ema Ferreyra haga uso de la palabra para referirse al tema.
SEÑORA FERREYRA.- Lo que queremos exponer ante la Comisión, en primera instancia, es cuál es el efecto de la sustitución del régimen actual de distribución del producido de las multas por el Fondo por mejor desempeño que se pretende crear a través del artículo 306.
La aprobación de este artículo implica, para los funcionarios que no participan directamente en la constatación de las multas, una rebaja en sus ingresos salariales, y para los que constatan las infracciones y que han sido contemplados por la ley madre del año 1939, un desestímulo en el desarrollo de su tarea.
El estímulo generado a través de los distintos regímenes, incluido el actual, que ha variado en el porcentaje de participación y en el producido de las multas, así como en el porcentaje correspondiente del producido de la comercialización de las mercaderías incautadas, ha permitido a los funcionarios que tienen a su cargo nada más ni nada menos que la tarea de contralor, una autonomía técnica frente a los intereses de los privados, asegurando el compromiso de esos funcionarios con la tarea que lleva adelante el organismo y el valor de la integridad tan altamente cuestionado con respecto a la tarea aduanera.
En instancias en que las tendencias modernas de las aduanas del primer mundo indican que deben orientar su tarea o diversificar sus cometidos entre la facilitación del trámite y el contralor, estableciendo sanciones mucho más severas, este artículo podría estar implicando que esos mismos funcionarios que deben encargarse del control, en la medida en que logren un resultado eficiente en la tarea aduanera, pudieran no percibir ingresos como consecuencia de las tareas de fiscalización. Se podría dar el absurdo de que cuanto mayor sea la eficiencia de la Aduana, quienes contribuyan a llevarla adelante vean disminuidos sus ingresos.
Por otro lado, implica la enorme responsabilidad para esos funcionarios de ser quienes, mediante la constatación de las infracciones aduaneras, tengan a su cargo solventar los ingresos generados para las retribuciones de la totalidad de los funcionarios.
Constatar una infracción no necesariamente implica que exista un infractor, que se pueda demostrar su existencia, que sea reconocida por el infractor y además, pagada.
Este artículo ha sido uno de los puntales del conflicto que los funcionarios de la Aduana llevamos adelante, porque implica, entre otras cosas, el desconocimiento de cómo se va a valorar nuestra tarea en lo que tiene que ver con la remuneración.
En diversas conversaciones que hemos mantenido con el Director Nacional de Aduanas -y en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes- ha sostenido que este artículo, que tiene que ver con la modificación del sistema de las retribuciones aduaneras, es la clave y la base estructural de dicha modernización. Pero los funcionarios no estamos de acuerdo con ese concepto y sostenemos que una modificación de las retribuciones aduaneras debe requerir el estudio profundo que merece y no puede estar separada del contexto global de la reforma y la consecuente modificación y actualización de un régimen sobre el que todos coincidimos, está prácticamente desactualizado.
El propio Director Nacional -consta en la versión taquigráfica de la Comisión antes mencionada- ha elogiado la tarea de los funcionarios que participan en las áreas de fiscalización y en verificaciones y ha planteado que estaría dispuesto a promover una modificación de este artículo, en el sentido de generar un sistema mixto en el que se contemplaran la diferencia de responsabilidad de estos funcionarios respecto de los demás. Concretamente señala que podría haber un sistema mixto de incentivo que resguarde a los funcionarios de primera línea -o sea, a los que actúan en fiscalización y a los verificadores- que si no tuvieran un incentivo de una alícuota por la multa, obviamente caería su interés por la recaudación. Sostenemos, además, que la tendencia en este punto de las aduanas modernas -como es el caso de España y Francia, que en el año 1993 ya recorrieron este camino- es volver a reintegrar la participación en un incentivo directo a los funcionarios que tienen la responsabilidad del contralor.
Esto puede ser constatado en la XXV Reunión de Directores de América Latina, España y Portugal del mes de noviembre del año pasado.
Este artículo tiene otro punto en el literal A) -sobre el cual me estoy refiriendo- que para los funcionarios determina que no se sientan incentivados para realizar la tarea. Me refiero a la inclusión de estas compensaciones en los topes establecidos por el artículo 105 de la Ley Especial Nº 7 que ya afecta los salarios de más del 30% de la plantilla de funcionarios de Aduanas que han visto recortados sus salarios. Esto determinaría que quienes podrían ser beneficiarios de estas compensaciones fueran aquellos que por vía de excepción, por decreto y seleccionados discrecionalmente por el Director Nacional de Aduanas de turno, quedarían exceptuados de esta norma.
Nuestra propuesta con respecto al literal A es que se tome en consideración que el planteo de los funcionarios, específicamente, consiste en su eliminación, porque entendemos que para innovar en este aspecto se requeriría, en primera instancia, un análisis profundo del tema y, por lo menos, habría que esperar las resultancias del trabajo de una consultora que todavía no fue contratada y que, por lo tanto, no ha realizado su informe.
En estas condiciones, los funcionarios estamos dispuestos a sentarnos a dialogar sobre el tema y tratar de zanjar nuestras diferencias, pero sobre bases ciertas y no en función a un artículo que, en definitiva, es un signo de interrogación, como el resto de la reforma de la Aduana.
Corresponde analizar el literal B del mismo artículo que también es uno de los puntos conflictivos de esta ley de Presupuesto.
SEÑORA PÉREZ.- Con respecto al literal A, cabe explicar que la multa por infracciones aduaneras se distribuye de la siguiente manera: el 5% se destina a salvar las inequidades de los funcionarios del Inciso; el 10% va a Rentas Generales; el 40% es cobrado por el funcionario que detecta la infracción y el 30% se reparte entre los funcionarios, según el grado que revisten. Por el 40% y el 30% respectivos, los funcionarios nos hacemos cargo de los montepíos correspondientes, tanto personal como patronal. A su vez, un 15% es percibido por los funcionarios denominados “paraaduaneros” -conocidos como Fupaa- provenientes de dependencias públicas y que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Presupuesto de 2001, se desempeñan en la Aduana en régimen de pase en comisión. Según lo establecido en dicha disposición, esos funcionarios son de confianza del Director Nacional de turno y pueden llegar a ser hasta 50. Llegan a Aduanas con el sueldo de su oficina de origen y cobran una compensación que se les da por ese 15%; entre las dos partidas, pueden cobrar hasta 29 Bases de Prestaciones y Contribuciones. A su vez, tienen un tope diferente, pues el tope del 90% del Director Nacional, puede ser de $ 40.000 nominales, mientras que los Fupaa llegan a percibir $ 60.000, o más.
Concretamente, consideramos que estos funcionarios no están capacitados para cumplir funciones en la Dirección Nacional de Aduanas pero, además, no sabemos cómo ingresaron en sus oficinas de origen. Según la ley que los creó -por decirlo así- en 2001, la única función que pueden cumplir es la represiva, pese a que por el artículo 306 se les puede asignar cualquier tarea.
En una mesa de negociación que tuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas con el profesor Apezteguía, el Director Nacional de Aduanas y, en alguna oportunidad, el economista Buonomo, acordamos algunos temas; entre ellos, se resolvió que a los Fupaa no se les dieran funciones diferentes a la que se les asignó cuando fueron creados. De esa reunión tenemos un acta -que hicimos llegar a los señores Senadores- firmada por los representantes del Poder Ejecutivo y el sindicato. Cuando vimos que no se había cumplido con el acuerdo, se lo hicimos saber inmediatamente al Director Nacional, quien nos dijo que no podía hacer nada; luego lo consultamos al profesor Apezteguía, pero nos aclaró que la solución de ese tema era un compromiso del Poder Ejecutivo.
SEÑOR ELIZALDE.- Con respecto a este asunto quisiera agregar que, evidentemente, es una suerte de bipolaridad filosófica, pues en 2001 la Bancada del oficialismo votó negativamente la creación de esta figura, pero ahora se sigue manteniendo el número de los Fupaa, pese a que existe la normativa para sancionar al funcionario infiel. Por lo tanto, considero que antes de otorgar lugares de trabajo a funcionarios que vienen con su salario y una trayectoria en otros organismos -fundamentalmente del Ministerio del Interior, pese a que está seriamente en cuestión el tema de la seguridad pública- se debería tener en cuenta a aquellos jóvenes que hoy integran las plantillas de funcionarios contratados de la Aduana, pasantes y becarios.
SEÑORA ESQUERRE.- Quisiéramos hacer una aclaración.
En su momento, cuando este artículo se trató en la Cámara de Representantes, lo rechazamos, pero igualmente pasó a la Cámara de Senadores para su consideración. Dado que no obtuvimos su eliminación, sugerimos ciertas modificaciones. Concretamente, proponemos dos cláusulas que nos ofrezcan determinadas garantías para que el gremio participe en la instrumentación de estos objetivos y los funcionarios no vean reducidos sus ingresos. Además, se solicita la eliminación del tope correspondiente a las metas, se plantea una reducción del número de funcionarios públicos para los Fupaa y el acotamiento de las funciones, tal como figuraba anteriormente en el artículo.
En grandes líneas, esas son las modificaciones que solicitamos.
Por último, queremos señalar -tal como dijo el compañero- que tenemos un grupo importante de gente dentro del organismo que está cumpliendo funciones importantes en lugares claves, estratégicos, y si se rescindieran sus contratos, se acentuarían los problemas relacionados con el tema de las funciones Entonces, estamos totalmente alineados con COFE en la regularización de dichos contratos.
Es cuanto queríamos manifestar.
Muchas gracias.
SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias a la delegación por visitarnos. Vamos a tener en cuenta el material entregado y el planteo que han realizado.
(Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Aduaneros.)
(Ingresa a Sala una delegación del Cuerpo Estable de Músicos del SODRE.)
-La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de la República, en el marco del tratamiento del Presupuesto Nacional, tiene el agrado de recibir al Cuerpo Estable de Músicos del SODRE -con cuyos integrantes hemos conversado en otras oportunidades- para realizar su planteo.
SEÑORA GONZÁLEZ.- Muchas gracias por recibirnos. Somos miembros del Cuerpo Estable de la Orquesta Sinfónica del SODRE, por lo que venimos en su representación.
El memorándum que hemos entregado a los señores Senadores -que no leeremos textualmente, para ser más breves- contiene, en su primer punto, un breve recuento de la historia del SODRE, cuya fundación data de 1931. El objetivo de aquel tiempo, de la Radio CX 6, era llevar las notas de arte y cultura no solamente a los centros urbanos, sino a los más apartados hogares del país. Este es simplemente un comentario, a los efectos de recordar el tiempo de que data la orquesta, pues la historia del SODRE es realmente extensa.
La Orquesta Sinfónica del SODRE ha sido siempre la plaza más importante del país y por ella han transitado cantidad de músicos nacionales e internacionales de renombre. Realmente, el SODRE ha sido un referente, y no solo a nivel latinoamericano; incluso, hoy en día, los directores que siguen viniendo conocen su nombre. Fue en las décadas del cincuenta y sesenta cuando llegó a su punto máximo de alta excelencia; ya en la década del setenta empezó la decadencia y, hasta ahora, no se ha recompuesto.
Podemos dividir la situación actual en tres puntos principales, el primero de los cuales refiere a los salarios. Aclaro que hoy nos acompaña Daniel Lasca, nuestro concertino, el primer violín, figura principal de la orquesta. Quien habla es músico de fila, segunda flauta, cuarta categoría. A los efectos de ser ilustrativos, hemos anexado mi recibo de sueldo, donde figura lo que cobro sin la partida; con ella, son unos $ 6.000 más; o sea que, en definitiva, percibo entre $ 12. 000 y $ 13.000 por mes.
La OSSODRE, a pesar de su trayectoria e importancia, percibe la remuneración más baja, comparándola con la de cualquier otra orquesta. Por ejemplo, la OSPA, que es la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre y es menor dentro de Brasil, cobra muchísimo más. En comparación con otra orquesta nacional, cobramos menos de la mitad que en la Orquesta Filarmónica. Esta situación lleva a muchos músicos a trabajar también en la Orquesta Filarmónica -lo cual es inusual en otros países- es decir que terminamos un ensayo y salimos corriendo a tocar en la otra orquesta.
Aclaro que en todo momento estamos hablando de cargos que se generaron en concursos de oposición, con jurados internacionales.
La situación de los salarios es muy grave, por lo que figura en primer lugar. Realmente, el músico tiene una exigencia constante, ya que no se trata simplemente de concursar un día con un jurado internacional, sino que existe una exigencia diaria para estar a la altura de un profesional de la orquesta sinfónica. Esto hace también que muchísimos jóvenes hayan emigrado y hoy residan en otros países, aunque sabemos que esto no sucede solo con los músicos, sino con mucha gente de otras profesiones.
La segunda inquietud que queremos plantear, igualmente grave, tiene que ver con que todos los músicos que hemos concursado desde el año 2000 -aquí están incluidos los concursos de 2003 y 2006- aun no tenemos los nombramientos. Es decir, hace casi 11 años que se ganaron los cargos, pero estamos trabajando en negro porque, al no tener los nombramientos, no hacemos los aportes correspondientes. Es cierto que hubo promesas en el sentido de que los nombramientos se harían este año, pero ya queda poco tiempo. Esta cuestión nos preocupa realmente, porque estamos hablando de muchos años. Si bien ya podríamos haber hecho un juicio al Estado, no hemos procedido así porque tenemos la esperanza de que se hagan los nombramientos.
SEÑOR SÁNCHEZ.- Soy contrabajista de la OSSODRE. Con respecto al punto que recién mencionaba Margarita González, quiero decir que al estar en negro, los aportes no son tales porque no hay rubros para pagarnos los derechos ya adquiridos. Al respecto, el Ministro Ehrlich dio su palabra a la Orquesta, comprometiéndose a que los concursos que se hicieron en los años 2000, 2003 y 2006 -y que ya fueron ganados- terminarían de hacerse efectivos este año. Sin embargo, hasta ahora no ha sucedido nada de eso, por lo que seguimos en una situación bastante lamentable, que nos preocupa.
SEÑOR LASCA.- Para redondear lo que decían mis compañeros, quiero aclarar que más del 50% de los integrantes de la OSODRE está actualmente en esa situación. Somos ganadores de concurso y aún no se han efectuado los nombramientos de nuestros cargos, en mi caso particular, hace ya 11 años. Es más, entré como músico de fila y en el año 2006 concursé nuevamente para el cargo que estoy ocupando en el presente así que, en definitiva, concursé dos veces y todavía no he sido nombrado.
Tal como mencionaron mis compañeros, la Orquesta Sinfónica del SODRE es el buque insignia de la cultura nacional y la orquesta sinfónica decana en América Latina, ya que fue la primera que se creó. Su prestigio trascendió fronteras, no solo de América Latina, sino también de Europa. Ahora bien, lo que sucede podría llamar a engaño. Nos congratulamos y vemos con beneplácito que se haya terminado el auditorio -una casa propia, que respondió a una urgencia y a una necesidad nuestra- y que en este momento se reformule el Cuerpo de Baile del SODRE; sin embargo, allí se da una situación similar a la nuestra, porque una gran cantidad de bailarines no tiene sus nombramientos. No queremos competir con ellos, pero la Orquesta Sinfónica ha sido siempre -como dije- el buque insignia de la institución y de la cultura del país.
En cuanto a lo que decía mi compañera sobre el trabajo en ambas orquestas, cabe señalar que de parte de las autoridades de cultura de la Intendencia hay intención de lograr la independencia, es decir, la exclusividad. En ese sentido, se está iniciando un proceso con el que estamos totalmente de acuerdo, porque para un músico no es sano ni saludable estar trabajando en dos orquestas, ya que no puede cumplir con su trabajo a cabalidad en ninguna de ellas. El tema es que si el año próximo se concreta la exclusividad en la Orquesta Filarmónica de Montevideo, va a pasar algo inevitable: la Orquesta Sinfónica del SODRE va a desaparecer. Esto no es un eufemismo, una metáfora, ni nada parecido, es exactamente así: la Orquesta Sinfónica va a desaparecer el año que viene si no se readecuan los salarios. Para que los señores Senadores tengan una idea, en la década del sesenta el salario de un músico del SODRE estaba equiparado al sueldo de un Legislador. En este momento, los señores Senadores podrán advertir la diferencia al ver un recibo nuestro.
SEÑOR RIERA.- Creemos que el tema de los nombramientos de los músicos constituye uno de los problemas fundamentales, porque genera una completa inestabilidad dentro del cuerpo. Estamos tremendamente preocupados porque, si no se hacen antes de la aprobación de la Ley de Presupuesto, no sabemos en qué situación vamos a quedar; por más que seamos ganadores de concurso, las autoridades del SODRE no nos han sabido decir cuál será nuestra situación específica. Tan es así que nuestros contratos en negro -al día de hoy estamos contratados, porque no hay rubros- se terminan en diciembre y las autoridades tampoco saben explicarnos de qué manera nos van a contratar, si es que lo van a hacer. A esto se suma el tema de la exclusividad de orquestas; no sabemos exactamente cuál es la intención de las autoridades municipales del SODRE. Esta situación genera un bajón anímico que influye de manera muy importante dentro de los cuerpos de la Banda Sinfónica Municipal y de la Orquesta del SODRE. Es complicado estar trabajando en estas condiciones que, además, se suman a las que ya venimos sufriendo -que muchas veces son terribles- y que son de público conocimiento. Entonces, se suman una cantidad de situaciones que hacen necesario que, al día de hoy, conozcamos hacia dónde apuntamos.
Con respecto al tema de la exclusividad, las autoridades del SODRE nos han manifestado que el plan de contingencia que se tiene dentro de la Orquesta es hacer audiciones, llamados y contrataciones a músicos, y no sabemos si son de la región o si son nacionales. También se nos dijo que la Orquesta Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura va a pasar a la órbita del SODRE ya que, evidentemente, no tiene el nivel necesario como para integrar una orquesta profesional y brindar la calidad que la Orquesta Sinfónica del SODRE se merece. Básicamente, venimos a solicitar un poco de claridad en cuanto a los objetivos que realmente se tienen respecto de la Orquesta que, reitero -ya lo señalaron mis compañeros- es la Orquesta Nacional, podríamos decir, la “selección” de los músicos. Muchos Directores uruguayos de altísimo renombre, como José Serebrier, Piero Gamba y Nicolás Pasquet, vienen aquí a dirigir, al igual que otros músicos que tienen una gran trayectoria. Entonces, sería una lástima que esta situación continúe como está -evidentemente, no puede seguir así- pues tenemos un futuro bastante oscuro y no sabemos para dónde ir.
SEÑORA GONZÁLEZ.- En la Ley de Presupuesto está especificada la cifra que se va a destinar para el ballet, todos sabemos qué figura está al frente, pero para la Orquesta no se ha determinado nada. Simplemente, reclamamos poder vivir con el salario del SODRE porque, realmente, el país se merece tener una Orquesta Sinfónica Nacional. Insisto -quiero ser breve porque sabemos que están cansados y que es la hora del almuerzo- en que la Orquesta Sinfónica Nacional tiene el cometido de llegar a todos los estratos sociales, sensibilizando y llevando un mensaje; por algo se denomina música clásica, no es solo por el período clásico. ¿Por qué algo llega a ser un clásico? Porque es universal. ¿Y por qué es universal? Porque llega a todos. Además, la música clásica forma parte de nuestra identidad; está bien apoyar a la murga y al candombe, a nosotros también nos gusta y también hacemos este tipo de música. A fines de 1800, las grandes compañías de Ópera que estrenaban en Italia, a los dos años venían a estrenar en el Río de la Plata y teníamos un nivel cultural que respondía a todos los géneros. Debo decir que, realmente, no nos hemos visto defendidos, ni representados en estos últimos Gobiernos, pues la Orquesta ha sido totalmente dejada de lado. A los que venimos de familia de izquierda que luchó y sufrió, nos da mucha lástima esta situación. Tenemos una gran desilusión, pero seguimos esperando y no le hemos iniciado ningún juicio al Estado porque realmente tenemos la esperanza de que esto cambie. Como dije, vengo de una familia de músicos de izquierda y mis padres han fallecido sin poder ver los cambios. La referencia que tenemos es la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que sí ha mejorado y, por ende, sus integrantes ahora reciben sueldos relativamente dignos. Entonces queremos, aunque no sea más, equipararnos a ella.
SEÑORA PRESIDENTA.- El planteo ha quedado claro y lo tomaremos en cuenta en el momento de la discusión interna que se dará cuando vayamos a analizar directamente los artículos.
Muchas gracias por haber venido.
Se pasa a cuarto intermedio hasta la hora 15.
(Así se hace. Es la hora 14 y 41 minutos.)
Material adjuntado por las Delegaciones 1.
Material adjuntado por las Delegaciones. 2
Material adjuntado por las Delegaciones 3.
Material adjuntado por las Delegaciones. 4
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![]() Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |