COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INTEGRADA CON HACIENDA

(Sesión celebrada el día 12 de octubre de 2023).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:58).

            –Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial integrada con Hacienda del Senado de la república.

Es un enorme gusto reencontrarme con los integrantes y funcionarios del Cuerpo después de una licencia de casi dos meses.

El 19 de julio fue la última sesión de esta comisión integrada. En estos días he estado estudiando las versiones taquigráficas y, sobre todo, la cronología de los proyectos de ley que dieron nacimiento a las tres iniciativas que hoy se consagran en una propuesta.

Cabe destacar que hubo cinco reuniones en las que se ha recibido, desde el 11 de mayo de 2021 al 13 de junio de 2023, a los distintos grupos del país organizados como deudores en UR del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda. Entre el 13 de octubre de 2020 y el 11 de julio de 2021, en tres oportunidades, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado recibió al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay por el tema en cuestión. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2023, recibió a representantes del Banco Central del Uruguay; el 1.º de junio de 2021, concurrieron integrantes de la Agencia Nacional de Vivienda. En 2021, asistieron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, en una primera instancia, a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y en una segunda instancia, el 19 de julio de 2023, a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial integrada con Hacienda; el 19 de julio de 2023 concurrió el Directorio del BROU y el 11 de julio de 2023 se recibió a representantes de AEBU, en única instancia, en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

            Hago el relato porque considero importante destacar que el actual proyecto de ley en consideración es la integración de distintas iniciativas en el tiempo. En primer lugar, la que consagra propiamente la propuesta de reestructura de adeudos, que ya tiene casi tres años y todas estas instancias, en su mayoría, de comparecencia. En segundo término, la que se agregó hace poco más de dos meses tiene que ver con la propuesta de integración de la banca pública o del crédito público hipotecario del Banco Hipotecario del Uruguay con el Banco República.

            En este momento, se está repartiendo el proyecto de ley sustitutivo o final, que la comisión tiene como propósito considerar en esta instancia, y el comparativo con el último que se había dado en conocimiento el 4 de julio. Tenemos esta última versión a efectos de comenzar a tratar el tema.

SEÑOR BOTANA.- Simplemente quiero aclarar que el comparativo fue hecho artesanalmente; no tiene la profesionalidad de los trabajos de la secretaría. Se hizo a los efectos de tener una ligera comparación con el último texto que estaba en consideración, pero quiero hacer la aclaración porque no es un comparativo hecho con la profesionalidad a la que estamos acostumbrados.

SEÑOR PRESIDENTE.- El comparativo cumple el propósito de ordenar de manera clara el motivo de la convocatoria. El último proyecto que todos hemos tenido y sobre el que estamos trabajando fue presentado el 4 de julio y el actual tiene algunas correcciones, definiciones en la redacción o algún propósito que se le ha incorporado.

            Desde la Mesa se sugiere comenzar el tratamiento y el análisis tratando de avanzar en lo posible, en función de la disponibilidad de las bancadas. Dejamos abierta la lista de oradores en referencia a lo que acabo de señalar.

SEÑOR BOTANA.- La sugerencia es tratar en la jornada de hoy el capítulo I, que es el que refiere a la solución del tema de los deudores, y dejar para la instancia del 17 lo referido a la integración del crédito hipotecario público. Esa es la sugerencia.

            Por otro lado, rápidamente quiero dar la razón de la sustitución del texto anterior por este nuevo. Simplemente queremos dar una estructura más clara al proyecto definiendo algunas de las cuestiones y cada uno de los aspectos a tocar: la creación de un fideicomiso para la administración del tema, establecer cuáles son las deudas que se quieren reestructurar y el monto, que comprende la deuda original más los intereses y los colgamentos.

 El artículo 4.º establece cómo se hace la extinción de la deuda, que es cuando se llega a los cuarenta años. Para los que ya los tienen, la deuda queda extinguida, mientras que los que están entre los treinta y cuarenta años reciben un tratamiento diferente en cuanto a los intereses. Esos tienen tasas cero en el reajuste de la deuda. Esto está consagrado en el artículo 5.°.

            En cuanto a la cuota mensual a abonar, en este caso se mantiene la anterior o la que se hubiere tenido al mes de diciembre del año anterior.

            Después hay algunas cuestiones de forma.

            Eso era lo que quería decir, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor senador.

            Hay que considerar el planteo del senador Botana; nos parece racional y nos permitiría acceder en forma más ordenada al tratamiento del proyecto.

En la jornada de hoy vamos a abocarnos a la primera parte, que comprende específicamente la propuesta de reestructura de adeudos, y podríamos dejar para la próxima sesión de la comisión el segundo capítulo, que tiene que ver con la propuesta de integración del crédito hipotecario público.

            En consideración lo propuesto.

SEÑOR BERGARA.- Es un gusto tener al señor presidente con nosotros. Realmente, lo digo desde el corazón.

            Quiero hacer una propuesta que sea todavía más simplificadora, porque estamos tratando un tema muy importante en muy pocas sesiones.

            Creemos que el capítulo II, que es totalmente diferente y seguimos sin entender su origen, amerita una discusión de muchísima más profundidad. Me cuesta creer que llevemos al pleno del Senado un proyecto de ley que incluya la desaparición de un ente autónomo con una discusión que se da en una reunión de comisión. Creo que hay que estar abierto a esa discusión, pero no es esta la instancia en la que podemos abordarla.

Por lo tanto, si vamos a tener dos sesiones de discusión sobre el proyecto, considero que deberíamos concentrarla en el capítulo I –que, entiendo, es el origen de la iniciativa– y plantearía el desglose total del capítulo II, con alguna referencia que hay en el capítulo I asociada a la eventual fusión de los dos bancos públicos.

            En conclusión, la primera propuesta es desglosar, quitar del proyecto de ley el capítulo II sobre la fusión de los dos bancos y la desaparición del Banco Hipotecario del Uruguay. Esa es una discusión a la cual estamos totalmente abiertos, pero entendemos que no puede darse en estos términos, en estos tiempos y de esta forma.

            Esa es la propuesta, reitero: quitar algún aditivo que hay en el capítulo I asociado a ese tema como, por ejemplo, el que indica que el BROU desarrollará y potenciará su línea de negocios de créditos hipotecarios para compra y reparación de vivienda. Obviamente, interpreto esto asociado a la fusión, porque si no la hubiera será una decisión de los bancos si van a competir o no en esta línea de negocios y me parece que no corresponde incluirlo en la ley.

            No he leído en profundidad todos los artículos. Si en ellos hay alguna otra referencia que se asocia a la fusión, también habría que eliminarla.

            Esa es una primera propuesta que nos gustaría hacer para simplificar la discusión y concentrarla en estas dos sesiones en el tema de la resolución de los deudores en UR del Banco Hipotecario del Uruguay, sin mezclar con otro tema que, creo, es bastante más grueso, bastante más importante desde el punto de vista institucional y que ameritaría mucha más profundidad de la que podemos tener en una sola sesión de comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR METHOL.- Quiero saludar al señor presidente y expresarle mi alegría por que haya regresado.

            En este sentido, quiero decir que compartimos el desglose, pero también agregaría el artículo 16, si les parece, que está en el capítulo III, que habla de que los bienes comprados en la cartera del Banco Hipotecario están incluidos en la presente ley. Creo que esa también es una referencia al capítulo II, pero lo dejo a criterio de la comisión para poder discutirlo.

SEÑOR GANDINI.- ¡Qué bueno tenerlo aquí! Todo cambia y mejora. ¡Me alegro!

            Simplemente, quiero adelantar que tengo la mejor predisposición de acompañar la primera parte de este proyecto, pero quiero decir que, por razones de fondo y de oportunidad, no voy a acompañar la fusión, la segunda parte. Cuando se trate esto daré mis argumentos, pero creo que ahora no es el momento político de la gestión para abordar esa discusión que lleva a la eliminación de un organismo, de una empresa pública. Me parece apropiado, ya mismo, avanzar en la solución de los deudores, porque es una buena medida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Me sumo a la bienvenida al señor presidente.

            Quiero decir que mis hermanas y yo somos herederos recientes, porque todavía está en trámite, de un apartamento del Banco Hipotecario, estamos al día, está todo bien, pero quiero dejar la constancia. Veré la parte reglamentaria que me corresponda, pero al fallecer mi madre este año –mi padre ya había fallecido–, estamos en trámite de sucesión, lo cual me involucra indirectamente. Quería dejar constancia de este hecho.

SEÑOR BERGARA.- ¿Cuánto lleva pagando?

SEÑOR MAHÍA.- ¡Sé los que faltan! Creo que son siete años.

            Quería dejar la constancia, porque corresponde que lo haga, a los efectos de que quede presente.

(Dialogados).

SEÑOR COUTINHO.- Desde que el Senado trasmitió a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial que tendría que asesorarlo integrándose con la Comisión de Hacienda, claramente cambió un poco el escenario. Este asunto tiene un origen y no podemos perder de vista la perspectiva de que son 24.000 familias que vienen sufriendo, padeciendo y sintiendo esta injusticia. Por lo tanto, voy a reclamar el contexto de los plazos para poder salir de esto en forma definitiva.

Como integrante de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial integrada con Hacienda siento una profunda responsabilidad sobre lo que se resuelva en esta sala. Sin duda, esta reunión es el inicio de la concreción de una solución para un tema sumamente sensible, humano y es desde esa óptica que debemos plantearlo y resolverlo.

Hace ya muchos años que estamos en este tema, en contacto con la gente en las plazas, actos y en todos los rincones de Uruguay hemos encontrado y se nos acercan quienes vienen sintiendo y sufriendo tener un préstamo en el Banco Hipotecario, que llevan tantos años pagando; han pagado varias veces lo que les habían prestado y todavía no saben cuándo van a terminar. Por lo general, se trata de personas mayores de setenta u ochenta años  y desde el Banco Hipotecario o  la Agencia Nacional de Vivienda le están planteando ampliar los plazos en veinte o veinticinco años, lo que implica que terminarían de pagar teniendo más de cien años. En esta etapa de su vida no saben –más allá de que escuchamos la experiencia del colega y amigo senador– si les están dejando a sus hijos una herencia o un problema en todos estos casos.  Desde que asumió este Gobierno indagamos en el tema, estudiamos, escuchamos a los ciudadanos y nos prometimos, por unanimidad con todos los partidos políticos que integramos la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, dar una respuesta y buscar la mayor justicia posible, pensando en una cuestión humana y en la responsabilidad que tenemos en el tema. Es así como se ha trabajado mucho y hoy tenemos la esperanza –muchas familias también–, por los anuncios y planteos que se han ido trasmitiendo, que no se posterguen  más las evaluaciones y los contextos.

Lamentablemente, los legisladores hemos sufrido las permanentes, insistentes y agotadoras dificultades que ha puesto la presidenta del Banco Hipotecario. En los últimos días nos hemos enterado públicamente de que hasta ha contratado, con recursos públicos, el asesoramiento de un estudio contable o jurídico para que le diera una opinión, ya sabiendo la voluntad política del presidente desde el 2 de marzo de este año y la de la mayoría de los legisladores. También, puntualmente, ha nombrado y descalificado a los senadores Botana, Camy y a quien les habla.

Hemos llegado a un escenario que, realmente, nos preocupa porque lo que hemos hecho ha sido impulsar disparadores para intentar que los rehenes de la UR –rehenes, no deudores– tengan el alivio y la esperanza de seguir intentando llevar adelante esta solución para las familias y mejorar su calidad de vida. No son números, son personas y ese reclamo lo hemos escuchado una y mil veces. Por eso es que en esta instancia no hablaremos de números, porque los economistas y las consultoras han dicho mucho, así como también en los diferentes escritorios.

Hace años estamos comprometidos con este tema. Varias veces hemos recibido a la Agencia Nacional de Vivienda; varias veces hemos recibido a las autoridades del Banco Central del Uruguay; varias veces hemos recibido a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas e, incluso, algunos de nosotros nos hemos reunido hasta con el presidente de la república para intentar generar este tipo de instancias. Lo hemos  hablado y nos han manifestado en forma reiterada, algunos senadores del Frente Amplio en varias sesiones, que estaban dispuestos a votarlo ya; eso era lo que nos decían y, en concreto, éramos nosotros los que estábamos buscando una que otra cosa si no teníamos sus votos.

Por lo tanto, señor presidente, llegó el momento, en estos tiempos, de intentar ver cuáles pueden ser las soluciones y las decisiones por tomar.

Se ha trasmitido desde el Gobierno –acá hay personas que han sido autoridades importantes en el Banco Central, en el país y en su política económica– lo importante que es generar un respaldo y un escenario de no pérdida o de no ceder y para eso tiene un objetivo la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República, que lo respaldaría, incentivaría y motivaría a que, definitivamente, vuelva a ser una herramienta relevante para prestar y dar a los uruguayos su vivienda, cosa que hoy no sucede. La banca privada lo hace, pero no le pone ningún calor.

El Estado no tiene algo que lo potencie como para poder prestarle a la clase media uruguaya. Según nos han informado, el Banco Hipotecario genera  uno o dos préstamos por día y tenemos 24.000 familias que están esperando por esta comisión integrada para que, definitivamente, eleve este proyecto al plenario para discutirlo y aprobarlo.

            Durante todos estos años no hemos parado de trabajar. Este proyecto tiene dos grandes virtudes. Por un lado, comprende a todos los deudores en UR y da la certeza de finalización –que es lo que muchos nos están planteando–, quitando el temor de que los créditos sigan siendo eternos, y por otro lado fija el interés que se debería pagar hasta la cancelación, lo que da reglas claras sobre el futuro. Da certeza a tanta incertidumbre; certeza de finalización, certeza en los intereses, certeza en el tratamiento y en las obligaciones que se asume para mantenerse protegido por esta ley.

            Un tercer gran valor es la igualdad. El tratamiento es igualitario para todos los deudores. Se crea un fideicomiso que comprenderá a todos los créditos en UR, sean del Banco Hipotecario o de la Agencia Nacional de Vivienda. Reitero: se dará un trato igualitario, de aquí en más, a todos los deudores en UR. De esta forma recoge un largo reclamo de estos deudores, que marcaban la injusticia de tener tratamientos diferentes según la institución que administraba sus créditos, cuando su problemática era la misma. El famoso caso a caso, tan discutido en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Nadie afirma que no ha sido así, pero sí decimos que no ha sido igualitario, porque fue caso a caso.

            A muchas personas, por su edad, ya no les dan los plazos prudenciales de refinanciación y a otros sus ingresos no les alcanza para el pago de la cuota que se les impone, por lo que a corto plazo algunos podrían estar perdiendo sus casas, más allá de las iniciativas y de las minutas correspondientes que, por unanimidad, hemos mandado al Poder Ejecutivo y al propio banco.

            Este proyecto de ley, que pretendemos que hoy dé el paso correspondiente para llegar al plenario, busca certeza, claridad, igualdad y protección. Quizás no sea la solución justa, ya que tanto se ha hablado de justicia, pero es la que se podía dar contemplando todas las situaciones y tratando de que este tan manoseado tema tenga definitivamente un final.

            Quería trasmitir esto para que conste el proceso resumido de lo que fueron todos estos años en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pues casi ha sido el tema unitario, y para compartir un poco lo que sentimos con los compañeros de la Comisión de Hacienda, sabiendo de la responsabilidad que ellos tienen y que vienen de jornadas importantes de rendición de cuentas y demás actividades. Por eso intento trasmitir de la mejor manera posible y en forma resumida lo que para nosotros significa este proyecto de ley. Es la iniciativa más importante de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado.

SEÑOR BOTANA.- Voy a referirme al planteo que se nos ha hecho en cuanto a quitar el segundo capítulo del proyecto de ley.

Desde nuestro punto de vista no estamos discutiendo sobre un instrumento, no es el tema Banco Hipotecario del Uruguay sí, Banco Hipotecario del Uruguay no. Lo que queremos discutir es el tema del crédito hipotecario en el Uruguay y del crédito público hipotecario y su rol social. Ese es el tema que está en el fondo de la discusión del segundo capítulo. Más allá de que no exista una voluntad general en el Cuerpo para aprobar este tipo de instrumentos o el tipo de instrumentos que está propuesto en el segundo capítulo, creemos que es parte de una misma discusión y que debemos encararla, por lo menos parcialmente, y después resolveremos. 

Por lo tanto, quiero proponer al señor presidente comenzar con el avance en la consideración de cada uno de los artículos, y nos vamos dando tiempo para tomar la resolución final sobre qué hacer con el segundo capítulo, que nos parece fundamental discutirlo. Algunos senadores de verdad que no han dicho que no lo quieran tratar; han expresado que lo quieren considerar o votar en otro momento. De cualquier modo, nos gustaría utilizar algo del tiempo de la comisión para discutir el proyecto.

Era eso, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor senador.

La Mesa entiende que es pertinente comenzar el tratamiento, considerando claramente que hay dos posiciones: una definida en cuanto a analizar el proyecto en su totalidad, y otra que plantea el desglose del segundo capítulo. Es decir, hay claramente unanimidad de criterio en tratar el tema, pero la diferencia o los matices están en hacerlo de forma integral o parcial en un solo capítulo. 

Nosotros estamos a favor de lo que plantea el senador Botana, en el sentido de comenzar el tratamiento sin necesidad de decir que hoy se vota un capítulo y en la próxima sesión el otro. Se trata de que vayamos viendo el avance y también conversando fuera de comisión las distintas posiciones de las bancadas –con las consultas respectivas–, para ver si finalizamos el tratamiento de manera total o parcial.

Quiero decir, claramente –y advierto que no entiendo que alguna posición haya significado lo que voy a señalar–, que me preocupa que no sigamos postergando –más allá de la racionalidad de los distintos planteos– un tratamiento que, aunque sea parcial, tiene su génesis hace tres años, y han pasado por la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, no por esta instancia –aunque algunas sí, también, por esta instancia– todas las partes interesadas, involucradas y entendidas en la materia. 

Por tanto, comenzaríamos el tratamiento con la salvedad de que no estamos definiendo votar hoy un capítulo y el otro en la sesión que viene, sino que de hoy a la próxima reunión veremos si votamos, finalmente, con destino al plenario, los dos o uno solo.

Me parece que la forma más clara para todos, o que nos va a ayudar de mejor manera para iniciar el tratamiento, es considerar el proyecto de ley que fue distribuido en el comparativo. Agradecemos particularmente al senador Botana que nos lo ha hecho llegar, porque nos va a ayudar a ordenar el tratamiento. 

Si estamos de acuerdo, entonces, comenzamos de esa manera.

SEÑOR BERGARA.- Tengo una salvedad en el sentido de que debemos ser consistentes en si hay una premura por los plazos o nos vamos a dedicar a temas varios. Somos doce senadores y si todos hacemos discursos para la tribuna, no tratamos este asunto.

Si pensamos que el otro tema, el de la fusión, requiere realmente profundidad, creo que eso es contradictorio con plantearnos premura en los plazos para la aprobación de algún tipo de solución. 

Dicho esto, nosotros vamos a trabajar de manera constructiva, señor presidente, para tratar de llegar a un acuerdo. Creo que es importante que lleguemos a una propuesta avalada por todos. No nos engañemos; estamos generando una ley que va a imponer refinanciaciones y eso es institucionalmente muy complejo. Por lo tanto, considero que sería más que saludable que contara con el apoyo de todos los partidos.

Por eso queremos fijar algunos lineamientos para trabajar, reitero, constructivamente y en la filosofía del proyecto, para buscar puntos de acuerdos y ver la posibilidad de que todos podamos acompañar una solución.

Veo con buenos ojos que en esta nueva versión se haya incorporado un planteamiento que se hizo en las visitas del Banco República, de AEBU, etcétera, en cuanto a no ir directamente a una ley que imponga la refinanciación al propio Banco Hipotecario. Eso sería negativo, peligroso e inadecuado desde el punto de vista estructural. Si entendí bien, lo que se plantea es generar un fideicomiso cuyo beneficiario sea el Banco República. La propia ley impone que la administración del fideicomiso la haga República Afisa, una entidad estatal pero que opera en el derecho privado y que se dedica a administrar carteras. Por lo tanto, está claro que no es razonable que el patrimonio del fideicomiso pase a República Afisa, porque no es su vocación institucional. Nosotros vemos con muy buenos ojos la generación de un fideicomiso y que salga del Banco Hipotecario por la razón que, recuerdo, esgrimió con mucha claridad el presidente del BROU, cuando dijo que esa era la forma de evitar imponer a un banco una lógica de refinanciación por vía legal. El tema es que esta solución que está planteada aquí vuelve a hacerlo, porque le pasa el fideicomiso al BROU. Entonces, impone al BROU la refinanciación gestionada y administrada por República Afisa. Por lo tanto, está bien la generación del fideicomiso, pero no puede instalarse en el patrimonio del BROU porque adolece de la misma crítica que su presidente hizo cuando estuvo en esta comisión, que es imponer una refinanciación a un banco.

En algún momento hemos planteado la posibilidad de que se reitere un proceso que ya ocurrió, que nosotros veríamos con buenos ojos y acompañaríamos: que el patrimonio del beneficiario del fideicomiso pase a la Agencia Nacional de Vivienda, que sí tiene vocación para esta actividad, sin perjuicio de que pueda gestionar su administración con República Afisa o con quien entienda conveniente. Confieso que me resulta un poco fuerte imponer por ley, ya sea al BROU –ni que hablar que no estoy de acuerdo– o a la Agencia Nacional de Vivienda, con quién tiene que administrar el fideicomiso. Generar un fideicomiso significa tomar una parte del patrimonio del BHU y transferírsela a alguien. Si se transfiere al BROU no resolvemos nada en cuanto a la crítica que hizo su propio presidente, porque estaríamos imponiéndole por ley una refinanciación a un banco y eso genera dificultades conceptuales y estructurales. Entonces, la propuesta concreta sería generar un fideicomiso. Después discutiremos los criterios, pero ahora estamos en la organización del tema; de hecho, quizás sean cuestiones que se puedan separar. De todas formas, entendemos que el beneficiario de ese fideicomiso debería ser la Agencia Nacional de Vivienda, que es el organismo que tiene la vocación institucional para eso. A pesar de que tengo mis dudas –en principio no estaría de acuerdo, pero tampoco lo pondría como un factor de quiebre–, creo que no sería conveniente que la propia ley diga a la Agencia Nacional de Vivienda con quién tiene que trabajar para administrar el fideicomiso, porque me parece demasiado intrusivo hablar de República Afisa. 

Ese sería un primer aspecto que propondríamos revisar, porque creo que en esta nueva variante, con la buena noticia de que se conformaría un fideicomiso, no estaríamos resolviendo institucionalmente el tema si volvemos a poner un fideicomiso en otro banco.  

            No sé cómo quiere trabajar, señor presidente, si abordamos un conjunto de temas a la vez o vamos sorteando los escalones de a uno.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estribando en la propuesta o la aspiración que el señor senador expresó al inicio de no hacer doce discursos reiterativos o grandilocuentes y sin retacear a nadie, ser más específicos en cuanto al articulado, digo que si ese es el criterio, podríamos hacer una primera etapa de dos o tres intervenciones que puedan consagrar los distintos matices del marco general y luego comenzar a considerar artículo por artículo. Esa sería la aspiración de la Mesa.

SEÑOR BERGARA.- ¿Su propuesta es que recorramos diversos temas en el planteo inicial, independientemente del análisis artículo por artículo, o que podamos ir encapsulando problemas para ver si podemos ir avanzando?

SEÑOR PRESIDENTE.- Si pudiéramos especificar las participaciones genéricas en el marco de los dos o tres aspectos que desunen las posiciones, es mejor; obviamente, cada uno expresará lo general en el tono o en la forma que quiera.

SEÑOR COUTINHO.- Ningunear discursos de lo que uno entienda o crea, definitivamente es ir contra la actividad puntual de lo que cada uno de nosotros realizamos y queremos expresar. Decir mañana que un legislador habla para la tribuna o que canta es, definitivamente, ningunear la tarea de cada uno de los legisladores. Uno habla según siente y quiere trasmitir, y entre colegas tenemos que mantener mínimamente ese respeto por encima de lo que cada uno crea o vea que quiere aportar.

            Mi aporte, como único integrante de un partido en esta comisión, es que definitivamente mi preocupación y el eje están allí y, después, he ido cediendo en forma permanente. Esto comenzó con un proyecto de ley que presenté y fui cediendo, asumiendo, asimilando y luego tomando otro proyecto de ley y otras iniciativas del Gobierno y aportes de otros partidos para llegar a esto, porque, en verdad, lo que estoy buscando y lo que quise trasmitir –según la conclusión que manifestaron otros compañeros– es que quizás no he estado de acuerdo con muchas cosas pero soy solamente uno. No tengo la suerte de pertenecer al partido mayoritario y en lugar de ser dos, soy solo uno, pero lo único que intenté fue poner mi voz porque creo en la tarea de cada uno de nosotros y la respeto. Por todo esto y en ese concepto quise ir generando instancias para avanzar en lo que tenemos que trabajar y elaborar. Puede suceder que en muchas cosas quienes están acá no me encuentren en el acuerdo, pero este es el planteo que nos deja más cerca de poder sacar el asunto más rápidamente. Está claro que es una iniciativa que en un 75 % u 80 % se acerca a lo que sí puede, definitivamente, con voluntad política, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque sabemos que eso no lo lleva el Directorio del Banco Hipotecario o la mayoría de él. Si uno mira y analiza, ve que también en cualquier otro momento podríamos entrar a discutir el informe que presenta el estudio al banco; podríamos opinar sobre ese estudio que comete errores y que, para mí, no es preciso ni exacto.

SEÑOR BERGARA.- Tal como dijo el señor presidente, aquí nadie plantea cercenar la palabra a nadie. Hicimos el planteo en aras de aprovechar el tiempo como comisión asesora para trabajar específicamente en el proyecto de ley. Felicito al señor senador Coutinho por su aporte, pero me parecía que era la mejor forma de avanzar si realmente queremos colaborar para que se apruebe un proyecto de ley en los tiempos que están planteados.

            Entonces retomo la palabra sobre la base del criterio que el presidente formulaba en cuanto a que en una presentación inicial, por lo menos, demos la pincelada sobre los temas que nos parece que deberíamos revisar en el proyecto. Como decía, uno de ellos es la cuestión organizacional y la ubicación institucional del fideicomiso, que proponemos que sea en la Agencia Nacional de Vivienda. En principio, quitaríamos la referencia a República Afisa como administrador porque, en todo caso, eso puede hacerlo la Agencia Nacional de Vivienda, y vuelvo a decir que no me parece que este sea un tema de quiebre.

            Un segundo tema es el de los criterios con los cuales se incorporan las deudas a este fideicomiso y los criterios de «solución» –entre comillas– que están planteados en la ley. Es fuerte que desde una ley impongamos la eliminación de las deudas o los cambios en las condiciones contractuales. Sin embargo, estamos dispuestos a colocar alguna de estas cosas, solo que creemos que los criterios que maneja el proyecto son insuficientes. Por supuesto que deberían ser deudas vigentes, porque las otras ya pasaron a la Agencia Nacional de Vivienda en su momento; que fueran solo las deudas en unidades reajustables, aunque obviamente luego habrá que ver qué impacto tiene esto con el otro conjunto de unos 15.000 deudores en unidades indexadas, también vigentes. Luego hay que tener presente la antigüedad de la deuda que, en síntesis, es prácticamente el único factor relevante. Aun así, creemos que la antigüedad de la deuda tiene que ser un factor de consideración, pero no el único y determinante. Nos plantearíamos incorporar otros criterios como elementos a considerar y no necesariamente habrá que poner los parámetros en la ley. Hablo de elementos a considerar que tienen que ver, por ejemplo, con la conducta de pago de los deudores, con el valor de los inmuebles, con la relación entre el valor del inmueble y la deuda o los plazos futuros de pago. Creemos que ahí podríamos tener un avance y un acuerdo al incorporar alguno de estos criterios, porque si la deuda tiene cuarenta años, pero el deudor solo pagó cinco, no puede ser tratado de la misma manera que alguien que mal o bien trató de pagar veinticinco o treinta años, o que estemos hablando de un inmueble que valga USD 50.000, USD 80.000 o USD 90.000, mientras que el valor de otro es de USD 300.000. En fin, nos parece que se trata de incorporar criterios, aunque obviamente después los parámetros se definirán en la administración y se complementarían razonablemente para hacer más justo el criterio, formación del fideicomiso y  la  definición de la administración de cada deuda.

            El tercer aspecto que nos preocupa es que aquí estamos reduciendo drásticamente el patrimonio de una institución pública. Por lo tanto, en la eventualidad de que una parte del patrimonio, por la vía del fideicomiso del Banco Hipotecario, pase por ejemplo a la Agencia Nacional de Vivienda –es decir, a un servicio descentralizado diferente– tiene que haber –como hubo en su momento– una compensación patrimonial. Creemos que esto no tiene por qué ser de cargo directo íntegramente del Banco Hipotecario, es decir que este «regale» o «entregue» –dicho entre comillas– una parte de su patrimonio –que es un patrimonio valioso, porque estamos hablando de deudas vigentes y de un volumen muy importante– sin que haya una compensación patrimonial por parte de aquel que recibe el patrimonio del fideicomiso o por parte del Poder Ejecutivo que es, básicamente, como se operó a partir de aquel Banco Hipotecario quebrado y cerrado en 2004. Se reformuló la institucionalidad de vivienda generándose la Agencia Nacional de Vivienda a la que se le pasaron los patrimonios, pero hubo una capitalización de parte del Ministerio de Economía y Finanzas que absorbió esos patrimonios. Entonces se comenzó a generar un patrimonio en el Banco Hipotecario que fue el que le permitió, poco a poco, volver a prestar.

            Entonces, los tres temas gruesos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa son los siguientes: que el fideicomiso vaya a la Agencia Nacional de Vivienda, que se incorpore algún criterio adicional al de la edad de la deuda y que haya una compensación patrimonial al Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR BOTANA.- Creo que el señor senador Bergara ha hecho una muy buena síntesis de los aspectos fundamentales que tiene la ley. Por lo tanto, creo que el orden que ha propuesto es el que debemos tomar para encarar la discusión del tema.

            Lo primero a decir es que resulta fundamental que exista ley y que, a través de ella, se solucione este tema porque, lamentablemente, el tiempo en este caso así lo enseña. No ha habido disposición, no ha habido inteligencia suficiente o no ha habido voluntad ni buen criterio para ponerle fin por la propia voluntad de la institución, el Banco Hipotecario del Uruguay. Entonces, si la sociedad reconoce un problema y que el deudor en UR ha sido literalmente embromado en sus expectativas en cuanto a que se incluyó en un programa con una esperanza y un objetivo que cumplió y pasados tantos años la realidad no ha sido como la esperaba, es justo que la ley ponga fin a este drama, a la angustia. No estamos hablando en este proyecto de ley de hacer justicia; estamos hablando de otorgarle una mínima compensación por el daño y de poner una fecha final a la angustia. Nada más, pero nada menos tampoco. Por lo tanto, creo que el acuerdo general de que haya ley es una primera buena cosa.

            Yo no creo en lo sagrado de los bancos ni en esas frases hechas o ese pensamiento que siempre nos imponen; simplemente considero que deben existir bancos que sean útiles. A su vez, pienso que es más importante la sociedad, y creo que el Banco Hipotecario del Uruguay tuvo tiempo de encarar este tema y la solución brindada, sinceramente, ha sido, al menos, muy pobre. A esta angustia la conocemos todos directamente, por lo que la ley es el camino. Por lo tanto, reitero que, en ese sentido, es buena cosa haber llegado a este acuerdo general.

            Creo que otro buen acuerdo es la propuesta de que se aísle la administración del tema dentro de un fideicomiso, porque nos va a permitir, justamente, manejar el tema con independencia. De modo que tenemos un segundo buen acuerdo general. Sabemos que el tema hay que sacarlo, todo, de una administración que claramente no tiene voluntad de gestionarlo del modo que los representantes de la ciudadanía entendemos que se debe hacer. Llevarlo a un lugar en el que se lo administre de acuerdo con los lineamientos de esta ley es una muy buena cosa.

            Por otra parte, ¿quién debe ser el administrador? El proyecto no está planteando que lo sea el Banco República. Lo que se está proponiendo es que el Banco República sea el beneficiario y con el fin de la buena utilización, más adelante, de esos recursos en la mejora del crédito público hipotecario, cuestión que discutiremos más adelante.

            En el proyecto de ley se encomienda a República Afisa la constitución de un fideicomiso y el señor senador Bergara nos plantea la posibilidad de que en lugar de ser República Afisa…

(Interrupciones).

            –En primer lugar, vamos a hablar de la administración, porque aquí el mecanismo que se propone es que los créditos del Banco Hipotecario pasen a un fideicomiso de República Afisa. Eso es lo que dice la ley.

SEÑOR BERGARA.- La generación de un fideicomiso no se hace en el aire, sino en el marco de la conformación de un patrimonio.

SEÑOR BOTANA.- Sí, señor.

SEÑOR BERGARA.- Un fideicomiso es un patrimonio. El beneficiario del patrimonio es a quien se le integra en su patrimonio el fideicomiso. No es a República Afisa –no tendría ningún sentido que lo fuera, porque tiene otro rol–, sino que se está integrando al patrimonio del BROU un fideicomiso a ser administrado por República Afisa. Eso es, según entiendo, lo que está planteado. De lo contrario, ¿en qué lugar se pone ese patrimonio? Se va a dar de baja en el patrimonio del BHU el valor de un fideicomiso y se va a dar de alta en algún lado. De acuerdo con el proyecto de ley, entiendo que se va a dar de alta en el Banco República. Si es así, es lo que planteaba en cuanto a que estamos vistiendo a un santo y desvistiendo a otro.

Digo esto para que nos entendamos.

SEÑOR BOTANA.- A nuestro juicio, lo que aquí se dice es que el Banco República recién actúa al final como beneficiario. Si se me permite seguir adelante, seguramente nos vamos a poner de acuerdo en esta solución.

            Aquí estamos enviando una cartera, que sigue perteneciendo al Banco Hipotecario del Uruguay, a un fideicomiso de administración, que gestiona República Afisa. Es cierto que el producto de ese fideicomiso sería dirigido después, según este proyecto de ley, al Banco República para que esta institución desarrolle y potencie su línea de negocio de crédito hipotecario para la compra y refacción de vivienda.

            Un primer debate sería: un fideicomiso de República Afisa o de la Agencia Nacional de Vivienda. La sugerencia me parece razonable. El problema es que la Agencia Nacional de Vivienda tampoco ha logrado resolver el tema que se le encomendó en su ley de creación, porque no tiene capacidad de hacerlo. Lamentablemente, cuenta con dos funcionarios para el manejo de una cartera de USD 1.000:000.000 y sabemos que estaríamos empujando a la gente hacia un nuevo fracaso. Por lo tanto, descarto absolutamente esa alternativa.

            Sin embargo, no descarto la alternativa que nos hace llegar por mensaje el señor presidente de la comisión, senador Camy, respecto a la posibilidad de que para evitar toda duda, quien constituya el fideicomiso y lo administre, sea la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esa es una alternativa que sería bueno considerar.

Acerca del tema del beneficiario, sin duda nosotros mismos –y me refiero al señor senador Camy, al señor senador Coutinho y a mí– hemos manejado alguna otra alternativa.

Los criterios de inclusión son para las deudas en unidades reajustables y se les pone ese límite porque se considera que esos han sido los deudores afectados por el crecimiento de la deuda, que es mayor en unidades reajustables que en unidades indexadas.

El criterio de la antigüedad es el único elemento de justicia que tiene este proyecto. Se le da la solución definitiva al que ya cumplió determinado período y al que no lo ha hecho se le exige que llegue a esos mismos cuarenta años. Por supuesto que esto es para deudas vigentes. Entonces aquí se nos propone la alternativa de la conducta de pago del deudor. De verdad, me parece que entraríamos en un tema interminable porque muchas veces los deudores interrumpieron sus pagos por cuestiones ajenas a ellos, por exigencias, porque el banco no sabía cuánto les iba a cobrar o porque, llegado el momento de liquidar el monto de la deuda, el banco tenía que estudiar cómo se empezarían a pagar los colgamentos, lo que ha implicado a veces períodos largos.

Hemos tenido también en el medio de esto algunas cuestiones vinculadas a la propia suerte del banco, que en algún momento no estuvo activo. Hubo cosas de este tipo que afectaron el criterio de conducta de pago, más cuando no existe voluntad del propio Banco Hipotecario del Uruguay de dar una solución de este tipo. En esos casos, lo que haríamos sería condenar a los deudores a que el banco no los incluya en esa cartera y después tendríamos que hacer una norma interpretativa de esta ley.

Entonces, el criterio de que hoy estén vigentes es bueno. Por algo el Banco Hipotecario los tiene vigentes. Tomamos como bueno el hecho de que hoy los tenga como vigentes.

            Con respecto a lo vinculado al valor de los inmuebles, existe un peligro importante, que es el siguiente. Si nos ponemos a atender el valor de los inmuebles para restringir el beneficio a aquellos que tengan inmuebles de mayor valor, podemos estar cometiendo una injusticia gravísima, que es la de sancionar al que cuidó del bien, del patrimonio, mientras que al que no cuidó, al que permitió que perdiera valor, le damos el beneficio. Ese no es un buen mensaje para dar. Reitero: al que cuidó el bien, al que procuró hacerle ampliaciones, al que mejoró la calidad de la construcción y la mantuvo con prolijidad, corremos el riesgo de sancionarlo.

En ese sentido, es menos riesgo el pecar por favorecer a alguien que no se lo merezca del todo, que restringir a alguien que de verdad se ha esforzado para mantener el valor del patrimonio que, en definitiva, es la única garantía con la que el banco cuenta. Aquí seguramente vamos a mantener alguna diferencia.

            Quiero hacer algún comentario acerca de cómo está planteado el mecanismo. Toda persona que tenga una deuda anterior a octubre del 1983, si está vigente, no tiene que seguir haciendo pagos. Toda persona que tenga una deuda cuyo origen esté entre octubre de 1983 y setiembre de 1993, deberá pagar hasta que cumpla los cuarenta años de antigüedad, pero con cero tasas de interés en unidades reajustables, por supuesto, lo cual acelera muchísimo la amortización de la deuda. Para aquellos que tengan deudas posteriores a 1993, la tasa de ajuste de la deuda será de 2,5 %.

            Como en todos los casos la cuota actual se mantiene, tenemos una aceleración del período de amortización. Ese es el beneficio.

            Para el caso de los colgamentos, como estos no tienen interés o uno del 2 %, todo lo anterior a deudas de origen en 1993, tendrá tasas cero para ajuste de los colgamentos, y los posteriores a 1993 tendrán una tasa de 0 % o 2 %, según fuera la del colgamento porque, si le estamos poniendo 2,5 %, pero el colgamento ya tenía 2 %, obviamente tenemos que ir a la tasa menor.

            Me pide una interrupción el señor senador Nunes, que con gusto le concedo.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor senador Nunes es el que viene inmediatamente después en el orden de anotados para hacer uso de la palabra. ¿Igual prefiere interrumpir?

SEÑOR NUNES.- Sí, porque el senador nos aclara que la tasa de interés sería cero para los deudores con deudas de más de treinta años y menos de cuarenta. Entonces, mi pregunta es cuál sería la deuda que tiene que cancelar. ¿La tasa de interés corre a partir de este momento o se recalcula la deuda con las tasas de interés indicadas?

SEÑOR BOTANA.- Es muy atinada la pregunta.

            El artículo 2.° define cuál es la deuda por reestructurar, que es la suma del crédito vigente, del crédito original más los intereses –menos las amortizaciones que haya tenido; es decir, la deuda vigente–, más la deuda por colgamentos. Ese es el total de la deuda actual.

(Dialogados).

            –Es la deuda al momento actual.

(Dialogados).

SEÑOR COUTINHO.- Es bueno porque si le quedan siete años, le quedan cuatro años o le quedan cinco años, la gente ve el final igual.

SEÑOR BOTANA.- Complementando la frase final del señor senador Coutinho, podría darse –y se va a dar en varios casos– que, como la cuota avanza a un ritmo y la deuda avanza a un menor ritmo, se encuentre el punto de la cancelación antes de los cuarenta años. Esa es la intención.

            El último tema que ponía en consideración el señor senador Bergara era el del patrimonio del Banco Hipotecario del Uruguay.

Hemos tenido una clara afectación del patrimonio del banco. Se han hecho  manifestaciones por parte de la presidenta del banco en el sentido de que, en realidad, el Banco Hipotecario no necesita del patrimonio. Es cierto que es un patrimonio que está ocioso. El Banco Hipotecario tiene un patrimonio que es diez veces el que debe tener para realizar su trabajo, es el exigido para su nivel de actividad por el Banco Central del Uruguay. De hecho es un patrimonio que lo tiene inactivo, no le saca rentabilidad alguna, está sin ser trabajado, está ocioso. La solución anterior tuvo determinado formato para no afectar el patrimonio bancario, pero en este caso lo que estaríamos afectando sería un patrimonio que está ocioso, tal como lo ha manifestado, además, la señora presidenta del banco. Por lo tanto, sacar plata de la caja de los pobres para ponerla ociosa en un banco, no nos parece lo más razonable de todo.

El señor senador Bergara acota que la ponemos en otro banco, que no se pierde del negocio bancario y del patrimonio público, pero la ponemos en un banco que tiene otra condición para llegar a todos los rincones del país, para dar crédito en ciento treinta sucursales en vez de en seis, para poder ofrecer tasas más bajas. Indudablemente, el Banco República no vive de eso y, por tanto, puede ofrecer tasas más competitivas.  

En resumen, es bueno que haya ley –estamos de acuerdo en eso– y entendimiento en el tema de que sea un fideicomiso. Discutiremos cuál es la solución más sabia, si República Afisa, la ANV o la CND y analizaremos cuál debe ser el beneficiario.

En cuanto a los criterios de inclusión, hemos discutido algunas cuestiones. Respecto del mecanismo, me parece que no tenemos muchas discrepancias en este sentido. Por algo ni siquiera lo incorporó el señor senador Bergara en la consideración y sobre el tema de la compensación del patrimonio, tenemos estas diferencias.

SEÑOR NUNES.- Lo saludé personalmente, pero ahora lo saludo aquí en la sesión formalmente.

            Voy a hacer algunos comentarios adicionales a lo que señalaba el señor senador Bergara, que representó bien lo que hemos estado conversando en la bancada del Frente Amplio. O sea que nuestra bancada tiene disposición –lo ha manifestado ya y lo ratifica hoy, inclusive, a la luz del proyecto– a acompañar una solución de reestructura de las deudas en UR, pero tiene una decisión contraria a votar en este momento la supresión del Banco Hipotecario del Uruguay. Sin perjuicio de ello, entiende algunas razones de desarrollo del crédito público hipotecario y de la fortaleza que podría tener el sumar fuerzas del Banco República y del Banco Hipotecario. De hecho, nosotros presentamos el aditivo que en tres oportunidades había propiciado el Banco Hipotecario y que no había tenido eco en el Poder Ejecutivo y, finalmente, también lo presentó la coalición de gobierno y se aprobó en la rendición de cuentas una norma que habilita a ambos a coordinar sus recursos, a los efectos de potenciarse mutuamente en el mercado del crédito. O sea que estamos dispuestos a considerar ese tema pero, como decía el señor senador Bergara, nos parece que si lo que queremos es dar una respuesta y avanzar en la reestructura de los deudores en UR,  el tiempo para examinar el otro aspecto es escaso.

Desde ese punto de vista, creo que sería importante pensar la alternativa del artículo 1.º, sin la aprobación del capítulo II, que todo parece indicar que no tendrá los votos. Si queremos resolver el problema, debemos pensar en un artículo 1.º del proyecto teniendo en cuenta la realidad de que el Banco Hipotecario va a seguir existiendo como ente autónomo, con sus cometidos definidos por la normativa vigente.

            Voy a hacer ahora dos o tres comentarios sobre la propuesta de reestructura de las deudas.

En primer lugar, me preocupa la condición de que el préstamo se encuentre calificado como vigente. Me parece que deberíamos tener claro qué significa; capaz que lo tenemos claro. Estuve haciendo consultas y el Banco Hipotecario, pasados tres meses de atraso, ya no lo consideraría un crédito vigente. Entonces, si esto es así, todo deudor que a la fecha de promulgación de esta ley tenga tres meses de atraso, quedaría por fuera de la solución y esto podría traer grandes injusticias, ¿verdad? Puede suceder que una persona que haya cumplido religiosamente, durante veinte o treinta años y que se atrasó en este último tiempo por dificultades que le ocurrieron, quedaría por fuera de la solución y puede haber otro deudor que haya tenido una conducta más irregular, más incumplidora, pero que se puso al día en los últimos tiempos y quedó por dentro.

 Me gustaría que se pudiera confirmar lo que significa tener el crédito vigente, porque si las cosas son como me las han explicado, podríamos estar cometiendo –digamos– una injusticia y dejar por fuera de la solución a gente que en el último año haya tenido algún problema económico, o lo que fuere, pero que de golpe tiene un historial de gran cumplimiento, mientras que otros que han incumplido reiteradas veces quedarían contemplados. Tendríamos que examinar bien este punto para no cometer injusticias.

            En segundo término, me parece importante que tengamos en cuenta los ingresos del deudor. Las autoridades del banco nos han comunicado la dificultad que existe para controlar este tema e, inclusive, la debilidad de los registros en esta materia, así como también que pueden existir ciertas prácticas de subdeclarar o a veces sobredeclarar para poder acceder a los créditos. Si estamos consagrando aquí una quita tan significativa de las deudas –que, como bien lo decía el señor senador Botana, cuando se adopta una resolución  de carácter general se corre el riesgo de cometer injusticias y amparar a quienes, en realidad no deberían ser amparados– preferimos amparar a algunos que no deberían estar contemplados a los efectos de que nadie quede por fuera.

 No tener en cuenta el tema de los ingresos lo siento como una omisión. Sabemos que las deudas sobre las que estamos hablando no son solo las de los complejos habitacionales; no estamos hablando solo de viviendas de interés social. El Banco Hipotecario correctamente prestaba para construir una vivienda económica, pero también para construir  en los lugares más caros y de cualquier nivel de vivienda. Era su negocio el crédito hipotecario y, por lo tanto, correctamente prestaba a todos los niveles. Entonces, me parece que deberíamos incluir alguna variable que tuviera que ver con los ingresos de las personas que se van a ver beneficiadas por esta reestructura de la deuda en UR. Nos parece justo no perjudicar a quien cuidó la vivienda, por el mismo motivo que decía antes. El banco no solo prestaba para viviendas de interés social. El tema del valor del inmueble es un asunto que debería tenerse en cuenta a la hora de acceder a esta quita o reestructura de la deuda.        

            Era cuanto quería plantear.

SEÑOR SARAVIA.- Voy a hacer algunas precisiones a modo de reflexión; no es para criticar o llevar la contra a algunos planteos.

Hoy estoy acá supliendo al senador Niffouri, pero también me tocó presidir la comisión sobre endeudamiento general y trabajar cuando se creó la Agencia Nacional de Vivienda y el pase de las deudas, pues en ese momento se iba a ejecutar a más de 40.000 deudores.

 Entonces, a modo de reflexión quiero hacer algunas precisiones sobre este proyecto de ley que me hace recordar algunas discusiones que tuvimos. Incluso, en aquel momento, presidiendo la comisión, me tocó discutir con el actual senador Bergara, con el equipo de Astori y con Jorge Polgar, un gran amigo con quien resolvimos algunos de estos temas a través de una herramienta. Considero que las herramientas financieras como el fideicomiso son válidas para solucionar estos temas. Creo que una de las grandes discusiones que tuvimos en aquel momento fue si era una ley o un fideicomiso. Se crearon unos cuantos fideicomisos que solucionaban el endeudamiento agropecuario y se creó la Agencia Nacional de Vivienda.

 La reflexión que quiero hacer es que este proyecto de ley me genera más dudas que certezas. En primer lugar, la iniciativa de solucionar el tema de los deudores del Banco Hipotecario viene de larga data porque, en definitiva, el problema lo genera siempre la unidad reajustable, que es el gran inconveniente que tienen las deudas hipotecarias por la forma en que se multiplican y terminan creando los colgamentos. En aquel momento había 40.000 deudores que iban a ser ejecutados.

            ¿Cuál es la duda que me genera esta iniciativa, si bien comparto que una herramienta como el fideicomiso es la correcta para, a partir de ahí, solucionar estos temas? El proyecto de ley me genera un problema. Si la idea es solucionar el tema de los deudores del Banco Hipotecario, no podría estar incluido el tema de la fusión de bancos. Al respecto, aclaro que estoy en contra y ya lo digo acá: no comparto juntar el Banco República con el Banco Hipotecario en una fusión; sí comparto que se apoyen unos a otros en el crédito hipotecario. Creo que el crédito hipotecario no es el métier del Banco República; no corresponde. Entiendo que debe volver a ser un banco de fomento, inversión y desarrollo. Además, su carta orgánica así lo define. No considero que sea un banco para trabajar en eso. Me parece que el métier es del Banco Hipotecario, si bien se pueden instrumentar políticas de coordinación, apoyo y financiamiento del propio BHU o incluso de las propias AFAP en sus modelos de inversión, pero no fusionar los bancos.

Además, estoy en contra desde el punto de vista filosófico. Lo quiero decir para que quede constancia. Defiendo al Estado en general, no soy antiestado. En ese sentido no estoy comprometiendo lo que pueda pensar el senador Niffouri.

Por lo tanto –y en esto comparto un poco la línea que planteaba el senador Bergara–, si queremos solucionar el tema del endeudamiento de las familias que están involucradas en este problema, no debería estar acá la consideración de qué hacemos con el Banco Hipotecario o qué no hacemos, si fusionamos o no; creo que es una discusión mucho más de largo plazo. Habría que dividir este tema y partir de la solución para los deudores.

También me genera dudas, como está planteado el proyecto –además de lo que dijo el presidente del Banco República en la comisión–, el tema de crear un fideicomiso y pasarlo a la administración de República Afisa. Es un patrimonio que pasa a consideración de otro banco; o sea, se saca de un banco y se pone en otro.

En realidad, esto lo discutimos profundamente cuando se creó la Agencia Nacional de Vivienda. Lógicamente fue una discusión en la que estuvo arriba de la mesa la opción del Banco República y cómo se solucionaba el problema. Realmente se decidió pasar esas carteras, ese patrimonio, a la ANV y se creó una justamente para la vivienda. Considero que sería el mejor lugar. 

Tampoco estoy de acuerdo con que la administración la tenga la Corporación Nacional para el Desarrollo, porque no es su métier. No lo comparto. Creo que la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene que ir por otro camino, no para administrar un fideicomiso de deudas hipotecarias que vienen, además, de mucho tiempo atrás.

Si bien, como decía el senador Botana, este patrimonio de endeudamiento del Banco Hipotecario está inactivo, de todas formas lo estamos sacando de un lado para ponerlo en otro. Recuerdo que cuando se creó la Agencia Nacional de Vivienda, otra discusión que estuvo sobre la mesa fue qué hacer con ese patrimonio y cómo garantizarle el suyo al Banco Hipotecario. Eso también tiene que estar arriba de la mesa; por más que esté inactivo, es un patrimonio que se le saca a un banco para ponerlo en otro, por lo que dice la iniciativa. Creo que no debe ir al Banco República, pero hoy está planteado de esa manera. Por lo tanto, me genera la duda. Como decía anteriormente, creo que el Banco República no es un administrador de deudas hipotecarias, más allá de que vaya por la administración de República Afisa. Va a comprometer al banco en este tema y considero que puede trabajar con el Banco Hipotecario en proyectos de inversión hipotecaria, pero no dedicarse a manejar fideicomisos de deudas hipotecarias. 

Lo digo como forma de reflexión por todo el debate que tuvimos en aquel tiempo, que fue una larga discusión de todas aquellas deudas que venían de la crisis del Banco Hipotecario. Entonces, son discusiones que estuvieron arriba la mesa y este proyecto de ley me vuelve a generar todas esas dudas. Incluso, después me di cuenta de que estaba equivocado en algunas cosas que yo impulsaba, como buscar las herramientas financieras de mercado para solucionar los temas y no ir por leyes directas u obligar a determinados organismos o bancos a cumplir con ciertos endeudamientos. Creo que el fideicomiso es una herramienta que abre las puertas a la solución.

Con respecto a lo que planteaba el senador Nunes, después que él habló reflexionaba si con los plazos que se imputan acá para la solución y las conductas, en definitiva no estamos generando una injusticia y dejando afuera a gente que realmente podría tener una solución y, de repente, como él decía, dejó de pagar, pero fue buen pagador durante mucho tiempo. Esos plazos también me generan duda. 

En ese sentido, y a modo de aporte para que el presidente lo maneje, creo que tendríamos que focalizarnos en los artículos que solucionan el problema del endeudamiento porque, en definitiva, si entramos a discutir banco sí banco no, fusión sí fusión no, esto no sale. El problema, como plantea el senador Coutinho, lo tienen las personas y las familias que hace tiempo que están esperando una solución. Entonces, si nosotros vamos a seguir discutiendo quién está de acuerdo filosóficamente, quién es más o menos estatista, quién es liberal a ultranza y quién es defensor de las empresas públicas, vamos a pasar hasta el año que viene y ellos van a seguir con el problema del endeudamiento.

Por lo tanto, señor presidente, creo que –con las disculpas del caso porque no quiero imponer nada, solo estoy reflexionando– debemos ponernos de acuerdo en cómo aprobamos ese capítulo del endeudamiento para dar una solución a las personas. Más adelante, si amerita discutir la otra parte, lo haremos y veremos si están los votos. Además, hay otra cuestión a tener en cuenta en el sentido de que para lo que plantea el segundo capítulo se necesita una mayoría especial de dos tercios. Entonces, vamos a volcar un tema en una ley –y quizás no consigamos los dos tercios de los votos– para trancar el problema central que es solucionar el endeudamiento. Si no están los dos tercios de los votos, estaríamos complicando la solución para el endeudamiento.

Gracias, señor presidente. Esta es mi reflexión sobre el tema general, porque después veremos cómo desarrollamos la discusión artículo por artículo. 

SEÑOR METHOL.- Simplemente quiero hacer algunos aportes en ese espíritu de colaboración que reina en esta comisión, entendiendo que desde luego el de los deudores en UR es un problema que necesita una solución urgente, que no puede esperar. En su momento, el senador Raúl Lozano –actual ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial– acercó soluciones, por lo que nos complace que hoy, por lo menos, estemos cerca de una posible salida.

En cuanto a los aspectos que se estaban discutiendo, se hablaba de la ubicación institucional del fideicomiso. Se sugería la posibilidad de que en lugar de República Afisa fuera la Agencia Nacional de Vivienda o, incluso, la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entiendo que, quizás, en la redacción original que planteaban estos capítulos en conjunto con la fusión era lógico que apareciera República Afisa. Entonces, quiero plantear que si solamente analizamos el primer capítulo, se abre la posibilidad de que se discuta si debería ser República Afisa o la ANV. En el caso de la ANV creo que podríamos llegar a estar de acuerdo con que sería la situación ideal. La discusión, como bien planteaba el senador Botana, es si la ANV tiene la capacidad para poder hacerlo. Creo que, desde luego, la agencia necesitaría de un incremento de sus recursos como para poder hacer frente a la administración de ese fideicomiso, pero esa es otra discusión.

En cuanto al punto de la compensación al Banco Hipotecario por esa reducción drástica del patrimonio, coincido en la preocupación, en la medida de que ese banco tiene un papel muy importante en muchos de los planes de vivienda que se están llevando adelante, entre ellos, el Programa Entre Todos. Entonces, nos preocupa la eventualidad de que esa pérdida patrimonial pudiera generar una salida del banco de muchos de estos planes. Creo que existiría la posibilidad de contemplar esa compensación –según tengo entendido, no puede hacerla el Parlamento porque solo puede establecer una ley; la tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo– en el camino de generar un crédito fiscal con un monto de los impuestos que el Banco Hipotecario paga anualmente, a diez o a veinte años. De repente, eso podría no generar un trauma al banco que lo llevara a dejar algunos de los planes que actualmente desarrolla en el marco de políticas ambiciosas de vivienda.   

            También, entre las preocupaciones que se mencionaron, quería agregar que de los deudores en UR hay una parte que es la de mayor vulnerabilidad que nos preocupa porque, en la medida en que pasen a ese fideicomiso establecido en un sistema bancario, podrían perder algunas posibilidades que tienen, por ejemplo, de acceder a las partidas renovables que hoy en día la Agencia Nacional de Vivienda tiene con muchos de ellos y que les da la posibilidad de pagar en función de sus ingresos, por un plazo revisable de dos años. ¿Qué sucedería con esas situaciones en el caso de que se pasara a este sistema bancario?

En línea con lo que decía el senador Saravia, nosotros no vamos a acompañar el segundo capítulo, sobre la fusión, pero tampoco nos cerramos a que haya una discusión, a que se desglose y vaya como un proyecto de ley a la comisión correspondiente y el tema se trate con el tiempo necesario.

SEÑOR BERGARA.- Solamente quiero hacer una precisión en el sentido más conceptual, aunque luego quiero volver a la tónica de buscar caminos de acercamiento para llegar a una solución. Nosotros entendemos que, sin importar la forma que se dé a la solución, no se precisa una ley porque tanto el Poder Ejecutivo, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario y el Banco República tienen las potestades para hacer cualquiera de las variantes que hoy están sobre la mesa. De todos modos, no nos negamos a avanzar en el marco de una ley, no por la fundamentación que escuchamos en el sentido de que el Banco Hipotecario ni la Agencia Nacional de Vivienda hayan avanzado en la resolución. En su momento, cuando se crea la Agencia Nacional de Vivienda, había un Banco Hipotecario cerrado, quebrado y que, por lo tanto, hacía años que no daba un solo crédito. Fue así como se conformó la Agencia Nacional de Vivienda y los fideicomisos, se capitalizó al Banco Hipotecario –por eso los fideicomisos pasan al Ministerio de Economía y Finanzas–, se pasaron 50.000 deudas y se resolvieron 30.000. Me parece bien avanzar en el planteamiento de la ley si eso además ayuda a acelerar ese proceso. Estamos de acuerdo con eso pero no con la tónica planteada porque, reitero, se resolvieron más de 30.000 deudas de las 50.000 en la Agencia Nacional de Vivienda y de las 27.000 en UR del Banco Hipotecario, se resolvieron algo más de 17.000. Por lo tanto, la cifra que se manejó hace un rato, de 24.000 deudores, no se corresponde con la información que tenemos, que habla de algo menos de 10.000. De todos modos, no importa el número en sí.

Con humildad, me gustaría contribuir a clarificar alguna cuestión conceptual y jurídica. Una cosa es quién es el beneficiario y, por lo tanto, el dueño del fideicomiso, y otra es quién lo administra.

            Decía, a priori, que poner en la ley quién debe administrarlo no me parecía lo mejor, pero si es una forma de llegar a un acuerdo no nos negaríamos a que incluyéramos que la administración la realice República Afisa. En cuanto al patrimonio, en la ley no dice que pasa a República Afisa y al poner que el beneficiario sea el BROU, el patrimonio pasa a ese banco. No es correcto lo que se dijo que el patrimonio seguía siendo del BHU, porque este deja de ser beneficiario de ese fideicomiso. El beneficiario pasa a ser el BROU y eso quiere decir que el fideicomiso pertenecerá a este banco y estará en su patrimonio. Nosotros pensamos que eso está equivocado por las mismas razones que esgrimió el presidente del BROU cuando vino acá. Si la resistencia –y lo digo con total candidez– a que el fideicomiso pase a la agencia es porque no queremos que lo administre, habilitemos a que el patrimonio pase a la ANV y explicitemos en la ley que esta coordinará para que lo gestione República Afisa. Me parece que esa es una línea por la que perfectamente puede avanzarse.

            También quiero hacer otro paréntesis, sin ánimo de entrar en una discusión, pero es algo que quiero plantear con claridad. Si acá se pasa un patrimonio al BROU, este tiene que registrar ese aumento patrimonial, pero como no tiene contrapartida –el BROU no lo está comprando– le aumenta su patrimonio y sus ganancias en el período. Por lo tanto, expande enormemente la posibilidad de transferir ganancias al Gobierno, al Fondes o a quien corresponda, pero no son ganancias fruto de su operativa, sino porque se da este entuerto. Repito: no es una ganancia genuina del BROU.

(Interrupción fuera de micrófono, que no se escucha).

            –No, porque la ANV no le transfiere plata a nadie. Por eso nosotros sentimos que hay que compensar.

(Dialogados).

            –Lo que digo es que realizar el mecanismo de esta manera estaría generando artificialmente una capacidad de transferencia de ganancias del BROU a rentas generales que, repito, es bien artificial. Aspiro a que no se llegue a hacer de esa manera y a que lleguemos al acuerdo de transferir el patrimonio, el fideicomiso, a la agencia explicitando que lo administre República Afisa. Ahora bien, si no se llegara a ese acuerdo y lo que se plantea es que vaya al BROU, deberíamos explicitar que el cómputo de este valor del fideicomiso en su patrimonio –por tanto, las ganancias del BROU– no se compute a los efectos del artículo que corresponda, que habla de las transferencias de ganancias del Banco República, por determinado tiempo. No queremos que se genere una situación artificial y que con este mecanismo el BROU pueda transferir, por decir algo, USD 100:000.000 –que es un disparate– a rentas generales. Ojalá el BROU tenga ganancias enormes y pueda transferir un montón, pero no por esta vía artificial.

            En principio, para ir tratando de llegar a un marco de acuerdo, pediría que se evaluara –seguramente para discutirlo en la próxima sesión y desde ya adelanto que, en breve, tendré que retirarme– la posibilidad de que el beneficiario del fideicomiso sea la Agencia Nacional de Vivienda –quizás el exsenador Lozano lo aprecie–, sin perjuicio de explicitar en la ley –y esa sería la contrapartida– que la administración se haga por la vía de  República Afisa.

SEÑOR BOTANA.- Creo que ha sido muy rico este intercambio y está bien que lo sigamos en la próxima sesión, pero hay una cuestión de orden porque la idea es reunirnos el próximo 17, día en que hay un acontecimiento muy importante en el país, por lo que seguramente la reunión tenga que ser lo más temprano posible.

(Dialogados).

            –Rápidamente, creo que acá el señor senador Nunes ha puesto un foco de preocupación en el tema de la gente que estaba en estado de cumplimiento y que ahora podría haber caído en incumplimiento, y lo mismo decía el senador Methol. En verdad, nos parece que es un tema en el que hay que fijar algunos criterios para incluir esa eventualidad en el proyecto. Digo esto porque podríamos estar cometiendo injusticas graves.

            Respecto de la solución administrativa que dio el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda, el señor senador Bergara considera que se resolvieron algunas decenas de casos, pero otros senadores consideramos que en realidad no se resolvieron sino que se trataron pero que eso no implicó una resolución del tema. Lo importante, más allá de nuestras consideraciones respecto al tema, es que estamos de acuerdo en una solución y creo que eso es lo que ayuda en este caso.

Veamos el tema de los instrumentos. Considero que hay alguna aprensión con respecto a la intervención de otro banco y la imposición de algunas conductas por ley a los bancos. Bueno, ya vemos que tenemos instrumentos para hacer la administración, como la CND.

El tema del beneficiario es, como adelanté en la primera intervención, algo que hay que discutir. La Ley n.° 17703 establece que el fideicomiso es un patrimonio en sí mismo. Entonces, es cierto que estaría saliendo del Banco Hipotecario del Uruguay y de la ANV, estaría yendo a ese patrimonio y, luego, el producido iría a otro lado, pero el fideicomiso de acuerdo con esa ley debe interpretarse como un patrimonio independiente. De cualquier manera, esta discusión técnica no afecta la solución. El tema es que esta cartera va a salir de la Agencia Nacional de Vivienda y del Banco Hipotecario del Uruguay, va a ir a ese fideicomiso de administración que se creará a esos efectos y su producido irá al beneficiario que juntos determinemos.

Me gustaría cerrar mi intervención con la siguiente consideración. Si todos reconocemos los excesos del Banco Hipotecario del Uruguay en este sentido –ya que, en definitiva, este debate es un reconocimiento de esos excesos y del crecimiento del patrimonio del banco a costas de un endeudamiento de la gente que, en realidad, tiene cierto viso de ilegitimidad, no de ilegalidad–, ¿por qué lo vamos a compensar? Esa es la pregunta que en este caso me sigo haciendo.

Creo que podemos ir empezando a cerrar la jornada de hoy, agendar las instancias de discusión y votación para la próxima sesión y, obviamente, nos preocuparemos de ir intercambiando en estos días algún tipo de soluciones con las cuales podamos ir perfeccionando el proyecto.

SEÑOR BERGARA.- Sin ánimo de ingresar en un debate, sino simplemente a efectos de dejar constancia, quiero decir que el patrimonio a la salida de la crisis del 2002, cuando cierra el Banco Hipotecario, era negativo, era cero.

            Coincido en que hubo problemas en el pasado que, sobre todo, tienen que ver con que no se hicieron procesos razonables de reestructuración de deudas en las crisis anteriores –como en 1982 o en 2002–, donde se generaron, en la década de los noventa, esos mecanismos que terminan en los colgamentos. Cuando en forma masiva las familias plantearon problemas para pagar las deudas, obviamente, la respuesta del Banco Hipotecario no iba a ser el desalojo y la liquidación de una proporción importante de viviendas; habría sido absurdo. La solución, entonces, fue: pague lo que pueda y la diferencia se la mandamos para el final, que es la que figura de los colgamentos. La cuestión fue que en muchos casos lo que se iba pagando no alcanzaba a cubrir los intereses, con lo cual se daban casos en que la gente pagaba, pero se le mandaba para el final una deuda aún mayor. La deuda iba creciendo; fue una solución absurda. Aunque no fuera mayor la deuda, también era absurdo que se mandara al final. Eso es lo que ha generado estas situaciones que tienen un componente de injusticia.

            No pretendo entrar en discusión sobre la pequeña historia de estas cosas. Lo que quiero decir es que quizás no sea tanto un tema de la moneda –porque si bien esto pasó en UR, también pudo haber pasado en dólares o en UI–, sino que fue por necesidades de las circunstancias críticas que vivimos en varias oportunidades. Los mecanismos fueron esos y generaron esas bolas de nieve de deuda para muchas familias.

            Era cuanto quería decir.

SEÑOR COUTINHO.- Sin ánimo de entrar en una discusión, sino para que conste en la versión taquigráfica, quiero expresar que no es como dice el señor senador Bergara, porque sí hubo planteos a deudores en la década de los noventa y también a principios de siglo. Incluso, en la crisis del 2002 hubo planteos a deudores para generar diferentes salidas. Entre ellas, recuerdo una en que hasta con el pago del descuento –algo que no tuvo eco en este proyecto de ley, pero que nosotros sí estamos impulsando–, se podía tener un descuento importante para irse del banco. En el 2002, ese descuento fue hasta del 50 %. En el proyecto de ley nosotros generamos una iniciativa que no tuvo consenso, en este caso del 40 %. Lo cierto es que en aquel momento, reitero, fue del 50 %; miles de familias uruguayas tomaron esa posibilidad y ese problema terminó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar, la Mesa quiere expresar el agradecimiento a todos los señores senadores por haber considerado un tema que, inevitablemente –más allá del tiempo de tratamiento en una de las comisiones permanentes del Cuerpo–, tiene sentido de urgencia para mucha gente, posiciones de orden político –muchas de las cuales tienen sustento en el pasado; es inevitable no reconocerlo– y diferentes matices. Es un tema en el que se ha notado un claro esfuerzo por tratar de encontrar una solución contemplando todos esos aspectos.

            Algunos señores senadores se han retirado porque tenían compromisos en otras comisiones y otros deberán hacerlo a las 13:00.

Por lo tanto, visto que se prolongó –en el buen tono en que se realizó–, de manera general, la discusión amplia y sin cortapisas ninguna, nosotros estaríamos planteando sesionar el próximo martes a las 15:00, aunque estamos acotados por algunas comisiones. En todo caso, podríamos hacer los oficios con los coordinadores para eliminar algunas de las comisiones de la tarde si no hubiera temas urgentes, con el correspondiente acuerdo político y la comprensión de todos, para que podamos sesionar el martes, votar y llevar el tema al plenario el miércoles. La votación se va a decantar de lo que hablemos, de este buen ánimo y de los votos. Recordemos que el capítulo segundo requiere una mayoría especial para su aprobación, por lo que supone el texto. De modo que si los integrantes de la comisión están de acuerdo, estaríamos convocando para el martes próximo a las 15:00 –con un margen de media hora más o menos–, previa solicitud a las comisiones para que, por esta excepción que fundamentamos, nos permitan sesionar en ese horario.

(Apoyados).

SEÑOR NUNES.- ¿Me permite, señor presidente?

            No voy a hablar del pasado sino del futuro. Cuando hablamos de compensar la pérdida patrimonial del Banco Hipotecario, no lo hacemos en un plano de justicia o de injusticia, ni de premio o de castigo por la gestión del banco, sino pensando en no afectar su capacidad hacia el futuro en función del rol que pensamos que sigue teniendo en la política de vivienda. Ese es el sentido. Obviamente, tenemos una diferencia más conceptual, porque se está planteando suprimirlo y nosotros no estamos de acuerdo.

            Era la puntualización que quería hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Son las 12:53).